La actualización de la norma es el resultado de un proceso técnico liderado por el Ministerio del Medio Ambiente, que incluyó la revisión de la normativa vigente y una consulta ciudadana realizada entre agosto y noviembre de 2025, cuyas observaciones fueron incorporadas en el Proyecto Definitivo.

El ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, comentó que «el objetivo central de la actualización es fortalecer, de manera preventiva, la protección de la salud de la población frente a los efectos agudos de este contaminante. Con este proyecto definitivo, ya son nueve las normas de calidad del aire y de emisión aprobadas por el Consejo de Ministros durante la actual administración”.

El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se genera por la combustión incompleta de materiales que contienen carbono y que, al ser inhalado, reduce la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, pudiendo afectar especialmente a personas con enfermedades cardiovasculares.

El fortalecimiento de la normativa se expresa en la incorporación de un nuevo parámetro de evaluación de 24 horas para monóxido de carbono, alineado con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (Guías de Calidad del Aire 2021), manteniendo los estándares vigentes para los promedios de 1 y 8 horas. De esta forma, la norma consolida un enfoque preventivo y basado en evidencia científica para resguardar la salud de la población.

La norma establece, además, criterios claros para la evaluación del cumplimiento mediante percentiles de las concentraciones registradas en estaciones con representatividad poblacional y mantiene los niveles que activan episodios críticos (alerta, preemergencia y emergencia), los que permiten gatillar medidas en los planes de prevención y descontaminación atmosférica cuando corresponde.

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Al respecto, la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que “esta actualización es una herramienta fundamental para que las personas puedan respirar un aire más limpio. Estamos actualizando los estándares, en línea con la evidencia científica y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero lo hacemos con gradualidad y coordinación, considerando las realidades de los territorios y cuidando que este proceso sea justo para las familias”.

Según relevaron desde el ministerio, la actualización establece nuevos límites máximos de concentración para el material particulado fino, fijando un valor anual de 15 microgramos por metro cúbico (µg/m³) y un valor diario de 38 µg/m³, elevando el estándar de la norma vigente desde 2011 y que se alinea con las recomendaciones de la OMS.  En el caso de los episodios críticos, los rangos que definen alerta, preemergencia y emergencia se reducen respecto de los valores actuales, reforzando la protección de la salud de la población frente a episodios de alta contaminación.

Así también, resaltaron que la norma establece una gradualidad de cinco años para la entrada en vigor de los nuevos niveles de episodios críticos, desde su publicación. Este tiempo permitirá avanzar en la implementación de la Ley de Biocombustibles Sólidos, del Ministerio de Energía, y en las medidas de los planes de descontaminación, asegurando la correcta preparación en los hogares y las actividades productivas.

En ese contexto, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, afirmó que “como Ministerio de Economía, estamos comprometidos con impulsar estándares ambientales robustos con gradualidad en su implementación para facilitar el cumplimiento de los plazos y que dialoguen de manera coherente con el desempeño de sectores productivos estratégicos. Las decisiones abordadas hoy avanzan hacia una regulación más precisa, técnicamente sólida y consistente. Nuestro foco es asegurar que las necesarias normativas ambientales puedan proporcionar certezas para la inversión, permitiendo que el país progrese hacia un desarrollo sostenible con reglas claras y operativas”.

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Desde el Ministerio del Medio Ambiente explicaron que este instrumento establece límites más exigentes y controles progresivos que permitirán reducir las emisiones al aire de contaminantes altamente nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente, como material particulado (MP), dióxido de azufre (SOâ‚‚), arsénico (As) y mercurio (Hg), mejorando así la calidad del aire en zonas históricamente afectadas por la actividad industrial.

“Nuestro objetivo como Ministerio es mejorar la calidad de vida de las personas y proteger nuestro patrimonio natural. Con la aprobación de esta nueva norma avanzaremos en esa dirección porque su aplicación progresiva permitirá disminuir las emisiones contaminantes, impulsando un desarrollo más sostenible”, comentó la ministra Maisa Rojas.

Etapas

La aplicación de la norma considera tres etapas de implementación, e incorpora límites diferenciados para fuentes nuevas y existentes. Entre las principales exigencias se encuentran porcentajes mínimos de captura y fijación de contaminantes, límites globales anuales de emisión expresados en toneladas por año, y restricciones específicas para chimeneas de procesos unitarios.

En una primera etapa, que se inicia con la publicación en el Diario Oficial, se congelarán las emisiones actuales y se exigirá a las fuentes existentes capturar al menos el 95% de sus emisiones de azufre y arsénico. Las nuevas instalaciones, en tanto, deberán alcanzar un 99,5% de captura. En etapas posteriores, a los tres y nueve años, se endurecen progresivamente los requisitos: las fuentes existentes deberán alcanzar un 96% y luego un 98% de captura, junto con una reducción considerable en sus límites máximos de emisión.

Además, la norma exige la implementación de planes de control de emisiones de material particulado con una eficiencia promedio mínima global del 85% en actividades de manejo, transporte y almacenamiento de concentrado de cobre, así como la adopción de prácticas operacionales permanentes para evitar emisiones fugitivas. Las exigencias serán fiscalizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que también establecerá protocolos de medición y verificación.

La actualización de esta norma se inició en 2020 y fue sometida a una consulta pública entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, instancia en la que se recibieron observaciones de ciudadanía, empresas, academia y sociedad civil. Como resultado del proceso participativo, se incorporaron mejoras al texto, ajustes en algunos límites de emisión y nuevas obligaciones de control de material particulado.

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Desde el Ministerio del Medio Ambiente explicaron que esta herramienta regulará el uso de certificados de reducción o absorción de emisiones, un mecanismo clave en la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), normativa publicada en junio de 2022 y que establece como meta que el país sea carbono neutral y resiliente a los eventos meteorológicos extremos a más tardar en 2050.

El Reglamento del Sistema de Compensación de Normas de Emisiones es el último que se debía aprobar tras la creación de la LMCC, llegando así a siete aprobados y cinco modificados. En particular, este instrumento también establecerá las condiciones para que las empresas y los sectores regulados puedan compensar sus emisiones a través de proyectos que reduzcan o absorban gases de efecto invernadero.

«Este reglamento es fundamental para la implementación de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) y la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), ya que permitirá monitorear rigurosamente los compromisos de reducción de emisiones. Además, regulará los procedimientos de verificación y el registro de estos certificados, fortaleciendo la transparencia y la eficacia de las acciones climáticas del país”, comentó el ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.

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La revisión a esta regulación – que fue la primera norma ambiental en Chile – busca dar mayor certeza técnica y jurídica, avanzar en acciones preventivas y fortalecer la fiscalización. De hecho, alrededor de un 50% de las denuncias recibidas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) corresponden a ruido.

Entre las modificaciones se encuentra una mejora de la zonificación para entregar mayor certeza en el límite a cumplir por las fuentes fijas. También se determina de mejor manera el límite de ruido en zona rural al, por ejemplo, extender el tiempo mínimo de medición de ruido de fondo.

Además, se mejoran los métodos para la determinación del nivel de emisión de ruido de fuentes fijas según la normativa internacional y se incorporan buenas prácticas para el control de ruido, impulsando la autogestión preventiva para las fuentes de ruido más denunciadas. También se incorpora la posibilidad de realizar un apoyo en el control de ruido de fuentes fijas mediante Ordenanzas Municipales.

Eficiencia energética para vehículos medianos

En la sesión también se aprobaron nuevos estándares sobre eficiencia energética para vehículos medianos, que tienen como objetivo promover la renovación del parque con vehículos más eficientes, con énfasis en aquellos de cero emisiones (como eléctricos, híbridos o hidrógeno), reduciendo la dependencia de combustibles fósiles importados; disminuyendo el costo de generar energía al reducir la demanda por esta y; aumentando la sustentabilidad del sector al reducir la contaminación local y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como efecto de un consumo menor de combustibles.

Se estima que la normativa generaría un ahorro energético de 6.196 miles de barriles de petróleo equivalente al 2035. Asimismo, es un aporte a la meta nacional de emisiones de COâ‚‚, equivalente al 4,4% de la meta de ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, la que llega al 15% de la meta si se suma a los estándares de vehículos livianos.

En la instancia, también, se aprobó el reglamento de normas de emisión de gases de efecto invernadero y la evaluación ambiental estratégica de la Política Nacional de Desarrollo Urbano.

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Según detallaron desde el Gobierno, el reglamento aprobado permitirá hacer más eficiente y ordenada la elaboración de normas para la protección ambiental y de la salud de la población y crear instrumentos con la participación del sector público, de la sociedad civil y los regulados, haciendo los procesos más robustos y transparentes.

En esa línea, afirmaron que, para cumplir estos objetivos, entre otros aspectos, se ajustan los plazos del procedimiento, se crean instancia previa de estudio y recopilación de antecedentes y opción para la modificación de normas y se refuerzan las instancias del Comité Operativo y Comité Operativo ampliado con amplia participación. Asimismo, se establece que el anteproyecto sea enviado al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y el proyecto definitivo es aprobado por resolución y publicado.

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La normativa establece un límite de concentración de arsénico en el aire de 23 nanogramos por metro cúbico (ng/m³), en línea con las recomendaciones de la agencia medioambiental de Estados Unidos (EPA). Para calcular la superación de la norma se considerará un promedio de la concentración anual de tres años sucesivos. De todas maneras, si el valor promedio de 1 año supera el valor de 46 nanogramos por metro cúbico (ng/m³), se entiende de inmediato por superada.

Según detallaron desde el Consejo, en caso de estar cerca de superar la norma o al constatar que fue sobrepasada, se debe declarar la zona como latente o saturada, con lo que se da inicio a la elaboración de un Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica para, en este caso, el arsénico. Los planes incluirían medidas para reducir la contaminación por arsénico, las que sumarían acciones que impactarían en las fundiciones como fuentes puntuales y otras fuentes fugitivas de esas comunas.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, comentó que «esta aprobación es un hito para el país al fortalecer nuestro marco normativo para proteger la salud de las personas. La Norma Primaria de Calidad del Aire para Arsénico permitirá el desarrollo de planes de prevención o descontaminación en los territorios donde se acerque o supere el umbral establecido. Los planes incluirán medidas concretas para reducir el arsénico presente en el aire».

De acuerdo a información recopilada por el Ministerio del Medio Ambiente, en Chile el 99% de las emisiones de arsénico generadas por fuentes puntuales corresponde a las fundiciones de cobre, por lo que la futura aplicación de la norma tendría impacto en las comunas en las que se ubican estas instalaciones. De acuerdo a lo anterior, las comunas en que se han encontrado concentraciones más elevadas de arsénico son Calama y Copiapó -Tierra Amarilla, en donde se deberá evaluar de manera prioritaria si la norma fuera sobrepasada o no

Tras la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, la norma queda lista para el pronunciamiento del Presidente de la República e ingreso a Contraloría para toma de razón. Luego de ello será publicado en el Diario Oficial.

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Los cambios incluidos mejorarán la participación ciudadana, fortalecerán los instrumentos de gestión ambiental –como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)- y resolverán incertidumbres para comunidades e inversionistas en la tramitación de proyectos.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró la aprobación y destacó que “esta propuesta incluye los aportes de los distintos actores, los que fueron recogidos en un proceso amplio de participación. Esta reforma se plantea como un proyecto de ley equilibrado al combinar aspectos pro-ciudadanía, pro-ambiente y pro-inversión. Está alineado con el Acuerdo de Escazú al mejorar la participación y también disminuye incertidumbres y hace más eficiente la tramitación de proyectos de inversión, mejorando los estándares ambientales”.

La titular de Medio Ambiente añadió que “como país tenemos una gran oportunidad. Este proyecto nos permitirá alcanzar un gran acuerdo transversal para proteger a las personas, el medioambiente y dar certezas a las comunidades e inversionistas”.   

Con la aprobación por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, la propuesta quedó lista para ser ingresada próximamente al Congreso para su tramitación legislativa.

SEIA: mayor componente técnico

Desde el Ministerio de Medio Ambiente explicaron que uno de los aspectos principales de la reforma es mejorar al SEIA. Tras 30 años de funcionamiento, su modernización permitirá prevenir los impactos ambientales, fortalecer la participación ciudadana y hacerlo más eficiente, manifestaron.

Para ello, por ejemplo, se informó que se fortalecerá el carácter técnico en la calificación de proyectos, para lo que se eliminará el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coeva). Serán reemplazadas por el pronunciamiento de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la Dirección Regional del organismo, respectivamente. Con esto, las decisiones se basarán en antecedentes técnicos y evidencia científica.

Asimismo, se detalla que las modificaciones al SEIA apuntan a avanzar en mayor acceso a la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que representa el 95% de los proyectos evaluados en el Sistema. Por ello, se eliminan los conceptos de “cargas ambientales” y de “comunidades próximas”, que han sido fuente de importante incertidumbre para los titulares y de exigencia excesiva para la ciudadanía, provocando la intervención de tribunales en reiteradas ocasiones.

Además, se creará un procedimiento voluntario de participación temprana. Así, los inversionistas podrán mejorar el diseño de sus proyectos en etapas tempranas, previo a ingreso al sistema. Existirán reglas claras para la relación entre las comunidades y las empresas, con el objetivo de evitar conflictos socioambientales que generan problemas a nivel comunitario y, cuando se judicializan, retrasan la tramitación de los proyectos.

También, se crea un recurso de reclamación único y simplificado que entrega certeza sobre las vías de impugnación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a todos los actores. Este nuevo recurso de reclamación tendrá legitimidad amplia y la Dirección Ejecutiva del SEA deberá responder basado en los antecedentes técnicos entregados, en un plazo acotado.

Del mismo modo, el informe puntualiza que se introducirán modificaciones para considerar los impactos acumulativos y sinérgicos en la evaluación de proyectos en el SEIA. Los proyectos deberán informar sobre los impactos de otras iniciativas en el área de influencia y serán parte del procedimiento de evaluación.

De igual modo, se entregan certezas en materias como la revisión extraordinaria de una RCA, tipologías de ingreso, término anticipado de la evaluación, consultas de pertinencias. Se crean reglas especiales de disminución de plazos de evaluación para necesidades públicas urgentes o en el caso de que existan instrumentos de ordenamiento territorial.

Daño ambiental

La propuesta elaborada por el Ejecutivo, alineada con el Acuerdo de Escazú, mejora la acción de reparación estableciendo la legitimación activa como parte principal a todo evento del Consejo de Defensa del Estado.

Asimismo, se crean mecanismos para disminuir las asimetrías al momento de presentar pruebas y se clarifica mejor el plazo de prescripción por daño ambiental, lo que permitirá cumplir con el principio de responsabilidad, una mayor protección del medio ambiente y dotar de mayor certeza jurídica a las decisiones de los tribunales.

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El ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, comentó que “esta es una modificación muy relevante para las personas que viven en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Ampliar a todo el año la gestión de episodios críticos permitirá prevenir altas concentraciones de contaminantes y disminuir el riesgo de la salud de los habitantes de esta zona, no importando qué época del año sea”.

Del mismo modo, Proaño aseveró que “era urgente realizar este cambio porque al tratarse de un territorio altamente vulnerable a la contaminación se requería contar con la aplicación de los planes operacionales de las empresas instaladas en estas comunas, los que sólo rigen en el periodo de Gestión de Episodio Crítico”.

Efectos

Sobre esta medida, el delegado presidencial para la Gestión de la Crisis Socio-Ambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví, Alejandro Villa, comentó que «esta modificación al Plan de Descontaminación es un gran avance porque permitirá que las empresas puedan aplicar sus planes operacionales ya no solo en invierno, sino que, en cualquier oportunidad, siempre y cuando las condiciones atmosféricas de la bahía y la salud de las personas así lo ameriten. De esta manera, se dará más seguridad para todas y todos».

A su vez, el seremi del Medio Ambiente de la Región De Valparaíso, Hernán Ramirez, explicó que “si bien durante todo el año se realiza vigilancia de calidad del aire, así como fiscalizaciones permanentes, durante el periodo GEC estas actividades se refuerzan por parte de los servicios con competencia ambiental, focalizando aún más los esfuerzos en el territorio. En ese sentido, avanzar en la extensión del periodo GEC es un paso más en nuestro compromiso con las comunas largamente afectadas por la contaminación”.

El Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví fue publicado en marzo de 2019 y estableció que, por un periodo de tres años, el periodo GEC aplicaba de enero a diciembre, pero luego lo hacía sólo desde el 1 de abril y el 30 de septiembre. Esta modificación se realizó luego que en mayo pasado se iniciara el proceso, en donde se aprobó el anteproyecto, el que fuera sometido a consulta pública.

Cabe recordar que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático es una instancia liderada por el Ministerio del Medio Ambiente y que cuenta con la participación de los ministerios de Hacienda, Economía, Energía, Educación, Transportes, Obras Públicas, Salud, Agricultura, Vivienda, Desarrollo Social, Minería, y Ciencia.

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La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró la creación del área marina protegida:  “Con esta medida avanzamos en la conservación de la biodiversidad marino costera generando oportunidades de desarrollo sostenible para las comunidades locales, promoviendo beneficios económicos relacionados con el turismo, la recreación y la pesca. Además, al ser birregional, planteará un importante desafío de colaboración en términos de administración y gobernanza”.

Impacto en el desarrollo de proyectos

Respecto al anuncio del Gobierno, Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), afirmó que “se ha indicado que la decisión no implica una prohibición de realizar actividades productivas determinadas. Sin embargo, no cabe duda que la intención de fondo es impedir el desarrollo de infraestructura esencial para actividades productivas, tales como puertos o desaladoras. Esto puede hacer inviables proyectos mineros en un amplio sector de la región«.

“En consecuencia, incluso es válido plantearse dudas respecto de si es una forma soterrada de intentar hacer inviables proyectos mineros relevantes que necesitan de infraestructura complementaria para su desarrollo”, expresó el líder gremial.

Al respecto, manifestó que “sería deseable, por lo tanto, una mayor transparencia en este tipo de procesos. Ello, por cuanto para empresas interesadas y comunidades locales afectadas, ha sido difícil hacerse oír en este caso. Incluso, han debido recurrir a instancias judiciales, que están aún pendientes de pronunciarse”.

“En esta línea, incluso se conoció que en una presentación realizada al Comité de Ministros se omitieron antecedentes clave por parte de autoridades locales de gobierno, respecto de la existencia de la existencia de proyectos en la zona evaluada, situación grave que fue abordada en la Comisión de Medioambiente del Senado”, aseveró Riesco.

En este contexto, el presidente de Sonami recalcó que “vemos una opacidad e intervencionismo político que incrementa el clima de incertidumbre y de incerteza jurídica”.

Asimismo, comentó que “que apoyamos y respaldamos desde ya las acciones que las empresas afectadas han iniciado, así como las que emprendan a futuro, con el fin de resguardar su propiedad y el derecho a desarrollar sus proyectos, los que además conllevarían importantes beneficios al país y a las comunidades locales”.

Finalmente, Jorge Riesco hizo un llamado al Gobierno “a comprometerse con una agenda que permita abordar el entramado de obstáculos que desincentivan la inversión y el desarrollo de proyectos mineros que tienen el potencial de aportar al crecimiento del país”.

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