La actividad, desarrollada en el Auditorio del Palacio Pereira, permitió abordar de manera práctica conceptos, criterios y herramientas asociados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con especial énfasis en aquellos aspectos relacionados con la protección del patrimonio cultural.

La jornada forma parte del trabajo que impulsa la Subsecretaría del Patrimonio Cultural para fortalecer la coordinación entre los distintos organismos que participan en la evaluación y protección del patrimonio, promoviendo procedimientos más claros y una aplicación coherente de la normativa vigente.

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“Esta jornada es una muestra concreta de que podemos mejorar la gestión patrimonial a través de una mayor coordinación entre las instituciones del Estado. Contar con criterios comunes y herramientas compartidas permite fortalecer la evaluación de los proyectos y, al mismo tiempo, entregar mayor certeza respecto de los procedimientos, siempre teniendo como prioridad la adecuada protección de nuestro patrimonio cultural”, sostuvo Emilio De la Cerda, subsecretario del Patrimonio Cultural.

Por su parte, Arturo Farías, director ejecutivo del SEA, explicó que «el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental requiere de una coordinación permanente entre los distintos organismos que participan en él. Esta instancia con el Consejo de Monumentos Nacionales permite compartir conocimientos, alinear criterios y fortalecer las capacidades técnicas para abordar de mejor manera los proyectos que pueden generar impactos sobre el patrimonio cultural».

Los funcionarios de la Secretaría Técnica del CMN y varios consejeros del Consejo fueron los principales receptores de la actividad. Dado lo anterior, el secretario técnico Jorge Placencia valoró la iniciativa: “Es muy relevante contar con este tipo de instancias de formación y diálogo técnico. Nos permiten profundizar en el funcionamiento del sistema de evaluación ambiental, compartir criterios con el SEA y avanzar hacia una mejor articulación de los procesos, resguardando de manera adecuada los valores patrimoniales involucrados”, agregó.

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La iniciativa considera la ampliación del rajo, el crecimiento de la pila de lixiviación, la construcción y operación de una planta concentradora y un depósito de relaves, una planta desaladora y la instalación de tuberías y un acueducto, con un periodo de construcción de cinco años y una inversión de 7.500 millones de dólares.

En su sesión del miércoles 27 de mayo, el CMN revisó las propuestas para los componentes arqueológico y paleontológico del EIA, y su pronunciamiento será enviado al Servicio de Evaluación Ambiental. Respecto del segundo componente, los consejeros resolvieron dar conformidad a la línea de base y a los antecedentes remitidos asociados al Permiso Ambiental Sectorial correspondiente.

Dado que la naturaleza de las obras implica una continua remoción de material relacionado con unidades fosilíferas, se realizará, por parte de un asesor en paleontología, un monitoreo permanente (diario) en unidades fosilíferas y quincenal en unidades susceptibles. Los hallazgos de bienes paleontológicos serán destinados al Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama y habrá charlas de inducción a los trabajadores.

En lo referido al componente arqueológico, se realizó una prospección que cubrió alrededor del 90% del área de influencia del proyecto, registrándose 556 sitios, de los cuales 441 serán afectados por las obras. Para estos, el titular propone medidas de compensación tendientes al rescate de los materiales arqueológicos, establecidas en el PAS 132, así como acciones de difusión y mejoramiento de depósitos.

Entre los sitios identificados, destaca el Complejo Minero San José del Abra, que corresponde a una mina prehispánica en actividad entre los años 950 y 1536, y que está justo dentro del área de expansión del rajo. Está compuesto por seis sitios distribuidos en 7 hectáreas, descubiertos originalmente por Lautaro Núñez, e incluyen un campamento minero de más de 40 estructuras pircadas, una mina prehispánica compuesta por varios piques, muros de contención, área de chancado, corrales para animales, bodegas, senderos y otras estructuras, posiblemente ceremoniales.

Debido a lo anterior, los consejeros acordaron pronunciarse con observaciones en este punto, con el propósito de requerir más información, en especial sobre los sitios que componen el Complejo Minero San José del Abra, donde se propone la recolección sistemática y excavación del 100% de cada sitio a ser afectado, sin detallar cuántos metros se excavarán. Los consejeros sugirieron al titular evaluar una eventual reconstrucción de alguno de los componentes del complejo minero incaico.

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El organismo otorgó permisos de intervención arqueológica y se pronunció conforme con rescates arqueológicos ejecutados en el marco de proyectos altamente relevantes para el país, los que posibilitan el avance de los proyectos revisados.

Entre los proyectos que avanzan figura la ampliación de Collahuasi, cuya inversión asciende a USD 3.200 millones y contempla un nuevo sistema de procesamiento de mineral y la construcción de una planta desalinizadora. El CMN otorgó el permiso de intervención arqueológica de caracterización en 39 sitios identificados en la línea de base del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un paso técnico que despeja el camino hacia la evaluación ambiental formal.

 “Una de las promesas del gobierno encabezado por el Presidente José Antonio Kast es la reactivación económica del país, y el trabajo impulsado por el Consejo de Monumentos Nacionales en la sesión extraordinaria apunta hacia esa dirección. Los ocho proyectos revisados con pronunciamientos, que corresponden a sectores claves como minería, transporte y energía, podrían significar una inversión de más de US$6.700 millones. Agilizar y dar dinamismo a estos procesos es clave para reactivar la economía de nuestro país, y también para entender al trabajo patrimonial como condición habilitante del desarrollo, y no como obstáculo”, dijo el ministro de las Culturas, las artes y el patrimonio, Francisco Undurraga.

El enfoque que emerge de la sesión apunta a una gobernanza más proactiva: identificar el patrimonio arqueológico en etapas tempranas del diseño de los proyectos, tramitar los permisos con anticipación y resolver las observaciones en plazos acotados. En la práctica, esto significa que una empresa que inicia su proceso de evaluación ambiental puede tener claridad patrimonial antes de que la RCA esté aprobada, reduciendo la incertidumbre en las etapas más críticas del ciclo de inversión.

La Subsecretaría del Patrimonio Cultural, que ejerce la presidencia sobre el CMN, ha expresado que este modelo de relacionamiento temprano es parte de una agenda de modernización institucional más amplia, orientada a que Chile cuente con un sistema de gestión del patrimonio que sea, a la vez, riguroso en la protección y ágil en la respuesta al mundo productivo.

«El patrimonio arqueológico no es un veto al desarrollo: es un componente técnico que, gestionado con anticipación y metodología rigurosa, permite que los proyectos avancen con certeza jurídica y sin sorpresas”, dijo el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.

Detalle de los proyectos revisados

Un caso que ilustra la nueva dinámica es el sistema de transmisión eléctrica entre las subestaciones Tineo y Nueva Ancud, en la Región de Los Lagos (US$250 millones). Ante dos hallazgos no previstos detectados durante el monitoreo permanente en la construcción, el titular presentó la solicitud de permiso el 22 de abril y obtuvo su aprobación en la sesión del 6 de mayo —en menos de dos semanas—, tras subsanar observaciones técnicas de la primera presentación.

En el caso del Tren Santiago–Batuco (US$623 millones) y la Línea 9 del Metro, Tramo 3 (US$786 millones), el organismo se pronunció conforme a los informes de rescate arqueológico en sectores específicos, indicando que no existen impedimentos para el inicio de obras en esas áreas, lo que genera un gran avance en proyectos de Transporte.

La cartera revisada incluye también el Parque Fotovoltaico Llanos del Sol (US$635 millones, Tarapacá), para el que se otorgó permiso de rescate de diez hallazgos superficiales como condición para el avance de obras en esas zonas; y la continuidad operacional de la faena minera Distrito Pleito en Atacama (US$32 millones), con rescate conforme de 61 hallazgos distribuidos en dos etapas.

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El informe final N° 456 se refiere a múltiples casos pendientes de trámite. Por ejemplo, tras analizar la base datos “Gestor Documental CMN”, la Contraloría advirtió que de 18.540 solicitudes para autorizar la intervención de monumentos históricos, santuarios de la naturaleza, zonas típicas o pintorescas, de prospección y/o excavación arqueológica y paleontológica, existen 3.752 casos pendientes al 31 de mayo de 2024. De ese total, 1.395 corresponden a requerimientos de 2022; 1.652 de 2023 y, 705 de este año.

Igualmente, se comprobó que de los 18.540 requerimientos ingresados entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de este año, 2.532 corresponden a solicitudes relacionadas con obras públicas. Así, se advirtió que 704 de ellas no habían sido contestadas por el CMN, incluyendo algunas que llevaban hasta 878 días sin respuesta.

Sobre este punto, la Contraloría manifestó al servicio el deber de elaborar y formalizar un manual de procedimientos que establezca directrices para la mejor atención de las solicitudes, debiendo informar a CGR sobre esto en un plazo de 60 días. Además, el organismo de control iniciará un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos señalados.

Otros hallazgos

El informe de la II Contraloría Regional Metropolitana constató varias otras situaciones que implican falta de control. Entre ellos, casos en los que el nombre del requirente registrado en el “Gestor Documental CMN” no coincide con la información del ingreso. Asimismo, hay otros en los que no se acompañó la solicitud respectiva, hubo omisión del acta de sesión correspondiente y requerimientos respecto de los cuales no se acompañó ningún antecedente. Al respecto, la Contraloría planteó que dichas inconsistencias “no se ajustan a los principios de eficiencia, eficacia y control”, agregando que la falta de antecedentes atenta con la buena ejecución en la tramitación de los requerimientos. Dicho punto también deberá incorporarse en el sumario.

La auditoría también determinó un total de 21 perfiles de acceso al sistema Gestor Documental de la entidad, 14 de los cuales no cuentan con una descripción formal ni tampoco del nivel de acceso a la información que los usuarios tienen, lo que va en contra de lo establecido en el manual de procedimientos de dicha plataforma.

También se detectó que el servicio no tiene matrices de gestión que establezcan un ordenamiento entre los diferentes perfiles existentes en el sistema de información y los cargos que desempeñan los funcionarios involucrados en la gestión de obras públicas.

Por otra parte, se verificó igualmente que, en materia de dotación, el CMN no cuenta con una nómina que identifique los cargos por funcionario, por lo que no fue posible validar el número real de profesionales como arqueólogos, arquitectos, antropólogos, entre otros, que realizan las funciones necesarias para atender las solicitudes ingresadas.

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El objetivo de esta iniciativa, desarrollada por el SEA y conversado en mesas técnicas con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), fue elaborar una cartografía digital con el catastro de todos los sitios arqueológicos, paleontológicos, MH y ZTP en base a los registros que maneja CMN de los sitios existes, identificados en el marco del SEIA.

El desarrollo y aplicación de esta herramienta puesto al servicio de titulares, consultores, servicios y cualquier persona natural, permitirá evaluar y realizar prefactibilidades referentes a la localización de los proyectos, de modo tal que los interesados puedan tener un panorama general respecto a la realidad patrimonial presente en el área de influencia o en torno a ésta.

En este sentido, los titulares de proyectos podrán evaluar de manera previa al ingreso de su proyecto al SEIA si la localización y emplazamiento de sus proyectos es el más idóneo y las medidas a implementar en caso de que su proyecto presente elementos asociados a esta componente.

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El recorrido consideró, al igual que en la oportunidad anterior, la visita al Teatro Variedades, el Club Chuqui, el Instituto Chileno Norteamericano (ICHNAC), la Parroquia El Salvador y el Auditorio Sindical, el cual está siendo restaurado en su fachada y estructura. Además, se dio a conocer que prontamente comenzará la intervención de otros tres inmuebles que priorizó el Consejo de Monumentos Nacionales.

“La visita se enmarca en un proceso que hemos impulsado para que las comunidades conozcan los avances del Plan de Manejo de Chuquicamata que, en una primera etapa, contempla hacer el trabajo de recuperación de los edificios que hemos considerado en condición de emergencia producto de las condiciones climáticas”, explicó Héctor Cortes, asesor senior de Desarrollo Comunitario del Distrito Norte.

Participación

La visita fue destacada por los miembros de los grupos de ex habitantes del campamento que participaron de ella. “La gestión de Codelco es fabulosa en ese sentido, porque nos sentimos tomados en cuenta todas las agrupaciones y lo que queremos es que Chuquicamata no muera en el tiempo y que quede como patrimonio para la historia”, manifestó Jerónimo Bordones, perteneciente a la Agrupación Hijos y Amigos de Chuquicamata.

Por su parte, Silvia Lisoni, integrante de la Corporación para la conservación de la cultura chuquicamatina agregó que “siempre escuchamos que no se ha hecho nada y con esto en definitiva estamos haciendo algo. Los edificios están bien mantenidos, claro que en el corazón de un buen chuquicamatino le gustaría que todo esté precioso, pero no se puede, se nota que hay un trabajo de atrás que es patrimonial”.

De esta forma, Codelco demuestra el avance del Plan de Manejo de Chuquicamata, el cual fue formulado entre los años 2018-2019 y aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales en 2020, instancia que ha permitido el inicio de las obras de recuperación en el campamento.

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En la oportunidad, acompañado de personal de Servicios y Sustentabilidad, el ejecutivo recorrió los edificios del casco histórico y el cementerio, explicando en cada sitio el estado de los proyectos y el trabajo colaborativo que se está realizando con Monumentos Nacionales para la reparación y conservación.

Al respecto, Nicolás Rivera explicó que “este trabajo requiere una serie de procesos previos que se deben realizar con la autoridad, pero haremos todo el esfuerzo para que las obras de emergencia y de protección se ejecuten lo antes posible. De igual forma, continuaremos trabajando con el Consejo y las agrupaciones en la implementación del Plan de Manejo, de manera que nuestra historia y patrimonio se sigan conservando y puedan seguir siendo admirados por Chile y el mundo”.

Revisión

Otro de los objetivos que tuvo la visita técnica, fue revisar el estado de los edificios producto de las recientes precipitaciones que cayeron en la zona, evidenciando que –a diferencia de otras ocasiones- no hubo efectos mayores en estos.

Dentro del recorrido, también se abordó el cementerio, donde se están reforzando las actividades de mantenimiento del camposanto y sus especies arbóreas. De igual forma, se hizo una inspección visual a las áreas verdes del casco histórico, la mayoría de las cuales se mantienen en buen estado.

Por su parte, el asesor distrital de Desarrollo Comunitario, Héctor Cortés, explicó que esta visita es parte de una presentación que se le hizo al gerente general, en la que se le expuso desde Sustentabilidad los avances que existen en la gestión de patrimonio.

“Fuimos a terreno con nuestro gerente general, recorrimos los edificios patrimoniales como el Teatro Variedades y le explicamos el trabajo que se está haciendo con el Consejo de Monumentos Nacionales para su recuperación y los planes de restauración que hay para el resto de las instalaciones, trabajo en el que también está incluido el cementerio”, puntualizó.

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Todo lo anterior se enmarca en el Plan de Manejo que desarrollaron en conjunto Codelco y las agrupaciones ligadas al campamento, poniendo foco en la preservación del patrimonio material e inmaterial de la zona.

Esta actividad de inicio –que consideró todos los protocolos preventivos del Covid- tuvo como foco revisar los edificios que han sido afectados por las lluvias y vientos, identificar aquellos que requieren atención prioritaria e iniciar las obras de emergencia en los que estén más vulnerables.

Héctor Cortés, de la dirección de Desarrollo Comunitario de Codelco, explicó que “este encuentro tiene como objetivo priorizar las intervenciones de urgencia que requiere el campamento. Han sido muy buenas jornadas de trabajo en terreno, buscando generar las líneas de trabajo y coordinar los protocolos de intervención. Este trabajo surge además de la mesa técnica que mantenemos con las agrupaciones del campamento.”.

Por su parte, el secretario técnico del CMN, Erwin Brevis, comentó que “la efectiva protección, puesta en valor y difusión de los monumentos son nuestro objetivo; la experticia de Codelco es la extracción de cobre y a la vez la empresa asume el desafío del patrimonio de la gran minería que le corresponde cautelar. El trabajo colaborativo es el que permitirá materializar toda la potencia patrimonial de Chuquicamata, de resonancia comunitaria, local, regional y nacional”.

Convenio de Colaboración

Para trabajar de manera colaborativa y guiar el proceso de implementación del Plan de Manejo del Campamento, Codelco Distrito Norte y el CMN mantienen un convenio de colaboración que considera tres líneas de trabajo y que están orientadas a la redacción de las normas de intervención para la Zona Típica o Pintoresca de Chuquicamata; desarrollar las obras de emergencia y/o mantenimiento, y realizar acciones de difusión de las normas y obras.

En este sentido, Brevis explicó que con este convenio “se acompañará a la empresa en la implementación del Plan de Manejo, que contempla tareas y actividades hasta 2023. El compromiso de la empresa a mediano plazo es definir la administración del bien, mediante una fundación, corporación o similar, así como los usos de la reconversión de los inmuebles que componen el Centro Cívico, y en lo inmediato ejecutar un efectivo Plan de Mantenimiento del conjunto, para asegurar su conservación”.

De esta manera, se inició el trabajo técnico que permitirá recuperar los edificios que conforman el centro cívico de Chuquicamata y reforzar todo el trabajo que están realizando las activas agrupaciones del campamento.

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Se trata de 42 hectáreas de la antigua ciudadela minera (que en mayo cumple 100 años), ubicada a 15 kilómetros de Calama.

La denominación fue declarada, en primera instancia, para 180 hectáreas del ex campamento.

Dicha delimitación se revisó luego que Codelco solicitara reducir el espacio a 36 hectáreas, para no afectar áreas que están en operación. La denominación debe ser ratificada por el Ministerio de Educación.

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