En un documento de 34 páginas al que tuvo acceso PULSO, los parlamentarios fueron lapidarios con la empresa pública comandada por Oscar Landerretche. En resumen, no sólo concuerda con Contraloría y asegura que este organismo tiene facultades para ejercer el control sobre Codelco, junto con permitirle la autonomía presupuestaria. Además, también zanja la discusión de fondo entre si la estatal debe regirse por la Ley de Sociedades Anónimas o por la Ley de Compras Públicas, estableciendo que debe hacerlo por este última, descartando la necesidad de un estatuto interpretativo para aclarar las normativas bajo las cuales debe regirse la cuprífera, como había solicitado el presidente del directorio,

La comisión investigadora llegó a 16 conclusiones. Entre ellas, que al momento de realizar contratos, Codelco debe recurrir a la licitación pública por sobre los concursos privados y las asignaciones directas. En forma excepcional, agrega que si se debe incurrir en una asignación directa, se debe -como indica la Ley de Compras Públicas aplicables a empresas de Estado- informar a la Cámara de Diputados y a la Contraloría.

Además, se indica que “no existe discusión” acerca de que los organismos que deben fiscalizar a la minera son la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Contraloría y la Cámara de Diputados. “(Se) ha arribado al consenso que, si bien la empresa está sometida a la fiscalización de distintos organismos, cada uno de ellos se aboca a distintos ámbitos, los cuales no se superponen entre sí”, se indicó en el borrador.

Adicionalmente, si bien destaca los controles internos que se han incluido al interior de Codelco -como la norma para personas políticamente expuestas o relacionadas- sostiene que estas sólo son una primera línea de control; y que es necesario que organismos externos como Cochilco tengan un rol activo en la fiscalización, y en casos excepcionales, se haga parte la Contraloría. Además, recomienda fortalecer a Cochilco, aunque -se plasma en el borrador- existe consenso en que se deben revisar las facultades fiscalizadoras de Cochilco respecto a la estatal.

Las principales medidas para Codelco

Considerando lo anterior, desde la comisión plantean cuatro conclusiones. La primera hace referencia a materias relacionadas con la información obtenida en el dictamen 900 de Contraloría, el que cuestionó una serie de operaciones entre partes relacionada. Así, propone que la estatal haga suyas las observaciones realizadas por Contraloría, y -en línea con las conclusiones- se privilegie la contratación a través de licitaciones públicas, al tiempo que se descarta la necesidad de una norma interpretativa.

Un segundo punto busca la mejora en las operaciones de Codelco. Al respecto, se propone fortalecer la Ley de Gobierno Corporativo; regular en detalle las extensiones de contratos mediante asignaciones directas, estableciendo asimismo causales específicas y calificadas. También se aconseja establecer un registro digital especial actualizado sobre los contratos y contrataciones de Codelco, para facilitar la labor fiscalizadora de Cochilco y demás entes fiscalizadores.

Un tercer punto se refiere al fortalecimiento de Cochilco, para lo cual sería necesario una nueva ley. Al interior de dicha normativa se deberá incluir una modificación de la designación de los integrantes del Consejo Superior de Cochilco, el que actualmente es presidido por el ministro de Minería e integrado también por el ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas, entre otros. “Es necesario acotar la participación de los colaboradores directos del Presidente de la República únicamente al ministro de Minería”, se indicó.

Además se propone ampliar su poder sancionatorio, permitiéndole aplicar multas en caso de infracciones, y se aconseja entregar herramientas para que Cochilco pueda contar con ayuda externa para llevar adelante su fiscalización, como la contratación de auditores externos.

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El proyecto de ley, de sólo dos artículos, propone que los actos y decisiones de Codelco sólo se rijan por su estatuto propio y por la norma de la sociedad anónima; eliminando las normas exigibles a la administración del Estado, salvo que en dichas normas se nombre expresamente a la minera. De esta forma, le da un espaldarazo a Codelco en desmedro de la Contraloría.

En concreto, propone que “los actos y decisiones económicas, comerciales y mercantiles de la empresa se rigen estrictamente por las disposiciones de su estatuto, y en lo no previsto en él, por las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas y las propias de la legislación común, respondiendo su directorio y administración superior de acuerdo a dichas reglas, sin que se sobrepongan o se le hagan extensivas las disposiciones exigibles a los organismos de la Administración del Estado en general, como lo es la ley N° 18.575 y N° 19.886, salvo aquellas que nombren expresamente a la empresa, según lo exige el artículo 25 del mismo Decreto Ley”.

Dicha propuesta de ley acoge del todo lo solicitado de la mesa de la minera, que en medio de la disputa con Contraloría han reiterado que Codelco no se rige por las normas, por ejemplo, de compras pública; solicitud que desde el organismo que dirige Jorge Bermúdez ha criticado duramente.

Consultado el contralor en la comisión investigadora que analiza la utilización de recursos públicos de Codelco -esto tras una investigación de Contraloría que apuntaba a contratos entre partes relacionadas-, indicó que le parece “contra intuitivo” que se le intente aplicar estándares privados a empresas públicas. Al tiempo que apuntó a una baja independencia de la moción en beneficio de Codelco.

“Veo una dificultad constitucional, hoy hay un juicio que está trabado, por lo que el demandante no se puede desistir de ese juicio; y si se dicta una ley como la que está propuesta chocaría con el artículo 66 toda vez que el Congreso se estaría abocando al conocimiento de una causa que está pendiente”, y respecto al articulado de la moción indicó: “Si uno revisa el proyecto, y lo compara con el texto de la demanda, da la sensación que es un extracto de la demanda y eso a mí no me parece porque uno pensaría que hay una mayor independencia al momento de legislar”.

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«Cochilco, en realidad, está definido como asesor experto en materias mineras, pero su objeto no es la fiscalización en los términos que, nosotros pensamos, debe ocurrir cuando están en juego los recursos públicos», señaló Bermúdez.

Resaltó que el consejo de Cochilco estaba influenciado por el Ejecutivo. Aseguró que es cuestionable crear instituciones fiscalizadoras, por lo limitado de los recursos.

«Esa tentación de ir quitándole facultades a la Contraloría, lo único que hace es que uno termine lamentándose», dijo. Y afirmó que en ese caso es mejor eliminar Cochilco y redistribuir esos fondos a Contraloría.

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Eyzaguirre participó en la sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, donde señaló que no ve que la solución para el conflicto «sea por la vía de fortalecer las facultades fiscalizadoras de Cochilco en materia de gobernanza». Una medida así –agregó- significaría una carga regulatoria fuerte y, además, que ésta no tendría que ver con las funciones de esa institución, la que debe estar enfocada en ver si los planes de la minera son los correctos.

El ministro agregó que, a su juicio, «la pregunta que nos tenemos que hacer es si corresponde o no que una empresa del sector público tenga requisitos de gobernanza que sean más gravosos que los que tiene una empresa privada que compite con el sector público».

Respecto al rol de Contraloría, Eyzaguirre apuntó a que se requiere hacer un análisis muy a fondo sobre qué significan sus facultades respecto eficacia, eficiencia y probidad.

«El mar de fondo es que continuaría habiendo esta especie de tensión respecto de a quién le corresponden esas facultades en el caso de las empresas públicas», dijo.

También señaló que “estos problemas de gobernanza que estamos sufriendo en Codelco se presentan por igual en todas las empresas públicas y ninguna de ellas tiene asociado un Cochilco».

Finalmente, señaló que «podemos estar procurando soluciones, ya sea alternativas o prácticas, que sin decirlo terminen siendo el certificado de defunción de las empresas públicas».

La comisión Investigadora está en sus últimas sesiones, después que se alargara su funcionamiento para escuchar la exposición de entidades como el Consejo de Defensa del Estado.

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A la salida de la sesión de la comisión investigadora de Codelco que se lleva en la Cámara de Diputados, Landerretche apuntó a que “es de mayor importancia que las personas que estamos a cargo de instituciones de esta importancia para el país nos manejemos sin estridencias, con mucha calma y seamos capaces de construir soluciones constructivas”.

Estos dichos surgieron luego que Bermúdez criticara el respaldo que hicieron diputados al presidente de la estatal en el diferendo que mantienen ambas entidades.

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El viaje ocurrió tras los dichos del Contralor, Jorge Bermúdez, quien tras exponer en el Congreso, deslizó la existencia de corrupción y nepotismo al interior de la minera, lo que según el propio Landerretche, lo precipitó a llevar este “mensaje de calma” a los inversionistas.

Ayer, tras una nueva sesión de la comisión investigadora de Codelco en la Cámara de Diputados, aseguró que a pesar de los conflictos, en el extranjero “hay una muy buena percepción de los estándares actuales que mantiene Codelco. Esta es una de las pocas empresas chilenas de primer nivel mundial y de clase mundial, por lo que es muy importante tener las mejores prácticas”.

En cuanto al detalle de las reuniones que mantuvo con los bonistas e inversionistas, aseguro que quedó “bastante tranquilo”, porque a pesar del diferendo que mantiene con Contraloría en tribunales, “los niveles de credibilidad que mantiene la compañía se sostienen, lo que es muy importante”, comentó.

“Quizás no es de extrañar porque esa gente se dedica a estudiar a Codelco y estaban bastante informados de lo que ha ocurrido. Varios me hicieron consultas con un espíritu de decir: nosotros creemos en los avances de Codelco y no nos parece útil estos tipos de debate y discrepancias”, agregó. La estatal mantiene compromisos financieros por US$ 14 mil millones.

Salida legislativa

Respecto a la comisión investigadora de la Cámara, se citó a una nueva y última sesión para el próximo miércoles, donde el presidente de la estatal tendrá que responder a las interrogantes realizadas por los diputados y con lo que se cumplirían las condiciones para que el organismo despache su informe con las conclusiones.

La opción de solucionar el conflicto con Contraloría a través de la vía legislativa fue nuevamente respaldada por los diputados, quienes incluso se mostraron abiertos a apoyar una nueva ley interpretativa “que aclare las confusiones que tienen Codelco y Contraloría”, dijo el diputado Marcos Espinosa, presidente de la instancia.

Sin embargo, es el poder Ejecutivo el único que cuenta con la capacidad de proponer leyes de este tipo. Consultado, Landerretche aseguró que “hemos estado en diálogo con el gobierno, no puedo hablar en nombre de ellos, pero llevamos bastante tiempo conversando una serie de leyes que se necesitan para perfeccionar los sistemas de control y gobierno de Codelco”, concluyó.

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Desde el mercado indican que no hay ningún evento puntual detrás del desacople, y que podría deberse a una caída del precio del cobre en las últimas semanas, pero la situación llevó al presidente de la estatal, Oscar Landerretche, a viajar para reunirse hoy con bonistas de la firma para llamar a la calma.

US$500 millones

BCI salió ayer a buscar fondos al mercado extranjero, colocando ayer un bono internacional. Después de un roadshow de tres días, la compañía ligada a la familia Yarur llevó a cabo una emisión en EEUU por US$500 millones, con títulos en formato 144-A. Según indicó el banco, la demanda por el papel superó en más de tres veces a la oferta y contó órdenes de más de 140 inversionistas.

Ídem

Colbún también llevó a cabo una colocación de bono internacional, también en EEUU y también por US$500 millones. La operación, informaron desde la firma, registró una tasa de 3,984% y una tasa de cupón de 3,950%, con una demanda que llegó a siete veces la oferta inicial.

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«Ha circulado información que es manifiestamente falsa, que se presenta como hechos y se usa para descalificar y dañar la honra de las personas», señala el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, quien pide al contralor aclarar sus dichos. Estima que ha dado pie para más desinformaciones, como que la Contraloría tuvo que entrar con Carabineros a Codelco, o que fue esta entidad la que destapó el caso del ex ministro Jorge Insunza, que siendo diputado hizo informes para Codelco y otras mineras.

-¿A qué se refiere el contralor cuando dice que hay «nepotismo» y «corrupción» en la empresa?

«Es una buena pregunta para el contralor. Las declaraciones que hizo en la Cámara de Diputados y a los periodistas fuera de la Cámara se refieren a un informe de la CGR, N° 900, en el cual no están las palabras «nepotismo» y «corrupción» en ninguna parte. En una compañía del tamaño de Codelco es imposible que este o cualquier gobierno corporativo dé garantías de que no haya comportamientos reñidos con la ética o que no haya nadie que esté intentado hacer cosas corruptas o alguien que esté buscando que a un familiar lo favorezcan en un trabajo o en un contrato. Pero lo que hacemos en el directorio es establecer sistemas para que esto sea muy difícil y menos probable, y que cada vez que encontremos a alguien haciéndolo, lo castiguemos».

-En su presentación, el contralor hace mención a los contratos con parientes. Insisto, ¿a qué caso se refiere?

«Los actores públicos tienen que ser más rigurosos en el uso de sus palabras, especialmente alguien que es abogado. Si se hace una acusación de corrupción, tiene que estar respaldada por algún hecho y hasta el momento no ha presentado ninguno».

«No hay ninguna acusación de nepotismo. Lo único que hay en el informe 900 es una discusión entre Codelco y CGR relativa a los sistemas de control para que no haya nepotismo. En esto, Codelco aplica lo establecido por su ley de gobiernos corporativos y es supervisada por la SVS, aunque Contraloría dice que tienen que ser otros los sistemas. Esa es la única discrepancia: sobre los sistemas que se aplican, pero no hay ninguna acusación de un contrato, un ascenso o contratación debida al parentesco de alguien».

-¿Por qué lo menciona entonces?

«Es incomprensible lo que está diciendo el señor contralor ytremendamente frustrante. Es conocido por los chilenos que esta administración y este directorio han tenido e implementado avances enormes en términos del control necesario en una compañía para que no haya corrupción, que se usen bien los recursos, que no haya conflicto de interés, para reducir el lobby , para que la mayoría de los contratos sean licitados. Es tan evidente, que habemos dos directores de Codelco que hemos recibido atentados con bombas: Raimundo Espinoza, a quien le pusieron una bomba en su auto, y yo. En mi caso, por milímetros no hubo un muerto en mi familia».

«Codelco abiertamente reconoce las atribuciones de la CGR para revisar la legalidad de estas cosas. Tiene que hacerlo de acuerdo a la ley, pero no a la ley que se le ocurra a Contraloría, sino a la ley vigente, aprobada en 2009 de forma muy transversal y por todas las fuerzas políticas».

«A la CGR y al contralor le genera bastante frustración el hecho de que discrepemos de él en la interpretación que les está dando a los marcos jurídicos. Pero, honestamente, esta no es la manera de reaccionar cuando se tiene una discrepancia, haciendo descalificaciones con falsedades. No, la manera es tener el debate jurídico de forma responsable y madura».

-A su juicio, ¿está siendo responsable la CGR?

«No. Los directores de Codelco se han sentido agraviados por lo que ha dicho el señor contralor. Cuando el señor contralor dice lo que dice, la única lógica es que o hay corrupción en el directorio, o hay incompetencia. Está cuestionando la honra de las personas o sus capacidades profesionales. Y eso es de la mayor gravedad, es injusto e irresponsable. Si el Contralor tiene la convicción de que es así, debiera hacer la denuncia. Si no es así y esto fue una cierta libertad retórica que se dio ante la presencia de las cámaras, creo que sería de la mayor importancia para el país que clarifique en forma pública que no se refiere a la actuación de este directorio y esta administración».

«Me parece muy curioso que la Contraloría se atribuya como hallazgo algo que este presidente ya arregló»

-En la Comisión Investigadora de Codelco se plantearon casos de desvío de fondos a políticos. Uno de ellos es el ex diputado y ex ministro Jorge Insunza. ¿Hay otros casos?

«No que sepamos. El caso del ex ministro Insunza fue investigado, informado y resuelto por este directorio en el primer año de mi gestión, antes que fuera nombrado el contralor actual. Me parece muy curioso que la Contraloría se atribuya como hallazgo algo que este presidente ya arregló, investigó y auditó antes que siquiera estuviese él en su cargo».

«Cuando asumimos, este directorio cortó todos los contratos de suscripciones de Codelco con centros de estudios de distintos colores políticos y terminamos con la práctica de nombramientos solicitados por políticos».

-El contralor Bermúdez también cuestiona los contratos directos. Cuando él hizo los informes a Codelco, ¿fue mediante trato directo también?

«Sí. Esta administración, la de Nelson Pizarro, ha tenido una política de reducción de las asignaciones directas que es muy previa a este debate. Hoy está en 1% y antes era de 10%. A veces no se pueden evitar, por ejemplo, cuando hay una emergencia ambiental. Cuando tuvimos la noticia de los informes del señor contralor (que publicó La Tercera), lo chequeé y el señor contralor tiene unos contratos en los años 2011 y 2012, informes en derecho por temas ambientales. Me parece que están en regla, son asignaciones directas y no tengo ninguna razón para poner cuestión esos contratos, son completamente válidos y legítimos».

-¿Por qué la auditoría especial de Codelco parte en 2013 y no antes? ¿Se quiso dejar expresamente afuera a los contratos de Jorge Bermúdez?

«Yo quiero creer que es una casualidad que el período que se investiga, 2013-2015, no coincida con los años 2011 y 2012 en que el contralor hizo los informes para Codelco, porque a mí me costaría mucho creer que una agencia reguladora chilena hiciera eso a propósito, me parecería increíble. Quiero creer que es una coincidencia».

-La auditoría es del 2013 al 2015, solo una parte del último año corresponde a su período. ¿No estima que se le debería endosar esta responsabilidad al gobierno anterior?

«Yo no voy a hacer eso. En este proceso de Codelco, varias personas del mundo político me han dicho que una manera de enfrentar este conflicto, con la cual recibiría más respaldo, sería que me aprovechara del hecho de que la abrumadora mayoría de los casos que están en el informe y a los que se refiere el contralor, efectivamente son del gobierno anterior. Pero mi respuesta es no. Ese es el tipo de política que tiene enfermo a este país. La ley del 2009, aprobada en el gobierno de la Presidenta Bachelet e implementada por el Presidente Piñera, es una cosa buena para Chile. El directorio anterior hizo grandes avances en las prácticas de gobierno corporativo, avances que nos permitieron avanzar aún más. Así funcionan los países serios, con acuerdos transversales que permiten hacer avanzar las instituciones en el interés de todos».

«Le pedí una tercera reunión al contralor… no se me ha concedido»

-¿Cuántas veces se ha reunido con el contralor?

«Dos veces. Hay una solicitud adicional que hice hace dos o tres meses y él no me la concedió. Primero me dijo que se iba de vacaciones y luego me contestó que prefería no dármela».

-¿Qué han hablado en ellas?

«En la primera reunión, yo fui muy contento a Contraloría a decirle que lo que él iba a hacer nos iba a ayudar un montón y que les íbamos a dar toda la colaboración, y eso fue lo que hicimos. La segunda fue cuando salió el preinforme y le manifestamos los reparos que teníamos. Y la tercera, la solicité con respaldo del Gobierno y el directorio, para resolver esto administrativamente, pero no se me ha concedido».

-¿Es posible un avenimiento?

«Es muy difícil cuando ha habido un ataque a la honra de los directores de Codelco, en que se nos cuestiona nuestra honorabilidad, donde se nos dice que ocultamos o no somos capaces de controlar situaciones de nepotismo, sin ninguna denuncia concreta».

-La CGR envió antecedentes al Ministerio Público, que investiga…

«Son los mismos antecedentes del informe 900 y ahí no hay ninguna denuncia concreta».

-Si la CGR busca lo mismo que ustedes: eficiencia, control y buen uso de los recursos, ¿qué explica este pugna?

«No lo entiendo. Honestamente, no puedo entender por qué hay una evidente campaña comunicacional del señor contralor para desprestigiar la labor del comité de directores de Codelco. Según lo que él dice, Codelco está lleno de corrupción y nepotismo. Entiendo que el contralor habría clarificado en las sesiones reservadas del parlamento que no se refiere a esta administración, pero él no es una persona inocente y sabe qué está haciendo en términos comunicacionales».

-¿En qué pie queda Codelco y la propia CGR con este enfrentamiento?

«Es muy difícil la situación en Codelco. Cuando se hacen declaraciones al voleo, cuando se descalifica la actuación del directorio y de la administración de esta manera, es muy difícil avanzar. Todas las medidas que hemos implementado de control de los contratos políticos, de probidad, de transparencia, de los ex Codelco, etc., cada una de ellas ha sido difícil y resistida, muchas de ellas tienen dificultades técnicas de implementación. ¿Qué mensaje nos da la agencia de control del Estado? Que todo eso no sirve: los vamos a seguir llamando corruptos. Él deslegitima y debilita una gestión que ha sido evaluada positivamente por todas las agencias independientes, nacionales e internacionales».

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En una carta publicada este martes en “El Mercurio”, suscrita por todos los integrantes de la mesa a excepción de Laura Albornoz, refutaron los dichos de Bermúdez calificando como una “irresponsabilidad” sus palabras, que calificaron como “denuncias infundadas”.

Fuentes del directorio de la empresa señalaron que la génesis de la respuesta se remonta a la semana pasada, cuando el presidente del directorio, Oscar Landerretche, que se encontraba en Canadá, fue informado de los dichos. Las fuentes señalan que el propio Landerretche reaccionó con un alto nivel de “indignación” a las palabras del contralor, y desde ese minuto comenzó a coordinar una reunión con el resto de directores para elaborar una respuesta, lo que se concretó el pasado lunes, horas después de su arribo desde Norteamérica.

Participantes de la reunión comentaron que Landerretche expuso en la reunión que le resultaba “difícil” enfrentar las palabras de Bermúdez, las que calificó como “injustas”. En la ocasión, el presidente del directorio de la estatal habría señalado al directorio que sentía que este año, además de sufrir un atentado físico en su contra y de su familia, también la compañía se enfrenta a un “intento de asesinato de imagen” por parte de la Contraloría.

Las fuentes indicaron que otros aspectos que han molestado a los directivos de Codelco son la demora por parte de Bermúdez, de la toma de razón de la designación de los nuevos directores de la empresa y la paralización durante seis meses de la solicitud de la administración de la minera estatal de rebaja de sueldos a los integrantes del directorio de la compañía.

No participó en esta reunión la directora Laura Albornoz, que se encuentra de viaje en Vietnam ni tampoco aparece su nombre dentro de los firmantes de la misiva. Al respecto, conocedores de la estatal señalaron que Albornoz realizó algunas observaciones a la carta y que no clarificó su postura frente al documento, razón por la que no aparece su nombre en medio de las firmas del resto del directorio.

Las mismas fuentes señalaron que en la reunión no se analizó ni se consideró la posibilidad de establecer alguna acción judicial por los dichos de Bermúdez. Este jueves se realizará la reunión mensual de directorio de la empresa estatal, donde se espera que nuevamente se debata sobre la disputa con Contraloría.

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Sin embargo, de los nueve miembros solo faltó una: Laura Albornoz. Consultada los motivos, la abogada y ex ministra explicó desde Vietnam -donde está representando a la minera en un foro de la APEC para exponer sobre el liderazgo de las mujeres como factor de desarrollo en las economías de los países del Asia-Pacífico- los motivos que la llevaron a no suscribir el documento que se elaboró el lunes.

“Hubo una primera versión de la carta que yo no suscribí porque no estaba de acuerdo, hice comentarios que fueron incorporados, pero la verdad y en lo sustantivo, no tuve la oportunidad de conocer la segunda versión porque nunca me fue enviada”, relata la ex ministra.

Agrega que “por mi formación como abogada estimo, en realidad, en el fondo, que este tipo de controversias, cuando están sometidas a los tribunales, no es aconsejable que se ventilen por los medios. Esa fue principalmente mis preocupaciones sobre la materia”.

Consultada respecto a las diferencias planteadas al interior de la mesa cuando se redactó la opinión, Albornoz explicó que se incorporaron algunos puntos de los que planteó, pero lo que no fue contemplado, “no tiene sentido compartirlas, porque ya es un poco irrelevante”.

“El foro son los tribunales. Esto tiene que ver quizás con una deformación profesional, por lo general los abogados somos así, más bien estimo que las controversias cuando son sometidas a tribunales, no es aconsejable que se ventilen por los medios”, insistió.

Luego agregó que su compromiso está con la empresa y con el directorio, preocupándome por los intereses de la compañía, “que además es sustento importante del país”.

Otras fuentes explicaron que al interior de la mesa no hay grandes diferencias respecto de cómo se ha llevado adelante el caso con Contraloría, aunque la ex ministra habría mostrado una postura menos dura que el resto.

La dura respuesta de la mesa

En las 149 páginas que tiene el documento elaborado por Contraloría, no se mencionan en ninguna oportunidad las palabras corrupción ni nepotismo. Por eso la molestia de los integrantes del directorio de Codelco.

“Rechazamos en forma categórica las declaraciones del señor contralor general de la República relativas a la calificación de Codelco como una compañía en la que hay corrupción y nepotismo”, dijeron Dante Contreras; Ghassan Dayoub; Raimundo Espinoza; Óscar Landerretche; Juan Enrique Morales; Isidoro Palma; Paul Schiodtz, y Blas Tomic.

Morales agregó a este medio que con la publicación de esta misiva, esperan que esta sea la última opinión que emitan en público, porque el tema está instalado en lo judicial y “confiamos que, con esto, las opiniones y los respaldos sean considerados por quienes deben dirimir en esta disputa”.

Esto apoyaría la tesis que se maneja al interior de la estatal, en donde existiría total confianza respecto a la resolución de los diferendos tanto en tribunales, como en la investigación de la Fiscalía, ya que las auditorías internas realizadas por la empresa no habrían detectado la constitución de delitos.

Esto también explicaría la molestia de parte de los directores, quienes dijeron sentirse “agraviados y ofendidos en su honra personal” así como “injustamente descalificados en sus competencias profesionales”.

La primera señal de Eyzaguirre a Contraloría

Los dichos del ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, respecto de la disputa Codelco-Contraloría fueron bien recibidos en la industria minera. El lunes, como recogió La Tercera, Eyzaguirre dijo que «hay quienes son de la opinión, y es opinable, que transacciones con partes relacionadas debiesen ser prohibidas en el sector público (…) es una opinión válida, pero tenemos que tener cuidado si esa regla no se aplica para el sector privado». Luego agregó que Codelco está en un mercado donde compite con otras empresas. Los dichos se interpretaron como un primer respaldo a la estatal, pero también una señal a Contraloría. Esto, además, tomando en cuenta que el nuevo titular de Hacienda tiene cercanía con algunos de los altos representantes del organismo fiscalizador, ya que la subcontralora, Dorothy Pérez, fue Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación entre marzo de 2014 y diciembre 2015. Eyzaguirre lideró esa secretaría de Estado en un periodo similar, hasta junio de 2015.

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