Durante la sesión, Durán expuso sobre el rol del SEA en la creación de certezas jurídicas y técnicas para los distintos actores involucrados en el proceso, ya sean inversionistas o comunidades. «Tuvimos la oportunidad de explicar el rol del Servicio de Evaluación Ambiental en la construcción de certezas jurídicas y técnicas para todos los actores que participan, tanto para aquellos que invierten como para las comunidades», comentó.

Además, abordó los esfuerzos que el SEA ha realizado para mejorar la eficiencia en la evaluación ambiental, en un contexto de reflexión sobre la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). «Estamos gestionando una evaluación ambiental más eficaz y eficiente, y siempre cumplimos con los plazos legales, incluso logramos evaluaciones en tiempos menores. Las demoras se deben a las suspensiones solicitadas por los titulares de proyectos«, precisó.

La reunión contó con la participación de destacados consejeros y directores del CPI, quienes plantearon inquietudes y comentarios respecto a la labor del SEA. Entre ellos, Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), destacaron la necesidad de una mejor coordinación entre los servicios que colaboran con el SEA para agilizar los procesos.

En la oportunidad, Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI, valoró el trabajo del SEA, asegurando que «es un buen punto de apoyo para alinear a las demás instituciones en torno al objetivo de agilizar el sistema de evaluación de proyectos de inversión». Además, subrayó que el Gobierno ha avanzado en la resolución de problemas relacionados con permisos y trámites mediante el envío de proyectos de ley orientados a mejorar el SEIA y acortar los tiempos en la entrega de permisos sectoriales.

Por su parte, Durán hizo hincapié en que «no hay contradicción entre un Estado fuerte que proteja el medio ambiente y uno que, al mismo tiempo, sea ágil y eficiente en la aprobación de proyectos de inversión. Estamos trabajando para corregir las malas experiencias y mejorar nuestros procesos».

Esta instancia de diálogo subraya el compromiso del SEA y las instituciones del sector por avanzar en una evaluación ambiental más moderna y eficiente, que responda tanto a las demandas de desarrollo económico como a la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades.

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Previo a un viaje a China, se reunió el jueves con el ex ministro de OO.PP. de Ricardo Lagos, Carlos Cruz, para dar el vamos oficial al Consejo de Política de Infraestructura (CPI). Es una nueva corporación que ya lleva trabajando un par de años, pero que solo este miércoles formalizó su constitución como entidad sin fines de lucro. Su objetivo es impulsar una política de infraestructura de largo plazo, más allá de lo que dura un gobierno para que tenga un carácter de Estado.

En ella participan como consejeros un diverso grupo de empresarios, dirigentes gremiales, académicos y ex ministros del área. Por ejemplo, Daniel Hurtado en la presidencia (ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción); Fernando Agüero (Edelpa); Rodrigo Álvarez (ex presidente de Copsa y ex ministro de Energía); Pablo Allard (arquitecto); José Manuel Urenda (Empresas Navieras); Loreto Silva (ex ministra de Obras Públicas); Alberto Salas (Sonami); Jorge Marshall (ex consejero del Banco Central); y el también ex Presidente Ricardo Lagos.

Frei aprovechó la ocasión para hacer un diagnóstico del estado en que está Chile en este ámbito, constatando un rezago en proyectos y concesiones, en área como la eléctrica, recursos hídricos, hospitales, puertos y aeropuertos, entre muchas. Según cálculos de CPI, el déficit alcanza a US$ 100 mil millones a 15 años, es decir, el 3,5% del PIB, descontando en este guarismo áreas como la energía y telecomunicaciones.

«Al menos hay que invertir el 6% a 7% del PIB en infraestructura para mantener el nivel que permita que el país siga avanzando, y que esto no sea un freno al desarrollo», dijo Frei.

En materia portuaria ve un grave retraso, en particular en lo que se refiere al Puerto a Gran Escala (PGE), la iniciativa que busca instalar un nuevo gran terminal portuario en la zona central de Chile, cuyo emplazamiento no está definido.

«Esa decisión no podemos dilatarla más. Estamos atrasados unos tres o cuatro años, por el volumen de esa obra. Estamos justo a tiempo de tomar esta decisión que es fundamental para no seguir perdiendo nuestra condición portuaria en el Pacífico. Aquí la competencia es grande y Callao está moviendo más (carga) que Valparaíso y San Antonio, hay que tomar una rápida decisión», señaló Frei. Sobre todo, considerando que el todo el desarrollo de esta obra, hasta su funcionamiento, tomará 10 o 15 años.

-¿Dónde debería emplazarse?

«No es Valparaíso, claramente. Valparaíso -con todos sus proyectos, ampliaciones, inversiones en puertos y accesos-, no podría superar los 3 millones de teus, bajo ninguna circunstancia. Y San Antonio parte con 6 millones de teus. No veo otra solución que no sea San Antonio, por sus condiciones de espacio y porque está el Camino de la Fruta, que hay que concesionar. Y se necesitan 200 hectáreas en el puerto y otras tantas para apoyo logístico. Eso lo tiene San Antonio, no lo tiene Valparaíso».

En el ámbito hídrico, el ex Mandatario planteó que el problema de fondo está en el agua de riego en el rubro agrícola, el 80% del uso del agua en Chile.

«Creemos que hay espacio para concesionar obras de riego de mediana capacidad, tranques de 50 millones de m {+3} , con inversiones que van entre US$ 40 millones y US$ 60 millones. Eso es posible, hay interesados», dijo el ex Presidente. Planteó que hoy para las grandes obras hídricas -embalses- el ministerio los opera hasta un determinado plazo y luego igual lo traspasa a regantes, usuarios y canalistas. «Por tanto no hay ninguna razón para que no puedan hacer la obra a través de concesiones, lo que ayudaría a aliviar la sequía en distintas regiones», dijo.

También criticó la falta de «capacidad política» para avanzar en la integración con los países vecinos, de cara a nuestra conexión comercial con Asia Pacífico. Citó como ejemplo la reciente visita del Presidente de China, en que ofreció colaboración para infraestructura, pero esta oferta no se ha podido concretar.

Mencionó también otros tres grupos chinos interesados en invertir en grandes obras de conectividad en túneles, en la zona del Cristo Redentor (en la zona central), por Aguas Negras y un tercer paso al sur de Chile. «Los financiamientos están, aquí no es un problema de financiamiento. Hay recursos».

En el sector de hospitales «hay un problema serio», planteó, en el sentido de que el Ministerio de Salud no ha tenido la capacidad de gestionar los proyectos, ni en el caso de las obras directas, ni en el caso de las concesiones. Citóel caso del Hospital de Rancagua -no concesionado-, casi listo, pero que tiene «miles de observaciones».

En cuanto a la energía, le preocupa que no se haya podido concretar la interconexión con otros países y habló de la necesidad de regulación. «Las veces que hemos incorporado al sector privado sin regulación, sin fiscalización y sin norma, ha sido un tremendo fracaso. El caso más evidente es el energético. Nunca se ha hecho una legislación acorde. Y la situación más clara es que la agenda del ministro Pacheco tiene más de 10 iniciativas legales», indicó Frei.

-¿Se debería tarificar el gas?

«Hoy el gran tema es la generación y transmisión. (Lo del gas) no resuelve el tema central. ¿Cuánta gente consume gas? Menos del 10%».

-Su planteamiento de agilizar concesiones y sumar a los privados, va en dirección contraria a la agenda que se ve en otros sectores, con el Estado más protagonista. ¿Cómo se hace compatible?

«Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Yo he escuchado a la Presidenta, hemos estado con el ministro de Obras Públicas, trabajando con Vivienda y las señales que se han dado en el presupuesto creo que van en la línea correcta. Ahora, hay que implementarlo. Lo que falta es complementar otros sectores: salud, cárceles, ferrocarriles y otros, pero en el resto, estamos en la línea correcta».

En CPI también hay un diagnóstico sobre la institucionalidad, en el sentido de que el área de concesiones -dada su envergadura en Chile-, no puede estar subordinada a la Dirección General de Obras Públicas del ministerio.

«La institucionalidad que tenemos hoy día es absolutamente insuficiente. Cuando partimos eran US$ 500 millones a US$ 600 millones (en concesiones) y hoy hay más de US$ 20 mil millones (en activos). Por tanto, esto no puede ser una división inferior del Ministerio de Obras Públicas», enfatizó el ex Presidente.

Pero destacó que cualquier cambio de la institucionalidad estará para el próximo gobierno, debido a los tiempos de tramitación de un proyecto, por lo que su materialización no puede frenar acciones ahora.

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