Los dos cargos clasificados como graves son, por un lado, la falla en la correa de embarque de concentrados que impidió el enclaustramiento total del plomo y, por otro, el incumplimiento al no adoptar las medidas destinadas a hacerse cargo de los impactos generados al medio ambiente marino de los que dan cuenta los Planes de Vigilancia Ambiental (PVA).

En tanto que el cargo leve, se refiere a la implementación incompleta del Plan de Contingencia desencadenado a principios de año, lo que se traduce en que la empresa no determinó la magnitud del derrame de concentrado de plomo; no remitió informe final a la SMA con el detalle de las medidas de mitigación implementadas y fotografías que acreditaran su ejecución; no se implementaron medidas vinculadas a la afectación directa o indirecta de avifauna; como tampoco se remitieron informes a la SMA y al SAG sobre medidas vinculadas a la afectación de la misma.

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Según informaron desde la empresa, la rotura de este viernes pudo dejar víctimas en el área administrativa de una de sus plantas. «Había empleados en el área administrativa, que fue afectada por los residuos, indicando la posibilidad, aún no confirmada, de víctimas», informó la minera en un comunicado.

Al mismo tiempo, este hecho provocó un mar de lodo que, según la compañía, alcanzó algunas viviendas de la comunidad de Vila Ferteco.

En 2015, la empresa Samarco, que es copropiedad de Vale y BHP, sufrió una ruptura masiva que causó la muerte a 19 personas y contaminó las vías fluviales en dos estados.

Nuevo accidente

La represa, ubicada en Brumadinho, municipio del estado de Minas Gerais (sureste), se rompió en la tarde del viernes y un río de lodo destruyó diversas casas próximas a un poblado próximo, pero las autoridades aún no han confirmado hasta ahora si el vertido dejó víctimas.

«El rescate y la atención a los heridos son realizados en el lugar por el Cuerpo de Bomberos y por la Defensa Civil», agregó la minera en su nota.

Vale dijo que activó su plan de emergencias para atender accidentes de este tipo y que aún no hay confirmación sobre las causas de la ruptura.

«La prioridad máxima de la empresa, en este momento, es apoyar en los rescates para ayudar a preservar y proteger la vida de los empleados, propios y de terceras empresas, y de las comunidad locales», agregan desde Vale.

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La División indicó, mediante un comunicado, que “el rompimiento del ducto ocurrió en las cercanías del kilómetro 15, al interior del área industrial en la cordillera. Advertidos estos hechos, se activaron los protocolos de emergencia de la empresa: se detuvieron inmediatamente las operaciones de dichas instalaciones hasta no tener la certeza de que pueda operar en condiciones seguras; se informó a las autoridades regionales (intendente, gobernador, alcaldes y el Comité de Emergencia);  las comunidades cercanas y a los regantes de la zona”.

Asimismo, se precisó que durante todo momento se monitoreó la calidad de las aguas del río, verificando que no se generaron impactos en su calidad.

El material fue contenido y controlado antes de su llegada al Río Aconcagua, con el apoyo de la empresa Colbún. Asimismo, profesionales especializados controlaron la situación, hasta asegurar que no existiera riesgo para las actividades agrícolas o de producción de agua.

“Codelco División Andina lamenta este episodio y reitera su compromiso con la sustentabilidad de sus operaciones, la protección del medio ambiente y las comunidades próximas a sus faenas. En estos momentos se desarrollan todas las acciones necesarias para investigar las causas del hecho y desarrollar las medidas correctivas pertinentes”, finaliza el comunicado.

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En tanto, la minera Barrick confirmó este martes la reanudación normal de actividades en su mina de oro en San Juan, tras la resolución de las autoridades.

Si bien la minera canadiense continúa evaluando el impacto de lo ocurrido, dijo que mantiene su proyección de producir entre 5,0 y 5,5 millones de oz de oro este año.

Decisión de la justicia

“Es muy positivo. La mina vuelve a trabajar, la empresa vuelve a operar y lo que vamos hacer, de ahora en adelante, es mirar el correcto cumplimiento y seguir analizando las condiciones de seguridad”, dijo el gobernador Sergio Uñac al anunciar la noticia en rueda de prensa. Lo hizo en compañía del ministro de Minería, Alberto Hensel.

El nuevo Secretario de Control y Gestión Ambiental Minero, Eduardo Machuca, había anticipado que la mina Veladero estaba en condiciones de seguir operando porque se había cumplido con las imposiciones de los siete puntos del acta y había presentado un plan de medidas adicionales. Entre esas medidas, está la instalación de cámaras de seguridad para el monitoreo permanente del valle de lixiviación, lugar donde se encuentra la solución cianurada. Según Machuca, ya hay siete cámaras instaladas y funcionando en los sectores más críticos.

La medida fue adoptada por un magistrado subrogante ya que el juez natural, Pablo Oritja, entró de licencia el pasado viernes y quien seguía en el orden, la jueza de Paz de Jáchal Silvia Rodríguez, tomó licencia por enfermedad el día que debía hacerse cargo del expediente.

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Se trató del segundo derrame accidental en un año en la mina de oro de esta multinacional canadiense en la provincia de San Juan, en la cordillera de los Andes. En septiembre de 2015, la empresa admitió el derrame de un millón de litros de solución cianurada.

Las organizaciones Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) criticaron la decisión de la justicia de San Juan de habilitar las actividades en Veladero -tras 15 días de suspensión- y reclamaron el cierre definitivo de la mina de Barrick Gold.

Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace lamentó que “en menos de un año Barrick permitió que se contaminen 5 ríos de la zona por los derrames en la mina”, dijo en un comunicado.

“Habilitar nuevamente este emprendimiento es no tener ningún tipo de interés por el ambiente y por los glaciares. Dos semanas de suspensión a una empresa con dos derrames de cianuro en un año, y que opera además en una zona prohibida por la Ley de glaciares, parece una burla”, agregó Strano.

Pía Marchegiani, representante de FARN, dijo que la situación del derrame en esta zona “expuso no sólo los serios e irreversibles impactos ambientales de este emprendimiento sino también los graves problemas de institucionalidad asociados, como la falta de transparencia, la escasa información, en particular, la falta de intención de dar una respuesta definitiva al asunto”.

Ambos ambientalistas recalcaron que hasta la fecha no se sabe de forma clara qué se derramó ni cuánto en el último accidente.

La multinacional canadiense explicó hace dos semanas que el hecho ocurrió el jueves 8 de septiembre y sostuvo que no representa peligro para “la salud de los trabajadores, las comunidades, o del medio ambiente”.

Según la Barrick Gold, el cianuro no hizo contacto “con ningún curso de agua ni con canales de desvío”.

El incidente en la misma mina de oro y plata de Veladero, 370 kilómetros al noroeste de la capital provincial de San Juan, le costó a Barrick Glod una multa de 9,3 millones de dólares, además del procesamiento de nueve responsables de la empresa.

La minera explicó el martes en un comunicado que las autoridades de San Juan habían ordenado a Barrick Gold suspender la explotación de su mina tras la rotura de una cañería y debido al temor de contaminación por residuos de lixiviación, método de extracción por limpieza y percolación utilizada en la explotación minera.

Un análisis del agua de la zona no reveló impacto alguno en el medioambiente, aseguró Barrick Gold en un comunicado divulgado en Canadá.

Barrick, operativa en Argentina desde 2005, aseguró que mantiene su objetivo de producir entre 5 y 5,5 millones de onzas de oro en 2016.

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Los querellantes plantearon el cierre de la mina la semana pasada ante un nuevo derrame de cianuro que hubo en el lugar el cual se suma al que ya hubo en septiembre de 2015, y al considerar que se está violando la ley de glaciares puesto que el emprendimiento funciona sobre una zona periglacial.

La fiscalía recordó que la Corte Suprema de Justicia otorgó la competencia sobre lo ocurrido en Jáchal a la justicia de San Juan y por ello, el pedido de cierre hecho por los querellantes “relacionada con el derrame ocurrido durante los días 12 y 13 de septiembre de 2015 y 08 de septiembre del corriente año, resultará resorte exclusivo de las autoridades judiciales de Jáchal”.

En la Justicia de la Capital Federal sí se investiga si existieron diferentes incumplimientos y/u omisiones por parte de funcionarios nacionales los cuales estarían directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero.

El fiscal pidió al juez que realice un operativo en el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales para secuestrar documentación relativa a la ley 26.639 y que se informe si la mina en Veladero está ubicada en zona glaciar o periglacial.

También promueve una acción similar en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con el objeto de que se proceda al secuestro de toda la documentación relativa a la aplicación de la ley de glaciares.

En ese sentido, la fiscalía pide saber que se informe las acciones que ha llevado a cabo ese ministerio a fin de conservar y proteger los glaciares y el ambiente periglacial correspondiente a la zona en que se encuentra situado el emprendimiento minero “Veladero”.

También requiere conocer cuál ha sido el último informe elaborado con relación al estado de los glaciares y detallen el último informe efectuado con relación a la actividad efectuada sobre glaciares.

Por último, reclamó que el Ministerio de Energía y Minería de la Nación informe si el de Ambiente y Desarrollo Sustentable le ha dado intervención para realizar acciones conducentes a la conservación y protección de glaciares y del ambiente periglacial en la zona de influencia del proyecto Veladero.

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Según consideró la seremi de Salud, María Graciela Astudillo, la cuprífera tiene «responsabilidad directa en este hecho, por ello hemos aplicado la máxima multa».
Además, la funcionaria explicó que se le otorgó un plazo a la compañía para que presente, «entre otras exigencias, un programa de muestreo de las aguas de los ríos Blanco y Aconcagua, un programa de muestreo de la calidad de las aguas en la captaciones de las plantas de agua potable y rural y un programa de mantención preventiva de los ductos de transporte de concentrado de cobre».

La estatal chilena tiene la opción de apelar a la sanción o recurrir a los tribunales de justicia para revertir la multa.

Después del derrame, la Municipalidad de Los Andes ordenó un estudio independiente, ante la incertidumbre de la comunidad frente a los estudios de Codelco. Lo anterior, luego de que Esval también asegurara que los niveles de contaminación son normales.

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Así lo anunció ayer el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, que precisó que la medida se basó en que Barrick Gold desobedeció instrucciones expresas del Código de Minería, como garantizar reglas de seguridad, además de la obligación de cumplir con planes de contingencia, monitoreo, control, análisis, información, reporte a la autoridad y alerta temprana.

Luego de que se conociera la sanción, la compañía canadiense emitió un comunicado en el que volvió a lamentar el incidente, y se refirió a su intención de reconstruir la confianza con la comunidad, la provincia de San Juan y el país.

“Es importante destacar que las circunstancias que produjeron el incidente fueron resueltas inmediatamente. La compañía implementó un plan de acción que corrigió los factores causales del hecho con obras y aumento de controles bajo los cuales las autoridades avalaron la normalización del trabajo en la mina”, afirmaron.

El juez provincial Pablo Oritja había procesado a nueve ejecutivos de Barrick por considerar negligente su actuación ante el incidente ambiental, además de transgredir el artículo 56 de la ley nacional de residuos peligrosos, que impone una pena de un mes a dos años de prisión en suspenso a quienes causen una adulteración del agua, el aire o el suelo peligrosa para la salud.

Los procesados son el jefe de Procesos, Leandro Poblete; el subjefe de Procesos, Segundo Álvarez; el gerente de Minas, Carlos Cabanillas; el gerente de Prevención de Riesgos, Ángel Escudero; el supervisor de Servicios Técnicos, Osvaldo Brocca; el supervisor de Mantenimiento, David Sánchez; el supervisor de Medio Ambiente, Ricardo Cortés; el gerente de Procesos, Walter Pizarro, y el gerente general, Antonio Adames, que fue removido de su cargo por el incidente.

Conocida la sanción, el representante legal de la Asamblea Jáchal no se toca, y miembro de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, hizo ayer su descargo en Twitter. “La multa a Barrick equivale a 7 días de solamente el oro que saquean de San Juan durante 15 años (5475 días)”, escribió.

Y en un segundo tuit, dijo: “Casi 2000 onzas de oro diarias saquea Barrick en Veladero… con sólo 7 días de extracción paga la «multa» que le pusieron”.

Dos investigaciones
A principios de este mes, el juez federal en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, Sebastián Casanello, que también investiga las responsabilidades de la minera por el derrame, hizo lugar a un pedido de la asamblea de vecinos de Jáchal que Viale representa para ser querellantes en la causa.

De hecho, existe ahora una cuestión de competencia en el caso entre la justicia federal y la provincial y será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que lo decidirá.

Las autoridades de Barrick, por su parte, afirmaron en el comunicado que todas las mediciones resultantes de las actividades de monitoreo “han demostrado que el incidente no supuso ningún riesgo para la salud de las personas o el ambiente”.

El derrame ocurrido el 12 de septiembre pasado se hizo público luego de la difusión de un mensaje de WhatsApp que un empleado de la mina Veladero envió a su familia. La compañía habló entonces de 200 m³ de solución cianurada involucrada en el escape, pero luego reconoció que fueron 1000 m³, es decir, el equivalente a un millón de litros.

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En la nota publicada por el Ministerio se detalla que dichos análisis estarán enfocados en evaluar el efecto ambiental que tuvo el derrame de concentrado de cobre al río Blanco, a través de bioindicadores y bioensayos para informar a la ciudadanía el estado de la calidad del agua y su ecosistema asociado.

“Dado que hasta el momento desconocemos con certeza el volumen total del vertido y la extensión alcanzada por el concentrado de cobre a lo largo del río Aconcagua, hemos considerado oportuno realizar algunas tomas de muestra tanto de la columna de agua, sedimentos, así como también de la biota acuática, a fin de informar y dar tranquilidad a la ciudadanía”, sostuvo la Seremi Tania Bertoglio.

El estudio cuenta con un financiamiento de $3.000.000 provenientes del Ministerio del Medio Ambiente y tendrá una duración de dos meses a cargo de un equipo de la Universidad de Chile. Se contempla que la toma de muestras se inicie esta semana.

Desde el Ministerio destacaron que durante la semana pasada, la Seremi Tania Bertoglio, sostuvo una reunión con Codelco Andina, solicitando un estudio que tiene por objetivo evaluar el estado ecológico del ecosistema fluvial de la cuenca del río Aconcagua, en el área de influencia de la fuga de concentrado de la empresa cuprífera, considerando su variabilidad espacial y temporal, en un período de 12 meses.

De esta forma para dicho estudio se plantearon 3 objetivos específicos:

• Evaluar el efecto potencial del derrame de concentrado de cobre en las aguas del río Blanco, mediante el uso de indicadores físicos, químicos y biológicos.
• Dimensionar, espacialmente, el área de afectación junto con analizar su variabilidad temporal durante un año.
• Definir recomendaciones para futuros monitoreos en la cuenca del río Aconcagua.

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«Los resultados confirman que desde la tarde del incidente, la calidad del río se ha mantenido en sus niveles históricos. Prueba de ello, es que desde la noche de ese mismo día, los regantes de la primera sección ya tenían el agua en condición de ser usada para el riego. En tanto, la empresa ESVAL retomó su producción de agua potable a primera hora del viernes pasado, garantizando en un comunicado público la inocuidad de su consumo. Esta condición fue ratificada por la autoridad sanitaria», precisó la estatal en un comunicado.

Asimismo, Codelco dio a conocer que, de acuerdo a lo solicitado por la autoridad ambiental, el Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepción inició un estudio para conocer la condición actual del río y su biodiversidad, y compararla con la línea base.

La cuprífera también reiteró que el viernes 26 concluyeron los trabajos de limpieza y sanitización de la escuela de Río Blanco. «A fin de dar mayor tranquilidad a las familias del sector, se están desarrollando análisis científicos de suelo para descartar la presencia de cualquier traza de concentrado de cobre. En tanto, continúan las labores de limpieza en otros puntos específicos en que se ha visualizado el concentrado, ubicados en la ribera del río Blanco y en la localidad del mismo nombre», sostuvo.

Normalización de operaciones

En paralelo, una comisión investigadora de Andina junto al análisis de un experto independiente, han logrado identificar que fue un elemento ajeno al sistema de transporte el que generó la obstrucción de la tubería de concentrado. «De acuerdo a esto, se han implementado medidas concretas para evitar que se repitan hechos similares. Junto con ello, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ha permitido el restablecimiento de los parámetros operacionales bajo las condiciones y exigencias que el mismo servicio fiscalizará en terreno, por lo que la empresa ha comenzado gradualmente a normalizar sus operaciones», aseguró la estatal.

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