Este ciclo de cinco talleres, que se desarrollará entre el 8 y el 23 de enero, forma parte de un proceso participativo orientado a construir los primeros indicadores de seguridad hídrica a nivel de cuenca en el país, incorporando conocimientos de actores clave vinculados al agua, tales como instituciones públicas, sector privado, sociedad civil, academia y promoviendo la participación activa de mujeres. La inscripción debe realizarse en ESTE LINK.

Al respecto, el director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, explicó que “cuando medimos con criterios compartidos, la gestión del agua deja de depender de diagnósticos aislados y se vuelve una conversación común para priorizar, coordinar y hacer seguimiento en cada cuenca. Ese es el valor de construir indicadores con los actores del territorio”.

Sanhueza agregó que “los indicadores de seguridad hídrica se entienden como variables que se evalúan para determinar la capacidad de una cuenca para asegurar el acceso sostenible al agua en cantidad y calidad aceptables para el consumo de las personas, ecosistemas, producción de alimentos y otras actividades productivas, y al mismo tiempo, para enfrentar sequías, inundaciones y contaminación”.

Por su parte, la coordinadora del proyecto en la FAO, Irene Bernaus, afirmó que “contar con indicadores permitirá visibilizar brechas y orientar acciones donde más se necesita, integrando evidencia técnica de los territorios y así tener una herramienta útil para los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas (PERHC) que constituirán la hoja de ruta de las Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos en cuencas y otros tomadores de decisión vinculados con el agua”.

Ejecución 

Con las percepciones, criterios y experiencias que aporten los asistentes a los talleres, junto con la revisión de experiencias nacionales e internacionales y el análisis de disponibilidad de datos en el país, y con el apoyo técnico del Laboratorio de Análisis Territorial (LAT) de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, se elaborarán los indicadores de seguridad hídrica que durante 2026 se aplicará en cuatro cuencas piloto representativas de las 4 macrozonas de Chile (norte, centro, sur y austral).

La calendarización de los talleres virtuales, es la siguiente:

-Taller “Mujeres y Agua: Construyendo Indicadores de Seguridad Hídrica”
Jueves 8 de enero | 11:00–13:00 hrs.

-Taller “Instituciones públicas y Seguridad Hídrica: Construyendo Indicadores para la Gestión de Cuencas”
Martes 13 de enero | 11:00–13:00 hrs.

-Taller “Productividad y Agua: Indicadores para la Seguridad Hídrica del Sector Privado”
Miércoles 14 de enero | 11:00–13:00 hrs.

-Taller “Conocimiento y Evidencia para Indicadores de Seguridad Hídrica a Nivel de Cuenca”
Jueves 15 de enero | 11:00–13:00 hrs.

-Taller “Sociedad Civil: Seguridad Hídrica desde los Territorios”
Viernes 23 de enero | 10:00–12:00 hrs.

La entrada MOP invita a participar en talleres para construir indicadores de seguridad hídrica a nivel de cuenca se publicó primero en Mch.

La entrada MOP invita a participar en consulta pública del nuevo reglamento de aguas subterráneas se publicó primero en Mch.

De esta forma, el director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, sostuvo que “la DGA es un servicio público con competencias ambientales, tanto para la fiscalización y evaluación de proyectos, las que hemos reforzado a partir de la reforma al Código de Aguas de abril de 2022. Al mismo tiempo, hemos optimizado nuestros procesos de fiscalización para dar una respuesta más rápida a la ciudadanía y a los servicios públicos que nos piden fiscalizar potenciales infracciones al Código de Aguas. Este convenio viene a fortalecer el alcance del trabajo entre la DGA y la SMA, el cual busca robustecer la labor de fiscalización ambiental”.

Por su parte, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, destacó que “la actualización de este convenio refuerza aspectos del trabajo conjunto, como la mesa técnica SMA-DGA relevando el intercambio de conocimiento y criterios en temas sancionatorios y el uso de herramientas tecnológicas como la teledetección y monitoreo remoto, junto con formalizar el apoyo entre ambas instituciones para fiscalizar las normas secundarias de calidad”.

En materia de recursos hídricos, ambas instituciones convergen en el programa de fiscalización que fija la SMA en relación a los compromisos que deben cumplir los titulares de proyectos de acuerdo a sus Resoluciones de Calificación Ambiental, en las Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA) y en la elaboración de Programas de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua (PMCCA).

Líneas de trabajo del convenio

Este convenio considera 10 líneas de trabajo. Entre ellas se establece la coordinación entre la SMA y la DGA en caso de situaciones de riesgo para el medioambiente, pudiendo actuar la DGA de forma inmediata y dictar las medidas necesarias para controlar el riesgo. Una vez atendida la situación se deberá informar a la SMA y remitir los antecedentes levantados en la fiscalización.

Además, el convenio establece la instalación de una mesa técnica que deberá elaborar herramientas de apoyo a la fiscalización, definir la forma y modo de comunicar los casos de especial relevancia ambiental asociados a Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) y los criterios a considerar por ambos servicios para abordar las acciones que el titular de un proyecto debe cumplir en la Resolución de Calificación Ambiental durante la construcción y ejecución de éste.

Igualmente, la mesa deberá estudiar el uso de nuevas tecnologías para la fiscalización y sanción, explorando aplicaciones de inteligencia artificial para la detección temprana de desviaciones y el intercambio de experiencias y herramientas para el uso de imágenes satelitales, sensores remotos y plataformas geoespaciales en la supervisión de cuerpos de agua, obras hidráulicas y cumplimiento de resoluciones administrativas, entre otras funciones asignadas a esta instancia de trabajo colaborativo.

Otra línea de trabajo son las actividades de fiscalización ambiental subprogramadas con los correspondientes procedimientos para su ejecución. Estas tareas fiscalizadoras pueden ser inspecciones ambientales, exámenes de información y medición, muestreo y/o análisis de parámetros físicos, químicos o biológicos, o una combinación de dichas labores.

Entre otros aspectos, en materia de Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA), la DGA deberá continuar entregando a la SMA los antecedentes de los monitoreos que realiza en siete cuerpos de agua para verificar el cumplimiento de la normativa respectiva. Parte del acuerdo suscrito, considera además informar a la SMA cuando la DGA se pronuncie respecto a las descargas de contaminantes a aguas marinas y continentales superficiales y subterráneas. Adicionalmente, ambas partes quedan facultadas para difundir casos de especial relevancia producto del trabajo conjunto.

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El objetivo fue recopilar mayores antecedentes luego de los hallazgos constatados por la Dirección General de Aguas (DGA), en el marco de la fiscalización que realizó el organismo para verificar si la extracción de agua que estaba efectuando la empresa se ajusta o no a lo decretado por el tribunal y porque la empresa aseguró que “ha actuado conforme a lo exigido”.

El Primer Tribunal Ambiental llegó el pasado viernes 9 de septiembre hasta el sector Lagunillas, donde la ministra presidenta, Sandra Álvarez, y el ministro Mauricio Oviedo acompañados de un equipo jurídico y técnico del tribunal, recorrieron el sector para la revisión de los pozos P1, P3 y P-R (Pozo Respaldo Sector Lagunillas) que están en funcionamiento y la constatación del no funcionamiento de los pozos P2 y P4.

La visita además tuvo por objeto examinar, recabar y comprobar la instalación, infraestructura y funcionamiento del sistema de monitoreo y reportabilidad en línea de las extracciones efectuadas que la empresa realiza a una plataforma de la DGA. Los ministros efectuaron un recorrido al bofedal Lagunillas para la revisión del Sistema de Riego Artificial (SRA) que permite la existencia del mismo y que forma parte de la medida cautelar.

En la ocasión, se hizo presente la Comunidad Indígena Aymara de Cancosa, quienes habitan en la zona de influencia del proyecto.

Producto de esta diligencia, el órgano colegiado determinó oficiar al Servicio Aerofotogramétrico (SAF) de la Fuerza Aérea de Chile, con el objeto de verificar imagen acompañada por la compañía al expediente del bofedal, además de solicitar imágenes digitales como también un análisis espacio-temporal del sector desde 1990 a 2001.

Informe DGA

El informe entregado por la Dirección General de Aguas, estableció que “la empresa minera realizó reportes en línea solo hasta el 3 de junio de 2022 y que existen algunos períodos en que la sumatoria de caudales superan los 54 y 69 litros por segundo, respectivamente”.

Frente a ello, la Compañía Minera Cerro Colorado aseguró que lo reportado por la DGA se funda en una interpretación “que, sin base alguna, razona erradamente que se trataría de caudales horarios en circunstancias que el régimen de extracciones de aguas desde Lagunillas siempre se ha evaluado, efectuado conforme a promedios mensuales”.

Medida cautelar

La medida cautelar, decretada el 14 de febrero de este año, restringió la extracción de aguas subterráneas desde el sector Lagunillas y estableció dos períodos de reducción de caudal.

El primero con una duración de 90 días, el que restringió el caudal a 54 litros por segundo para operación y 25 litros por segundo para el Sistema de Riego Artificial.

El segundo período restringe el caudal a 69 litros por segundo para la operación y más de 25 para el riego del humedal, por 180 días.

Demanda

La demanda por daño ambiental fue presentada por Luis Jara Alarcón, quien asegura que el daño ambiental es una consecuencia del actuar “ilegal y culpable” de la compañía por la ausencia de una autorización ambiental para extraer aguas del acuífero, luego que se le anulara a la empresa la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Hoy la demanda en su cuaderno principal se encuentra suspendida por segunda vez a solicitud y de común acuerdo por las partes hasta el 30 de septiembre, mientras el proceso de la medida cautelar continua, por lo que se debe esperar la determinación del tribunal luego de analizar los antecedentes obtenidos en terreno en particular respecto de los niveles de extracción de los pozos ya referidos y la operatividad del sistema de monitoreo en línea, su reportabilidad a la DGA, los informes de fiscalización de este mismo ente administrativo y datos que pudiere aportar el SAF.

La entrada Tribunal Ambiental viaja hasta Cerro Colorado para verificar cumplimiento de medida cautela se publicó primero en Mch.

Desde el sitio web de la DGA señalaron que Sanhueza asume en un contexto de crisis hídrica severa, por lo que, para responder a las prioridades del Gobierno, este organismo tiene un rol fundamental para el país.

El ministro García agregó que esta prioridad «está consagrada en el nuevo Código de Aguas y que su implementación no solo requerirá un esfuerzo, sino también urgencia”.

En este sentido, la autoridad destacó que un segundo gran desafío para el nuevo director será “seguir trabajando en coordinación con los otros ministerios para que podamos implementar una política hídrica nacional, donde los consejos de cuencas y el apoyo que puede ser la DGA, tienen un rol crítico para regionalizar la gestión del agua, algo que hoy está ausente de nuestras políticas públicas”.

Rodrigo Sanhueza

El organismo aseguró que desde 2004 Rodrigo Sanhueza se ha desempeñado en la DGA ocupando diversos cargos en las regiones del Biobío y O´Higgins, donde ejerció como director regional de Aguas entre el 2014 y 2018. Al momento de su nombramiento, ejercía como agente nacional de expedientes del Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la DGA.

Los pasos que vienen en la DGA

Sanhueza, que fue elegido por el sistema de Alta Dirección Pública, explicó que tiene varios desafíos para cumplir con la ruta trazada por el ministro.

En este sentido, destacó que el nuevo Código de Aguas empuja a la DGA a conversar con otros ministerios como el de Medioambiente y Agricultura, no solo para coordinar las tareas afines, sino también coordinarse con aquellas carteras que ejecutan obras, indicaron desde la DGA.

Asimismo, el organismo señaló que esa coordinación también se requiere con otras direcciones del Ministerio de Obras Públicas, como la Dirección de Obras Hidráulicas, que es la unidad encargada de los temas de saneamiento de agua rural y abastecimiento de agua potable. “El nuevo Código de Aguas abre una oportunidad muy importante para que los servicios de saneamiento rural también presenten sus requerimientos. Esto tiene que ser un trabajo colaborativo, tanto con la gente de la DOH como con las personas que están en el territorio y acá las regiones adquieren un rol fundamental”, explicó el nuevo director.

Sanhueza indicó además que otro de los grandes desafíos será la correcta ejecución del presupuesto. “Históricamente la DGA ha tenido un presupuesto bastante acotado, pero este año son 38 mil millones que tenemos el desafío de poder ejecutar. A través de nuestras direcciones regionales y a nivel central, estamos trabajando para poder seguir avanzando en presupuestos mayores”.

Esto, -dijo Sanhueza- es fundamental, ya que el Código de Aguas impone tareas a la DGA que no se podrán cumplir si no se cuenta con los recursos para este objetivo. “Tenemos que ejecutar lo que hoy se nos entregó y seguir creciendo. Esa es la única forma que las letras del Código de Aguas se hagan realidad en los territorios”.

Por otra parte, -según plantearon desde la DGA- internamente los procesos administrativos tienen una duración mayor a lo que se esperaría, por lo que estamos estudiando la forma en que podemos acotar esos tiempos. Esto significa incorporar tecnología en materia de fiscalización e hidrología, lo que nos permitirá contar con más información para la toma de decisiones, pero también conocer el estado real de las cuencas en términos de la disponibilidad de agua.

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Es así como diversos organismos, entre ellos el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y la Dirección General de Aguas (DGA), han desarrollado múltiples iniciativas en materia de fiscalización para asegurar un correcto manejo y tratamiento de residuos asociados a la minería, teniendo un último avance en enero de este año con la nueva “Instrucción general para la vigilancia ambiental del componente agua en relación a depósitos de relaves”, la cual establece que, hasta este 28 de julio, las empresas mineras que no hayan comenzado con su plan de cierre de relaves menores a 100 millones de toneladas, deberán inscribirlos; mismo proceso que se aplicó en abril de este año para los relaves de mayor tamaño (más de 100 millones de toneladas).

Esta normativa busca establecer un estándar de monitoreo común a nivel nacional con énfasis en el componente “agua”, para vigilar la estabilidad física y química de las instalaciones con el uso de las últimas tecnologías informáticas disponibles, y aplica a todos aquellos depósitos que cumplan la condición de haber iniciado su depositación y no haber comenzado la ejecución de su plan de cierre y que, a la vez, cuenten con al menos con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.

Luego del registro de relaves dentro del plazo antes mencionado (28 de julio), las empresas deberán iniciar el reporte electrónico (para datos discretos) y finalmente la conexión en línea (para datos continuos), según corresponda.

Esto con el fin de que, una vez finalizado el proceso y para comenzar con el correcto plan de cierre, puedan acudir a las entidades técnicas fiscalizadoras ambientales (ETFA) definidas por la SMA, que son las que llevarán los registros y muestreos de los parámetros discretos de calidad de agua (PDCA) para, seguidamente, contactar a empresas especializadas que puedan ayudarles en caso que, durante el proceso de fiscalización, se encuentren desviaciones en los parámetros que deban ser solucionadas en algún sector específico o lugares en donde haya escurrido el agua contaminada y haya causado daños a las superficies, como es el caso de Hidronor.

Esta compañía, que se ha convertido en un socio estratégico de sus clientes mineros para gestionar labores de recuperación y revalorización de los suelos contaminados, cuenta con la capacidad de brindar una serie de mecanismos para orientar, sugerir e implementar remediaciones de sitios contaminados para su futuro uso industrial o habitacional.

“Para llevar a cabo una correcta remediación de los terrenos que se vean contaminados por derrames superficiales o subterráneos de los relaves mineros, producto de la inestabilidad química del agua contenida en los mismos, realizamos un levantamiento del lugar, tomando muestras y analizando las concentraciones como, por ejemplo, las de metales pesados,  para así proponer la mejor alternativa de confinamiento o saneamiento posible, y desarrollar un plan de acción para el tratamiento in situ si es solicitado”, destaca Denisse Triviños, subgerente comercial de Hidronor.

Con empresas especialistas de este tipo, y cumpliendo los plazos establecidos por la SMA, las compañías mineras tienen el panorama claro para comenzar a desarrollar las buenas prácticas exigidas.

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“Tras analizar la denuncia se articuló una estrategia para monitorear unidades fiscalizables cercanas. Recabamos así información en terreno y de datos del seguimiento ambiental, en este caso de Minera Lomas Bayas cuyo sistema de agua subterránea se encuentra a 3 kilómetros de la zona denunciada. Con esto, y revisados los antecedentes en el marco de sus permisos ambientales, la SMA ha formulado dos cargos en contra de la minera, asociados a monitoreo de aguas y el seguimiento de flora y fauna. En el caso del sector minero, cumplir con sus compromisos ambientales en materia de agua, es crucial y forma parte de nuestros focos en la estrategia de fiscalización que tenemos para ese sector en el contexto actual de crisis hídrica”, comenta el superintendente del Medio Ambiente (S), Emanuel Ibarra.

Antecedentes del caso

Respecto a la denuncia recibida, la DGA realizó una inspección al sector “Vertiente La Cascada”, ubicada en Calama, constatando la ejecución de una zanja cuyas dimensiones eran de 3 metros de profundidad y 1 metro de ancho, la cual se extendía desde el nacimiento de la vertiente hasta el punto de aforo, el cual se encontraba con caudal nulo. Respecto a la disminución en el número de ejemplares de la ranita del Loa, la entidad sostiene que esto podría asociarse, entre otras causas, a la disminución del caudal en la Vertiente La Cascada y/o la ejecución de la zanja detectada en la inspección.

“Con esta información, la Oficina Regional de la SMA verificó qué Unidades Fiscalizables se encontraban en el sector denunciado, y en este caso, se advirtió que la red de monitoreo del recurso hídrico de minera Lomas Bayas se emplaza a unos 3 kilómetros de la Vertiente La Cascada y se procedió a fiscalizar esta instalación y a revisar sus informes de seguimiento ambiental”, explica Sandra Cortez, jefa Regional de Antofagasta.

Tras analizar la información recabada en terreno y comparando informes de seguimiento ambiental, la SMA ha procedido a formular dos cargos contra la minera. El primero, clasificado preliminarmente como gravísimo, se relaciona con no haber efectuado el monitoreo de los niveles del acuífero inferior, en los términos exigidos en su permiso ambiental, considerando que no existen registros del pozo de observación CMG-2, y la información reportada respecto a los niveles freáticos no se encuentra ploteada mensualmente en gráficos de profundidad versus tiempo; las mediciones de temperatura, pH y conductividad del agua no se encuentran ploteadas en función del tiempo.

El segundo cargo, clasificado como leve, consiste en no haber definido, previa visita a terreno con participación de los servicios competentes, el perfil hidrológico y biótico del río y, en función de ello, concordar las estaciones de monitoreo definitivas.

Cabe destacar que la Ley Orgánica de la SMA, establece que las infracciones gravísimas podrán ser objeto de revocación de la RCA, clausura o multa de hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA). En tanto, las infracciones leves podrán ser objeto de amonestación por escrito o multa de hasta 1.000 UTA.

El titular tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PDC) y de 15 días hábiles para formular sus Descargos, ambos plazos contados desde la notificación del inicio del proceso sancionatorio.

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La medida fue anunciada por el tribunal luego de la audiencia de revisión que se efectuó, en la que los abogados de la empresa y del demandante entregaron nuevos antecedentes a los ministros.

La diligencia judicial se efectuará este lunes 31 de enero y estará a cargo de la ministra presidenta del Primer Tribunal Ambiental, Sandra Álvarez Torres, quien junto al ministro en ciencias, Cristián López Montecinos y asesores jurídicos y en ciencias del organismo, serán los encargados de recabar los antecedentes necesarios para decidir si se acoge la solicitud de alzamiento de la medida cautelar, se mantiene o se modifica.

Además, se solicitó la presencia de funcionarios de la Dirección General de Aguas (DGA), y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Causa

Esta visita inspectiva se enmarca dentro de la demanda por daño ambiental efectuada ante el tribunal por Luis Jara Alarcón, en contra de la Compañía Minera Cerro Colorado por el eventual daño ambiental al acuífero Lagunillas por la extracción de agua realizada por la minera con fines productivos.

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La iniciativa, despachada ahora al Senado, ingresó a trámite en marzo de 2011 a la Cámara. Desde allí, se despachó a segundo trámite en noviembre de 2016; radicándose desde entonces en el Senado hasta agosto de 2021. Tras ello, el texto se revisó en tercer trámite, donde se rechazaron 18 enmiendas, originando la citada comisión mixta.

Los acuerdos emanados por dicha instancia se ratificaron por 129 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

Ahora, solo resta la aprobación del Senado para que el proyecto, finalmente, pase a consideración del Ejecutivo para su promulgación como ley.

Bien de uso público

La propuesta declara las aguas, en cualquiera de sus estados, como “bienes nacionales de uso público”. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación.

En función del interés público, se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas, los cuales podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad con las disposiciones de este Código.

Para estos efectos, “se entenderán comprendidas bajo el interés público las acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas”.

Especifica que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Asimismo, detalla que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares.

Por otra parte, considera una norma especial para los territorios indígenas. Al respecto, se indica que el Estado velará por la integridad entre tierra y agua. Igualmente, se protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas.

Prioridad al consumo humano

El texto remarca que las aguas cumplen diversas funciones, principalmente, las de subsistencia. Estas incluyen el uso para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia. De igual modo, están las funciones de preservación ecosistémica y las productivas.

En ese contexto, se recalca que “siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento”.

Se le asigna a la Dirección General de Aguas (DGA) la misión de sujetarse a la priorización señalada cuando sea necesario la reducción temporal del ejercicio de aprovechamiento o redistribución.

Además, se aclara que el Estado podrá constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas. Estas podrán incluir aquellas derivadas del término, caducidad, extinción o renuncia de un derecho de aprovechamiento. La DGA podrá entregarlas a prestadores de servicios sanitarios para garantizar el consumo humano y el saneamiento. Junto a ello, se regulan aspectos relativos a la entrega de derechos de las aguas reservadas, uso, tarificación, transferencia y otros temas relacionados.

Derechos de aprovechamiento

El derecho de aprovechamiento se origina en virtud de una concesión de 30 años. Ello se realizará de acuerdo a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero. Podrá otorgarse por un periodo menor bajo resolución fundada de la autoridad.

La duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará por el solo ministerio de la ley y sucesivamente. Lo anterior, salvo que la DGA acredite el no uso efectivo del recurso o que existe una afectación a la sustentabilidad de la fuente.

También se indica que el titular podrá solicitar, anticipadamente, la prórroga de su derecho dentro de los diez años previos a su vencimiento.

Los derechos de aprovechamiento se extinguirán, total o parcialmente, si su titular no hace uso efectivo del recurso. En el caso de los derechos de aprovechamiento consuntivos será de cinco años, mientras que en los no consuntivos será de diez años. La medida podrá ser objeto de solicitud de reconsideración.

Por otra parte, se recalca que cualquier cambio de uso de un derecho deberá ser informado a la DGA. En tal evento, la institución evaluará la situación y tomará las acciones que sean pertinentes bajo los criterios de esta ley.

Otras normas

Conjuntamente, el proyecto norma los pasos a seguir frente al riesgo de que el ejercicio de los derechos de aprovechamiento genere una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae. Para ello, se le entregan mayores facultades a la DGA para actuar, incluyendo la suspensión de los derechos.

Entre otras múltiples materias, se regulan formalidades para la constitución de los derechos de aprovechamiento; procedimientos y plazos a seguir; limitantes y obligaciones para los titulares; y facultades de control de la DGA.

Igualmente, se establece un derecho de expropiación a cargo del Ministerio de Obras Públicas para obtener agua, cuando no existan otros medios; se establecen las infracciones aplicables a este marco legal, junto con las sanciones del caso; y se declara que los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de esta ley continuarán estando vigentes.

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El tema ha sido planteado a nivel público con motivo de las acciones presentadas recientemente ante el Tribunal Ambiental, pero -en lo concreto- la realidad actual de Lagunillas está marcada por un proceso que inició la minera hace poco más de 15 años.

Ubicado en la Región de Tarapacá, actualmente el bofedal de Lagunillas se encuentra en vías de recuperación, con sus funciones ecosistémicas en pleno y con vegetación, lo que se ha confirmado por diversos estudios y reportes de consultores independientes.

Esta área es descrita por el Ministerio de Medio Ambiente como uno de los Humedales Alto Andinos de relevancia regional, considerando sus particularidades en riqueza de especies.

Dentro de la fauna y especies identificadas en el sector se cuentan flamencos, peces de agua dulce catalogados como Trichomycterus rivulatus y Orestias agasü, ranas, aves como suris, perdices y taguas, y mamíferos como guanacos, alpacas, vicuñas, zorros y vizcachas. Además, la cartera de Medio Ambiente ha destacado la función de este bofedal dentro del “corredor biológico” de los flamencos.

Operación minera y entorno

Cerro Colorado inició sus actividades en 1992, siendo una de las primeras operaciones mineras de gran escala que dio inicio al boom de inversiones en esa década que consolidó a Chile como principal productor de cobre mundial. La operación se inició con una extracción de 90 l/s desde Lagunillas según las autorizaciones ambientales otorgadas en 1994 y 1997. Diez años después presentó un proyecto para optimizar sus operaciones y aumentar su producción de cobre. Esto consideró una extracción de 150 l/s según la Res. Ex. de la COREMA de 2002.

En 2005, la Dirección General de Aguas (DGA) notificó a la minera sobre indicios de que las variables ambientales relevantes del proyecto, en el sector de Lagunillas, no se comportaban conforme a lo previsto en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Básicamente, lo anterior se refería a la afectación sobre el bofedal de Lagunillas que es sustentado por el acuífero.

Como respuesta, Cerro Colorado presentó un plan de recuperación, aprobado por la Res. Ex. N° 67, en 2011. El denominado “Plan de trabajo para el manejo de las funciones ecosistémicas del sistema lacustre Lagunillas” se planteó como objetivo la recuperación del bofedal de 8,5 hectáreas y su mantención hasta que se reestablezcan los niveles de agua subterránea que permitan que el bofedal funcione naturalmente. En este contexto, las metas de recuperación vegetacional establecidas fueron:

• 60% de cobertura vegetacional hacia 2012 (se cumplió con un 89% de cobertura).
• 70% de cobertura de especies propias del bofedal en 2017 (cumplida con un 83,3% de cobertura).

Situación actual y proyecciones

Cerro Colorado ha venido realizando estudios detallados y modelos hidrogeológicos que garantizan que, al actual ritmo de extracción y considerando el cese de operaciones de la mina en 2023, los niveles en el acuífero se recuperarán hacia 2050.

Hasta que ello ocurra, Cerro Colorado debe desarrollar un sistema de riego artificial para sostener el bofedal hasta su autosustentación. Cabe recordar que, en la actualidad, en torno a un 25% del agua que la minera tiene autorizado extraer, se destina a soportar al bofedal y no a producción de cobre.

“La recuperación del sistema azonal de Lagunillas se refleja en el paso de una condición cercana a cero cobertura vegetacional del bofedal en 2006, a la condición registrada en la última campaña de seguimiento anual, desarrollada en abril de 2020, que presenta más de 97,1% de cobertura vegetacional total, donde un 94% corresponde a cobertura de especies propias del bofedal y un 68% corresponde a recuperación de cubrimiento de especies acojinadas respecto a su condición original (7,13 ha)”, dice el biólogo Mario Parada, consultor en biodiversidad y recursos naturales de Biornat.

De acuerdo con el especialista, esta condición de recuperación de un sistema natural, con estas características, resulta inédita y no observada en ninguna experiencia similar en Chile.

“En 2005 diversos actores planteron que este bofedal se encontraba en un nivel de afectación severa, con una representación de especies acojinadas tendiente a cero. Pero luego de la implementación de los manejos recuperativos a partir de 2006 por Cerro Colorado, se ha observado un mejoramiento sostenido de la cobertura vegetacional. Es más, se han sobrepasado todas las metas declaradas en 2011”, subraya el especialista.

Junto a la vegetación, desde 2006 hasta la actualidad, otras formas de vida han recolonizado el bofedal y hace ya bastantes años es posible observar flamencos, vicuñas, ñandúes, patos, guayatas, zorros, anfibios y peces entre otras, transformando al bofedal de Lagunillas en un humedal de alta diversidad biológica.

“Los estudios y modelaciones hidrogeológicas realizadas muestran signos claros de la futura recuperación del acuífero Lagunillas”, afirma Manuel Álvarez, superintendente de asuntos hídricos de Cerro Colorado.

“Además, la operación ha venido implementando un proceso de desescalamiento de la faena minera, lo que se ha traducido en caudales de extracción por debajo de los autorizados sin alcanzar hasta ahora los máximos descensos en niveles que autorizan los permisos. En otras palabras, la autoridad ambiental, mediante la Resolución 67/11, impuso restricciones a la extracción y fijó descensos máximos del acuífero, lo que se ha cumplido y se seguirá cumpliendo a cabalidad”, añade.

Desde la compañía afirman que han informado periódica y regularmente a las autoridades pertinentes sobre la extracción de agua que se realiza en el acuífero, la situación actual y el pronóstico de los niveles del acuífero y los efectos del cambio climático global sobre la Cuenca de Lagunillas, de igual forma se han sometido a diversos requerimientos de información sin que las autoridades hayan encontrado indicios o dictaminado sanciones relativas a la existencia de un posible riesgo inminente, tanto del acuífero como del bofedal Lagunillas.

“Los estudios y modelos hidrogeológicos realizados garantizan que, al actual ritmo de extracción, tomando en cuenta los efectos del cambio climático en el altiplano y también considerando el cese de operaciones de la mina en 2023, la situación en el acuífero se revertirá y se recuperarán sus niveles hacia el año 2050, o incluso antes”, concluye Manuel Álvarez.

Recuperación

En el siguiente gráfico se observa que las especies acojinadas ya en el año 2009, luego de la implementación de la recarga de agua en el 2006, alcanzaban más de un 13% de recuperación.

Entre el año 2011 y 2012, luego de la aprobación del “PLAN” (RCA 067/11) se inicia el mejoramiento del Sistema de Recarga de Aguas observándose un aumento significativo de la recuperación de cobertura de especies acojinadas, llegando en el año 2020 a un 68 % equivalente a aproximadamente 5 hectáreas de cojines.

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