Además, la CPC entregó un informe al ente fiscalizador que analiza el conjunto de Guías y Criterios elaborados por el SEA en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aportando antecedentes adicionales para su adecuada resolución.

Dicho documento también fue entregado a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con quien la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, se reunió el lunes 6 en su primer encuentro de trabajo.

«El mundo empresarial está trabajando y colaborando con la autoridad frente a los complejos desafíos económicos y ambientales que hoy enfrenta nuestro país, en un contexto de bajo crecimiento y trabas para la inversión. Compartimos el propósito de avanzar en condiciones que permitan una adecuada implementación del desarrollo sostenible, sobre la base de reglas claras, certeza jurídica y pleno respeto al marco legal vigente», declaró Jiménez.

Contenidos y conclusiones del informe

El estudio identifica un punto de inflexión en la dictación de estos instrumentos por parte del SEA, observándose un peak en la emisión de Criterios de Evaluación durante el año 2022, así como un aumento en la elaboración de Guías durante el año 2023. Tras el análisis de 22 Guías y 29 Criterios, el informe formula un diagnóstico jurídico claro: la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente autoriza al SEA únicamente a «uniformar» los criterios técnicos.

Esto es, ordenar y otorgar coherencia a reglas preexistentes, sin habilitarlo para establecer nuevos estándares ni incorporar exigencias adicionales. El documento precisa que la creación de obligaciones ambientales corresponde de forma exclusiva al legislador, y en el ámbito reglamentario, a la potestad normativa ejercida por el Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la CPC, las Guías y Criterios elaborados por el SEA constituyen instrumentos de rango inferior -infra reglamentarios- que deben operar como referentes de orientación técnica, sin aptitud jurídica para imponerse como normas obligatorias.

La Confederación precisa que, al establecer exigencias no contenidas ni en la Ley ni en el Reglamento, se debilita la certeza jurídica SEIA. El análisis, que no cuestiona el mérito técnico de los documentos sino su validez jurídica, advierte un cambio significativo a partir de abril de 2022. Desde entonces, junto con intensificarse su elaboración, se observa la incorporación de un lenguaje crecientemente prescriptivo, avanzando hacia un nivel de «micro gestión» que define cómo deben desarrollarse los estudios ambientales, transformando en los hechos estas Guías en una forma de regulación de facto.

De acuerdo con el informe, estas prácticas se han traducido en mayores niveles de burocracia, encarecimiento de los procesos, extensión de los plazos de evaluación y, especialmente, en una pérdida relevante de certeza jurídica, con efectos directos sobre la inversión.

En este contexto, los desarrolladores de proyectos enfrentan exigencias que no emanan de la Ley ni del Reglamento, sino de instrumentos cuyo carácter vinculante resulta discutible. En consecuencia, el informe plantea la necesidad de revisar el rol de las Guías y Criterios dentro del sistema, reafirmando su carácter de instrumentos de orientación técnica y asegurando su coherencia con el marco legal y reglamentario vigente.

Para ello, se formulan recomendaciones específicas orientadas a restituir a estos instrumentos su función propia. Respecto a las Guías, se propone dejar sin efecto aquellos instrumentos completos o contenidos específicos que introducen estándares prescriptivos al margen de la ley, y en los casos que se mantengan, modificar su redacción para que asuman un lenguaje de buenas prácticas, de carácter referencial y no vinculante.

Respecto a los Criterios de evaluación, se recomienda su eliminación como instrumentos autónomos, proponiendo que aquellos contenidos técnicos que resulten pertinentes sean reconducidos e integrados dentro de las respectivas Guías del SEA, evitando duplicidades y reforzando su carácter meramente orientador.

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Junto con ello, explicaron que este trabajo se desarrolla «en el marco del plan de auditoría interna del Gobierno del Presidente Kast, el que exige una revisión minuciosa y exhaustiva de todos los decretos y reglamentos pendientes. Nuestro propósito es que cada acto administrativo emanado del Ministerio del Medio Ambiente cumpla con los más altos estándares de calidad jurídica, resguarde el cuidado de las personas y proteja efectivamente el patrimonio natural del país».

Respecto a esta decisión, el Ministerio entregó un antecedente: «El gobierno saliente ingresó a tramitación 21 decretos los primeros días de marzo, de los cuales 13 ingresaron el 10 de marzo, es decir, el último día de su gestión. El Ministerio está trabajando de manera prioritaria en la minuciosa revisión de los decretos supremos; para ingresarlos a la brevedad al trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República. Mantendremos informados a los actores relevantes y a la ciudadanía sobre los avances de este proceso, en línea con nuestro compromiso con la transparencia, la probidad y la buena administración».

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Es así como dicho servicio instruyó a la estatal el mismo viernes 13 de febrero, la entrega inmediata y obligatoria de toda la documentación técnica y administrativa analizada por su directorio. En cumplimiento a esta exigencia categórica, Codelco remitió la totalidad de los antecedentes requeridos en el plazo demandado. «Estos documentos confirman inconsistencias graves entre la realidad operativa de la mina y lo informado oficialmente a la autoridad», afirmó Sernageomin.

En ese contexto, este lunes 16 de febrero el director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, sostuvo una reunión con altos ejecutivos de la compañía estatal, y se constituyó presencialmente en las oficinas de la Gerencia General de Codelco, con el fin de notificar el inicio de un proceso de revisión exhaustivo de los antecedentes. En dicha instancia, además, se exigió formalmente la máxima transparencia y celeridad en la entrega de toda la documentación técnica y administrativa, notificándose a la empresa que no se aceptarán sólo informes procesados, exigiendo acceso irrestricto y en tiempo real a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico, enfatizando que no se admitirá margen alguno de desviación en el flujo de datos, bajo apercibimiento de las máximas sanciones legales.

Tras el análisis preliminar de los antecedentes recibidos, Sernageomin ha resuelto presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público, con el objeto de que la justicia investigue la eventual comisión de delitos asociados, ante el ocultamiento o alteración de información técnica trascendental para la seguridad minera de la faena.

Dada la naturaleza estatal de la empresa, Sernageomin ha interpuesto también una denuncia ante la Contraloría General de la República, para que sea este organismo quien determine las responsabilidades administrativas y evalúe el estricto cumplimiento de los principios de probidad y transparencia que rigen a los organismos del Estado.

«El compromiso de Sernageomin con la seguridad minera es intransable. Esta colaboración técnica, basada en datos fidedignos, es fundamental para garantizar que la industria opere bajo estándares de excelencia, protegiendo con eficacia la integridad de cada trabajador y trabajadora de la minería chilena», recalcó el Servicio Nacional de Geología y Minería.

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El contrato firmado entre Enami y el Estado de Chile en septiembre pasado, con la presencia del Presidente de la República, Gabriel Boric, y representantes de comunidades indígenas, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2060 y se implementará en la comuna de Diego de Almagro, en alianza público-privada con Rio Tinto, el segundo conglomerado minero más grande del mundo.

Asimismo, el acuerdo establece un comité de gobernanza con participación paritaria con las comunidades indígenas, dado que en el marco del proceso de otorgamiento del CEOL, el Ministerio de Minería desarrolló la primera consulta indígena de su historia institucional que cerró con acuerdos con las 6 comunidades Colla que participaron de la instancia.

“Este es un hito histórico para nuestro país, estamos frente al primer Contrato Especial de Operación de Litio que cuenta con una consulta indígena que logró acuerdos con las comunidades y estos se expresan en cláusulas del contrato, además de contemplar recursos para los territorios – Gobierno Regional y Municipios – y aportes para I+D+i. Esta es otra demostración concreta de la implementación exitosa de la Estrategia Nacional del Litio que, además de habilitar nuevos proyectos para duplicar la producción nacional de este valioso mineral en la próxima década, ha establecido nuevos estándares de sostenibilidad para el desarrollo de la minería en nuestro país”, afirmó la ministra (S) de Minería, Suina Chahuán.

Igualmente, para dimensionar el impacto social y las proyecciones de esta iniciativa, la autoridad comentó que “este proyecto liderado por Enami, por ejemplo, utilizará tecnologías de extracción directa lo que permitirá reducir la huella ambiental y mantener el equilibrio hídrico de los salares. Son excelentes noticias para Chile, para la región de Atacama y para nuestra Empresa Nacional de Minería que durante los últimos años ha logrado estabilizarse financieramente, y ahora tiene proyectos de futuro para consolidar su posición”.

Del mismo modo, el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Iván Mlynarz, destacó que esta toma de razón de la Contraloría “es una nueva señal de que en Enami avanzamos de manera concreta y somos protagonistas en la Estrategia Nacional del Litio. Salares Altoandinos es el proyecto greenfield más importante en materia de litio en Chile, y con esta luz verde en sede administrativa estamos cada vez más cerca de iniciar la explotación y aportar más litio al país”.

CEOL

El Contrato Especial de Operación de Litio fija los plazos, las condiciones tanto económicas como de exploración y explotación, e importantes resguardos en materia ambiental. Además, entrega certezas a las partes en temas clave como la retribución al Estado (royalty), y promueve el uso de nuevas tecnologías conforme al mandato de la estrategia.

También incorpora aportes tanto la Región de Atacama y para el Desarrollo Productivo Sostenible, en áreas como generación de conocimiento, tecnología e información, y apoyos a proyectos de inversión. Finalmente, considera un incentivo para la elaboración de productos de valor agregado en el país, lo que junto a otras políticas públicas en marcha contribuye a generar las condiciones para el desarrollo de la cadena del valor del litio a nivel nacional.

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Durante ese lapso, Sernageomin registró 43.595 inspecciones a nivel nacional, incluyendo en dicha cifra total varios procesos de control en una misma faena. En las regiones, el menor porcentaje de fiscalizaciones se registró en Atacama (13%), Arica y Parinacota (14%) y Valparaíso (14%). En cambio, las zonas que presentan el mayor porcentaje de control fueron Magallanes (50%), Maule (44%) y Los Lagos (42%).

Tras el análisis de la cobertura nacional de inspecciones, quedó en evidencia una tendencia decreciente, pasando de un 25% en 2022 a un 21% en 2023, y alcanzando sólo un 14% en 2024.

Así, según el CIC, entre 2022 y 2024, había 7.150 faenas mineras sin ser fiscalizadas, lo cual representa un riesgo crítico en la cobertura de la supervisión minera. La mayor concentración de faenas en esta situación se encuentra en Atacama (2.863), Coquimbo (1.863) y Valparaíso (1.048), territorios que además concentran una parte importante de la actividad minera nacional. Le siguen Antofagasta (553) y la Región Metropolitana (237).

La existencia de estas más de 7 mil faenas sin fiscalizar en periodos superiores a dos años constituye una situación persistente, que requiere medidas urgentes de priorización y fortalecimiento del rol fiscalizador de Sernageomin, declaró Contraloría.

Desigualdad en la carga laboral

Adicionalmente, entre 2022 y 2024, se identificaron 105 funcionarios que realizaron labores de fiscalización. De acuerdo con la revisión de la carga laboral, algunos de ellos efectuaron más de 2.000 inspecciones en tres años, mientras que otros no lograron superar el centenar, reflejando una marcada desigualdad en la asignación de funciones.

En regiones mineras, como Atacama y Coquimbo por ejemplo, se enfrentan cargas muy superiores al promedio nacional (más de 490–800 faenas por fiscalizador), mientras que en las regiones del sur cuentan con dotaciones mayores en relación con la cantidad de faenas existentes (menos de 10 por fiscalizador).

La Contraloría ordenó a Sernageomin tomar medidas para la eficiente asignación territorial de los fiscalizadores, considerando la concentración de faenas activas, el número de instalaciones por faena y aquellas no fiscalizadas en un periodo mayor a 2 años.  Además, debe tomar medidas urgentes para priorizar y fortalecer su rol fiscalizador en relación con las más de 7 mil faenas sin fiscalizar.

Ver CIC N° 18

Ver anexo con 50 faenas no fiscalizadas

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Este proyecto privado se suma al liderado por la empresa Llamara Group, en el sector denominado Quillagua Norte. El decreto para dicho contrato fue ingresado al organismo fiscalizador a inicios de septiembre, junto con el decreto que fija los requisitos y condiciones del CEOL que habilitará el desarrollo de un proyecto de litio en Quillagua Sur, cuyo contratista se seleccionará por medio de una licitación pública nacional e internacional.

La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que “la Estrategia Nacional del Litio avanza decididamente en este compromiso de la participación de privados. De acuerdo con lo establecido, una vez concluidas las consultas indígenas, la empresa y el consorcio manifestaron su conformidad con los términos y condiciones de los contratos que solicitaron suscribir, por lo que se ingresaron los decretos a Contraloría para su toma de razón. Con esto estamos cumpliendo el compromiso de sumar nuevos actores al mercado del litio en Chile, en el cual hay un alto interés por participar, lo que pudimos confirmar en nuestra reciente visita a Berlín y Londres”.

Los tres proyectos en el sector de Quillagua se suman a los proyectos liderados por Enami, en salares Altoandinos, y Codelco, en Salar de Maricunga, ambos en la Región de Atacama, en una colaboración público-privada con Rio Tinto.

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Con ello, y siguiendo las orientaciones de la Estrategia Nacional del Litio, se permitirá dar continuidad a la operación en el Salar, aumentar la producción de manera sostenible mediante la introducción de nuevas tecnologías y el reemplazo de agua continental en el proceso productivo, e incorporar, tempranamente, al Estado en la operación, respetando los contratos vigentes, a través una alianza público-privada entre la empresa minera estatal Codelco y SQM.

“Este acuerdo se enmarca en la Estrategia Nacional del Litio que busca asegurar dos objetivos: una mayor participación del Estado de las rentas asociadas al litio y el aumento sostenible de su producción en un contexto global de creciente demanda por este mineral. Esta asociación permitirá al Estado el desarrollo, de mejor manera, de una minería de salares con mayores estándares de sostenibilidad ambiental y social, tanto para la actual explotación del litio como de otros minerales en el futuro que se encuentran contenidos en la salmuera”, sostuvo el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

Ejes de la alianza

Previo al ingreso a la CGR, y luego de concluido el proceso de Consulta Indígena que se estableció como requisito previo, el Consejo de la Corporación aprobó, el pasado lunes 15 de septiembre, la versión final de los contratos que establecen un sistema de pago de rentas de arrendamiento en función del precio del litio y los demás productos a consumidor final que se vendan a partir de la explotación del Salar (en términos equivalentes al contrato actual), además de aportes para el desarrollo territorial que se destinan al Gobierno Regional de Antofagasta, a las Comunas de Antofagasta, San Pedro de Atacama y María Elena, y a las organizaciones indígenas atacameñas de la Cuenca del Salar, destinados a impulsar el desarrollo de diversos proyectos de inversión y fomento, entre otros.

Los nuevos contratos establecen también aportes para el financiamiento de actividades de I+D en el país, que impulsen un desarrollo económico sostenible y mantienen las cláusulas que contemplan la venta a precio preferente de una cuota de productos de litio a empresas que seleccione Corfo y que ofrezcan desarrollar actividades productivas de mayor valor agregado en Chile.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo agregó que “un elemento sustantivo de todo este proceso ha sido el apego a la normativa vigente, respetando, particularmente, al Pueblo Lickanantay o Atacameño para lo cual Corfo desplegó una Consulta Indígena que se extendió por cerca de 10 meses y contempló más de 40 reuniones, con la activa participación de las organizaciones representativas, en la que finalmente logramos converger a entendimientos comunes en diversos temas de interés para el Pueblo Lickanantay o Atacameño, lo que da estabilidad y gobernabilidad a estos contratos”.

Desde la entidad de fomento recalcaron que otro elemento relevante de los nuevos contratos, que resultó especialmente fortalecido durante el proceso de Consulta Indígena, son los compromisos relacionados con el cuidado medioambiental, en concordancia con la normativa legal vigente en el país y con los estándares internacionales para garantizar una operación sustentable en el largo plazo. Ello implica la implementación de planes que permitan una disminución gradual de consumo de agua continental en las operaciones hasta su total reemplazo; la introducción gradual de nuevas tecnologías en el proceso productivo para una operación más sostenible; la realización de estudios y pilotajes; la utilización de energías limpias; y el fortalecimiento del sistema de monitoreo y de auditoría ambiental. De esta forma se establece que, en el segundo semestre de 2026, las empresas deberán ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental que permita llevar adelante el proyecto denominado Salar Futuro.

Finalmente, y también como resultado de la Consulta Indígena está el compromiso de participación activa de las organizaciones representativas del Pueblo Atacameño a través de una Mesa de Seguimiento -liderada por Corfo- de los compromisos que las empresas asumen en el marco de los contratos, junto con elevar los estándares de relacionamiento permanente con dichas organizaciones.

La entrada Corfo ingresa a Contraloría contratos con SQM y Codelco que permiten dar continuidad a operaciones en el Salar de Atacama se publicó primero en Mch.

Esta iniciativa se enmarca en los compromisos adquiridos por el Servicio con la Contraloría General de la República de acuerdo con lo establecido en el Oficio N°202399102239, del 27 de marzo de 2023, para atender el caso de contaminación que afecta a las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.

Igualmente, se suma a la mejora continua del SEA para acercar la información de carácter ambiental a los distintos actores involucrados en el SEIA, como se manifiesta en el Plan de Implementación Progresiva del Acuerdo de Escazú y el Plan Nacional de Hidrógeno Verde, particularmente, en su acción N°22.

La actualización 2024 incluye:

• La consolidación de las normas existentes en la versión 2023 en un archivo único.

• Revisión de la vigencia y actualización de las normas, junto con URL a sus fuentes de origen.

• Funcionalidades de búsqueda y filtro dentro del archivo Excel.

• Vínculo directo al recientemente publicado Criterio de Evaluación.

 Este compromiso anual permitirá unificar criterios, como también, entregar certezas técnicas y jurídicas a todos los actores que participan en el proceso de evaluación de impacto ambiental, explicaron desde el SEA.

La entrada Servicio de Evaluación Ambiental actualiza su Repositorio de Normas de Referencia se publicó primero en Mch.

La generación de los CIC fue planteada como uno de los compromisos de la actual Contralora General, Dorothy Pérez, cuando expuso ante el Senado de la República en el marco de su nominación, en octubre del año pasado.

El primer CIC incorpora un completo resumen sobre el cumplimiento municipal de la ley N° 21.591, de Royalty a la minería.

Si bien los recursos del Royalty comenzarán a ser recaudados a contar de este año, mediante el “Fondo Territorial, FET” y el “Fondo de Comunas Mineras, FCMI”, durante el año recién pasado, 307 municipios recibieron el 50% de los recursos totales, gracias a la creación del “Fondo Puente”.

Así, a nivel nacional se entregaron $93.645.999.829, entre ambos fondos. El promedio de recursos entregados fue de poco más de $305 millones por municipalidad. Respecto de ello, 222 municipios recibieron menos que el promedio, mientras que 85 superaron esa media.

La comuna que más recursos recibió el año pasado fue Puente Alto, con más de $3.220 millones. Por contraparte, la que menos fondos percibió fue Río Verde, con solo $119 millones.

Respecto del nivel de cumplimiento de los municipios, la CGR informó que el 53% de las municipalidades ha informado a la SUBDERE los gastos ejecutados, mientras que el 44% no lo ha hecho. El otro 3% ha entregado información respecto de solo uno de los fondos.

Asimismo, la Contraloría dio a conocer que solo el 22% de los municipios sí informaron tener cuenta corriente exclusiva, mientras que el 78% no lo hicieron.

Revise el CIC N°1 AQUI.

La entrada CGR publica consolidado sobre cumplimiento municipal de la Ley de Royalty a la Minería se publicó primero en Mch.

El informe final N° 456 se refiere a múltiples casos pendientes de trámite. Por ejemplo, tras analizar la base datos “Gestor Documental CMN”, la Contraloría advirtió que de 18.540 solicitudes para autorizar la intervención de monumentos históricos, santuarios de la naturaleza, zonas típicas o pintorescas, de prospección y/o excavación arqueológica y paleontológica, existen 3.752 casos pendientes al 31 de mayo de 2024. De ese total, 1.395 corresponden a requerimientos de 2022; 1.652 de 2023 y, 705 de este año.

Igualmente, se comprobó que de los 18.540 requerimientos ingresados entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de este año, 2.532 corresponden a solicitudes relacionadas con obras públicas. Así, se advirtió que 704 de ellas no habían sido contestadas por el CMN, incluyendo algunas que llevaban hasta 878 días sin respuesta.

Sobre este punto, la Contraloría manifestó al servicio el deber de elaborar y formalizar un manual de procedimientos que establezca directrices para la mejor atención de las solicitudes, debiendo informar a CGR sobre esto en un plazo de 60 días. Además, el organismo de control iniciará un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos señalados.

Otros hallazgos

El informe de la II Contraloría Regional Metropolitana constató varias otras situaciones que implican falta de control. Entre ellos, casos en los que el nombre del requirente registrado en el “Gestor Documental CMN” no coincide con la información del ingreso. Asimismo, hay otros en los que no se acompañó la solicitud respectiva, hubo omisión del acta de sesión correspondiente y requerimientos respecto de los cuales no se acompañó ningún antecedente. Al respecto, la Contraloría planteó que dichas inconsistencias “no se ajustan a los principios de eficiencia, eficacia y control”, agregando que la falta de antecedentes atenta con la buena ejecución en la tramitación de los requerimientos. Dicho punto también deberá incorporarse en el sumario.

La auditoría también determinó un total de 21 perfiles de acceso al sistema Gestor Documental de la entidad, 14 de los cuales no cuentan con una descripción formal ni tampoco del nivel de acceso a la información que los usuarios tienen, lo que va en contra de lo establecido en el manual de procedimientos de dicha plataforma.

También se detectó que el servicio no tiene matrices de gestión que establezcan un ordenamiento entre los diferentes perfiles existentes en el sistema de información y los cargos que desempeñan los funcionarios involucrados en la gestión de obras públicas.

Por otra parte, se verificó igualmente que, en materia de dotación, el CMN no cuenta con una nómina que identifique los cargos por funcionario, por lo que no fue posible validar el número real de profesionales como arqueólogos, arquitectos, antropólogos, entre otros, que realizan las funciones necesarias para atender las solicitudes ingresadas.

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