El Plan, detallaron, que cuenta con el financiamiento del Fondo Verde del Clima, se enmarca en la Ley Marco de Cambio Climático, vigente desde el 13 de junio de 2022, la cual establece la confección de los planes sectoriales de adaptación al cambio climático, con el fin de establecer acciones y medidas para lograr adaptar al cambio climático aquellos sectores con mayor vulnerabilidad y aumentar su resiliencia climática. Estos sectores son biodiversidad, recursos hídricos, infraestructura, salud, minería, energía, silvoagropecuario, pesca y acuicultura, ciudades, turismo, zona costera y transportes.

En particular, según dieron a conocer, el objetivo del Plan de Adaptación al Cambio Climático en para los Recursos Hídricos es identificar y abordar los riesgos y oportunidades que surgen como consecuencia de los impactos del cambio climático para el sector de los recursos hídricos en diferentes sectores, comunidades y regiones. Asimismo, busca desarrollar estrategias y medidas específicas para reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de resiliencia frente a los eventos de cambio climático actuales y futuros en los recursos hídricos actuales y futuros, minimizando sus efectos negativos y maximizando sus beneficios en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental.

El Plan

El Plan deberá estar elaborado en junio del 2024, iniciando ahora con una participación ciudadana temprana de carácter virtual en el sitio web de la DGA (www.dga.mop.gob.cl), donde la ciudadanía podrá responder un cuestionario para recopilar opiniones y percepciones sobre la vulnerabilidad frente al cambio climático y las medidas de adaptación en el sector de recursos hídricos. Igualmente, las y los usuarios podrán adjuntar información relevante para la elaboración del Plan, como aspectos técnicos, científicos, ambientales, sociales, económicos, entre otros. Los antecedentes se pueden presentar en formato digital o en formato físico en la Oficina de Partes de las Direcciones Regionales de Aguas.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó que “este Plan de Adaptación al Cambio Climático para los Recursos Hídricos nos permitirá enriquecer los ejes de acción del MOP en seguridad hídrica, los que son proteger y garantizar de forma prioritaria el derecho humano al agua y su saneamiento; construir y diseñar obras y servicios de infraestructura para el desarrollo del país y promover la gestión y fiscalización del buen uso del agua basado en la información, eficiencia e innovación”.

A su vez, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, resaltó el avance en la elaboración de los planes sectoriales de adaptación al cambio climático obtenido hasta ahora y en especial, el inicio de éste con foco en los recursos hídricos. “Los efectos del cambio climáticos los estamos viviendo hoy y las proyecciones señalan que los eventos climáticos extremos serán cada vez más frecuentes e intensos. Sin duda que la sequía es el principal impacto que vivimos en el país, por eso es muy relevante la elaboración de este plan de adaptación para enfrentar la crisis hídrica derivada del cambio climático y avanzar en un desarrollo sostenible”, manifestó.

La representante de la FAO en Chile, Eve Crowley, indicó que “es relevante el proceso de elaboración de este plan porque existen una serie de desafíos en torno a los recursos hídricos, tales como producir y consumir con menos agua, asegurar un suministro de cantidad y calidad para la población y actividades productivas, así como también fortalecer la gobernanza de la gestión hídrica, junto con mejorar la información y conocimiento para la toma de decisiones”.

En tanto, el subdirector de la Dirección General de Aguas del MOP, Cristian Núñez, sostuvo que el Plan servirá de guía para los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos que debe elaborar la DGA en el marco de la reforma al Código de Aguas y de la Ley Marco de Cambio Climático en su artículo 13, constituyendo instrumentos de gestión de cambio climático a nivel local para cada una de las cuencas del país. “Los Planes Estratégicos tienen como objetivo contribuir con la gestión hídrica, identificar las brechas hídricas de agua superficial y subterránea, establecer el balance hídrico y sus proyecciones; diagnosticar el estado de información sobre cantidad y calidad, infraestructura e instituciones que intervienen en el proceso de toma de decisiones respecto al recurso hídrico y proponer un conjunto de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático sobre el recurso hídrico, en el fin de resguardar la seguridad hídrica”, comentó Núñez.

Ejecución

El Fondo Verde del Clima, creado en 2010 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidad para el Cambio Climático, aprobó en noviembre del 2022 el proyecto para elaborar el Plan, disponiendo de un millón 470 mil dólares (US$1.470.000) para ello, siendo el ministerio de Hacienda la autoridad nacional designada para administrar los recursos.

Con estos recursos, FAO contrató a un equipo de profesionales que conforman el equipo de coordinación técnica del Plan, actuando como contraparte técnica la Dirección General de Aguas del MOP y también a cargo de liderar el Plan. Además, actualmente está en proceso de licitación una consultoría para elaborar el Plan con todos los insumos que se recojan durante los procesos de participación ciudadana y los estudios que se requieran para llegar hasta su ejecución final.

El trabajo coordinado entre MOP-DGA, MMA, Ministerio de Hacienda y FAO permitirá cumplir con lo señalado en la Ley Marco de Cambio Climático, que es tener el Plan a junio de 2024. Sin embargo, la rendición final de los recursos se realizará en noviembre del 2025, período durante el cual se realizarán estudios que contribuirán al proceso de actualización del Plan.

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Se trata de un documento redactado por el Comité sobre el desarrollo de plantas desalinizadoras en el país, en el que se recopiló antecedentes y se organizó talleres de trabajo con la comunidad científica a lo largo de varias etapas.

Desaladoras, impacto ambiental y desafíos

El informe destaca que “se individualizan 97 instalaciones y proyectos de impulsión de agua de mar y desalinización, de los cuales 5 se refieren a sistemas de impulsión de agua de mar para la minería sin mayor información sobre desalinización. De los 92 restantes, hay 38 plantas operativas con una capacidad de desalinización de 8.558 l/s (10 de ellas asociadas a centrales termoeléctricas); 3 plantas no operativas”.

Asimismo, detalla que “existe información también de la capacidad proyectada a futuro que asciende a 38.7466 l/s, cuadruplicando la capacidad de tratamiento actual. La región de mayor crecimiento sería Antofagasta seguida de Atacama. La dominancia de estas regiones se explica en buena medida por la actividad minera que se realiza en la zona”.

La investigación aborda también los impactos asociados al vertimiento de efluentes, “como sales concentradas, pueden generar, entre otros efectos, estrés osmótico en organismos tanto pelágicos como bentónicos, así como impactos negativos en el funcionamiento y estructura de las comunidades y ecosistemas marinos costeros”.

El informe menciona, además, los desafíos en la consideración del uso de agua desalinizada como fuente de agua potable. “A pesar de la proliferación de la desalinización para obtener agua potable en las últimas décadas, son escasas las investigaciones que profundizan en cómo impacta en los hábitos y prácticas de uso y consumo de agua a nivel doméstico, o en la salud de los consumidores. Estas se han desarrollado principalmente en países del medio oriente y Australia, donde dependen principalmente de la desalinización de agua de mar para abastecimiento humano”.

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Y si bien la Minería ocupa cerca del 4% del total de agua del país al año, siendo una de las industrias que registra el menor consumo, -de acuerdo al Primer Informe de la Mesa Nacional del Agua-, las compañías tienen entre sus principales objetivos persiguen disminuir el uso de agua continental y recurrir al agua de mar para autoabastecimiento.

Al respecto, el diputado socialista, Nelson Venegas, miembro de los comités de Minería y Energía, y Recursos Hídricos y Desertificación, entre otros, conversó con MINERÍA CHILENA, respecto a la Ley que regula el manejo y la reutilización de aguas grises y rol del Ministerio de Salud, además, de las prácticas de las industrias con respecto al uso de aguas.

Políticas Públicas para el tratamiento de aguas

Para el parlamentario, la Ley de Aguas Grises es importante para enfrentar la emergencia de la falta del recurso hídrico en Chile. “Durante mucho tiempo, en distintos países del mundo la reutilización de estas aguas es una realidad. Israel y Japón son ejemplos claros, donde existen políticas públicas y concientización de la ciudadanía para la adopción de sistemas de tratamiento de estas aguas”.

Añade que “las aguas grises son definidas actualmente por la ley Nº21.075 como «las aguas servidas domésticas residuales provenientes de las tinas de baño, duchas, lavaderos, lavatorios y otros, excluyendo las aguas negras”, las cuales son definidas por la misma ley como “aguas residuales que contienen excretas”. De la misma forma, se establecen usos y prohibiciones de uso, es así como el uso para la agricultura está prohibido”.

Venegas explica que es una situación compleja, “ya que nuestro país, a pesar de contar con abundantes recursos hídricos, con un promedio de 53.000 metros cúbicos por persona, ha visto afectado el servicio de agua potable, principalmente a raíz de los efectos de la sequía. En efecto, en el presente año, gran parte del país se encuentra bajo decreto de escasez hídrica decretado por el Ministerio de Obras Públicas”.

Agrega que “la prohibición del uso para la agricultura, entonces, es grave, como lo indica la experiencia internacional en cuanto a la reutilización, es posible utilizar las aguas grises en faenas agrícolas y que los productos no se vean afectados. Esto, sin duda, no es la solución más estética, pero es una medida de supervivencia, en un contexto que apremia el actuar de las y los chilenos”.

De la misma forma, el parlamentario estima se debe destinar el uso de las aguas grises para la industria minera, “debe existir una priorización de estas aguas para el uso industrial. Esta es una forma inteligente de poder entregar agua a las distintas matrices económicas del país y, al mismo tiempo, cuidar los recursos».

Rol del Ministerio de Salud

Con respecto al Ministerio de Salud, -explica el diputado PS- éste es el encargado del reglamento sobre las condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas grises.

“Por todo lo anterior, -dice- estoy preparando un proyecto de ley para modificar la actual Ley de Aguas Grises, de forma que pueda adecuarse a las necesidades actuales del país”.

Reforma al Código de Aguas

Por otro lado, y respecto a cómo afectarían estos cambios en la pequeña, mediana y gran minería, incluyendo los efectos en las “Aguas del Minero”, el diputado Nelson Venegas afirma que “el nuevo Código de Aguas, viene a trabajar una serie de materias que durante muchos años estuvieron en discusión y debate, en este sentido, qué ocurre con los concesionarios mineros con respecto a la información que deben otorgar al Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas, con respecto a las diversas afectaciones que pueden estar ocurriendo en temas de la sustentabilidad de los acuíferos”.

Con respecto a las Aguas del Minero, -señala el parlamentario- “no existe un cambio sustantivo respecto a que los titulares de las concesiones mineras tienen por el ministerio de la ley, el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su concesión, como establece el Código de Minería”.

Agrega que “en cuanto al nuevo Código de Aguas, se establece que los dueños de pertenencias mineras, tienen el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores, mientras conserven el dominio de sus pertenencias y en la medida necesaria para la respectiva explotación”.

Nelson Venegas estima que el deber de informar su ubicación y volumen por unidad de tiempo y las actividades que justifican dicha necesidad –al Ministerio de Obras públicas- es un avance, “sin duda, ya que entrega al organismo encargado de la protección de la sustentabilidad la herramienta para poder evaluar las condiciones en el que se desarrollan las faenas mineras, suponiendo un control que no había ocurrido antes en el país. Entiendo sobre todo el carácter de emergencia que estamos viviendo”.

Proyectos de ley sobre crisis hídrica

De acuerdo a la crisis hídrica que afecta al país, industrias como la minera juegan un papel fundamental para la adopción de prácticas. En ese sentido, el diputado Venegas asegura que en el Senado está avanzando en la ley de uso de agua de mar para desalinización.

“Por lo que nos ha informado la Ministra de Medio Ambiente en la comisión de recursos hídricos, de la cual soy presidente, el Gobierno está interesado en ingresar unas indicaciones a este proyecto de ley que tienen relación con crear una estrategia nacional de desalinización en coherencia con la modificación al código de aguas, una regulación a la capacidad de carga, además de integrar la exigencia de que se consideren los procesos de los consejos de cuenca, como también, la adecuación de ciertos criterios ambientales”.

“Entendemos, entonces, -aclara el parlamentario- que hay un interés por avanzar una solución a la demanda del recurso hídrico en nuestro país, desde un enfoque de sustentabilidad, esperamos eso sí, que le ponga urgencia al proyecto, durante todo este año 2022 no ha avanzado en el Senado y para luego que llegue a la Cámara de Diputadas y Diputados, esperamos prontamente su llegada para tramitarlo con celeridad”.

“Mientras tanto, concluye Venegas- a la Cámara de Diputadas y Diputados, no han ingresado nuevos proyectos con respecto al tema hídrico, lo que también ha sido un llamado de atención desde nuestra comisión a las actuales autoridades para que avancen en una agenda legislativa concreta”.

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“No debe ser fácil mantener el temple de una organización (SEA) que tiene que lidiar con las expectativas de la industria, de la política y de la ciudadanía, para satisfacer las necesidades de nuestros habitantes. Nuestro norte es ayudar a que ese fin se logre, con información apoyada en la ciencia y con el cuidado de recoger activamente la opinión ciudadana informada”, afirmó.

La nueva autoridad también explicó que “tenemos la capacidad de visualizar, anticiparnos y de reaccionar a los desafíos que impone el cambio climático en el SEIA con una nueva ley marco, de elevar los niveles de participación para iniciar el camino progresivo de aplicar los estándares del Acuerdo de Escazú, y de que será su apoyo lo que nos permitirá construir juntos un servicio cada día más robusto, que siga protegiendo el derecho a un ambiente sano”.

“Nos encontramos en tiempos complejos. Asola una crisis climática y ecológica a nivel global y local, que se puede observar a lo largo de nuestro territorio en la megasequía y escasez hídrica, en las olas de calor que nos enfrentan a incendios, en el comportamiento anómalo de la biota, y para qué recordar el impacto del último virus que nos sumergió en la pandemia más grande de los últimos 100 años”.

Ministra Rojas

Por su parte, la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, agradeció al Gobierno del Presidente Gabriel Boric por la designación de Durán en el liderazgo del SEA. “Le pedimos al Mandatario que fuera una designación directa para darle contenido al primer Gobierno ecologista de nuestro país”, dijo Rojas.

Asimismo, Rojas valoró que la nueva directora ejecutiva haya trabajado por el Acuerdo de Escazú, ya que podrá dar esa impronta por el cuidado del medio ambiente.

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“Si bien se nota que ha existido un esfuerzo por parte del Estado, hoy existen muchas instituciones que por ley tienen atribuciones para gestionar los recursos hídricos. Desde Fundación Chile contabilizamos 56 organismos, lo que genera un fraccionamiento y descoordinación muy grande. Falta algo que lidere y pueda coordinar el proceso de cambio que requiere este nuevo escenario”, explicó Ulrike.

Para conseguir este liderazgo y coordinación, Escenarios Hídricos 2030 presentó su propuesta de institucionalidad del agua y gestión del recurso hídrico, a través de la creación de Organismos de Cuencas, para una gobernanza descentralizada de los recursos, y una Autoridad Nacional de Recursos Hídricos, entidad pública, autónoma y supra ministerial para una toma de decisiones transversal.

“La idea es tener una institucionalidad que lidere y que coordine a todas las demás y, de esa manera, trabajar de forma más ordenada y con la jerarquía suficiente para tomar decisiones para el país, con la participación de las regiones y los territorios”, resaltó la líder de EH2030.

Además, comentó que para enfrentar este escenario se requiere una serie de soluciones. “En esta combinación tenemos que ver lo más óptimo tomando en consideración temas económicos, sociales y ambientales. En este sentido, tenemos soluciones a corto plazo y de menor costo, y otras soluciones que son más complejas y que tienen ciertas externalidades negativas que se deben mitigar, pero lo que nosotros hemos visto es que hay que estudiar la realidad hídrica de cada territorio para ver cuál es la combinación óptima para cada zona”.

Desalación

En general, el llamado es a velar por una buena gobernanza y gestión del recurso, resguardando las fuentes naturales, lo que considera soluciones basadas en la naturaleza como la reforestación con flora nativa, conservación de humedales, acuíferos y otros. Sin embargo, en un territorio como la Región de Antofagasta, si ya se ha hecho todo eso y aún falta agua porque es una zona de mucha escasez hídrica, la desalación presenta una solución relevante.

“En general la desalación es una tecnología muy avanzada, que sigue mejorando, y es importante que a la hora de dimensionar estos sistemas se haga de manera óptima, mitigando los impactos y pensando en una planificación de desarrollo territorial y diversificada, con uso multipropósito que beneficie a distintos sectores, donde el consumo humano sea al menor costo posible y que, por ejemplo, si se beneficia a la minería se beneficie también a la agricultura”, enfatizó Broschek.

Agregó que por eso consideran tan relevante la creación de Organismos de Cuencas para mirar el territorio como un todo y dimensionar cuáles son las diferentes soluciones de agua. “Entre diferentes usuarios hay que planificar el desarrollo y, en función de ello, ver quién usa agua dulce y quién usa agua desalada, cómo se preservarán los ecosistemas y la vegetación nativa, pero bajo un esquema formal. Chile es el único país OCDE que no tiene Organismos de Cuenca formalmente dentro de su institucionalidad de agua. O sea, muchos países han avanzado en esta materia porque entienden que la mejor manera de llegar a soluciones es a través del diálogo, la construcción colectiva y los procesos multisectoriales”, señaló.

Finalmente, la líder de Escenarios Hídricos 2030 destacó que están trabajando para llevar a cabo la implementación de soluciones urgentes tanto para el país como en las cuencas.

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Los invitados fueron Carlos Estévez, por el comando de Yasna Provoste; Camilo Huneeus, por el comando de Gabriel Boric; Ignacio Rodríguez, por el comando de Sebastián Sichel; y Macarena Santelices, por el comando de José Antonio Kast.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Ignacio Casielles, profesional de vinculación e incidencia del CPP quien destacó la importancia de conocer las propuestas en esta materia debido a que se trata de uno de los grandes desafíos que deberá afrontar el siguiente gobierno.

A continuación, los profesores del CDGA Guillermo Donoso y Daniela Rivera, moderaron la actividad y formularon las preguntas a los panelistas.

En relación a las acciones concretas que adoptarían para superar los obstáculos actuales con la implementación de la gestión integrada de recursos hídricos, Ignacio Rodríguez sostuvo que se debe crear una institución centralizada que conviva con las locales y que sean descentralizadas. Macarena Santelices, por su parte, acentuó la promoción de políticas públicas como trabajar en la gestión integrada.

A su vez, Camilo Huneeus compartió la creación de una autoridad nacional de aguas además de fortalecer los consejos de cuenca. Por último, Carlos Estévez planteó la necesidad de integrar las funciones del agua, los actores y las instituciones y crear una autoridad nacional de aguas y distritos de agua.

Agua potable y saneamiento

Sobre las medidas inmediatas y prioritarias que tomarían para cumplir el objetivo de la Agenda 2030 que dice relación con el acceso universal al agua potable y saneamiento, Santelices manifestó que se debe premiar a los funcionarios para ofrecer servicios más eficientes, mientras que Hunneus propuso invertir en infraestructura y ofrecer acompañamientos técnicos y psicosociales.

Por su parte, Estévez aseguró ser partidario de consagrar normativamente el derecho humano al agua y saneamiento y definir las medidas para su implementación, mientras que Rodríguez señaló que se debe invertir en infraestructura y transporte de agua.

Conflictividad hídrica

Respecto a cómo abordarían la conflictividad hídrica, si apoyarían, por ejemplo, la creación de una instancia especializada para resolver los conflictos hídricos como los Tribunales Ambientales, Camilo Huneeus afirmó que lo principal es proteger el ciclo hidrológico y satisfacer el derecho humano al agua y saneamiento, mientras que Carlos Estévez planteó reducir la falta de información y ofrecer asistencia técnica para disminuir la conflictividad.

Por su parte, Ignacio Rodríguez coincidió en la importancia de reducir la falta de información y garantizar el derecho humano al agua y saneamiento. Finalmente, Macarena Santelices se focalizó en una fiscalización más eficiente y rigurosa, en mejorar la dotación y capacidad técnica de la Dirección General de Aguas, y en la calidad de su gestión técnica y administrativa.

La última pregunta tuvo relación con las medidas concretas que llevarían a cabo para cambiar el enfoque reactivo y mejorar la gestión de la sequía.

En este sentido, Estévez propuso ajustar el contenido del decreto de escasez hídrica. Rodríguez, en tanto, insistió en el desarrollo de nuevas fuentes de agua, mientras que Santelices formuló medidas como riego por goteo e instalación de caudalímetros. Por último, Camilo Huneeus recalcó la necesidad de recuperar y restaurar los ecosistemas.

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Para ello, entregó al Ministerio de Economía propuestas de mejoramiento legal e institucional que apuntan a la promoción de proyectos de desalinización, con el fin de que esta tecnología se transforme en una solución accesible, eficiente y sustentable frente a un escenario de creciente escasez hídrica.

Así también, dos directores de la Asociación –Carlos Foxley y Francisco de la Barra– expusieron en la Comisión de Recursos Naturales, Desertificación y Sequía del Senado sobre la urgencia de promover el desarrollo de la desalinización.

En la oportunidad, destacaron la importancia de impulsar esta tecnología como fuente de abastecimiento alternativa, ya que se trata de una solución limpia, confiable y cada vez más accesible, que tiene el potencial de beneficiar a distintas actividades (minería, industria y agricultura) y ser una fuente de agua para el consumo humano.

“Vivimos un complejo panorama hídrico a raíz de la severa sequía que afecta a nuestro país, a causa del cambio climático. Es hora de mirar la desalinización como una solución válida y allanar el camino para que esta actividad pueda desplegar su potencial, levantando los obstáculos que hoy retrasan su desarrollo”, afirmó Joan Leal, director de la Asociación Chilena de Desalinización (Acades).

Propuestas normativas

Considerando el vacío en términos regulatorios e institucionales, la asociación levantó los aspectos claves para que la desalinización avance en la dirección correcta, que incluyen agilizar las inversiones, aportar certeza jurídica a los privados y redefinir el rol del Estado entre los principales temas.

En total, son nueve propuestas para promover la desalinización: construir un régimen legal integrado que mire a la actividad de la desalinización en todas sus etapas considerando la generación, transporte y distribución;  redefinir el rol de Estado en la planificación, coordinación y promoción de la industria desalinizadora; promover la participación pública, privada y mixta en el desarrollo de estos proyectos; garantizar el derecho de propiedad o el uso o goce exclusivo del agua desalinizada;  perfeccionar, modernizar y transparentar el sistema de concesiones marítimas; establecer un régimen jurídico que habilite al desarrollador a la imposición de servidumbres para el transporte y distribución del agua de mar; impulsar certeza jurídica y celeridad en materia de permisos, y crear sistema de permisos ajustado en función del tamaño e impacto de los proyectos (detalle de propuestas en documento adjunto).

Sobre Acades

 Creada en julio de 2021, la Asociación Chilena de Desalinización es un gremio que surge en un contexto de creciente necesidad hídrica en Chile debido al cambio climático, que plantea los desafíos de promover a la desalinización como una fuente alternativa a las aguas continentales y de coordinar a los distintos actores que participan en el proceso para impulsar su desarrollo sostenible.

La asociación está formada por diversas compañías relacionadas con el ecosistema de la desalinización:  AAGES, Acciona, AES Chile, Aguas de Antofagasta, Aguas Nuevas, ABB, Almar Water Solutions, Aguas Andinas, Barros & Errázuriz, Black and Veatch, Bloomalert, IDE Chile Spa, IDOM, GS Inima, Oceanus, Pares y Álvarez, Prieto, Simtech, Suez y TDM.

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En esta línea, el compromiso inicial por parte del ministro Rodrigo Cerda fue establecer dos mesas de trabajo, una corta para abordar el tema de presupuestos y otra sobre el financiamiento regional. Recordemos que, esta reunión surgió en el marco del primer Encuentro Nacional, que reunió a las máximas autoridades regionales del país y sus respectivos equipos, en donde se concordó que uno de los problemas comunes a nivel nacional es la necesidad del cambio estructural en el manejo de los presupuestos de los Gobiernos Regionales.

Al respecto, la gobernadora regional Krist Naranjo precisó que “para nosotros es muy importante porque ya empieza en la comisión de Presupuesto a discutirse algunos temas que son fundamentales para nosotros. Creo que el gobierno dio una buena señal y está recibiendo de buena forma nuestras propuestas, principalmente, hacia el presupuesto 2022 que nos interesa mucho se incremente, ya que este año presenta complejidades”.

Y en esta línea, agregó que “nos hemos encontrado con proyectos antiguos que no se han ejecutado y, además, nosotros tenemos el desafío de poder instalar nuestra propuesta programática, entonces para poder cumplir bien a las personas, debemos contar con un presupuesto adicional, y el ministro de Hacienda nos ha propuesto dos mesas de trabajo que recibimos con mucha satisfacción”.

Glosa para emergencias

Dada la extensa crisis hídrica que enfrenta la Región de Coquimbo, la Gobernadora Regional solicitó al ministro de Hacienda que pueda incorporar dos glosas para abordar esta y otras emergencias, entre ellas, la climática, “le señalé al ministro que para nosotros es muy importante poder incorporar varias glosas de nuestro interés como gobernadores, que nos facilitarían mucho la incidencia en emergencias principalmente, y en crisis como la hídrica que es tan severa en nuestra región. Por ello, estamos pidiendo al ministro que ingrese una glosa para el agua y una glosa para cualquier otra emergencia que tengamos, ya sea climática u otra”.

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El proyecto considera la construcción y operación de un acueducto subterráneo, que permitirá transportar y distribuir agua desalada para uso industrial desde Copiapó hacia el sector del cordón de Maricunga.

El proyecto se suma al proyecto “ENAPAC Distribución Norte”, el cual a su vez permitirá distribuir agua desalada para uso industrial a distintos usuarios, desde Copiapó hacia la comuna de Diego de Almagro.

Rodrigo Silva, presidente de Redabast Chile SpA, empresa titular de ambos proyectos, afirmó que «nos llena de orgullo poder someter a evaluación de la autoridad ambiental este proyecto, el cual constituye un nuevo hito muy importante para seguir avanzando en una iniciativa que venimos empujando con mucho esfuerzo hace años, la cual sin dudas generará mejores condiciones para el desarrollo de la región, resguardando el cuidado y la protección del medio ambiente y mejorando la calidad de vida de los atacameños. El proyecto generará oportunidades de empleo en la región y para los proveedores, y nuestra visión es que muchos usuarios y las comunidades puedan acceder a una fuente de agua sustentable de manera que se liberen las aguas continentales y las cuencas de la región”.

Alcances de la iniciativa

El proyecto “ENAPAC Distribución Este” considera la construcción de un acueducto soterrado de más de 200 km de longitud y la habilitación de empleos máximos en sus distintas fases, de más de 1.000 puestos de trabajo.

Entre las medidas y compromisos que el titular ha considerado para el desarrollo del proyecto, se encuentra la disponibilidad de agua industrial en distintos puntos de entrega a lo largo del acueducto, para las comunidades indígenas con las que se ha trabajado y colaborado de forma anticipada.

Este compromiso surge de la necesidad de disponibilizar agua desalada para reducir los usos de aguas continentales y con ello contribuir a destinarlas para usos prioritarios y/o que puedan recargarse los acuíferos.

“Nuestro vínculo con el territorio se establece desde la génesis del proyecto, planteando la idea de disponibilizar agua desalada para uso industrial, con la esperanza no sólo que ello habilita mayores y mejores oportunidades de desarrollo, sino que en paralelo a que se reduzcan los usos de aguas continentales en estos procesos y colaborar así a destinarlas para usos prioritarios y/o que puedan recargarse los acuíferos. Al mismo tiempo, nuestro proyecto se ha propuesto trabajar anticipadamente con las comunidades coincidiendo en el diagnóstico de la crisis hídrica y sus efectos en el medioambiente, así como para las personas directamente, por lo que esperamos concretar este compromiso con las comunidades”, detalló Silva.

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En dicho capítulo, que fue elaborado por Telye Yurisch Toledo, economista de Fundación Terram, se abordan tópicos como la relevancia de desarrollar una Política Nacional Minera, que interprete las necesidades de las comunidades locales y que se ajuste a las condiciones de los territorios; y la definición de mecanismos que permitan la gestión de los pasivos ambientales mineros en Chile.

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Junto con ello, se analiza el impacto ambiental que implica la explotación de litio en los salares, y el desafío que implica para el sector minero el escenario de escasez hídrica que afronta en la actualidad el país, entre otras temáticas.

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