Tras la cita, donde estuvieron presentes los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Minería, Aurora Williams, en representación de la Presidenta de la República, emitieron una declaración donde destacaron que se valoró la positiva gestión de la empresa en los primeros cinco meses del año, en los que se ha logrado una reducción adicional de los costos, el cumplimiento de las metas de producción y la amplia superación de los compromisos de obtención de excedentes.

Por otra parte, aseguraron que se tomó conocimiento del efecto económico que ha implicado en la operación -la que no fue revelada en el documento- y en el avance de la cartera de inversiones de la Corporación las diferencias con la Contraloría General de la República, contenido en el oficio enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 14 de junio pasado.

Además, aseguraron que se destacó el esfuerzos y resultados logrados por el Directorio y la Administración de Codelco para reforzar sus normas de integridad mediante un conjunto de reformas a su funcionamiento, que incorporan las mejores prácticas de clase mundial, con sistemas de control más exigentes y estándares de transparencia más elevados.

Por último, explicaron que fue informada de la estrategia jurídica que ha diseñado la empresa en el ámbito de sus competencias. «Reconociendo la judicialización como una vía posible, instó al Directorio a continuar colaborando con la búsqueda de una solución administrativa mediante un diálogo constructivo y propositivo, contribuyendo con sus mejores oficios», aseguraron.

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Tras la presentación del estudio «Fundamentos y desafíos para el desarrollo minero«, el ex presidente ejecutivo de la Corporación indicó que las diferencias entre ambas insituciones deben solucionarse prontamente y establecerse un marco claro, pues la cuprífera «no puede cumplir las reglas de una institución pública y al mismo tiempo con las de una sociedad anónima».

«La Contraloría no puede definir si Codelco está bien o mal majenado, no puede ponerse en el papel del dueño y juzgar la calidad de la gestión de Codelco, porque no tiene las competencias para eso», precisó.

Visión compartida por Álvaro García, presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, quien añadió que en su calidad de empresa, Codelco debe estar resguardado de los controles del órgano fiscalizador, sin que esto signifique que deje de tener sus supervisiones internas y externas.

Incluso apostó por ir hacia una mayor autonomía de Codelco, con un gobierno corporativo más fortalecido, un plan de inversiones más autónomo y con perspectiva de mayor largo plazo.

Mauro Valdés, presidente del programa Alta Ley, dijo también que el dictamen emanado de la Contraloría es muy genérico y, por ende, hay espacios de conversación y acercamiento que se deben aprovechar.

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La controversia se generó luego de que el ente contralor cuestionara mediante una auditoría los contratos de Codelco con empresas relacionadas a familiares de altos ejecutivos de la estatal.

La junta extraordinaria se realizará el 19 de junio, a las 18:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la comuna de Santiago. Tiene como asistentes confirmados a la ministra de Minería, Aurora Williams, y al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Ambos van en carácter de delegados de la Presidenta de la República.

El 5 de junio, el directorio de la cuprera decidió convocar a los accionistas, para definir y aprobar los recursos que la estatal interpondrá. Durante esa reunión, los directores evaluaron distintos caminos a seguir por la vía legal, y las consecuencias de las estrategias jurídicas.

Sin embargo, el contralor Jorge Bermúdez sostuvo que un plan de apoyo al cumplimiento podría ser la solución al conflicto que sostienen con la cuprera. Esto, según la entidad contralora, debido a los buenos resultados obtenidos con distintas entidades públicas.

Esta vía administrativa no fue vista con buenos ojos por la cuprera y el ex presidente del directorio Gerardo Jofré, ya que el conflicto principal que ellos mantienen es sobre la ley por la que deben regirse. Según ellos, las empresas que se rigen bajo la Ley de Sociedades Anónimas, que controla a empresas privadas y a la estatal, son fiscalizadas por Cochilco.

Jofré enfatizó en una entrevista con «El Mercurio» que «la Contraloría General de la República se debería reservar para situaciones excepcionales».

No obstante, los equipos jurídicos de ambas partes se han reunido para negociar una salida administrativa.

Solicitud de la SVS

Por otro lado, la SVS -mediante dos oficios públicos ordinarios, emitidos los días 12 y 13 de junio- le pidió a la cuprera información sobre el impacto financiero del actual conflicto.

Además, pidió esclarecer dichos de la estatal, en este diario, sobre inversiones frenadas por esta pugna avaluadas en US$ 100 millones, entre marzo y abril de este año.

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La autoridad declaró que «a nadie le debería extrañar el control; entonces, esta reacción, sobre todo mediática, no me deja de sorprender». En ese plano, agregó que la actitud de la cuprera quizás se debía a la falta de fiscalización que había tenido por muchos años de parte del ente regulador.

En todo caso Bermúdez resaltó que para explicar los alcances de la fiscalización, los equipos jurídicos de la estatal y de la Contraloría ya se han reunido, y añadió que esta disposición de resolver las dudas existente no solo la tendrían con Codelco sino que también «para todo servicio público, para poder explicar lo que no han entendido».

«Aquí hay que tener claro una cosa, un principio que es intransable y es el principio del control, porque el Estado de Derecho y la vida en sociedad se funden en el control», recalcó Bermúdez.

Recientemente se conoció la existencia de un informe de auditoría realizado por la Contraloría a Codelco, en que se cuestionan contratos con 60 empresas con vínculos familiares con ex ejecutivos de la minera por un total de US$ 520 millones, según la cantidad que la misma cuprera informó al ente fiscalizador. Estos contratos se acordaron entre el primero de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

En este sentido, Bermúdez recomendó tanto al sector público como al privado terminar con los contratos con partes relacionadas.

Percepción de corrupción

A dos días de aprobarse la constitución por parte de la Cámara de Diputados de una comisión para investigar este tipo de contratos y las mencionadas indemnizaciones de la estatal, el contralor afirmó que esta decisión parlamentaria «es una demostración de la relevancia que tiene el tema y que existen mecanismos de control».

A su vez, sobre la temática del seminario, Bermúdez manifestó que en la Alta Dirección Pública no está tan clara la percepción de lo que es corrupto o no.

Agregó que como entidad han tratando de transmitir que existen distintos tipos de corrupción, lo que les ha traído problemas, según explicó, debido a que los gremios a veces les entienden mal.

Al ser consultado por si en los contratos entre Codelco y partes relacionadas podrían existir indicios de corrupción, Jorge Bermúdez aseguró que en estos casos, «cuando hay trato directo, siempre huele mal».

Crisis institucional

En tanto, Bermúdez puso énfasis en que se debe trabajar en cambiar ciertos aspectos de la administración pública, como lo es el sistema de remuneraciones, que actualmente sufre una crisis. «Escándalos como el de Gendarmería o Carabineros tienen mucho que ver con esa legislación tan anquilosada y llena de parches».

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Según trascendió, la primera reunión entre las partes -tras los dictámenes emitidos por Contraloría referidos a la indemnización del ex director de Codelco Augusto González y a contrataciones con terceros- se habría producido el viernes pasado. A esa instancia se habría sumado otra la tarde de ayer.

“Nuestros equipos jurídicos se han reunido con los equipos de la empresa estatal”, reconoció el contralor Jorge Bermúdez tras participar en el Seminario Internacional Anticorrupción. Afirmó, sin embargo, que Contraloría está abierta a reunirse con cualquier servicio público que requiera entender un dictamen. Enfatizando, eso sí, que se debe “entender una cosa: aquí hay un principio intransable, el principio del control”.

Si bien desde la estatal estarían esperando avanzar en las conversaciones para decidir los caminos a tomar, desde el órgano contralor ya verían como una “buena alternativa” que la compañía se acoja a un plan de cumplimiento, con el fin de subsanar las objeciones presentadas. “Nuestro plan de apoyo al cumplimiento lo que hace es tomar las observaciones de auditoría, ponerlas en una carta gantt y llevarlas adelante, en conjunto con la Contraloría, de manera que se garantice que se va a cumplir”, explicó Bermúdez. Y añadió que esto se basa en la confianza que tiene Contraloría de que “la entidad pública tiene la intención de superar el problema que puede haber habido”.

Lo anterior, puesto que en el caso de que Codelco decida acogerse a dicho trabajo, le implicaría asumir el papel controlador que tiene Contraloría, lo que contravendría lo que la estatal ha señalado de manera reiterada que es que, a su juicio, la entidad sólo puede hacer uso de tal facultad en situaciones excepcionales.

Con el objeto de despejar las interrogantes que ha generado esta disputa, se espera que este jueves -cerca del mediodía- llegue la plana mayor de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), entidad mandatada para fiscalizar a la estatal, a Contraloría. “Probablemente los temas que se trataran dicen relación con poder revisar cuáles han sido las labores de fiscalización que Cochilco ha realizado, la intensidad que han tenido y de qué manera ellos cumplen su rol y nos pueden proveer de información para que nosotros podamos ejercer nuestra fiscalización”, explicó Bermúdez.

Si bien, durante la mañana, Codelco no se refirió a los dichos del contralor, sí lo hizo el presidente de la estatal, Oscar Landerretche en un seminario de la Universidad Diego Portales. El ejecutivo aseguró que parte de los cuestionamientos a Codelco se relacionan con la desconfianza que presenta la sociedad. “Es muy importante que los dueños confíen que las decisiones que toman son las correctas. Cuando Nelson Pizarro corta el contrato a una empresa, la ciudadanía tiene que estar convencida que se hace por una razón de eficiencia, porque es lo mejor para la compañía (…) pero ojo, hacerlo por las razones correctas no significa no equivocarse”, dijo.

Y agregó: “Nos tomamos en serio los problemas reputacionales de Codelco, porque es clave lo que sucederá en Codelco. Si es capaz de superar esta crisis de credibilidad, eficiencia y productividad, va a hacer una contribución muy importante a la credibilidad de todo el sistema público. Es de la mayor importancia que resolvamos esto bien”, dijo.

¿Cambios a escala única de sueldos?

“Después de 43 años, cuando uno revisa la escala única de sueldos no tiene nada de única, entonces escándalos como el de Gendarmería o Carabineros tiene mucho que ver con esa visión tan anquilosada”.

Estas son parte de las palabras del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien durante un seminario sobre corrupción indicó que es clave una modernización del Estado. “Un cambio fundamental es poder modernizar el sector público, y partir con la escala única de remuneraciones”, dijo.

Además, sostuvo que es necesario que las funciones públicas se realicen con exclusividad, es decir, sin permitir que los trabajadores de la administración pública tengan doble función.

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Esto, más que por el fondo, por la forma, ya que desde la administración que lidera Nelson Pizarro estiman que los parámetros bajo los cuales están siendo evaluados por Contraloría difieren de aquellos bajo los cuales la cuprífera se rige: la Ley de Sociedades Anónimas.

Al margen de la discrepancia -la que está en camino a ser resuelta en los tribunales de justicia-, la Contraloría está cuestionando 18 operaciones. Se trata de parte de la muestra no estadística del órgano, que representa 0,7% de los montos de los contratos firmados en dicho período, y los contratos entre partes relacionadas de la estatal.

En el análisis, hay más de una decena de transacciones entre empresas cuestionadas, ya sea por ser operaciones entre partes relacionadas o porque las asignaciones directas de las contrataciones no tienen justificación. Además, se divisan casos en que la ejecución de los contratos no se ajusta a lo establecido en los mismos.

En el listado de empresas en cuestión destacan trece vinculadas con el personal de Codelco, que manejan gran cantidad de recursos por concepto de compras de bienes y servicios bajo la modalidad de “empresa relacionada”.

Son US$504 millones los que concentran dichas compañías, siendo lideradas por la firma de capitales canadiense Finning, que tiene sobre el 50% del total. Dicha empresa, que vende maquinaria prácticamente a la totalidad de las divisiones de la estatal, tenía en 2013 dentro de sus filas al hermano del gerente del proyecto Nuevo Nivel Mina El Teniente y al conviviente de un gestor de negocios de la Gerencia de Abastecimiento.

La segunda empresa que lidera el listado es Hatch, que tiene US$77,7 millones en contratos con la estatal, seguido por R&Q Ingeniería, que según las declaraciones tiene al menos siete personas relacionadas al interior de Codelco.

En el listado también aparecen las firmas B. Bosch y Wtreme Mining, con US$32 millones y US$29 millones en contratos, respectivamente, y Cosando Construcción y Montajes, con US$17 millones.

A la lista se suman otras empresas de consultoría, ingeniería y construcción como: CVC Ingeniería, Geovita, Arcadis Chile, y de servicios como Entel, la que tiene contratos con la estatal por unos US$1,9 millones en el período en cuestión.

Tras conocer lo anterior, expuesto en un preinforme de observaciones elaborado por Contraloría, desde la corporación decidieron tomar medidas al respecto. En concreto, el presidente del directorio, Óscar Landerretche, solicitó al Comité de Auditorías, Compensaciones y Ética instruir una auditoria interna para la revisión de los trece casos y evaluar la pertinencia de realizar una auditoria. Al mismo tiempo, el presidente ejecutivo Nelson Pizarro, instruyó a la vicepresidencia de productividad y costos -a cargo de José Robles-, para que a través de la gerencia de Tecnología de la Información, Telecomunicaciones y Automatización, se implante en la intranet de Codelco, una aplicación que permita a cada trabajador consultar si una empresa en particular es proveedora de la corporación.

Según el mismo documento, las empresas relacionadas manejan US$783 millones en contratos, que representan el 2,88% del total de los compromisos firmados entre 2013 y 2015. Sin embargo, las registradas en el sistema SAP, equivalen al 1,93%.

Otras empresas

Las firmas bajo la lupa de Contraloría están siendo cuestionadas por la existencia de millonarios contratos, existiendo lazos de afinidad y consanguinidad de altos ejecutivos y directivos, los que no fueron informados a la Cámara de Diputados y a la Contraloría. Sin embargo, no son las únicas en análisis.

En la auditoria del ente contralor también se analiza una serie de asignaciones directas, por falta de justificación efectiva y documentada del procedimiento de la contratación bajo dicha modalidad.

En este lote de estudio aparece nuevamente la empresa Hatch por su adjudicación del contrato de ingeniería de detalle del proyecto Chuquicamata subterránea; un contrato con fundación Chile para el desarrollo, transferencia y asesoría en tecnología innovación; la contratación de la empresa Schwager y de la compañía Sistema Consultores Limitada. Esta última para el “análisis sistémico de variables políticas”, para un período de doce meses, en el que se desembolsó $33,6 millones.

“Las contrataciones celebradas con las empresas Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, Fundación Chile, Schwager Service y Sistema Consultores Limitada, mediante la asignación directa o trato directo, no contaban con los antecedentes que evidencien de manera efectiva y documentada la utilización de tal procedimiento, por lo que, en lo sucesivo, esa corporación deberá acreditar de manera suficiente cada una de las causales que justifiquen las contrataciones mediante esa modalidad, situación que será revisada en una futura fiscalización que realice este organismo de control”, indica el documento.

Cabe destacar que en el período analizado, la mayoría de las adquisiciones de bienes y servicios se realizó a través de licitaciones privadas (45,%) y asignación directa (19,35%). Asimismo, del total de contrataciones efectuadas con empresas relacionadas, el 92,4% se realizó por asignación directa o trato directo.

Controles internos

Unas 621 denuncias recibió Codelco entre 2013 y septiembre de 2015 a través de sus canales telefónicos o de internet, indica la auditoría realizada por Contraloría revelada en mayo de este año.

Cabe recordar que la primera productora de cobre del mundo tiene un sistema habilitado para recibir denuncias, y cuyo link se encuentra en la página web de la corporación.

En los tres ejercicios en cuestión, el año en el que se recibieron más denuncias fue en 2013, con 249 acusaciones, seguido por 2014, con 217. En tanto en los primeros nueve meses de 2015 se recibieron 155 casos.

En el global, el mayor porcentaje se lo llevan acusaciones de violaciones a las políticas de la empresa, con un 22% -unas 141 denuncias-, seguido por conflictos de intereses (13%), falsificación de contratos, registros y reportes (8,7%), acoso laboral (8,2%) y corrupción (7,25%). El resto están vinculadas a situaciones laborales y de medio ambiente.

A abril de 2016, el 83% se habían cerrado -unos 516 casos-, y de ellas, en el 37% de los casos la evidencia encontrada no permitió comprobar la denuncia (ver gráfico), mientras que en un 18,9% se comprobó la acusación. En tanto, en un 17,64% no se investigó por la falta de antecedentes.

Respecto a las medidas adoptadas por Codelco respecto a las 98 denuncias investigadas y que concluyeron con observaciones, en cerca de 51% de los casos se mejoró el control interno y se aplicó una medida correctiva, mientras en un 20% de los casos se amonestó por escrito. A esto le siguen las amonestaciones verbales (17,35%), y sólo en once casos durante el período comprendido (11%), se procedió a la desvinculación de trabajadores.

Las cifras anteriormente descritas formaron parte de las indagaciones realizadas por el órgano que lidera Jorge Bermúdez, pero no fueron materia de objeción, sólo se expusieron en el análisis de manera referencial.

Los pasos de la estatal

La corporación ha hecho público que no comparte las conclusiones de la auditoría. Debido a esto, poco después de informársele los resultados, interpuso un recursos de reposición, argumentando que se desconoce el marco legal aplicable a Codelco. Este último, se basa en la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, indicaron que su primer fiscalizador es Cochilco, salvo en situaciones excepcionales.

Como desde la corporación no ven un resultado beneficioso para dicho requerimiento, ya han anticipado que recurrirán a Tribunales con el objeto de resguardar el interés de la empresa, y clarificar su marco normativa.

Sin embargo, previo a ello, está previsto que llamen a una junta de accionistas para compartir con el controlador los pasos a seguir. Al cierre de esta edición, dicha cita no había sido fijada.

Los US$3 millones en gastos misceláneos en cuestión

“El análisis de una muestra de los gastos contenidos en la base de datos, determinaron desembolsos cuyos conceptos asociados no corresponderían al referido tipo de gasto, tales como compra de terrenos, de vestuario, actividades deportivas, mobiliarios, eventos…”. De esta manera se introduce a los gastos “misceláneos” cuestionados por Contraloría, los que alcanzan los US$2,94 millones.

En el desglose, se indica un ítem para la compra de terrenos para los pozos valle (US$1,217 millones, que corresponde a una sola compra); de celebraciones, para lo cual se desembolsan unos US$757 mil, gastos en deporte por US$662 mil, obsequios por US$128 mil y, entre otros, páginas de humor por US$31,9 mil.

Respecto a esto último, desde la estatal advirtieron que se trata el acumulado entre julio de 2013 hasta febrero de 2015, por más de 130 trabajos realizados por el dibujante, arquitecto y Premio Nacional del Humor, Hernán Vidal, más conocido por su seudónimo Hervi, para ser publicados en distintas plataformas de comunicaciones internas de Codelco.

En los gastos misceláneos también se incluyen desembolsos en ropa de trabajo y artículos electrónicos o de computación.

“Lo expuesto, además de incumplir la normativa interna de Codelco, no se aviene con los principios de control, eficiencia, eficacia y economicidad previstos en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N°18.575”, indica el documento del contralor.

Tras conocer el informe preliminar, indicaron que revisarán las condiciones sistemáticas con las cuales opera el sistema de revisión y autorización de pagos misceláneos, con el fin de “robustecer los controles sobre la pertinencia de los gastos y el uso del canal misceláneo”.

Al tiempo que indicaron que reforzarán los controles y se perfeccionará la normativa interna para efectos de integrar en la definición de este tipo de gastos algunas categorías que actualmente no se encuentran expresamente mencionadas y que se han tratado como tales en la práctica.

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La primera acción fue por parte de un grupo de parlamentarios UDI y RN, que se querellaron por presunto fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible, luego de conocerse el informe de contraloría que revelaba eventuales irregularidades en contratos pactados entre 2013 y 2015.

“Nos parece muy importante que se pueda destapar la olla y estudiar en profundidad estos antecedentes con el propósito de poder determinar la existencia o no de esta clase de delitos”, explicó el abogado querellante, Eduardo Riquelme. “Creemos que existen antecedentes fehacientes, acreditados por la Contraloría, que dan pie a la estimación de que aquí hay delitos, delitos sobre la base de servicios que no fueron prestados, relaciones de parentesco que favorecieron ciertos contratos por miles de millones de pesos, y la verdad es que el país espera que se llegue al fondo de la verdad”, agregó.

Al tiempo que el diputado UDI Felipe Ward, dijo que los hechos corresponden a la revisión de un 1% de los contratos de la minera estatal, por lo que aún “hay mucho paño por cortar”. Así, la querella ayudaría a aportar nuevos antecedentes.

A lo anterior se sumó el requerimiento de los diputados de la DC Yasna Provoste, Gabriel Silber y Ricardo Rincón, que en representación de su bancada pidieron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) entablar acciones legales, por la vía penal o civil, para recuperar los dineros del Estado que se habrían pagado en exceso. Además, pidiero que se indague sobre contratos entre partes relacionadas.

“Recordemos que se han invertido platas del Estado de cerca de $28 mil millones y habría más de 50 ejecutivos que recibieron indemnizaciones del orden de $200 millones y $500 millones. Al margen de lo escandaloso, la Contraloría ha señalado que la empresa se excedió en el pago de estos egresos. Por eso, le estamos pidiendo al CDE que ya sea por la vía civil o penal entable las acciones legales tendientes a recuperar estas platas mal pagadas”, dijo el diputado Silber, según recogió El Mostrador.

Lo anterior suma nuevas aristas a la polémica que enfrenta Codelco, luego de que Contraloría cuestionara la indemnización de $511 millones al ex dirigente sindical y trabajador de Chuquicamata, Augusto González, tras acogerse a un plan de retiro voluntario; al tiempo que se relevaran contratos por US$783 millones que Codelco habría acordado entre 2013 y 2015 con empresas relacionadas.

Encuentro

Para este jueves 15 de junio está agendada una reunión entre el contralor Jorge Bermúdez y la plana mayor de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), entidad mandatada para fiscalizar a la estatal Codelco.

A la cita, está planificado que asista Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco; Álex Matute y Sonia Esturillo, fiscal y directora de fiscalización de la misma entidad, respectivamente.

Si bien no se detalla la materia a tratar, se espera que en dicha reunión se aborde las auditorías realizadas por el órgano contralor a Codelco. Junto con aquello, se podría solicitar a Cochilco información adicional para la fiscalización de la primera cuprífera del mundo.

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En la cita del lunes, que significó el retorno del ministro Rodrigo Valdés a estos encuentros luego que la semana pasada viajara a una reunión de la OCDE en París, se reiteró a los legisladores que se han seguido realizando gestiones con el ente fiscalizador para aclarar y precisar el cambio de doctrina que apuntó a tratar a la minera como un servicio público en vez de una sociedad anónima.

En ese plano, Valdés sostuvo el pasado 23 de mayo una audiencia con el contralor Jorge Bermúdez para buscar una solución que disipe los focos de incertidumbre que hay en los directorios de las empresas públicas tras la arremetida del ente de control. Valdés ha reconocido que ha habido buena disposición de Bermúdez para buscar una salida.

En paralelo a las gestiones de Teatinos 120, las autoridades y equipos técnicos del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) también se han sumado a las conversaciones con la Contraloría. De hecho, se espera que esta semana haya una reunión.

Las gestiones del Gobierno van por un carril distinto a las acciones judiciales que estudia Codelco para ver si se ajustan a derecho los pronunciamientos de la CGR. Ha trascendido que la cuprera podría presentar un recurso de protección contra la Contraloría en la Corte de Apelaciones o un recurso de nulidad de Derecho Público ante un juzgado civil, aunque no se descartan otros tipos de acciones.

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Todo, debido a la disputa que desde inicios de este año la enfrenta con la Contraloría General de la República, dirigida por Jorge Bermúdez. Según la compañía minera, esta pelea ya le ha costado US$ 100 millones en términos de inversiones frenadas entre marzo y abril de 2017, estimándose que si esta pugna se alarga, se paralicen cerca de US$ 500 millones en planes estructurales y de mantención.

De acuerdo con información de ejecutivos de la estatal, el presupuesto destinado a inversión -gastos en mantención y planes estructurales-, tanto en marzo como en abril de este año, solo logró una meta de cumplimiento de 55%, es decir, poco más de la mitad. Esto, por el ajuste de los procedimientos internos adoptados por Codelco para ceñirse a los requerimientos de la Contraloría, que afectan cuatro áreas clave: mecanismos de contratación de bienes y servicios; negociación con partes relacionadas; control sobre suficiencia técnica y económica de las decisiones de Codelco, y negociaciones colectivas (ver recuadro).

La compañía alerta que esta paralización pone en riesgo las metas de producción para los próximos años al atrasar los proyectos estructurales, pero también afecta el día a día en la estatal en actividades tan críticas como la mantención de equipos y la seguridad de las faenas. E incluso, hay temor de que aumente la accidentabilidad en la operación minera, cuentan en Codelco.

Contraloría declinó referirse a este tema. A inicios de la semana se solicitó entrevista con el contralor, Jorge Bermúdez, y la respuesta fue que «no es factible».

Licitaciones públicas tardan el doble: 10 meses

Nelson Pizarro se ha quejado internamente de que se ha dado una «delegación inversa» de las decisiones. Los trabajadores, más de 18.000 personas, temen equivocarse y traspasan las definiciones a sus supervisores, unos 3.000, y estos, a su vez, delegan en los gerentes, cerca de 300. Como estos tampoco quieren asumir riesgos, reenvían toda decisión, relevante o no, a los vicepresidentes, y ellos a su vez lo remiten al presidente ejecutivo. «Yo tampoco me quiero ir preso», ha comentado el mandamás de Codelco, quien consulta con el staff de abogados prácticamente todas las definiciones clave de la empresa.

Óscar Landerretche, presidente del directorio de la minera estatal, ha sostenido varias reuniones con el contralor Jorge Bermúdez para destrabar el conflicto, pero sin éxito. También exploró la viabilidad de enviar una ley interpretativa sobre este tema al Congreso, pero el Ejecutivo no ve espacio en la agenda legislativa para impulsarla.

Tras ello, el directorio -que tiene responsabilidad legal sobre estas decisiones, según la Ley de Sociedades Anónimas y la de Gobierno Corporativo de Codelco- optó este lunes por ir a tribunales, pero antes quiere visar esto con el Gobierno, por lo cual convocó a la junta de accionistas donde deben concurrir tanto el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, como su par de Minería, Aurora Williams.

Hasta ahora, la asamblea de socios no tiene fecha, debido a la compleja agenda de la Presidenta Michelle Bachelet -que esta semana estuvo de visita oficial a Canadá y a mediados de mes parte a Colombia- y la ausencia del ministro Valdés, que estaba en la cumbre de la OCDE y luego parte al Chile Day.

Landerretche se ha mostrado confiado en el apoyo del Ejecutivo en este conflicto, aunque -salvo por el respaldo de Valdés- no hay una posición explícita de La Moneda frente a este tema, cuestión que incomoda a la estatal.

Por mientras, a partir de marzo de este año se implementó una guía de procedimientos para minimizar el riesgo legal (ver recuadro), pero aún así este impasse ha significado duplicar los tiempos de licitación, señalan en Codelco. Y es que la Contraloría interpreta que los contratos deben adjudicarse mediante la Ley de Compras Públicas, haciendo licitaciones públicas y no procesos privados.

La diferencia es que mediante el primero de estos mecanismos se invita a todos los que quieran participar y en el segundo, la empresa contratante selecciona a algunos oferentes, normalmente según su tamaño y experiencia. En el primer mecanismo, el proceso tarda 10 meses; por licitación privada, demora entre tres y cinco meses. Según la compañía, el resultado final es parecido, porque las empresas proveedoras de la gran minería tienen escala global y son pocas.

Sin embargo, en la estatal alertan que el atraso de este año tiene efectos para los ejercicios venideros. En concreto, ya se están atrasando los proyectos estructurales, con lo que se ve comprometido el plan de producción de las próximas décadas.

Codelco inicia este año fase de baja de producción y en 2023 generará 10% menos de cobre

En efecto, y hasta antes de todo este impasse , Codelco ya contemplaba experimentar caídas de producción de manera intermitente, pero durante los próximos diez años, debido a los retrasos ya sufridos por los proyectos estructurales.

El último Plan de Desarrollo (PND) de Codelco para 2017, al que tuvo acceso «El Mercurio», considera una producción que parte en 1,7 millones de toneladas este año -es decir, 11.000 toneladas más que lo previsto en el PND 2016- y que llegaría al año 2041 a 1,6 millones.

Claro que de estos 24 años, la próxima década sería la más golpeada por las caídas en la producción en la cuprera. La baja más relevante, de hecho, está prevista para 2023, cuando la producción total, la estatal la cifra en poco más de 1,5 millones de toneladas, es decir, casi 10% menos que en 2017, contabilizando sus siete operaciones más relevantes, Radomiro Tomic, Chuquicamata, Ministro Hales, Gabriela Mistral, Salvador, Andina y Teniente. El segundo peor año de producción, según estas proyecciones internas de la estatal, sería en 2027 (ver infografía).

¿Qué importancia tiene todo esto? Aunque todo depende de qué nivel de precios tenga el cobre en estos años venideros, considerando la cotización de largo plazo que maneja gran parte del mercado del cobre, estas mermas significarían unos US$ 1.000 millones de menores ingresos en 2023 y otro tanto en 2027, con un impacto de al menos US$ 350 millones de reducción en los excedentes de cada uno de esos años, según Gustavo Lagos, de la UC.

Considerando que el precio promedio del cobre en el largo plazo se sitúe en US$ 3 por libra, los mayores aportes al Estado de parte de Codelco se situarán en los años de mayor producción, esto es, entre 2028 y 2032, quinquenio en que la estatal superará los 1,8 millones de toneladas cada año de cobre propio (no incluye la participación que tiene Codelco en Los Bronces, controlada por Anglo American).

La tendencia zigzagueante a la baja en la producción en la siguiente década se debe a dos factores clave: el ya mencionado atraso de los proyectos estructurales, pero también a la progresiva reducción de la extracción en la faena Gabriela Mistral, que según este pronóstico interno de la estatal, dejará de producir en 2027.

Según Juan Carlos Guajardo, CEO de la consultora Plusmining, este plan refleja un sinceramiento en las proyecciones de Codelco, pero alerta que «existe un riesgo de que la caída de producción pueda ser mayor que lo estimado y antes», en especial debido al reciente conflicto con Contraloría.

La buena noticia es que expertos consultados destacan que con esos niveles de extracción, la estatal nunca dejará de aportarle excedentes al fisco. Es más. Gustavo Lagos, director del Centro de Minería de la UC, señala que si se zanjara el impasse con Contraloría, en los próximos 20 años la Corporación aportará unos US$ 80.000 millones en excedentes.

La entrada Pugna con Contraloría lleva a Codelco a frenar US$100 millones en inversiones en solo dos meses se publicó primero en Mch.

Fuentes conocedoras comentaron que si bien representantes de ambas partes se han reunido y conversado en al menos cuatro ocasiones, la posibilidad de alcanzar un entendimiento relativo a las facultades fiscalizadoras de la Contraloría, por vía administrativa, se ha ido desvaneciendo.

La disputa con el organismo es vista con gran preocupación en el directorio de la empresa y de acuerdo a análisis internos tendrá serias consecuencias para la marcha de los negocios, incluso pudiendo afectar a sus proyectos estructurales como Chuquicamata Subterránea y Nuevo Nivel Mina El Teniente. Así, fuentes cercanas comentan que habrían contratos ralentizados, compras de bienes y servicios retrasadas y autorizaciones a proyectos postergadas ante la incertidumbre sobre la resolución del conflicto.

Aunque otra alternativa que se exploró apuntó a una resolución a través de una ley interpretativa, esta opción fue desestimada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien señaló que Codelco “no tiene la iniciativa” para enviar proyectos de ley ni tomar decisiones de esa índole.

Por ello, la minera tomó la decisión de recurrir a la vía judicial. La estrategia legal será discutida inicialmente con los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y Minería, Aurora Williams, en una junta extraordinaria de accionistas a realizarse en las próximas semanas.

Ofensiva

En ese escenario, en Codelco decidieron pasar a la ofensiva. El presidente de la estatal, Oscar Landerretche, reiteró sus cuestionamientos a las decisiones de Contraloría y advirtió los costos que tendría para la corporación que se aplique la doctrina del organismo.

Adicionalmente, dijo que en el cargo ha recibido presiones para favorecer a determinadas personas e instalarlos en cargos en Codelco.

“Era todo el tiempo (que me llegaban recomendaciones). De todo. Es muy inapropiado, creo que los cargos en Codelco deben ser concursables. Ahora bajó muchísimo, pasa una vez al mes.

Pero sigue siendo un mal rato”, dijo a radio ADN.

Además, vinculó estas presiones con el atentado que sufrió a comienzos de año. “Es probable que tenga que ver con normas que pusimos como cambios a las asignaciones directas de contratos. Seguramente, debe haber gente que recibía contratos por asignaciones directas porque era amigo de alguien y que ahora debe ir a licitaciones. No deben estar muy contentos. Estamos hablando de cientos de miles de millones (…) no sé si yo haya tenido otro cargo en mi vida, honestamente este es el cargo más importante que he tenido por lejos, que tenga el potencial de generar ese tipo de riesgos”, complementó en dicho medio radial.

Costos para la minera

Según Landerretche, si se aplica la doctrina de la Contraloría, “será muy difícil que Codelco sea competitivo si no puede funcionar como una empresa normal. Nosotros, lo que estamos haciendo como directorio y la administración que encabeza Nelson Pizarro estamos diseñando protocolos que protejan a nuestros ejecutivos. Yo no voy a dirigir una empresa en que mande a personas que duden si lo que hacen es legal. Entonces tenemos abogados que nos dicen qué tenemos que hacer para que las personas no caigan en riesgos”, agregó.

“Es probable que los procesos de licitación se puedan duplicar en el tiempo y vamos a tratar que se minimicen los costos para la corporación”.

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