La entidad -dependiente del Ministerio de Medio Ambiente- cuenta con facultades sancionatorias que implica que empresas que hayan cometido infracciones ambientales se comprometan a ejecutar planes de mejora en su entorno y/o su operación, los llamados Programas de Cumplimiento (PDC). Así, en los últimos cuatro años, la autoridad ha aprobado PDC valorizados en US$120 millones, cifra que daría a conocer hoy la Superintendencia de Medio Ambiente en su cuenta pública 2016.

El monto de PDC triplica los US$50 millones que la autoridad ambiental ha cursado en multas. De esta forma, entre 2013 y 2016, las empresas han desembolsado US$170 millones, entre PDC y sanciones económicas.

Para las SMA, los Programas de Cumplimiento son de vital importancia, porque permite a las empresas corregir su comportamiento, a través de acciones y medidas que deben ser implementadas dentro de un plazo determinado, con el objeto de cumplir la normativa.

Dicho instrumento tuvo un alza importante en 2016. Si en 2013 se aplicaron 19 PDC, el año pasado estos llegaron a 87. Por primera vez, los Programas de Cumplimiento aprobados superaron holgadamente a las sanciones impuestas, que llegaron a 41 casos.

“Como SMA hemos potenciado y promovido el uso de los Programas de Cumplimiento, pues se traducen en la corrección de los incumplimientos y, por lo tanto, en la superación de los riesgos o efectos ambientales adversos que se estaban produciendo”, afirmó el Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz. Y añadió: “Su ejecución implica una inversión directa en la solución de un problema ambiental. Ahora bien, esta herramienta no es a todo evento, y la SMA puede rechazar estos programas cuando no cumplen con los criterios establecidos reglamentariamente”.

La autoridad explicó que al iniciarse un procedimiento sancionatorio, los titulares pueden optar por una de dos vías: rechazar la imputación y formular sus descargos, tras lo cual sigue el procedimiento sancionatorio hasta su decisión final; o bien, reconocer las imputaciones y presentar un Programa de Cumplimiento.

“La imposición de multas no es el único camino posible y en muchos casos tampoco es el mejor. Cuando se aplica una multa, ese dinero va a la Tesorería General de la República y su destino puede ser uno muy diverso de la protección ambiental. En cambio los Programas de Cumplimiento son inversiones directas para solucionar los problemas detectados, lo cual tiene un impacto real y medible en el medio ambiente”, concluyó Franz.

Fiscalización. Respecto de la fiscalización de Resoluciones de Calificación Ambiental, Franz destacó que en Chile existen aproximadamente 15.000 RCA vigentes. En sólo cuatro años, la SMA ha fiscalizado una cuarta parte de todas ellas.

“En todos los mega proyectos, donde existen más de 6 RCA, tenemos una cobertura de fiscalización de un 76% respecto del universo total. Esto se relaciona con el criterio de fiscalización estratégica que hemos implementado como Superintendencia”, explicó. Añadió que: “Los grandes proyectos pueden potencialmente generar impactos ambientales más relevantes y sobre un área más extensa que los pequeños, por lo cual se ha relevado su fiscalización”, remató.

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El personero intervino en el Tercer Encuentro de Calidad del Aire en la Industria Minera, Airemin 2015, realizado en la ciudad de Antofagasta. En ese marco, advirtió sobre las amenazas que enfrenta la producción de concentrado de cobre, relacionadas con restricciones en el transporte marítimo y el factor de China, que respectivamente podrían limitar los envíos de concentrados y afectar a nuestro país con mayores cargos de fusión.

Hernández hizo ver que ni a las empresas estatales ni a las privadas les interesa invertir en pirometalurgia, por un tema de rentabilidad, y que bajo la norma de control de emisiones se contemplan inversiones sólo para cumplir las nuevas exigencias ambientales de captación (de hasta 95% de SO2) y no para aumentar la capacidad de producción.

«Â¿Pero quién piensa en el largo plazo? ¿Quién piensa en China y sus fundiciones, y en el poder monopólico de producción de cobre que tendrán y su futuro poder monopsónico de compra?», planteó el vicepresidente ejecutivo de Cochilco.

Destacó que afortunadamente este tema lo han puesto en la discusión pública y esté teniendo eco en el Parlamento.

Inversiones para adecuarse a la norma

Hernández señaló que las fundiciones estatales invertirán cerca de US$1.700 millones a 2018 para ajustarse a la nueva normativa de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.

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