Así lo adelantó el presidente de esa organización, Sergio Cubillos, quien aseguró que esta semana recurrirán al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para intentar revocar la decisión que autorizó al titular del proyecto, la minera canadiense Wealth Minerals, a comenzar una campaña de exploración sin necesidad de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).

«Esta semana vamos a concretar esa presentación. Nosotros creemos que el servicio omitió algunas acciones importantes en la evaluación de la consulta de pertinencia, como oficiar a la Seremi de Medio Ambiente, y no tomó en consideración que la exploración a realizarse está emplazada en un sector cercano a un santuario de la naturaleza», explicó Cubillos.

Sobre ese punto, es necesario recordar que el Consejo Regional aprobó solicitar explicaciones al SEA, sobre su decisión de dejar a la Seremi de Medio Ambiente fuera de la consulta de pertinencia solicitada por Wealth Minerals.

Recursos

Adicionalmente, el representante de las comunidades atacameñas advirtió que recurrirán al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), para detener una iniciativa que -según su visión- no cuenta con las autorizaciones necesarias para ejecutarse.

«Es el ministerio de Minería a través de un Contrato Especial de Operación del Litio el que debe dar la autorización para que ese proyecto se concrete y eso no ha ocurrido, por lo tanto vamos a presentar la queja al SEA, pero también iremos a la justicia ambiental porque esta empresa pretende hacer la exploración sin el contrato requerido», dijo.

Además de las dos acciones antes descritas, Cubillos aseguró que esta semana el CPA se sumará al recurso de protección presentado hace unos días por la Comunidad de Coyo en contra del SEA y su director regional, Ramón Guajardo.

La acción judicial fue motivada por la resolución 207/2019 de la repartición de gobierno, mediante la cual desestimó el ingreso al Seia del proyecto «Campaña de exploración de minerales no metálicos en el Salar de Atacama», de la minera canadiense.

Según la presentación legal, la resolución del SEA estaría afectando derechos fundamentales como el derecho a la integridad psíquica; igualdad ante la ley; a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; y de propiedad.

El abogado patrocinante de esa causa, Jaime Araya, explicó que esta semana la Corte de Apelaciones de Antofagasta debería informar respecto de la fecha en que se materializarán los alegatos, lo que dependerá de si se acoge una acción del SEA que solicitaba ampliar los plazos.

Desde la minera se han defendido explicando que el proyecto en cuestión consiste en un único sondaje de exploración, que no considera pruebas de bombeo, ni extracción de salmuera.

«El proyecto sólo contempla extraer pequeñas muestras de la misma para analizar su composición química. La tecnología que se utilizará corresponde a la técnica de perforación sónica, la cual no requiere la utilización de agua y por tanto, es menos invasiva ambientalmente que otras disponibles», explicaron en un comunicado.

Asimismo, detalló que la plataforma requerida para la exploración no se ubicará en ningún sitio Ramsar ni dentro del polígono de la Laguna Tebenquinche.

«Es más, para evitar efectos no deseados ambientalmente, se seleccionó cuidadosamente un punto de exploración en una zona externa al sitio ampliado del Ramsar, tal como se planteó en la documentación proporcionada al SEA».

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No hay información

La hidrogeóloga del Consejo, Mariana Cervetto, asegura que una de las principales vulnerabilidades de esta zona proviene de la falta de estudios y datos disponibles que permitan evaluar el nivel de estrés hídrico de las cuencas.

«De esta forma, todo el territorio que encierra la cuenca salar (zona de descarga) y las cuencas alto-andinas (zona de recarga) corresponden a los sectores considerados vulnerables a la extracción de agua y salmuera, aunque deben considerarse como prioritarios los sectores poblados y sagrados, sistemas lacustres en salares, bofedales, humedales y bosques, que sustentan una biodiversidad única y muy visitada», explicó la profesional.

Cervetto agregó que «la cuenca es el área de influencia a considerar, que permite modelar y comprender el funcionamiento hídrico. Hay que imaginar el agua superficial y subterránea local como un sistema interconectado».

En este contexto, dijo que la extracción de salmuera para la obtención de sales de litio podría estar afectando el normal funcionamiento de sistemas lacustres tales como Soncor, Quelana, Peine, Tebenquiche, Cejar y Chaxa, ubicados todos hacia el margen del salar y afectando la inmensa biodiversidad asociada, como las poblaciones de flamencos, por ejemplo.

«La empresa SQM bombea cientos de litros por segundo a partir de pozos ubicados al este del salar, y en consecuencia existen ahora descensos importantes de los niveles de agua subterránea, afectando a las comunidades indígenas locales y secando algarrobos de manera progresiva. Por esta y otras causas existe un proceso sancionatorio en contra de la empresa SQM, donde la Superintendencia de Medio Ambiente indica seis infracciones. Las mineras Escondida y Zaldívar en su conjunto extraen más de 1.500 litros por segundo (l/s) para sus operaciones afectando la recarga al sur del salar donde se ubica el sistema lacustre Peine», detalló la hidrogeóloga.

Sectores más sensibles

Consultada sobre los riesgos que corren estos sectores, desde el punto de vista medioambiental, la experta detalla que «la sobreextracción de agua tiene como consecuencia que puedan secarse los ríos, esteros y pozos de agua subterránea que abastecen a las comunidades. También se están en riesgo los cursos de agua y los sistemas de lagunas que alojan flora, vegetación, fauna y avifauna. De esta forma, si no hay disponibilidad de agua, no hay forma de habitar la cuenca», advirtió.

Corvetto, consultada sobre qué basan su afirmación que el sector Tilopozo-Pajonales se encuentra sobre explotado seis veces, especificó que esto consta en «la Resolución Nº13 de la Dirección General de Aguas (DGA), que con fecha 22 junio del año 2018 declara zona de prohibición para nuevas explotaciones de agua subterránea a ese sector de aprovechamiento hidrogeológico, que también es denominado C2».

«La DGA, continuó, se ha basado en 3 informes técnicos de la misma entidad, y en los artículos 63 y 64 del Código de Aguas, artículos 35 y 36 del DS Nº203 y la resolución Nº1.600 de la Contraloría General de la República. Básicamente, la demanda de aguas comprometidos supera con creces la oferta total, y en ese cálculo se determina que la sobre-demanda supera seis veces la oferta. De esta forma se hace evidente el estrés hídrico en el sector sur del salar de Atacama».

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Acción que surgió en respuesta al falló que presentó la misma Corte de Apelaciones al recurso de protección interpuesto por Consejo, en lo referente al acuerdo Corfo-SQM, que amplió los permisos de extracción y explotación de litio en el salar de Atacama hasta el año 2031, sin realizar una consulta indígena previa.

El presidente del CPA, Manuel Salvatierra dijo que «apelamos a la Corte Suprema como pueblo afectado, queremos que se haga justicia, el CPA siempre luchará en defender nuestros derechos, patrimonio e identidad. Como pueblo originario, queremos que la corte falle a nuestro favor, en pro de la vida en el desierto más árido del mundo y en contra del extractivismo y las malas prácticas del Estado y de SQM».

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