La iniciativa propone medidas que apuntan a la sostenibilidad ambiental, junto con fomentar un desarrollo económico más responsable y acorde con la realidad hídrica del país.

El texto regula y define los sistemas de reutilización de aguas residuales transportadas a través de emisarios submarinos. Así, propicia su tratamiento, depuración y regeneración, para que puedan ser reutilizadas en el área industrial y el riego.

De esta forma, las aguas residuales podrán usarse con distintos niveles de tratamiento. Un reglamento que se dictará tras la promulgación de la norma definirá estos niveles, según el tipo de uso.

Informó el texto en Sala el diputado y promotor de la iniciativa, Víctor Pino. Participaron, además, en el debate las y los diputados Félix González, Carolina Tello, Alberto Undurraga, Roberto Arroyo y Nathalie Castillo.

Todas las intervenciones valoraron el objetivo de la norma, en orden a reutilizar las aguas en el contexto de cambio climático y crisis hídrica. Lo anterior, considerando la necesidad de garantizar la disponibilidad de agua, tanto para las personas como para las actividades productivas.

Aguas residuales

La iniciativa regula y dispone el reúso o reutilización de aguas residuales tratadas, descargadas a través de emisarios submarinos, para que estas se utilicen en determinados usos productivos. Quedarán exentas de la aplicación de esta ley los Servicios Sanitarios Rurales, cualquiera sea su organización y estructura.

Las aguas residuales destinadas al riego o a la inyección de acuíferos, deberán ser sometidas a un sistema de tratamiento, que garantice los estándares exigidos por las normas técnicas pertinentes.

En tanto, los titulares de concesiones que transporten por tuberías las aguas residuales, también conocidas como aguas negras, deberán realizar las inversiones necesarias para su reutilización.

Al respecto, la autoridad competente establecerá los estándares técnicos que las aguas residuales deban cumplir en los puntos de entrega designados, de acuerdo con los usos establecidos.

Además, por medio de sus resoluciones, la autoridad podrá otorgar concesiones de reutilización, velando por el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua.

Con todo, vía reglamento y dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta ley, se fijarán los requisitos mínimos de calidad del agua residual tratada, así como las medidas técnicas y sanitarias para el uso de actividades de riego, recuperación de ecosistemas, inyección de acuíferos, industrial y minero.

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Entre los conferencistas internacionales destacan el Dr. Julián M. Ortiz-Cabrera, académico de la Universidad de Exeter e investigador en Geoestadística; y el Dr. Yousef Ghorbani, experto en química de materiales de la Universidad de Lincoln. A ellos se suman figuras del ámbito nacional como el economista Eduardo Bitran Colodro de la Universidad Adolfo Ibáñez, economista y miembro del directorio de Codelco; la Dra. Aldonza Jaques, química y directora de Innovación de la Universidad Federico Santa María; la Dra. Nadia Mery Guerrero, investigadora en planificación minera de Advanced Mining Technology Center, AMTC, de la Universidad de Chile; y el Dr. René Rojas Guerrero, director del proyecto ANID Direct Lithium Extraction (DLE) de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Los organizadores del encuentro manifestaron que ARMMIC 25 se perfila como un espacio para la discusión y difusión de investigaciones aplicadas en minería y metalurgia. Su programa incluye ponencias, paneles y posters, además de la publicación de los mejores trabajos en la revista indexada en WoS, Jouurnal of Sustainable Mining.

El congreso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Ciencias y Tecnología, el Ministerio de Minería, Corfo, Sonami, Sernatur, la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), Fundación Jóvenes Mineros y la Escuela de Negocios Mineros, además de la sponsorización del centro Lithium I + D + i , HEUMA y PCT.

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La misión del congreso es impulsar el desarrollo y la competitividad del sector, abordando desafíos actuales y futuros mediante la colaboración y la generación de conocimiento aplicado.

El programa contempla conferencias magistrales y paneles especializados en las áreas de Ingeniería Minera, Metalurgia, Minería Verde, Minería 4.0 y Ciencia de Materiales y Nanotecnología, con énfasis en la sostenibilidad y la innovación.

“Este congreso representa un importante hito tanto para el Doctorado en Minería como para la Universidad Católica del Norte. Esperamos reunir en Antofagasta a investigadores en las distintas áreas que abarca el congreso, gracias a las relaciones que hemos establecido con universidades nacionales e internacionales durante el desarrollo del programa de Fortalecimiento ANID. Nuestra visión es posicionar a ARMMIC como el evento de referencia de la investigación aplicada a la industria minero metalúrgica en Chile y el mundo”, destacó el Dr. Julio Valenzuela Elgueta, director del Doctorado en Minería de la UCN y parte del comité organizador del congreso.

Patrocinadores y sponsors

ARMMIC cuenta hasta el día de hoy con los patrocinios del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; la Asociación de Industriales de Antofagasta y la Escuela de Negocios Mineros de la Universidad Católica del Norte.

 ARMMIC 25 recibe aportes de Lithium I + D + i, el consorcio HEUMA y colaboraciones desde el Parque Científico Tecnológico, sponsors del evento. El comité organizador informó que continúa las conversaciones con empresas del sector para seguir consolidando partners.

Speakers confirmados

Los organizadores detallaron que este congreso centra su desarrollo en la presentación de charlas de interés científico y tecnológico de reconocidos investigadores internacionales y nacionales, entre los que se encuentran confirmados Julián Ortiz-Cabrera, académico de Camborne School of Mines de la Universidad de Exeter; Yousef Ghorbani, profesor en Energy Materials and Chemistry de la Universidad de Lincoln, ambos de Reino Unido; Nadia Mery, del Advanced Mining Technology Center (AMTC), perteneciente a la Universidad de Chile; y Aldonza Jaques, directora de Desarrollo y Transferencia Tecnológica y académica del departamento de Química de la Universidad Técnica Federico Santa María.

Applied Research in Mining and Metallurgy International Congress cerrará el evento con la participación del economista Eduardo Bitran, quien dictará una charla magistral sobre los desafíos que enfrenta la industria minero metalúrgica para su desarrollo, adaptación y consolidación.

Otro hito destacado por la organización es que ARMMIC 25 ha llegado a un acuerdo con la revista científica Journal of Sustainable Mining, para realizar una edición especial del congreso dedicado a los trabajos presentados.

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Cabe recordar que en su versión 2023, Expomin congregó a 1.270 expositores y, durante sus 4 días de funcionamiento, recibió en total a 58.052 de visitantes.

El venue cuenta con una superficie total de 120.000 m2 y recibe anualmente todo tipo de actividades públicas y privadas, así como reuniones y encuentros de pocas personas, hasta ferias, espectáculos, cumbres gubernamentales o congresos internacionales.

Al respecto, Ximena Barra, gerente de Operaciones de Fisa, comentó que “Espacio Riesco es un lugar conocido donde hemos realizado otras versiones de Expomin en el pasado. Posee edificios que facilitan el desarrollo de la feria y congreso. No obstante, la magnitud del evento supera las instalaciones permanentes, por lo que existen áreas adicionales donde instalaremos pabellones temporales para expandir las zonas de exhibición”.

Es así como Expomin 2025 se desplegará en 100.000 m2 de exhibición y se conformará de diferentes pabellones feriales distribuidos por toda la superficie del recinto, estos son: Hall 1, Hall 2, Hall 3, Pabellón Minero y las Área descubiertas. El congreso internacional tendrá lugar en centro de convenciones del recinto, que en su última versión consideró 3.581 participantes, 14 seminarios y más de 100 relatores.

Asimismo, Barra contó que “en todos mis años como parte de Operaciones, Expomin siempre ha sido un desafío que empuja a los equipos a entregar el máximo de sus capacidades. A pesar de la experiencia, cada versión presenta diversas y nuevas situaciones que resolver operativamente”.

El recinto cuenta con una gran capacidad de estacionamientos, así como una conectividad directa con autopistas y metro. En esa línea, Fisa está desarrollando un Plan de Movilidad robusto donde se está trabajando con diferentes instituciones públicas y privadas, como el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, asesores y aliados estratégicos.

A su vez, Francisco Sotomayor, CEO de GL events Chile, reveló que “queremos orientar la implementación del plan con una visión sustentable, fomentando el uso de este sistema de movilidad desde diferentes puntos de Santiago, con el fin de disminuir la llegada de automóviles y mitigar la congestión que genera Expomin en su entorno cercano. Todos los que vayamos a este gran evento seremos responsables de colaborar con una feria comprometida con el medio ambiente”.

Lo organizadores aseguraron que la feria minera más importante de Latinoamérica se ha consolidado como un espacio clave para el intercambio de conocimientos, experiencias y, especialmente, la presentación de tecnologías que impulsan la innovación y mejoran la productividad en los procesos mineros.

Para mayor información respecto a cómo ser parte de Expomin 2025, puede escribir al correo ventas@expomin.cl.

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La citación formal tuvo como propósito informar sobre las acciones y medidas adoptadas por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en respuesta a los recientes sistemas frontales que afectaron las zonas centro y sur del país, con especial atención a los riesgos de deslizamientos de tierra.

En su intervención, Espinoza destacó la necesidad de incrementar la implementación de tecnologías de monitoreo y ampliar los estudios de cuencas y cartografías respectivas. Subrayó que estos avances son cruciales para una gestión más efectiva y proactiva de los riesgos geológicos. «El mensaje principal es la prevención«, afirmó Espinoza, enfatizando la importancia de una mayor coordinación con los municipios e impulsar una cultura de seguridad entre la población.

Por su parte, Pedro Berríos informó sobre la coordinación de Sernageomin con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y otras instituciones que conforman el Sistema Nacional de Preparación y Respuesta ante Desastres. Esta colaboración busca optimizar la gestión del riesgo en el país, mejorando la respuesta ante eventos naturales adversos y asegurando la protección de las comunidades vulnerables.

Ambos representantes subrayaron la necesidad de adoptar un enfoque preventivo en la gestión de riesgos geológicos. La implementación de tecnologías avanzadas y la realización de estudios detallados son pasos fundamentales para anticiparse a posibles deslizamientos de tierra y mitigar sus impactos. Además, destacaron la relevancia de fomentar una cultura de seguridad que permita a la ciudadanía estar mejor preparada y responder adecuadamente ante emergencias.

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El ministro de Energía, Diego Pardow, destacó el trabajo parlamentario que ha tenido la discusión de este proyecto de ley. “Esta iniciativa se ha trabajado en conjunto con parlamentarios de gobierno y de oposición, dejando en evidencia el valor del diálogo cuando empujamos propuestas que afectan a las familias de nuestro país “, dijo la autoridad.

“Quiero insistir en que este es un proyecto muy importante para las familias chilenas porque nos permite moderar las alzas que fueron anunciadas en las cuentas de luz de las personas y al mismo tiempo atender con un subsidio la situación de los consumidores vulnerables”, añadió el secretario de Estado.

La propuesta legislativa, que busca atenuar las alzas en las cuentas de la electricidad, contempla la creación de un subsidio inédito para el segmento más vulnerable de la población, y aborda el pago de las deudas acumuladas tras el congelamiento de tarifas a partir de 2019, ahora contará con un periodo de ingreso de indicaciones hasta el próximo viernes 22 de marzo, las que serán discutidas en una sesión especial de esta instancia a realizar el próximo lunes 1 de abril hasta su total despacho.

Posteriormente, el proyecto, que actualmente se encuentra con urgencia para su tramitación parlamentaria, seguirá su segundo trámite legislativo en la Comisión de Hacienda y luego será debatido en sesión de sala de la corporación.

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Acades estima que esta instancia reunirá a más de 400 asistentes vinculados con la industria, nacionales como internacionales, donde se podrán escuchar charlas que aborden temáticas como:

• Cambio Climático y Seguridad Hídrica.
• Medio Ambiente y Comunidades.
• Políticas Públicas y Marco Regulatorio.
• Innovación y Nuevas Tecnologías.
• Water Positive.
• Y otros temas relacionados con la generación de nuevas fuentes de agua.

A continuación te detallamos el cronograma completo de estos dos días de intercambio de conocimientos:

Programación Día 1

• 08:00 – 08:40 Inscripciones y Coffee Break.
• 08:40 – 10:00 Inauguración: Nuevas fuentes de agua para Chile.
• 10:00 – 11:40 Estado del arte de la desalación y el reúso en diversas industrias en Chile.
• 11:40 y 12:10 Coffee Break.
• 12.10 – 13:55 Perspectivas de la minería chilena en la desalación y reúso.
• 13:55 – 15:10 Almuerzo
• 15:10 – 17:00 Desafíos regulatorios de la industria del agua.
  • Nuevas fuentes de agua para nuevos desafíos en Chile.
  • Financiamiento y bancabilidad de proyectos: Construcción de confianzas.
• 17:30 – 19:00 Experiencias compartidas: Proyectos de desalinización en desarrollo
  • Inserción territorial y relacionamiento comunitario.
  • Reúso de aguas: Tecnología y grandes proyectos a la vista.
• 19:00 – 19:45 Cierre.
  • Cena del agua.
  • Premiación Siemens Water Innovation Challenge.

Programación Día 2

• 08:30 – 10:00 El futuro: Water positive.
• 10:00 – 11:30 Reúso y desalación sustentable.
• 11:30 – 12:00 Coffee Break.
• 12:00 – 13:45 La experiencia internacional: Historias de éxito en la seguridad hídrica.
  • Definiciones de estándares y soluciones para la seguridad hídrica.
  • Tecnologías de la información para la gestión de procesos de agua.
• 13:45 – 15:00 Almuerzo.
• 15:00 – 16:45 Crisis del agua: El liderazgo de los gobiernos locales de cada al día cero.
  • Concesiones de obra pública y política de infraestructura del agua.
  • Innovaciones en procesos de desalación y reúso.
• 16:45 – 17:05 Coffee Break.
• 17:05 – 18:50 Agua desalada, reúse y agricultura.
  • Modelos de transporte eficiente en la GICH.
  • Tarificación del agua en el escenario de cambio climático.
• 18:50 – 19:15 Cierre.

Para conocer más detalles de los speakers ingresa AQUÍ. 

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Este miércoles, en sesión especial, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó (por 101 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones) las enmiendas realizadas por el Senado y, de esta forma, el proyecto finalizó su tramitación parlamentaria.

En general, el proyecto establece un nuevo esquema tributario para los explotadores mineros que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año que considera un impuesto ad valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre, y un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% según margen operacional. Se fijó una carga tributaria potencial máxima entre 45,5% y 46,5% dependiendo del volumen de producción.

Esta nueva estructura impositiva empezará a regir a partir de 2024 y, en régimen, espera recaudar 0,45% del PIB (equivalente a aproximadamente US$1.350 millones), de los cuáles US$450 millones serán distribuidos directamente para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la visión de los diputados que iniciaron esta moción en 2018 y el aporte de los parlamentarios y de la industria que permitió perfeccionar el proyecto durante su tramitación, de modo tal que el Estado aumentará su participación en las rentas económicas de la minería y, al mismo tiempo, se mantiene el desarrollo sostenible de la industria. “Hoy podemos decirle al mundo minero que va a tener que pagar mayores impuestos, pero ya saben cuáles son. Van a estar en condiciones de poder evaluar con certeza sus proyectos, poder ponerlos en marcha y poder materializar inversiones que son muy importantes en este sector”, señaló.

Sobre los recursos para las regiones y comunas, la autoridad agregó que “estamos hablando de un tercio de la recaudación en régimen. Los otros dos tercios van, en los primeros años, a financiar el esfuerzo para mejorar la capacidad de nuestras policías, de nuestro sistema de administración de justicia para reducir la delincuencia en Chile. También van a haber recursos para aumentar inversiones más allá de las que realicen los gobiernos regionales y locales. Y también vamos a tener recursos para invertir en investigación y desarrollo y, por esa vía, darle un impulso al crecimiento del país. Entonces, este es un proyecto pro-crecimiento, porque los recursos que se van a generar financiarán obras, infraestructura, planes y programas en investigación y desarrollo y en reducir la inseguridad en Chile”.

En tanto, la ministra de Minería, Marcela Hernando, indicó que “uno de los aspectos más importantes para el sector y la inversión minera, es la certeza jurídica. Existen en la actualidad, US$ 73.600 millones en 53 proyectos mineros, cuya inversión está avanzada en un 60%. Esa inversión tiene más posibilidades de concretarse al 2031 ahora que contamos con un Royalty. Durante el 2022, tuvimos diálogos permanentes con distintos actores de la industria, la mayoría de ellos, grandes mineras, estuvieron de acuerdo con este royalty”.

A lo que agregó que, “este es un momento histórico, por fin tenemos una propuesta de Royalty que logra convertirse en ley y creo que las razones están en que todo el país está involucrado, es porque este proyecto representa la oportunidad de legislar en beneficio de todo Chile”.

Mientras que el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, destacó que “más que una buena noticia para el Gobierno, es una buena noticia para el país. Valoramos la disposición de los parlamentarios para aprobar y despachar en este importante proyecto, que permitirá que las regiones y comunas cuenten con mayores recursos, avanzar en descentralización efectiva y mayor equidad territorial. Se generarán ingresos adicionales que permitirán impulsar iniciativas en beneficio de los chilenos y chilenas. Sin duda es un gran paso y esperamos que el diálogo y el entendimiento sigan primando para poder avanzar en las distintas medidas que las personas esperan”.

Finalmente, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, señaló que “esta iniciativa va a beneficiar a los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y municipios, así como otras líneas de acción del gobierno, permitiendo una inyección de recursos muy importante para profundizar la descentralización fiscal. Son US$450 millones que van a permitir que los territorios tengan más autonomía y profundizar en el desarrollo con sentido de equidad”.

Principales detalles del proyecto

El proyecto aprobado establece un nuevo esquema tributario para los explotadores mineros cuyas ventas provengan en más de un 50% de cobre, y con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año. Para este grupo, se establecen dos tasas:

• Un componente ad valorem de 1% sobre sus ventas anuales de cobre. En los casos en que la firmas tengan un resultado operacional negativo (RIOMA negativa), no procederá el pago de este componente.
• Un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% dependiendo del margen operacional minero (MOM) y considerará la depreciación y los gastos de puesta en marcha en el cálculo de los costos.

Es importante destacar que para aquellas mineras pequeñas y medianas (que produzcan menos de 50.000 TMCF) se mantiene la misma carga tributaria vigente.

Adicionalmente, se introdujo una carga tributaria potencial máxima, que establece el techo que pagarán las grandes mineras en tributos, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o royalty, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales (adicional). Para los explotadores mineros con una producción superior a 50.000 y menor a 80.000 TMCF al año, se establece una cifra máxima de 45,5%; mientras que por sobre las 80.000 TMCF anuales, la carga potencial máxima será de 46,5%.

También el proyecto introduce nuevos incentivos a la expansión de proyectos mineros, ya que el impuesto específico para estos explotadores mineros se determinará utilizando un promedio de su producción durante los últimos seis años, quedando transitoriamente con tasas más bajas que otros de similar producción.

Una de las grandes innovaciones de este proyecto es que, por Ley, se crean tres fondos de beneficio comunal y regional que suman US$450 millones:

• Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
• Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, 302 municipios recibirán recursos por esta vía.
• Fondo Comunas Mineras, por US$55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros, lo que fue precisado vía indicación. En total son 32 comunas beneficiadas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Oâ€Higgins.

Protocolo de Acuerdo

Durante su tramitación en el Senado, el Gobierno y los parlamentarios firmaron un protocolo de acuerdo para avanzar en otros temas asociados al desarrollo del sector y las regiones del país:

Medidas en la Ley de Presupuestos 2024 – 2025

• Un fondo puente de apoyo a las regiones y municipios para 2024, por el 50% del aporte que éstos percibirán con cargo al Royalty Minero desde 2025. Esto equivale a US$ 112,5 millones a beneficio de los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo; US$ 85 millones para el Fondo de Equidad a distribuir entre las comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal; y US$ 27,5 millones a beneficio del Fondo de Comunas Mineras.
• Un fondo plurianual para la Seguridad Ciudadana en la Ley de Presupuestos de 2024. A este fondo se agregará un aporte de US$ 350 millones anuales por tres años a cuenta del Royalty Minero, desde 2025.
• Establecer un fondo trianual de recursos para apalancar proyectos de inversión en infraestructura productiva en las regiones del norte del país (Arica y Parinacota a Coquimbo), que no sean abordables en su integridad por los gobiernos regionales. Para esto se contemplarán recursos por un promedio de US$ 200 millones anuales en las leyes de presupuestos de 2024 a 2026.

Medidas en el proyecto de ley Regiones Más Fuertes:

• Una revisión de la fórmula de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
• Obligación de información, transparencia y auditoría de los gastos de inversión y operación de los gobiernos regionales, además de la evaluación de los programas que ejecuten.
• Una actualización de los criterios para la distribución del Fondo Común Municipal, incluyendo ajustes de población, indicadores socioeconómicos, tales como pobreza multidimensional.

Fortalecimiento de instituciones ligadas a la minería

• La coordinación de instituciones fiscalizadoras en relación con la tributación minera, generando mecanismos de colaboración e intercambio de información permanente entre el Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
• La coordinación de la seguridad en faenas mineras, dando cuenta de situaciones que pudieran poner en peligro la integridad de trabajadores e instalaciones industriales.
• La reducción de plazos para la aprobación de proyectos mineros. Se adoptarán las medidas necesarias para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera, sin que ello afecte el cumplimiento de la normativa ambiental. Para ello se constituirá una mesa técnica que en los próximos 60 días identifique las medidas presupuestarias, administrativas y legales necesarias para cumplir dicho objetivo. Se encomendará a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad construir la línea de base y reportar los avances en el logro de esta meta.

La entrada Cámara aprueba modificaciones del Senado y despacha a ley Proyecto de Royalty se publicó primero en Mch.

Sostenibilidad

La última semana el Senado aprobó consagrar en la Constitución el desarrollo sostenible como un principio orientador dentro de las bases de la institucionalidad del país (boletín 12.402-07)  y un proyecto sobre compras públicas sustentables (boletín 11.864-12 ) que –como indicó la Cámara Alta- permite a los organismos del Estado incorporar en las licitaciones públicas, criterios ambientales al momento de decidir la adjudicación de contratos de suministro de bienes muebles y de servicios.

Carbononeutralidad

Desde la Cámara Alta indicaron que una de las iniciativas relevantes aprobadas por el Congreso es la Ley Marco Cambio Climático (boletín 13.191-12), que plantea alcanzar la meta de carbononeutralidad como máximo al año 2050. Dicha iniciativa fue despachada a fines de marzo de este año.

Glaciares

Otra de las iniciativas que cobra relevancia en este escenario –según estima el Senado- es el proyecto sobre Protección de Glaciares (boletines 11.876-12 y 4.205-12, refundidos) que ya fue analizado en particular por la Comisión de Medio Ambiente y ahora pasó a la de Hacienda para ver los artículos propios de su competencia.

El proyecto se refiere, entre otras medidas, a la naturaleza jurídica de los glaciares, calificándolos como bienes nacionales de uso público, inapropiables y no concesionables.

Energías Renovables

Desde el Senado explicaron que también se está analizando el proyecto que promueve la generación de energía renovable (boletín 14.652-08) que fue aprobado en general por la Sala del Senado en marzo.

Según lo indicado en la Cámara Alta, pese a tratarse de un artículo único, los legisladores acordaron analizar en detalle la idea de prohibir inyectar al Sistema Eléctrico Nacional, a partir del 2030, energía eléctrica cuya fuente primaria sea la combustión de sustancias fósiles. Aunque todos se mostraron a favor de eliminar estos elementos contaminantes y priorizar el uso de energías renovables, también se apuntó a la necesidad de estudiar los mecanismos de reemplazo energético.

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