Según fuentes tribunalicias, el acuerdo se transformará en acción concreta mientras avanza el juicio que Glencore, propietaria de El Pachón, le hizo a la minera chilena.

La información fue citada por El Zonda, atentos a la confirmación del fiscal de Estado Guillermo De Sanctis.

«El acuerdo se firmó dentro del principio ambiental precaucional, y será presentado en la causa que enfrenta a las empresas, porque San Juan está dentro del litigio judicial, y en ese marco realizará las presentaciones”, dijo el fiscal.

Según el convenio Los Pelambres deberá realizar los trabajos de aislación sustentable y retirar las cubiertas depositadas hasta que a justicia le dé una solución definitiva al tema, que podría terminar con la minera erradicando la escombrera.

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(Portal El Liberal) El secretario de Minería, Jorge Mayoral, afirmó que el sector cerrará 2015 con exportaciones por casi 4.000 millones de dólares y un acumulado desde 2003 por más de 43.000 millones de dólares.

El funcionario que depende de la cartera de Planificación de la Nación explicó que en la proyección para el corriente 2015 se estima una oferta exportable de 3.960 millones de dólares, luego de haberse superado al cierre del primer semestre los 1.947 millones de dólares, en tanto en el período 2003-2015 alcanzará los 43.000 millones de dólares.

Esto representa que el sector minero creció 1.344% en oferta exportable en los últimos 12 años y 57 países compran productos minerales argentinos.

Mayoral destacó que el sector minero es uno de los más dinámicos de las actividades productivas y se convirtió en una fantástica herramienta de la economía real para sumar dólares a la economía argentina.

Los metales básicos, los metales preciosos, los minerales energéticos e industriales son los productos industriales de base minera con mayor dinámica exportadora y el sector genera fuertes expectativas de inversión.

Una muestra del interés en la minería argentina es la multinacional Glencore, que anunció en abril una inversión de US$3.000 millones en la mina de cobre El Pachón, en San Juan, que se convertirá en la explotación más grande del país.

El secretario destacó que, además, la reciente aprobación normativa para la utilización de bitrenes para el transporte minero al entender que “un instrumento de competitividad para el sector y permitirá fortalecer los subsectores productivos mineros nacionales más sensibles a los costos de la logística y el transporte”.

La nueva normativa nacional permite circular a vehículos especiales conformados por una unidad tractora y dos semirremolques para cargas, denominados bitrenes lo que permitirá disminuir los costos de transporte en un 50%, ya que pueden transportar un 75% más de carga con un 19% menos de peso por eje.

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Desde Amsa señalaron que con esto, ahora avanzarán en la ingeniería de desarrollo, que es la que contiene un mayor detalle de las obras necesarias para ejecutar el cierre ambiental del botadero.

La empresa destacó que con este visto bueno que les dio la autoridad local, queda definido qué es lo que se debe hacer para dar tranquilidad a la provincia de que posibles efectos ambientales del botadero se controlarán de manera adecuada.

Entre las medidas que propuso la empresa, además del cierre ambiental, se contemplan auditorías del programa de Naciones Unidades para el Medio Ambiente (PNUMA).

Ahora se deberá definir qué permisos adicionales pueden requerirse para avanzar en las obras de cierre.

Según prensa transandina, en caso que el tribunal apruebe la propuesta, serán necesarios permisos de paso ocasional por parte de la Cancillería y del Ministerio del Interior de Argentina, para que personal y maquinaria puedan pasar la frontera, un tema que no ha habido consenso entre las empresas, ya que Glencore es de la idea que eso podría alargar el cierre del botadero de estériles, dadas las autorizaciones adicionales que se requieren.

Otra diferencia es que El Pachón plantea que los escombros deben ser retirados de su propiedad, frente a la postura de la minera local de que el cierre ambiental es la manera definitiva de tratar este tipo de instalaciones mineras.

El conflicto entre ambas compañías surgió el año pasado, cuando solicitaron a la justicia argentina que Pelambres retirara los cerca de 50 millones de toneladas de estériles depositados en su territorio.

El error se produjo por diferencias en las cartografías utilizadas, las que -según se ha argumentado en el proceso- tendría límites diferentes a los oficiales. El botadero funcionó hasta 2011 y en 2012 se colocaron señalizaciones adicionales que ayudaron a clarificar las dificultades de interpretación que existían.

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Pese a que hace poco más de una semana se había avanzado en un acuerdo para que AMSA cerrara la escombrera, ayer eso no se logró plasmar en un documento con la firma de los tres actores: las dos mineras y el Fiscal que representa a San Juan.

Según trascendió, la principal diferencia fue que la minera suiza solicitó visar el plan que presentara AMSA, lo que no fue aceptado por la minera nacional.

Según trascendió, la suiza veía que al no haber un plan ni un cronograma concreto, era como dar un cheque en blanco en circunstancias que se hará sobre su territorio. En cambio, la minera nacional veía poco factible que con ese poder, se les aprobara un plan de obras.

Otro tema que complicó era por dónde se realizaban las obras. Mientras AMSA propone que sea por Chile, Glencore dice que debe ser por Argentina. El argumento de ambas firmas es que hacerlo como cada una de ellas propone es más expedito que como recomienda la otra.

De todos modos hay cierto consenso en que, por ejemplo, el retiro de más de 400 neumáticos que hay que realizar, debe hacerse por la frontera, ya que facilita temas como la reubicación.

Con el rechazo de la conciliación, el juez federal de San Juan solicitó que AMSA presente hasta el 21 de agosto un plan de control ambiental mientras dura el juicio, que es la medida precautoria que solicitó Glencore ante la autoridad.

Según trascendió, AMSA entregaría la próxima semana un plan de cierre concreto para la escombrera, el que fue elaborado por una empresa reconocida en este ámbito e incluiría hacer obras no sólo en el lado argentino, sino que también en Chile.

Origen del conflicto

El problema por el botadero llamado Cerro Amarillo surgió cuando en 2012 se detectó que había un error en la cartografía utilizada por Los Pelambres, lo que implicó que parte del botadero quedara en Argentina.

La empresa de capitales nacionales argumenta que ella obtuvo todos los permisos en 2004, con la cartografía oficial vigente, que no advertía de este nuevo límite.

Glencore presentó en 2014 una demanda civil y este año agregó una penal en busca de responsables.

Estas dos aristas siguen su curso, sin mayor avance hasta la fecha. Está pendiente que se resuelva la competencia del juez, ya que AMSA señala que esto debe resolverse en instancias binacionales.

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Esto, luego que los integrantes de la mesa recibieran una carta del abogado de El Pachón, Pedro Pablo Gutiérrez, como reacción a la exposición que hizo el 17 de junio el presidente ejecutivo de Antofagasta plc, Diego Hernández, explicando su postura en el tema.

«Estamos a vuestra disposición si requieren conocer estos antecedentes en una presentación formal ante la comisión», termina la misiva de cinco páginas enviadas por el abogado.

El presidente de la mesa, el senador Alejandro García Huidobro, dijo que «la comisión cree que es un tema que está en los tribunales y corresponde a un problema entre privados. Nosotros no somos el canal adecuado para exponer estas situaciones porque ya está en la justicia».

Al ser consultado por qué se recibió a AMSA, señaló que «en ese instante no teníamos mayor información sobre la situación, pero como lo definimos en su momento, este es un tema entre privados que debe resolverse en los tribunales».

Los puntos de la carta

En la misiva firmada por Gutiérrez se explica la posición de Glencore sobre el conflicto, donde se critica duramente a la minera nacional.

«La estrategia de Pelambres fue no hacerse responsable e intentar involucrar al Estado de Chile. Asimismo, ha intentado convocar a instancias binacionales en circunstancias que Pelambres no está acogido al Tratado Bilateral de Cooperación e Integración Minera», señala.

Luego agrega que «tanto Glencore, como su proyecto El Pachón, tienen la convicción de que este es un problema entre privados que debe resolverse entre las dos compañías. Nunca hemos intentado involucrar a los gobiernos».

La firma solicitó que el Estado «continúe brindando un trato igualitario a ambas empresas en su relacionamiento con las autoridades».

En cuanto a las soluciones propuestas por AMSA, como el cierre del botadero, dice que sólo beneficia a la minera chilena e indica que la «construcción ilegal» en terrenos de El Pachón ha significado importantes utilidades para Los Pelambres.

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Esto, porque hace unos días, ejecutivos de la firma comunicaron a las autoridades de San Juan, según medios locales, que la iniciativa dejaría de ser binacional.
Esto implicaría que las obras que estaban contempladas en territorio chileno, como el concentraducto, una planta de tratamiento de agua y un lugar de acopio de minerales, entre otras, no se realizarán, ya que el proceso de exportación del concentrado se realizará en Argentina.

Consultada la empresa, señalaron que «respecto al proyecto El Pachón, están revisando el estudio de factibilidad para definir la mejor alternativa para su operación. En este minuto, la opción bajo análisis es mantener el proyecto completo en Argentina. Se estima presentar en el último trimestre de 2015 un Informe de Impacto Ambiental (IIA) a las autoridades competentes».

Según constataron medios locales, el miércoles 13 de abril el principal ejecutivo de cobre de la minera a nivel mundial, Aristotelis Mistakidis, se reunió con el gobernador de San Juan, José Luis Gioja. Durante las dos horas que se extendió la cita, se explicaron los alcances del rediseño del proyecto, que aún está en proceso.

El ministro de Minería de la provincia, Felipe Saavedra, explicó que seguramente el informe ambiental planteará este modelo de exportación, que podría concretarse «vía ferrocarril hasta el puerto de Santa Fe».

El Pachón producirá del orden de 200 mil toneladas de cobre anuales y demandará una inversión de US$ 3.000 millones.

Con la factibilidad económica y los permisos ambientales, lo que podría tomar un par de años, la empresa procedería a tomar una decisión de inversión.

[Decidieron que toda la inversión de El Pachón quede en San Juan]

Motivos

Aunque no se han esgrimido razones específicas, en la industria comentan que hay varios temas que pueden haber influido en esta idea.

En primer lugar, la experiencia de Pascua-Lama, el primer y único proyecto binacional en construcción, no ha sido del todo alentadora para el resto de las iniciativas. Someterse a dos legislaciones, dos autoridades y otros tópicos, no parece fomentar este tipo de proyectos, dicen.

Además, el proyecto habría tenido problemas en la obtención de algunas servidumbres para el mineroducto que venía desde Argentina, según comentan conocedores de las tratativas.

En la minería local ha llamado la atención la decisión, porque se creía que Pachón no era rentable exportando por Argentina y, en segundo lugar, que era un activo prescindible, dado que la empresa había optado por no construir proyectos nuevos.

Reacciones locales

En la Región de Coquimbo, que se vería beneficiada por la iniciativa, la noticia, que también conocieron por los informes de prensa, vino a confirmar rumores que sonaban hace meses, por lo que no fue bien recibida. El alcalde de Illapel, Denis Cortés, dijo que esperan que la empresa reconsidere la decisión, porque afecta el movimiento económico que se esperaba con las obras. Añadió que esperaban unos 300 empleos.

El gerente general del gremio minero local, Corminco, Antonio Videka, lamentó la noticia y abogó por una mejora en la legislación binacional, para que ésta funcione y fomente estos proyectos. Aunque dijo respetar la decisión, explicó que esto tiene consecuencias para la provincia del Choapa.

[Antofagasta Minerals sufre revés en tribunal argentino por litigio que mantiene con Glencore]

Continúa conflicto con AMSA por destino de material estéril en Argentina

La disputa legal que Glencore mantiene con Antofagasta Minerals en Argentina sigue avanzando por el destino de material estéril que Los Pelambres, la mayor operación de la minera de los Luksic, depositó en territorio que posteriormente terminó siendo trasandino.

En primera instancia un juez de San Juan determinó que la chilena debía hacerse cargo y controlar los escombros que generó, acción que AMSA está cuestionando, basado en la falta de jurisprudencia que dicha instancia judicial tendría para pronunciarse sobre una materia que involucra a los dos países.

La empresa local sigue pendiente de las acciones y resoluciones que el juzgado pueda emprender a partir de la solicitud que ellos presentaron.

Aunque la resolución de primera instancia puede atribuirse como un triunfo de la postura de Glencore, cercanos a la minera nacional lo consideran como un punto que confirma su postura.

Esto, porque AMSA siempre ha planteado que la resolución de este conflicto pasa por hacer un cierre ambiental del botadero de estériles, pero que esta tiene que ser una medida definitiva que termine con el conflicto y no transitoria mientras se resuelve.

Hitos de Pachón

Descubrimiento

El depósito de minerales se descubrió en 1964, tras lo cual se hicieron varias campañas de exploración. En 1977 concluyeron esos estudios.

Llega Xstrata

Tras una serie de cambios de propiedad -especialmente en la década de los 90-, la iniciativa llegó en 2006 a manos de Xstrata, porque había adquirido a la firma Falconbridge. Comienza a mejorarse la información geológica y el trabajo con las comunidades locales. En 2012, a partir de una nueva modelación del yacimiento, se logró un aumento de los recursos minerales.

Glencore

En 2013, el proyecto pasó a formar parte de las fusionadas GlencoreXstrata plc.

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(Diario de Cuyo) Las máximas autoridades de la minera multinacional Glencore se reunieron ayer con el gobernador José Luis Gioja y le comunicaron que el proyecto de cobre El Pachón, ubicado en Calingasta, ya no será binacional. Es decir, no contratará servicios ni mano de obra en Chile, sino solamente en San Juan.

De este modo quedará en la provincia toda la inversión anunciada para el proyecto, que es cercana a los 3.000 millones de dólares. Implica que toda la logística, transporte, servicios y generación de empleo se hará en este territorio.

Ayer en la tarde, el principal ejecutivo del cobre en el mundo, el CEO y director de Glencore, Aristotelis Mistakidis, junto con los representantes de la multinacional en Argentina, ratificó que se llevará adelante el emprendimiento.

Para ello, confirmaron que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto se presentará en el último trimestre de este año. El informe es fundamental, ya que consiste en la verificación y la aprobación del Estado y organizaciones civiles de que el emprendimiento contará y cumplirá con todas las normas de seguridad y medioambientales.

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El conflicto legal comenzó en 2014, cuando El Pachón -proyecto de la minera suiza en Argentina- demandó a Los Pelambres porque entre 2004 y 2011 utilizó como botadero de estériles -rocas con bajo o nulo contenido de mineral- una zona en territorio trasandino.

En efecto, la minera ligada al grupo Luksic reconoció que utilizó una cartografía que tenía una demarcación diferente a la real, lo que fue aclarado en 2012. Por ese motivo, el 30% de este botadero de Pelambres quedó en territorio Argentino.

Durante marzo recién pasado, el juez civil Miguel Gálvez aceptó una medida cautelar propuesta por la minera suiza de pedir el cierre ambiental del botadero.

Consultados sobre esta situación, desde El Pachón señalaron que «nuestra demanda es clara y concreta. Minera Los Pelambres debe retirar los escombros y desechos mineros que ilegalmente depositó en terrenos de El Pachón, en Argentina. Esto es lo que solicitamos al Juez Federal de San Juan en mayo de 2014, y mientras este proceso legal está en curso, el mismo Juez Federal ha ordenado que Pelambres adopte, en un plazo de 30 días, las medidas precautorias necesarias para evitar más y mayores daños ambientales».

A su vez, Los Pelambres se ha opuesto a la demanda, alegando que el juzgado no tiene competencia para resolver estas materias, dado que este problema tiene que ser resuelto por autoridades de ambos países. Dicho trámite aún está pendiente, aunque es posible que se resuelva en las próximas semanas, ya que el juez tiene todos los elementos para resolver.

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Solución de fondo

Aunque la resolución de primera instancia puede atribuirse como un triunfo de la postura de Glencore, cercanos a la minera nacional lo consideran como un punto que confirma su postura.

Esto, porque AMSA siempre ha planteado que la resolución de este conflicto pasa por hacer un cierre ambiental del botadero de estériles, pero que esta tiene que ser una medida definitiva que termine con el conflicto y no transitoria mientras se resuelve.

De hecho, plantean que las pruebas que se han realizado descartan cualquier tipo de efecto medioambiental, especialmente en la contaminación de aguas. Según ha trascendido, Pelambres ha tomado muestras de recursos hídricos aledaños y no ha detectado variaciones en el PH. También se descartó que estos residuos puedan generar aguas ácidas.

Según trascendió, la defensa presentó un escrito al juez haciendo ver la postura a favor de un cierre, pero argumentando que esto no puede ser provisional, por las características que tienen estas obras.

Además, técnicamente la medida no funcionaría como se pretende, porque para concretarla no se puede cerrar sólo la parte argentina del botadero sino que hay que incluir la chilena, lo que además requeriría una serie de autorizaciones fronterizas y de permisos ambientales en ambos países.

Otras fuentes conocedoras del caso, comentan que aunque Pelambres quiera proponer un plan de cierre, lo que correspondería es que retire los escombros que están en terreno de Glencore, que de hecho es lo que solicitó la firma en su demanda.

¿Tema binacional?

Aunque ambos países han optado por mantener este tema como un problema entre privados, cercanos al caso explican que cualquier medida requerirá que las instancias binacionales actúen y que los Estados participen activamente.

Esto, porque por ejemplo, si se decidiera hacer un cierre al botadero, se requerirían autorizaciones para traspasar la frontera, así como validar planes y permisos para ejecutar las obras.

De todos modos, es un tema que las autoridades de ambos países han estado monitoreando activamente desde que se originó.

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Ante un medio local, el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, dijo que los estudios jurídicos de ambas compañías se han contactado para informarse de la situación y que ellos participarán como terceros afectados. Agregó que en este caso están comprometidas las buenas relaciones entre ambos países, por lo que además del tema jurídico, esto irá acompañado de gestiones de Cancillería para no dañar las relaciones.

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«Vamos a exigir que se repare el daño sacando los escombros y haciendo acciones reparatorias para que queden las cosas en el mismo estado en el que estaban», dijo el fiscal.

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