De este modo, la primera iniciativa legislativa de carácter minero del Gobierno del Presidente José Antonio Kast fue despachada a la Comisión de Hacienda con calificación de suma urgencia para continuar con su discusión previa a la votación en el pleno de la Sala de la Cámara. La propuesta del Ejecutivo formula modificaciones al sistema de postulación y pago de patente minera rebajada para concesiones de explotación establecido en el Código de Minería, con el propósito de agilizarlo mediante la eliminación del aumento progresivo de las patentes y los requisitos de 500 hectáreas, parentescos y tipos societarios para la pequeña minería. Además, incorpora una nueva causal de rebaja por exploración minera para que el productor no tenga que postular todos los años a la rebaja.

“Este proyecto busca fortalecer en especial el trabajo de los pequeños y medianos mineros que realizan una actividad productiva que es fundamental para el desarrollo económico de las regiones del norte del país, entregando certezas e incentivos que van a permitir desplegar el potencial minero del sector”, afirmó el subsecretario de Minería, Álvaro González, al cierre de la votación al tiempo que valoró la celeridad del trabajo de la comisión parlamentaria para sacar adelante la iniciativa.

Una vez materializados los ajustes del proyecto, la actividad minera dispondrá de reglas más claras y un régimen general de patente más beneficioso, con causales de rebaja bien delimitadas, alineando el sistema de patentes con los objetivos de desarrollo minero del país.

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En la sesión, que contó con la presencia del biministro de Minería y Energía, Daniel Mas, y el subsecretario Álvaro González, la organización expresó que “las modificaciones introducidas en los últimos años al régimen de patentes han generado efectos especialmente complejos para pequeños y medianos productores, muchos de los cuales han debido enfrentar importantes aumentos de costos y crecientes exigencias administrativas para mantener sus pertenencias mineras”.

Agrumin se hizo presente además con su vicepresidente Fernando Gattas y el director Patricio Céspedes.

Propuestas

El gremio propone restablecer el sistema histórico de amparo minero basado en una patente fija de explotación equivalente a 0,1 UTM por hectárea, sin requisitos adicionales de acreditación. Según el gremio, este mecanismo entregó durante décadas certeza jurídica a los titulares de concesiones y evitó cargas burocráticas que hoy afectan principalmente a los productores de menor tamaño.

Asimismo, la agrupación minera valoró la decisión del Ejecutivo de eliminar el artículo 142 ter del Código de Minería, norma que, a juicio del sector, no logró cumplir los objetivos para los cuales fue creada y terminó excluyendo a numerosos pequeños productores debido a restricciones asociadas a superficies y vínculos familiares.

“Lo que necesitamos es una regulación simple, eficiente y que permita a los pequeños y medianos mineros concentrar sus esfuerzos en producir, generar empleo y aportar al desarrollo de sus territorios, y no en enfrentar trámites cada vez más complejos y costosos”, manifestaron desde Agrumin.

Modernización del SEIA

Junto con las propuestas sobre patentes mineras, la organización planteó la necesidad de actualizar el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, elevando desde 5.000 a 20.000 toneladas mensuales el umbral de extracción que obliga a los proyectos mineros a ingresar al SEIA.

Según el gremio, el límite actualmente vigente fue establecido hace casi tres décadas y no refleja los avances tecnológicos, ambientales y operacionales que ha experimentado la minería en Chile durante este período.

Agrumin destacó que hoy existen tecnologías de control de emisiones, reutilización de agua, manejo de relaves y monitoreo ambiental que permiten reducir los impactos asociados a la actividad minera, por lo que consideran necesario adecuar la regulación a la realidad actual.

La asociación afirmó que una actualización de este tipo permitiría acelerar el desarrollo de proyectos de pequeña y mediana escala, generar empleo en regiones, aumentar la inversión y fortalecer la competitividad del país frente a otros destinos mineros.

Finalmente, el presidente del gremio minero reiteró que “el desarrollo minero y la protección del medio ambiente no son objetivos contrapuestos, sino desafíos que pueden avanzar de manera conjunta mediante regulaciones modernas, eficientes y basadas en criterios técnicos”.

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La solicitud de 73 diputadas y diputados pide analizar los actos del Gobierno, especialmente los realizados por el Ministerio de Minería y otros organismos encargados de fiscalizar la labor de la empresa cuprífera nacional, como la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y la Dirección de Presupuestos.

Específicamente, se espera analizar el eventual fraude y el daño patrimonial al Estado de Chile, tras las discrepancias que existen entre las cifras de producción en 2025 de las divisiones de Codelco informadas por el directorio y el resultado de la auditoría interna al reporte y contabilización de la producción de cobre en dicho periodo.

Cabe precisar que las cifras informadas permitieron cumplir con las metas institucionales de desempeño de la empresa, lo que conllevó al pago de millonarios bonos a la plana ejecutiva y beneficios por desempeño a más de 6 mil trabajadores.

No obstante, según se argumenta en la solicitud de esta investigación, las cifras revisadas en la auditoría “son sustancialmente menores, generando un enorme daño al erario público, a la reputación internacional de la empresa y a su patrimonio, así como también en lo relacionado con los derechos de las y los trabajadores de la empresa estatal”.

La comisión investigadora tendrá un plazo de hasta 60 días para cumplir con su mandato y podrá funcionar en cualquier lugar del territorio nacional.

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Tras este respaldo, se fijó el lunes 8 de junio como plazo definitivo para la presentación de indicaciones a la propuesta. La instancia contó además con la participación de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo.

El texto, en segundo trámite, introduce elementos más técnicos y predecibles en el proceso de evaluación. También se propone fortalecer la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), al incorporar criterios de cambio climático y desarrollo sostenible.

Además, establece un rol más activo del Ministerio del Medio Ambiente en la supervisión y seguimiento de los procesos. Asimismo, reemplaza las Comisiones de Evaluación Ambiental, al entregar más atribuciones al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En esta línea, los directores regionales o el director ejecutivo pasan a calificar los proyectos para reducir la influencia política directa en estas resoluciones.

La propuesta, igualmente, cambia el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El texto integra los permisos sectoriales dentro de un mismo procedimiento, acotando los motivos de rechazo de proyectos y estableciendo reglas claras para modificaciones y reclamaciones.

El Ejecutivo preciso que la iniciativa tuvo una tramitación de un año en el Senado, donde se alcanzaron acuerdos relevantes en materias críticas. No obstante, advirtió que en la Sala se perdieron disposiciones relevantes que se buscarán reponer en la Cámara.

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Según informó, en el MOP se definieron cinco grandes ejes de acción:

• Enfrentar la emergencia de seguridad económica y social.
• Fortalecer la institucionalidad vigente.
• Chile conectado y soberano.
• Colaboración público privada.
• Agua para el desarrollo.

Respecto de los recursos hídricos, Balmaceda comentó que, además de los programas regulares, el ministerio priorizará tres iniciativas. La primera de ellas refiere a las grandes obras de riego. Así, la idea es ampliar la capacidad de almacenamiento a través de cinco obras fundamentales en diversas regiones del país. En su conjunto, se sumarán al sistema 944 millones de metros cúbicos, que beneficiarán a más de cien mil hectáreas de riego.

La segunda meta será ampliar la cobertura de agua y saneamiento en zonas rurales. Según detalló, hoy, el 100% de las localidades concentradas cuentan con dichos sistemas. Sin embargo, dicha realidad cambia en las semi concentradas, donde solo un 57% los poseen.

Adelantó que un objetivo será descentralizar la gestión de los proyectos de saneamiento rurales con la colaboración de los gobiernos regionales.

El tercer desafío será desarrollar la desalinización como estrategia nacional, especialmente, con vista a las regiones del norte de Chile. Recordó que, actualmente, existen 32 plantas industriales y que en cartera se consideran 51 proyectos en vía de ejecución, mientras que otros 10 están en etapa de construcción.

Visión técnica y debate

En la sesión también expusieron el director de Obras Hidráulicas, Arnaldo Recabarren; el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas; y el titular de la Dirección General de Aguas, Hipólito Zañartu.

Entre las prioridades mencionadas por el equipo técnico del MOP están la elaboración de reglamentos de leyes recientemente promulgadas, relacionadas al ámbito de los recursos hídricos. Entre ellas están la que regula la extracción de áridos y la norma sobre desalinización de agua de mar. Asimismo, se fomentará la agilización de trámites, favorecidos por la ley de permisología, promulgada en el periodo anterior.

Sobre el punto, la DGA reconoció que tiene un retraso de 28.645 expedientes por resolver, lo que se calificó como “inaceptable” para los usuarios. En tal plano, la meta del Gobierno es llegar al cuarto año con stock cero de pendientes.

Otras líneas serán extender el plazo de legalización de derechos de agua consuetudinarios a 2032; unificar el flujo registral entre conservadores y la DGA; y montar un régimen simplificado de organizaciones de usuarios, con la participación de la DGA.

En materia de sanitarias, se buscará mejorar la gobernanza e institucionalidad, junto con agilizar proyectos para el consumo humano. También facilitar proyectos de reúso y enfrentar el colapso de sistemas de alcantarillado por aguas lluvias.

Entre los temas abordados por las y los diputados estuvo la necesidad de mantener un perfil técnico por sobre el político en las direcciones del MOP. Igualmente, se llamó a revisar situaciones especiales en el país, como la escasez de recursos hídricos en comunas como Monte Patria, en la región de Coquimbo; y la forma en que se abordará un año lluvioso, con vista a precaver desbordes en regiones como O´Higgins y el Maule.

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Previo a la votación, el grupo parlamentario conoció los alcances de la iniciativa a través del Ministerio de Obras Públicas. El principal orador fue el coordinador hídrico, Carlos Estévez. Explicó que el proyecto, ya aprobado por el Senado y la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, innova en cinco puntos principales:

• Crea una concesión marítima especial con un informe técnico vinculante de la Dirección General de Aguas.
• Impulsa una Estrategia Nacional de Desalinización.
• Promueve una servidumbre legal de desalinización.
• Define preferencias para resguardar el derecho humano al agua y saneamiento.
• Radica en la Dirección General de Aguas (DGA) la potestad de fiscalización.

Ahondando en algunos puntos, especificó que la estrategia contendrá lineamientos para orientar el desarrollo sostenible de proyectos de desalinización. Considerará criterios para determinar aquellas zonas de mayor aptitud para implementar proyectos de extracción, conducción y desalinización de agua de mar. Asimismo, consignará metas e indicadores de seguimiento.

Aclaró que también se considera la creación de una unidad en la DGA. Se encargará de la elaboración y seguimiento de la estrategia. También será la encargada de tramitar las solicitudes de concesión y destinación; y revisará fiscalizaciones y trámites de expedientes sancionatorios.

Puntos revisados por Hacienda

La Comisión de Hacienda, particularmente, revisó las normas relativas a la estrategia y el informe técnico de la DGA. Igualmente, lo referente a la fiscalización y sanciones, así como el financiamiento del proyecto.

Según se aclaró, el gasto fiscal se relaciona con la citada unidad de la DGA, por gasto en personal y bienes y servicios de consumo, entre otros ítems. El mayor costo será al tercer año, con más de $725 millones, para llegar a $342 millones, en régimen.

Tras despejar algunas dudas específicas sobre el sistema, las y los diputados aprobaron, en forma unánime, los artículos de su competencia. Además, por mayoría de votos se aprobó una indicación del diputado Juan Santana. Ella agrega una nueva consideración a los criterios que se tomarán en cuenta en la evaluación de los proyectos de concesión.

Específicamente, apunta a “considerar de manera preventiva el riesgo de impacto ambiental susceptible de ser causado con tales actividades de desalinización especialmente por concepto de descarga de salmuera, contaminación o alteración significativa, del cuerpo de agua marina, entre otros”.

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La Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades) valoró este paso esencial en la Cámara de Diputado, dónde se aprobó una batería de indicaciones que corrigieron elementos relevantes que quedaron pendientes en la discusión del Senado. “La Comisión realizó un gran trabajo aprobando todas las indicaciones presentadas por un grupo transversal de diputados que representan mejoras sustantivas al proyecto de ley, y rechazando otras que tendían a desnaturalizarlo incorporando obstáculos a la inversión y a la seguridad jurídica del marco regulatorio propuesto por el Senado”, dijo el director ejecutivo de Acades, Rafael Palacios.

Desde el gremio destacaron el que la Comisión haya incorporado un derecho de opción preferente al concesionario que solicite una nueva concesión al término del plazo de 60 años, y que hayan corregido ambigüedades del régimen transitorio aplicable a las concesiones marítimas de las plantas desaladoras existentes. “Estas definiciones entregan señales de estabilidad y previsibilidad, fundamentales para inversiones de infraestructura que están diseñadas para operar por décadas”, agregó Palacios.

Además, esta semana, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece un marco para la reutilización de aguas residuales tratadas, el cual avanzó a su segundo trámite legislativo. Acades reiteró que ambos proyectos deben seguir perfeccionándose durante su tramitación y que son claves para la fomentar la inversión en infraestructura hídrica no convencional.

“Es muy posible que ambos proyectos terminen su discusión en la nueva legislatura que se inicia en marzo de este año, por lo que recaerá sobre el Ejecutivo entrante y las nuevas comisiones del Congreso la responsabilidad de mejorar y promulgar ambas iniciativas, en especial la de reutilización de aguas residuales tratadas, para que lo cual seguiremos aportando evidencia técnica que permita consolidar un marco regulatorio moderno, estable y pro-inversión, acorde a la urgencia que impone la crisis hídrica, en especial a las regiones que más la padecen”, añadió Palacios.

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La instancia recibió a representantes del sector, quienes plantearon sus inquietudes sobre los alcances que establece la nueva norma. En la sesión intervinieron Patricio Céspedes, presidente de la Asociación Gremial Minera Antofagasta, junto a Patricio Gatica y Juan Carlos Urquidi, del Consejo de la Pequeña y Mediana Minería A.G.

Particularmente, Juan Carlos Urquidi, asesor legal del Consejo, alertó que la ley puede tener “alcances desconocidos y alarmantes”. En su presentación, afirmó que, tanto la norma como sus reglamentos facultan al Ministerio de Medio Ambiente y al SBAP para, “prácticamente, congelar e inmovilizar una superficie muy significativa del territorio nacional en base a criterios políticos”.

Según expuso, se sumarían los territorios protegidos por el SNAP y otros nuevos considerados como “prioritarios”, “áreas degradadas” y “restauración ecológica”, entre otros. De este modo, se podría intervenir la propiedad privada, incluso derogando derechos adquiridos por proteger la naturaleza, pero sin tener necesariamente evidencia técnica y científica.

Consecuencias del SBAP en la minería

El abogado agregó que este escenario implicará mayores costos de operación y transacción para todos los estamentos de la actividad minera. Incluso, sostuvo, afectaría a otras actividades productivas industriales, de la construcción, sanitarias, eléctricas, agrícolas, forestales y pesqueras, entre otras.

También planteó que la ley permite modificar Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) vigentes. De este modo, se puede imponer a los titulares de proyectos y actividades requisitos adicionales de cumplimiento ambiental. Y, además, establecer “compensaciones adicionales” e implementación de planes de manejo de recursos naturales o para el otorgamiento de permisos sectoriales.

A la sesión se encontraba invitada la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, sin embargo, excusó su participación. Frente a este escenario, los diputados comentaron la necesidad de tener una respuesta por parte del Ejecutivo para identificar claramente si lo alertado por los invitados responde a falencias de la ley o de los reglamentos que la norma mandata.

De todas maneras, destacaron que durante la tramitación de la ley de SBAP se recibieron a múltiples organizaciones y ninguna alertó lo que se expuso durante la sesión. Cabe destacar que el Consejo de la Pequeña y Mediana Minería A.G. se creó en octubre de 2025 como respuesta a las consecuencias de la norma.

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Durante la sesión, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, explicó que los sitios prioritarios se reconocen desde 2002 dentro de la estrategia nacional y regionales de biodiversidad. Precisó que, actualmente, existen cerca de 350 sitios identificados y la nueva ley busca ordenar esta dispersión, mediante un proceso de planificación ecológica regulada en el artículo 28 de la ley.

Aclaró, asimismo, que no se están creando nuevos sitios prioritarios, sino reorganizando los ya existentes. Para ello, se elaboró un listado de 99 áreas seleccionadas con criterios de representatividad, conectividad e integridad ecológica.

Por su parte, la jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, Daniela Manusevich, destacó que esta metodología permitirá duplicar de 6 a 12 los ecosistemas que cumplen estándares internacionales de conservación. De esa manera, se consolida una planificación ecológica basada en evidencia científica.

Inquietudes de los parlamentarios 

Ante las exposiciones, legisladores (as) de la comisión expresaron preocupación por los posibles impactos territoriales de esta ley.

Así, el diputado René Alinco dijo que la normativa no ha fortalecido a las comunidades campesinas ni generado beneficios concretos en regiones como Aysén. En tanto, la presidenta de la comisión, Gloria Naveillan, advirtió que la implementación responde a una visión ambiental demasiado restrictiva, mientras que la diputada Paula Labra cuestionó el uso de bases metodológicas en lugar del reglamento definido en el artículo 29.

Desde el Ejecutivo se precisó que la ley habilita un mecanismo excepcional, que permite avanzar en el reconocimiento de los sitios prioritarios mientras se completa la planificación ecológica.

Sobre el punto, la instancia acordó oficiar a la Contraloría General de la República para su pronunciamiento sobre la aplicación del cuestionado artículo transitorio, así como de los plazos reglamentarios. Además, solicitar al Ministerio del Medio Ambiente información sobre los avances en la implementación del SBAP y los mecanismos de participación regional.

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La iniciativa, de autoría del diputado Víctor Alejandro Pino, propone medidas que apuntan a la sostenibilidad ambiental junto con fomentar un desarrollo económico más responsable y acorde con la realidad hídrica del país.

Durante la sesión, las y los diputados discutieron los tres primeros artículos del texto. El primero regula y define los sistemas de reutilización de aguas residuales transportadas a través de emisarios submarinos. Así, consigna que propicia su tratamiento, depuración y regeneración para que puedan ser reutilizadas en el área industrial y el riego.

Al respecto, y ante algunas indicaciones presentadas, el diputado Benjamín Moreno propuso mantener su redacción original porque esta limita adecuadamente el uso de las aguas residuales. De esta forma, se evitaría cualquier ambigüedad sobre su utilización.

Sin embargo, sí se añadió una precisión del propio diputado Moreno donde se menciona que pueden tener otros usos con excepción del consumo humano.

Uso responsable de aguas

Respecto al artículo 2, se revisaron las definiciones que contempla la normativa. En particular, se discutió el concepto de “titular” contenido en la letra F. Este, inicialmente, indicaba que era quien instalaba los sistemas de reutilización. Sin embargo, el diputado Moreno propuso redefinirlo como quien sea propietario o adjudicatario de una concesión de estos sistemas. Esta definición implica, asimismo, la responsabilidad en su funcionamiento, indicación que fue aprobada por la unanimidad de ocho votos.

El tercer artículo, por su parte, que autoriza reutilizar aguas residuales fue objeto de modificaciones sustanciales. De tal manera, en el primer inciso se incluyó que quedarán exentos de esta regulación los Servicios Sanitarios Rurales, regulados por la Ley 20.998. Esto busca proteger el funcionamiento de estas organizaciones comunitarias.

El segundo inciso fue reemplazado para indicar que las aguas residuales podrán usarse con distintos niveles de tratamiento. El reglamento respectivo deberá definir estos niveles según el tipo de uso.

Además, se agregó un tercer inciso nuevo que establece obligaciones para los titulares de concesiones. En dicha línea, aquellos con sistemas de conducción cerrada deberán invertir en el tratamiento de aguas para su reutilización. Estas podrán destinarse al riego, recuperación de ecosistemas, inyección de acuíferos y uso industrial o minero.

Para las concesiones en curso se mantendrán las condiciones actuales hasta el fin del contrato y no podrán ser renovadas bajo los mismos términos. De esta manera, se deberán ajustar a la nueva normativa.

Finalmente, también se respaldó reemplazar los términos “industrial y minería” por “recuperación de ecosistemas, la inyección de determinados acuíferos, y al uso industrial y minero”.

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