En la ocasión, la ejecutiva explicó que el BID está apoyando al Gobierno en el fomento de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector minero, en respuesta a una solicitud formal de asistencia cursada por autoridades del Ministerio de Minería y de la Dirección Nacional de Presupuestos (DIPRES), a inicios de 2024.

La Iniciativa EITI es un estándar global para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector petrolero, gasífero y minero. Consiste en la publicación, verificación y divulgación de información sobre el sector, en el marco de un proceso colaborativo multiactor que reúne a gobierno, industria y sociedad civil, que permite a los ciudadanos acceder a información clave sobre los recursos naturales de su país.

Al respecto, la vicepresidenta ejecutiva (s) afirmó que Cochilco y el BID definieron el alcance de la asistencia técnica que brindará el organismo internacional que considera la realización de una licitación internacional, abierta, pública, y competitiva para contratar los servicios de una consultora experta en el tema que permita contribuir al proceso de implementación del EITI en Chile.

Añadió que los términos de referencia de la licitación incluyen un diagnóstico que identificará actores relevantes y brechas en la normativa vigente, además de estimar recursos y costos y diseñar un plan de trabajo para implementar el estándar. Luego de ello, agregó, se llevará a cabo la recolección, sistematización y análisis de datos de entidades gubernamentales y empresas; para, finalmente, redactar y presentar un informe conforme a los estándares aplicables y, alineados con el compromiso del Gobierno de Chile hacia la transparencia en la gestión pública.

Aseguró que el proceso de licitación se desarrolló entre el 11 de julio y el 30 de septiembre de 2024 y fue liderado de manera independiente por el BID de acuerdo con sus políticas de adquisiciones. Tras la convocatoria, se evaluaron expresiones de interés recibidas de firmas y organizaciones basadas en América Latina y el Caribe, Europa y Estados Unidos.

El BID determinó una lista corta de las entidades que presentaron mejores antecedentes, y de acuerdo con las políticas de adquisiciones vigentes del Banco, se solicitó la elaboración de una propuesta técnica y económica completa a la entidad mejor ponderada, en función de sus antecedentes, experticia técnica y propuesta metodológica. En dicho proceso, el BID contó con la colaboración técnica del Secretariado Internacional de la Iniciativa EITI.

La consultoría se adjudicó a la empresa John T. Boyd Company, que obtuvo el mayor puntaje. Se trata de una consultora internacional experta en minería, fundada en 1943, cuya sede está en Estados Unidos, y con oficinas en Australia, China y Colombia.

Actualmente, la firma se encuentra en proceso de levantamiento de información con entidades participantes del proceso EITI. 

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De esta forma, primero el Consejo verifica que la metodología y los procedimientos utilizados por la Dipres para el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos de 2022-2027 se atienen a las normas; a los valores de los parámetros estructurales del precio de referencia del cobre y el PIB tendencial, y a las elasticidades, de acuerdo al reglamento del Balance Estructural (BE).

Asimismo, el Consejo constata que el Gobierno cumplió con la regla dual para los datos efectivos de 2022. Esto, ya que el Balance Estructural (BE) alcanzó un superávit de 0,2% del PIB, por sobre la meta fijada por el Ministerio de Hacienda de un déficit de 3,3% del PIB. Y, al mismo tiempo, la deuda bruta alcanzó un 38% del PIB en 2022, sin superar su nivel prudente fijado por Hacienda en un 45% del PIB.

En su informe, además, el CFA realiza un análisis de los resultados para el cálculo del Balance Estructural proyectados por el gobierno en el más reciente Informe de Finanzas Públicas (IFP), y sobre la fórmula propuesta por la Dipres para realizar un ajuste prudencial a los ingresos fiscales por litio.

Ajuste a los ingresos por litio

Sobre este último punto, el organismo que preside Jorge Rodríguez valora que en su último IFP la Dipres haya propuesto una modificación a la metodología de BE, desde 2023, para calcular los mayores ingresos fiscales por litio que se considerarían como permanentes.

El Consejo Fiscal Autónomo plantea que, “constituye un avance para abordar los desafíos planteados por el CFA sobre el posible carácter transitorio de parte de dichos ingresos”.

Sin embargo, advierte que algunos aspectos importantes de sus recomendaciones previas sobre la materia no han sido considerados. En ese sentido, el informe indica que “el Consejo entiende que la propuesta de la Dipres es una metodología preliminar y parcial, susceptible de ser perfeccionada, antes que sea oficializada en el respectivo reglamento de cálculo del BE”.

Una de las recomendaciones no acogidas que el Consejo prioriza, se refiere a que el cambio metodológico para hacer un ajuste prudencial a los ingresos por litio se aplique a su totalidad y no a una parte solamente.

En esa línea, el CFA señala en su documento que “según lo informado por la Dipres, las restricciones de acceso a información tributaria de las empresas que operan los contratos de arrendamiento para la explotación del litio, implican poder considerar solamente un ajuste prudencial para las rentas de arrendamiento pagadas a Corfo”. De acuerdo a estimaciones del CFA en base a cifras Corfo, representaron un 66,5% de los ingresos fiscales por litio en 2022. Por ello, el CFA plantea que “si bien el mecanismo propuesto mitigaría, no eliminaría el riesgo de comprometer recursos potencialmente transitorios para gastos permanentes”.

Considerando lo anterior, el Consejo recomienda a la Dipres seguir explorando opciones para contar con información sobre la totalidad de los ingresos fiscales por litio, o buscar otro mecanismo alternativo para asegurar un ajuste prudente.

Otra de las recomendaciones priorizadas por el CFA que no fue considerada por la Dipres, se refiere a que el horizonte temporal de datos históricos para estimar el umbral del ajuste prudencial sea mayor al propuesto por el Gobierno. En particular, el Consejo había recomendado considerar un promedio móvil de entre siete a 10 años hacia atrás como umbral de prudencia para contabilizar los ingresos fiscales por litio provenientes de Corfo, mientras que la Dipres planteó un promedio móvil de cuatro años para 2023 y de cinco años desde 2024 en adelante.

De acuerdo a lo anterior, el Consejo indica que esta medida tiene un efecto importante en la magnitud del ajuste prudencial y presenta simulaciones que muestran que mientras más años son considerados, mayor resulta el ajuste prudencial, dado que para el cálculo se agregan años previos al período de altos precios del mineral.

Balance Estructural

Por otra parte, respecto a los resultados para el cálculo del Balance Estructural proyectados por el Gobierno, el Consejo insiste con una serie de mensajes que entregó en su informe al Congreso el 26 de abril y en otros documentos publicados previamente. Entre ellos, señala que valora la convergencia fiscal iniciada en 2022, pero resalta que ella debe continuar y deben monitorearse los riesgos que la puedan dificultar.

Además, el CFA advierte que el esfuerzo fiscal previsto por la Dipres se concentraría hacia el final de la presente administración, con una trayectoria de convergencia fiscal que implica un aumento del gasto en 2024, seguido de expansiones bajas o incluso recortes en el periodo 2025-2027. Por ello, el Consejo insiste en que el Gobierno considere una senda que permita que el mayor esfuerzo fiscal no se postergue hacia fines de su periodo.

En la misma línea, para reafirmar el compromiso con la consolidación fiscal, el CFA insiste en su sugerencia de que el Ministerio de Hacienda incorpore metas anuales de BE para todo el período de la actual administración en un nuevo Decreto de Política Fiscal. A la fecha, este decreto sólo establece un punto de partida en 2022 y uno de llegada en 2026 para el déficit estructural, y no metas para cada año.

Finalmente, el Consejo reitera la necesidad de que la Dipres avance hacia una mayor transparencia acerca de los “otros requerimientos de capital” y sus proyecciones, ya que incide en la trayectoria de la deuda pública que el CFA debe monitorear. “La información disponible en los IFP es insuficiente para hacer un seguimiento de dicha información, ya que no existe una apertura de las llamadas Transacciones en Activos Financieros”, sostiene el Consejo. Y agrega que “ello es especialmente relevante, dado que una parte importante de los recursos fiscales provenientes del litio podría invertirse en activos financieros distintos a los del Tesoro Público”.

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Según el informe publicado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), con cifras en miles de pesos, Minería obtendrá $46.737.578, es decir, una variación 2022-2023 de 1,1%.

En contraste, la partida que más recursos recibirá será el Ministerio del Trabajo, con $14.232.770.364, con una variación del 19%.

Otras partidas que obtendrán mayores recursos serán Educación, Salud y Vivienda y Urbanismo.

A continuación, la lista de Presupuesto 2023 (Detalle completo AQUÍ)

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El miércoles, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar una modificación al royalty, aunque la Comisión de Minería de la misma cámara lo había aprobado con anterioridad. Con esto, el articulado será votado en la sala, donde se verá el futuro de la iniciativa.

Basado en un proyecto de ley presentado en 2018 por parlamentarios de oposición, el proyecto busca gravar con un 3% del valor nominal de los minerales extraídos tanto para el cobre como para el litio. Esto, modifica la ley actual (que ya cambió la legislación de 2005), que grava con una tasa variable el margen operacional minero, que puede ir entre una tasa efectiva 5% y 14%.

“La tasa marginal del royalty que pagan las empresas mineras es progresiva, porque va subiendo en la medida que el margen operacional de las compañías aumenta. Si el precio del cobre efectivamente se mantuviera en niveles elevados en el año, el margen de las empresas sería mayor y también la tasa marginal que deberán pagar”, dice Matías Acevedo, director de Presupuestos.

De hecho, según cálculos de la Dipres, si el precio del cobre promedia los US$4 este año, la tasa marginal del royalty sería de 10,5%, pero si sube a US$4,5 y con ello se incrementa el margen, el impuesto quedaría en 15,5%.

¿Pero cuánto ha recaudado el impuesto desde su puesta en marcha? Según los informes de ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de cada año de la Dirección de Presupuesto (Dipres), desde 2007 hasta 2020 el royalty (incluido Codelco) ha significado para el país ingresos por más de US$9 mil millones, siendo los peak los años 2011 y 2012, con US$1.198 millones y US$1.269 millones, respectivamente. Eso sí, la mayor contribución a los ingresos del Estado ocurrió en 2007.

Sin bien desde entonces el aporte ha decaído, en 2021 la situación promete cambiar. Según datos de la Dipres, el royalty significó el año pasado casi US$240 millones para el fisco y para este ejercicio la cifra podría aumentar pues el cobre que ha trepado 16,7%. De hecho, en febrero pasado llegó hasta los US$4,36 la libra, su mayor nivel desde el 2 de agosto de 2011.

El presupuesto 2021 está hecho con un precio US$2,88 por libra, en circunstancias que ya en la Bolsa de Metales de Londres está por sobre eso, y que el precio promedio de 2020 fue de US$2,803, según informó Cochilco.

A fines de enero, Cochilco elevó la proyección promedio del precio del cobre para este año a US$ 3,30 la libra respecto a la anterior estimación que fue de US$ 2,90 la libra, pero para el año 2022 pronostica que el valor promedio del metal estará en torno a los US$ 3 la libra.

Según cifras el Consejo Minero, entidad que agrupa a las grandes mineras privadas del país, en el período 2005-2014 las empresas generaron US$290 mil millones, de los cuales un 25,5% fue pagado en dividendos, se invirtió un 16,2%, un 45,9% se pagó a trabajadores y proveedores, y un 12,4% se destinó a distintos impuestos, incluido el royalty. Y para el periodo 2016-2019, de los US$140 mil millones que lograron, un 6% se pagó en impuestos y 16% se fue en dividendos.

Solo considerando el pago de impuestos de las 10 empresas mineras privadas, dicen los datos de la entidad, más grandes (que representan cerca del 80% de la producción), en los últimos 20 años (2000-2019) el pago de impuestos ha sido de US$ 46 mil millones, -un promedio de US$ 2.300 anuales– que ha representado el 5% de los ingresos fiscales.

No todos están alineados con subir la tributación. Según el economista senior de Libertad y Desarrollo (LyD), Tomás Flores, “estamos al límite de carga tributaria sobre la minería, por lo cual un aumento como el propuesto en la moción nos dejaría con la mayor tributación minera del mundo”.

Según cálculos del centro de estudios, en base a un informe de E&Y que estimó la carga tributaria efectiva de Chile para el sector en 44,5% -la segunda más alta luego de Australia-, al incorporar los cargos del proyecto de ley en discusión la carga tributaria total en Chile subiría a 54,3%, pasando a ser el país con mayor carga tributaria total para el sector minero.

La semana pasada en conversación con Radio Infinita, el diputado Giorgio Jackson señaló que “las tasas efectivas son mucho más bajas que las tasas teóricas (…) y tras 15 años el impuesto específico no ha sido significativo”.

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Ese es el cálculo que hacen desde la Dirección de Presupuestos (Dipres), poniendo paños fríos a las estimaciones de analistas privados, que calculaban que la nueva realidad del precio del metal rojo, en el rango de US$3 la libra, generaría ganancias adicionales para el Estado que podrían llegar a cerca de US$1.900 millones. Esto, considerando que las previsiones de los economistas apuntaban a que cada centavo de dólar adicional en la cotización del commodity sumaba hasta unos US$70 millones de recaudación.

Según el jefe de Estudios de la Dipres, Cristóbal Gamboni, lo que se recauda hoy por concepto de cobre “es mucho menor de lo que era en la década del 2000”, donde efectivamente hubo años en el que cada centavo de dólar aportaba cerca de US$70 millones al Fisco. Sin embargo, hoy es menos “porque los márgenes con los que trabajan las empresas mineras son más estrechos, por mayores costos. Y además la depreciación de grandes proyectos mineros han ido reduciendo las utilidades tributarias. Los impuestos que pagan estas empresas son también menores porque tienen una base tributaria menor”.

De hecho, en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre del año pasado, se hizo un recuadro en el que se analizaba justamente el impacto de cada centavo menos en el precio del cobre. La publicación señala que “los resultados sugieren que un centavo de dólar menos en el precio del cobre BML (en la Bolsa de Metales de Londres), implica una menor recaudación promedio en el período 2001-2018 de US$39,8 millones para el año. Esta reducción se compone por un efecto promedio de US$29,7 millones por parte de Codelco y US$10,1 millones derivados de la minería privada”. Así, al año 2018, la recaudación por cada centavo fue de US$26,4 millones y el 2019 bordeó los US$16 millones.

De esta forma, la frase que el cobre es el “sueldo de Chile” también está quedando en el pasado, ya que en los últimos años los ingresos fiscales por ese ítem han estado en torno a solo el 1% del PIB.

Para el presente año las estimaciones de Dipres apuntan a que cada centavo adicional aporte unos US$19,7 millones, que incluye US$11,5 millones de Codelco y US$8,3 millones.

Sin embargo, eso es en el promedio anual, por lo que el efecto que se mantenga en torno a US$3 la libra desde ahora hasta fin de año, significa que la mayor recaudación hay que dividirla por el número de meses que resta.

Así, tomando como ejemplo este año, la Dipres espera que el precio del cobre promedie US$2,48 la libra, con lo que prevén recaudar unos US$2.760 millones al tipo de cambio actual. Tomando en consideración la estimación de US$20 millones por cada centavo adicional, un precio del cobre promedio de US$3 la libra durante los últimos 4 meses del año, sumaría para el Fisco ingresos adicionales por unos US$350 millones. Aunque parte de esa recaudación, la que corresponde a la minería privada, recién se terminaría de recaudar en la Operación Renta de 2021.

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EFE se mantendría en los números rojos. La firma prevé ingresos por $63.986 millones y costos por $91.450 millones. Sumando otros ítems, los resultados arrojan pérdidas por $147.971 millones para 2019. A septiembre del año pasado, la estatal acarreaba un resultado negativo de $38.446 millones y los ingresos totalizaban $65.715 millones. En 2017 anotó pérdidas por $52.645 millones.

De acuerdo con el documento aprobado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), EFE, que es la que tendrá en el papel el año más crítico, se prevé un resultado no operacional negativo en torno a $86 mil millones.

Para este año EFE estimó ingresos por concepto de pasajeros por $42.660 millones; provenientes de operadores por $12.900 millones e inmobiliarios por $7.495 millones.

Metro también prevé cerrar este año con pérdidas, las que llegarían a $78.712 millones. De esta manera, la compañía mantendría también los números rojos, pues al tercer trimestre del 2018 ya acumulaba mermas por $114.459 millones.

Este año los ingresos de Metro alcanzarían los $463.290 millones, al tiempo que los costos totalizarían $406.837 millones.

Enami es otra de las firmas estatales que prevé cerrar en rojo: proyecta pérdidas por US$11,7 millones. El resultado, eso sí, es mejor al que reportaba a septiembre de 2018, cuando el resultado integral total de acuerdo con lo reportado a la CMF totalizó US$16,2 millones.

Para este año Enami estimó ingresos por US$1.221 millones. La inversión real prevista por Enami llega a los US$62 millones, mientras que inversión financiera prevé US$17 millones.

Si los pronósticos se cumplen, las pérdidas de estas tres compañías sumarán $238.382 millones al cierre de este año.

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Una de ellas es Codelco, que proyectó que sus ingresos de operación alcanzarían los US$13.960 millones este año y sus costos llegarían a US$9.930 millones. Dado esto, los resultados antes de impuestos de la minera estatal serían de US$2.829 millones. El presupuesto consideró una utilidad líquida de US$512 millones.

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Al tercer trimestre, Codelco reportó excedentes por US$1.418 millones y según cifras del gobierno, la recaudación por cobre bruto anual en 2018 alcanzó los US$1.745 millones. Esto quiere decir que este año la estatal aportaría US$1.000 millones adicionales al Fisco en relación a 2018. Esto, entre otras cosas, por un mejor precio, proyectando un valor de US$3 por libra este año (5 centavos de dólar por sobre 2018), lo que aumenta los márgenes, considerando que el total de costos y gastos que espera la minera para 2019 llega a US$2,31 por libra.

En términos de producción, la estatal alcanzaría 1,730 millón de toneladas, la que también aumentará respecto a 2018, considerando que, según las estadísticas del gobierno (la minera aún no publica su balance 2018), la producción alcanzó 1,677 millón de toneladas.

De acuerdo al presupuesto, los desembolsos en estudios y proyectos de inversión no podrán exceder los US$3.232 millones. Esta inversión incluye también recursos por US$100 millones para el Fondo de Aseguramiento de Activos Estratégicos.

En materia de inversiones, se establece que el plan para los próximos años generará montos máximos de arrastre estimados en US$3.001 millones para 2020; US$2.288 millones para 2021; US$1.151 millones en 2022 y US$603 millones para los años siguientes.

Las demás empresas

Siguiendo la positiva tendencia, 10 empresas portuarias proyectan cerrar con números azules, siendo San Antonio y Valparaíso las que liderarían, con utilidades por $12.408 millones y $6.691 millones, respectivamente. Le siguen otras como las de Arica, Coquimbo y Talcahuano.

Polla Chilena de Beneficencia seguiría con números positivos, aunque las cifras proyectadas esperan una leve baja. Sus estimaciones apuntan a una ganancia de $2.416 millones en 2019, mientras que en 2018 cerró con utilidades por $2.549 millones,

Zofri y la sanitaria Econssa también cerrarían el ejercicio con utilidades por $17.935 millones y $5.371 millones, respectivamente. A septiembre del año pasado, ambas firmas evidenciaban ganancias; Zofri por $10.778 millones y Econssa por $2.841 millones.

Otras estatales como Casa de Moneda, agrícola Sacor, Enaer (Empresa Nacional de Aeronáutica) y Famae (Fábricas y Maestranzas del Ejército) se sumarían con utilidades estimadas por US$893 mil, $498 millones, US$14 mil y $116 millones. Asmar (Astilleros y Maestranzas de la Armada) estima un resultado positivo de US$1,5 millones.

Hasta ahora no se han dado a conocer los presupuestos de Enap, TVN ni BancoEstado.

La entrada Presupuesto 2019 de Codelco proyecta aportes al Fisco por US$1.000 millones más que el año pasado se publicó primero en Mch.

En el primer semestre, los aportes de Codelco al gobierno central llegaron a US$ 1.063 millones, lo que representa un incremento de 105% en comparación con enero-junio del año pasado. A su vez, la tributación de la minería privada casi se triplicó con un crecimiento de 186,8% respecto del año pasado, llegando a US$ 1.370 millones.

Según la Dirección de Presupuestos (Dipres), esto permitió que los ingresos totales del fisco crecieran 6,5% anual a junio, totalizando US$ 34.140 millones.

«El incremento de los ingresos totales en el primer semestre respecto de igual periodo del año anterior se debe principalmente a los ingresos provenientes de la minería privada y estatal, lo que se relaciona en parte con el incremento en el precio del cobre, que en el primer semestre de 2017 promedió US$ 2,61 la libra, mientras que en el primer semestre de 2018 alcanzó un promedio de US$ 3,14 la libra», comentó la Dipres en un informe.

La recaudación tributaria total llegó a US$ 28.061 millones en el semestre, con un alza de 4,7% anual. Pese al aumento de tributación de la minería privada, la recaudación general por impuestos a la renta -considerando todos los contribuyentes- aumentó apenas 0,2%. A su vez, los ingresos por IVA subieron 5%.

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Gasto crece 5,7%

El gasto del gobierno central total alcanzó a US$ 34.555 millones a junio y creció 5,7% respecto del mismo periodo de 2017.

El avance del gasto presupuestario en comparación con el Presupuesto aprobado para el año llegó a un 46,7% de ejecución.

Sin embargo, esto responde principalmente a un aumento de 6,1% en los gastos corrientes, mientras que los gastos de capital -que se asocian a inversión- subieron solo 2,6%.

Con todo, el Gobierno registró en el primer semestre un déficit fiscal efectivo de US$ 415 millones, equivalente a 0,1% del PIB.

Para el año, Hacienda proyecta un déficit de 1,7% del PIB.

La entrada Aportes de Codelco al fisco se duplican en el primer semestre, y la tributación de la minería privada casi se triplica se publicó primero en Mch.

Según un reciente reporte de la Dirección de Presupuestos (Dipres), en 2011 la minera estatal aportaba al fisco el 94,54% del total de las transferencias de empresas públicas al fisco, equivalentes a US$ 5.830 millones. En tanto, en 2017, el porcentaje de participación llegó a 69,15%. Es decir, una disminución de 25,39 puntos porcentuales en el período.

Estos aportes consideran excedentes; impuesto a la renta; impuesto D.L. N° 2.398 del 40%; impuesto de la Ley N° 13.196 y Otros (Impuesto Específico), según consigna el informe de la Dipres.

Desde Codelco explican que esta baja en los aportes al fisco se debe principalmente a la caída de un 30% en el precio del cobre entre 2011 y 2017, lo que afectó fuertemente los ingresos de la Corporación.

En cuanto a precios, según cifras de la estatal, pasó de US$ 4 por libra de cobre el 2011 a US$ 2,8 el 2017, «lo que significó más de US$ 4.500 millones de menores ingresos», dicen.

Para sortear la situación, se explica, desde el punto de vista operacional, «la Corporación ha sido capaz de compensar la caída de leyes de mineral, cercana al 16% en el período (2011-2017), con una mayor tasa de procesamiento, lo que ha permitido mitigar la baja en excedentes. De otra manera, si no hubiéramos logrado esta compensación, los excedentes habrían sido menores».

Además de Codelco, BancoEstado ha sido la otra empresa pública que más ha variado en su participación en los ingresos fiscales, ya que en el mismo lapso pasó de aportar el 3% de las transferencias a un significativo 24,85% el año pasado.

Al contrario, si se observan los aportes que hace el fisco a las empresas, por ejemplo, por capitalización, Codelco ha sido la estatal que se lleva la mayor tajada. De hecho, en 2017 se llevó el 51,31% del total.

Las otras empresas que poseen un porcentaje importante de los aportes fiscales son las del sector transportes: Metro y EFE, que recibieron 24% y 11,6% del total, respectivamente en 2017.

Aportes a mayo

Por otro lado, en el informe «Estado de Operaciones de Gobierno 2018», publicado el viernes por la Dipres, se indica que en términos acumulados a mayo de este año, los ingresos fiscales provenientes de Codelco presentan un crecimiento del 115,7% real respecto de igual período del año 2017. Esto equivale a US$ 936 millones. Según la Dipres, este crecimiento se debe principalmente al incremento del precio del cobre promedio a mayo en relación a igual período de 2017, desde US$ 2,6 la libra a US$ 3,1.

En la minería privada el crecimiento de la tributación fue de 150% anual.

 

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Esta coyuntura, se da en plena racha alcista de la cotización del precio del cobre por efecto de las negociaciones que se están desarrollando en Escondida, que han elevado su cotización por sobre los US$3,2 la libra en las últimas semanas, y una consistente recuperación del crecimiento de la economía doméstica.

Sin embargo, ambos datos, a todas luces positivos para Chile en términos de recaudación, levantan la inquietud de los expertos respecto de la expansión del gasto. Esto, porque se supone que estos parámetros estructurales sirven para determinar cuánto estructuralmente es lo conveniente que se expanda el gasto público. Y advierten que en los últimos años y cada vez con mayor recurrencia, tienden a estar influidos por la coyuntura y por lo mismo, debieran ser objeto de revisión.

Para los analistas, esto es particularmente cierto respecto del Precio de Referencia del cobre que viene incrementándose en forma consistente en los últimos años. De hecho, ha seguido una trayectoria desde US$0,99 la libra en 2005, hasta US$2,77 en 2017.

El problema. Según el economista de Gemines, Alejandro Fernández, que el precio del cobre recoja la tendencia se exacerbó con los altos precios que tuvo el metal rojo en la década pasada, antes de la crisis financiera de 2008-2009, y nunca retrocedió.

Esto, explica, “es un problema porque cuando el precio sube permite que el gasto crezca más. Eso exacerba el ciclo económico. La idea de crear la regla estructural en su momento y el presupuesto estructural, es que sea contracíclico, no procíclico, y que por lo tanto, cuando la economía está en baja, el presupuesto atenúe la severidad de la desaceleración”.

El punto, acota Macarena García de LyD, es que en la metodología actual de cálculo “lo que se está calculando en realidad no es el precio de largo plazo del cobre sino que es un promedio del precio del cobre en los próximos 10 años” y que por lo mismo “pretender calcularlo hoy como un precio de largo plazo es prácticamente imposible”.

Más drástico es Igal Magendzo de Pacific Reasearch, quien asevera que “si uno ve las proyecciones, son bastante malas. Es muy difícil proyectar el precio de un commodity porque fluctúa muy rápido y de manera imprevisible”.

Aunque en menor medida, este ruido de corto plazo influiría también en el PIB tendencial.

“Es raro que el PIB tendencial esté cambiando cada año porque se van agregando datos reales nuevos. Es difícil que la capacidad de crecimiento de la economía cambie de manera brusca de un año a otro, a no ser que sea por algún evento brusco como un terremoto. Sin la ocurrencia de este tipo de fenómenos, uno esperaría un crecimiento potencial más estable”, acota Fernández.

¿Qué hacer?

Frente a esto no existe consenso. En 2017, un grupo de economistas encabezado por el decano de la U. de Chile Manuel Agosin y en el que participó Guillermo Larraín (U. de Chile), Ignacio Briones y Claudio Agostini (UAI), elaboró el estudio en el que advertían de un injustificado sesgo optimista en las proyecciones estructurales respecto de ambas variables.

Sin llegar a un acuerdo, Agosin y Larraín sugirieron que se deberían crear un fondo soberano con dos alternativas de inversión: en el primero ahorrar todas las utilidades de Codelco y todos los impuestos a la renta y royalties obtenidos de la minería privada, con una estrategia de inversión específica disponible para futuras generaciones; o segundo, un fondo más líquido que financiaría compromisos estructurales del Estado tal como son definidos hoy. Esto aislando el efecto coyuntural del precio del cobre.

Fernández aporta sus propias definiciones. Explica que un modelo de cálculo podría partir de la rentabilidad normal del sector minero que tome en cuenta la historia de precios, retornos y costos que sea consistente con la rentabilidad de la industria u otra posibilidad sería tomar el precio real de largo plazo hacia atrás y que eso sea el precio de referencia, actualizándose cada año.

Culmina consulta pública de la Dipres

El viernes pasado culminó el proceso de proceso de consulta pública sobre el Decreto que aprueba el Reglamento sobre la Metodología, Procedimiento y Publicación del Balance Estructural, según comunicó la Dirección de Presupuestos. En esta consulta se recibieron sugerencias y comentarios de una decena de expertos y académicos interesados en participar del diseño de la regla fiscal que mantiene el país hace casi 20 años.

La intención de la Dipres es, después de ordenar los comentarios, presentarlos al nuevo Consejo Fiscal Asesor en su próxima reunión para impulsar un diálogo sobre este punto, con el objetivo de que tanto el cálculo como los procedimientos sean lo más transversal posible con un amplio criterio técnico. Todo con el fin de fortalecer la institucionalidad fiscal.

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