La invitación para participar en este encuentro virtual, organizado por el Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI) y el programa MinSus es este próximo 15 de noviembre en el siguiente horario: 09:00 (EC, CO, PE) / 10:00 (BO) / 11:00 (AR, CL).

Durante el evento se presentarán tres herramientas e iniciativas que apuntan a avanzar hacia una mayor transparencia, un dialogo informado y el fortalecimiento de los actores claves en territorios mineros: El Marco CommWell impulsado a través de la Iniciativa Devonshire junto a empresas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, así como iniciativas lideradas por la Defensoría del Pueblo de Perú y por INSUCO.

Este webinario abordará las “tendencias de la conflictividad socioambiental asociada a la minería en Perú y estrategias de prevención de conflictos” a cargo del representante de la Defensoría del Pueblo de Perú, Rolando Luque; las “transformaciones territoriales: Experiencias de Colombia y Ecuador” de la mano del representante de INSUCO, Guillén Calvo; “el marco CommWell: Una herramienta para definir un objetivo común en regiones mineras” con el expositor de Yamana Gold, Aaron Steeghs; y finalizará con un conversatorio estilo “Davos”, a cargo del asesor principal de la GIZ, Nicolas Maennling.

La Defensoría del Pueblo del Perú monitorea los conflictos sociales periódicamente, y compartirá los resultados de sus investigaciones sobre la conflictividad social y su relación con las actividades extractivas, los recursos hídricos, la participación de las mujeres, el cumplimiento de acuerdos, el diálogo, la pandemia del Covid-19, entre otros.

INSUCO abordará la experiencia de los Observatorios de Transformaciones Territoriales (OTT), centros de gestión del conocimiento que contribuyen al acceso y uso de la información para la gobernanza y desarrollo sostenible de los territorios.

Asimismo, se presentará el Marco CommWell, un proceso participativo para la discusión, definición, medición y análisis del bienestar comunitario, diseñado para involucrar a las partes interesadas en un proceso que defina y recolecte datos relevantes sobre la materia en los contextos mineros.

Para participar, inscríbase aquí.

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El escenario será complicado para PPK: 152 conflictos sociales activos y 60 latentes fueron reportados por la DP en su último informe público. De ellos, 128 registraron al menos un hecho de violencia desde que iniciaron.

Si Kuczynski no muestra capacidad rápida de intervención y una estrategia adecuada, los conflictos latentes se convertirán en activos, alertó el ex viceministro del Ambiente José de Echave.

A ello se suma que, en opinión de abogado Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad de la DP, la intensidad de la violencia en los conflictos sociales no ha descendido en los últimos años. Así lo confirman –explica– las cifras de víctimas en enfrentamientos por conflictos sociales desde el 2011: 73 muertos y 2.226 heridos entre policías y civiles.

El sur andino

“El nuevo gobierno tiene que mirar el sur andino. El mapa de la conflictividad social ha cambiado en los últimos años y se ha trasladado al sur. Eso está relacionado con el hecho de que las inversiones extractivas se han focalizado en esa zona del país”, apunta De Echave.

A la fecha, Apurímac es la región con más conflictos sociales, con 24 (20 activos y 4 latentes), seguida por Áncash con 21 (17 activos y 4 latentes), Puno con 18 (12 activos y 6 latentes), Cajamarca y Cusco con 16 cada uno.

El 70,8% de los conflictos sociales reportados en mayo pasado estaba relacionado a temas socioambientales, otro 9% a asuntos de gobierno local (ver infografía).

En mayo del 2015, el número de conflictos sociales activos registrados por la DP fue de 152. Esa cifra descendió hasta 142 en febrero, pero retornó a 152 en mayo.

Para Luque, aunque se ha incrementado la capacidad del Estado para atender la conflictividad social y las empresas han mejorado sus políticas de responsabilidad social, la respuesta a las demandas de la población aún es lenta.

“PPK deberá ordenar la atención de la conflictividad social a través de un sistema de prevención de conflictos que articule las capacidades de los gobiernos locales, regionales y nacional”, asegura.

Luque explica que aún no existen coordinaciones rápidas y precisas entre las instituciones del Estado para atender los conflictos sociales.

“Cuando la ciudadanía plantea una demanda, espera una respuesta rápida del Estado, pero en el Perú demora porque pasa por muchas ventanillas. No hay procedimientos establecidos para una discusión interna entre instituciones del Estado antes del proceso de diálogo con la población”, asegura.

Tía María y Las Bambas

Durante la campaña presidencial, Pedro Pablo Kuczynski garantizó que sus dos postulantes a la vicepresidencia, Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz, se dedicarían “de lleno a los conflictos sociales”.

Ya como presidente electo, agregó que iría personalmente al valle de Tambo (Islay) para conocer de cerca el conflicto generado por el proyecto minero Tía María, que ha desencadenado enfrentamientos entre la Policía y los pobladores desde el segundo gobierno de Alan García.

Según especialistas consultados para la elaboración de esta nota, PPK cometería un grave error si insiste con el proyecto Tía María, pues este no cuenta con licencia social.

Caso distinto es el de Las Bambas, donde hay predisposición al diálogo para el proyecto de capitales chinos.

“Las Bambas no será para PPK lo que fue Conga para Humala. Hay una diferencia sustantiva: en Conga había rechazo de la población, mientras que en la zona de influencia de Las Bambas hay una agenda de diálogo”, asegura José de Echave.

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(AméricaEconomía) Durante agosto pasado se registraron en Perú 205 conflictos sociales, 162 de ellos activos y 43 “en estado latente”, reveló este jueves el informe mensual de la Defensoría del Pueblo.

El Reporte de Conflictos Sociales 126, señaló que la región sur andina de Apurímac encabezó, con 23, la lista con el mayor número de conflictos sociales, seguida por la norteña Áncash, con 22, y la sureña Puno, con 16.

Les siguieron Cuzco, con 14; y Ayacucho, Junín y Piura, con 13 conflictos, cada uno; mientras que Ucayali, Madre de Dios, Huánuco y Lima Metropolitana registraron un conflicto, en cada caso.

Los conflictos por temas socio-ambientales fueron, por séptimo mes consecutivo, los más numerosos, con 132 casos; y en ellos la actividad minera fue la más involucrada en la conflictividad, con el 70,5%, seguida por las actividades con hidrocarburos, con el 12,9% del total.

Los conflictos por asuntos de gobierno local fueron 22; por demarcación territorial, 15; comunales, 9; por asuntos de gobierno nacional, 9; y temas laborales, 7.

El reporte también señaló que durante agosto se presentaron, en total, seis conflictos nuevos en las regiones de Áncash, Arequipa, Cuzco, Ica y Junín.

También se ejecutaron 140 acciones de protesta colectiva, 8 menos que durante el mes anterior, y no se reportaron acciones de violencia subversiva.

En agosto se resolvieron tres conflictos, uno en Áncash, otro en Junín y el siguiente en Puno.

La Defensoría del Pueblo propuso a las autoridades que le den una especial atención a dos casos nuevos que se encuentran en etapa de crisis, en Áncash y en Junín, mientras que lamentó la muerte de cuatro personas en un conflicto en la provincia de La Convención, en el Cuzco.

“Cabe señalar que el 34,7% de los procesos de diálogo, de acuerdo al reporte de este mes, se iniciaron después de hechos de violencia”, concluyó.

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El titular del MEM, Eleodoro Mayorga, dijo que a través de la Oficina General de Gestión Social, de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos se acompañó procesos sociales que permiten viabilizar proyectos mineros como las Bambas (Cotabambas – Apurímac); Pampa de Pongo (Caravelí-Arequipa) y Tia Maria (Islay – Arequipa).

Igualmente facilitaron el proceso de ampliación de Toquepala (Jorge Basadre-Tacna); Tambomayo (Caylloma – Arequipa); Hidroelectrica OCO 2010 (Condesuyos – Arequipa), entre otros proyectos energéticos; los que significarán una inversión, en el corto plazo, de aproximadamente US$11.800 millones.

“Hoy podemos expresar con mucha satisfacción que en el sector no tenemos situaciones de crisis por conflictividad, todo esto gracias a una intervención temprana y a la promoción de un adecuado relacionamiento con su entorno social y geográfico”, agregó.

El titular del MEM consideró importante “lograr que en el sector minero, de hidrocarburos y electricidad sean cada vez más las empresas que asuman un comportamiento socialmente responsable, para lo cual el Estado define reglas claras, y estableciendo estímulos administrativos y fiscales para sensibilizar al operador sobre la oportunidad que significa adoptar dicho comportamiento, en términos de competitividad y construcción de alianzas beneficiosas con los diferentes grupos de interés involucrados en sus actividades”.

Mayorga inauguró el seminario Gestión social: garantía para el fomento de las inversiones, cuya finalidad es dar a conocer las principales acciones que articulan el Estado, empresas y comunidades para concretar los proyectos del sector minero energético.

Durante el encuentro se analizó el desarrollo de los procesos de gestión social, las operatividades en intervenciones coordinadas a nivel intersectorial e intergubernamental, así como el acompañamiento del Ministerio de Energía y Minas (MEM) en los procesos minero-energéticos a través del diálogo y el compromiso expreso de los sectores participantes.

Además, se examinó el desarrollo sostenible e innovador de las actividades extractivas y la proyección como país competitivo en el ámbito del desarrollo minero-energético a nivel mundial.

“Un indicador de que lo social ocupa para el Estado un lugar preponderante, se ve reflejado en la política inclusiva de éste gobierno y en la consiguiente disminución de la conflictividad social, tanto en número como en intensidad, y en un abordaje intersectorial que permite la mejor implementación de políticas públicas”, dijo Mayorga.

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La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE, una organización que agrupa a la mayoría de las compañías de los sectores mineros y de energía), estiman que US$ 10.600 millones podrían ser invertidos en proyectos de oro y plata en los próximos cuatro años. Perú produjo 4,9 millones de onzas de oro en 2013, convirtiéndolo en el quinto mayor productor después de China, Australia, EEUU y Rusia. Las exportaciones de oro en 2013 fueron por US$ 7.900 millones, una caída de 19% en comparación con el año anterior. Nuevos proyectos podrían sumar un total de 6,6 millones de onzas hacia 2017, que podrían impulsar a Perú al cuarto lugar superando a Rusia. El país tiene una reserva de oro estimada de 192 millones de onzas.

La producción de plata en 2013 fue de 118 millones de onzas, pero podría aumentar a 146 millones en el mediano plazo. Perú fue el tercer mayor productor el año pasado, después de México y China, pero tiene el segundo mayor nivel de reservas a nivel mundial, detrás de Australia. Las exportaciones de plata 2013 fueron de US$ 479 millones, más que duplicando las cifras del año anterior.

Los obstáculos crecen


Las autoridades y los expertos concuerdan en que Perú tiene una serie de ventajas comparativas a la hora de atraer inversiones mineras, incluyendo la cantidad de reservas, electricidad barata, los rankings con grado de inversión que facilitan más el financiamiento, y acuerdos de libre comercio y de protección a las inversiones con una larga lista de naciones. Sin embargo, las inversiones en nuevos proyectos y la expansión de las minas existentes se han obstaculizado por un desplome en los precios del oro y las condiciones locales que han detenido el avance de varios proyectos de clase mundial. Las inversiones en proyectos de oro en 2013 fueron de US$ 1.200 millones, casi 50% menos que el año anterior, como resultado de los precios, protestas y el avance lento en los permisos de seguridad.

Las protestas sociales contra los proyectos mineros, muchas de ellas ligadas a problemas de aguas y tenencias de tierras, han frenado una serie de importantes proyectos. La oficina estatal del Ombudsman, que monitorea conflictos sociales, reportó que hubo 136 conflictos socio-ambientales en abril, 101 de los cuales involucraron proyectos mineros.

Los líderes políticos y los analistas señalan que los gobiernos recientes han sido muy rápidos al responder a los conflictos con regulaciones, particularmente en el frente medioambiental, yendo muy lejos en algunos casos. Pedro Pablo Kuczynski, ex ministro de Hacienda y posible candidato en las elecciones de 2016, están entre la gente que ha tratado de advertir que las regulaciones podrían aplastar las nuevas inversiones.

Minas Conga, un proyecto de oro y cobre valorado en 
US$ 5.000 millones al norte de la región de Cajamarca, ejemplifica ese problema. Conga, que podría sumar 600.000 onzas de oro anual, es una extensión de la Minera Yanacocha. Esta última es el proyecto estrella de oro en Perú y la mayor mina de oro Latinoamérica, produciendo alrededor de 1 millón de onzas de oro el año pasado.

Sin embargo, Conga ha estado detenida desde que las protestas comenzaron a fines de 2011. Grupos de campesinos pequeños, apoyados por el gobierno regional de Cajamarca, quieren detener el proyecto. Tensiones entre los grupos anti minas y las fuerzas de seguridad se han enfrentado de forma reiterada, con los eventos más violentos ocurridos en julio de 2012, cuando cinco personas fueron asesinadas. El gobierno del presidente, Ollanta Humala, aseguró un acuerdo con Yanacocha, controlado por el gigante del oro estadounidense, Newmont, para proveer el suministro de agua a las comunidades locales antes de construir la mina, pero esto no ha apaciguado a la oposición de los grupos recalcitrantes.
Un proyecto de plata mayor, Santa Ana, operado por la canadiense Bear Creek, también fue detenido por las protestas. El gobierno anterior anuló la licencia de la compañía para el proyecto en junio 2011 después de meses de protestas frecuentemente violentas.

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El Gobierno y la Asamblea Legislativa anunciaron este martes temprano la decisión de postergar la consideración del proyecto de ley de minería y metalurgia en el Senado hasta lograr un nuevo consenso con los dirigentes de las cooperativas mineras, aliadas importantes del presidente Evo Morales. El máximo ejecutivo de FENCOMIN, Alejandro Santos, ha declarado que no se trata de postergar el tratamiento del proyecto, sino de reponer el texto original que los cooperativistas mineros entregaron al presidente Morales. En tanto, no va a deponerse ninguna medida de presión, dijo Santos “y cualquier intento de levantar los bloqueos vamos a considerarlo como una provocación a los cooperativistas”.

Pese al inicial pedido de Morales a la Asamblea Legislativa para aprobar sin cambios el proyecto de ley —que fue negociado durante tres años—, en la Cámara de Diputados se introdujeron varias modificaciones con el fin de adecuar el texto a las normas de la Constitución, entre ellas dos artículos que causaron no sólo el enojo de los cooperativistas sino la ruptura del diálogo y el comienzo de las medidas de presión: cerco al Parlamento y bloqueos de carreteras y caminos en el país. El texto pasó al Senado, donde este martes ha quedado postergado en su tratamiento.

La Policía ha llevado la peor parte durante los enfrentamientos con los cooperativistas mineros, el lunes, en la carretera principal que une el este con el oeste boliviano. Llegaron a despejar los caminos pero no llevaron el equipo de resguardo suficiente ni tampoco arma alguna, según las declaraciones de los efectivos heridos cuando ingresaban a los centros médicos de Cochabamba y La Paz. El ministro del Interior, Carlos Romero, ha informado este martes de que alrededor de 88 efectivos policiales sufrieron heridas por piedra, detonación de dinamita y contusiones.

Romero ha confirmado también la muerte de dos mineros durante las violentas acciones en la cumbre de Sayari, el punto más alto en la carretera que une Cochabamba con Oruro y La Paz. Allí, unos tres mil cooperativistas —según los dirigentes mineros— tomaron las alturas y lanzaban piedras enormes y cartuchos de dinamita hacia abajo contra los policías que pugnaban por despejar la carretera.

Los policías —algunos de los que llegaron con sus uniformes rotos por que fueron zarandeados y golpeados por los mineros— fueron ingresados en la Caja del Seguro Social de Cochabamba. Otros 25 policías heridos llegaron a centros médicos de la sede de Gobierno. Tres efectivos se encuentran como rehenes en el distrito minero de Kami, ingresados en un centro médico aparentemente para curarse de la paliza que sufrieron en manos de sus captores. Oyentes de la radio Erbol lograron comunicarse con la emisora desde Vizcachani, en el altiplano cerca a La Paz, para denunciar que centenares de pasajeros se encuentran desamparados frente a los atropellos de los cooperativistas mineros. Uno de ellos informó de que vieron una pira que consumía los uniformes de los policías, dos motocicletas y una camioneta oficiales y, a un grupo de personas sin ropa —supuestamente de la Policía— atados con sogas y a quienes les impidieron socorrer.

Los dirigentes de las cooperativas mineras responsabilizaron públicamente al ministro Romero de la conflictiva situación y reiteraron su pedido de deponer la represión contra sus compañeros.

Una de las modificaciones que, aparentemente, ha molestado más a los dirigentes cooperativistas es al artículo 151. El cambio dispone que la Asamblea Legislativa apruebe todos aquellos contratos de asociación entre los cooperativistas y empresas privadas, a fin de respetar la Constitución. “Con esto, nos están cortando las alas”, ha declarado un dirigente cooperativista y ha advertido que los bloqueos “se masificarán en un cien por ciento”.

El senador oficialista Eduardo Maldonado ha declarado que sería “un despropósito” la aprobación de la ley tal y como desean los cooperativistas. “Estamos ante la exigencia de los ratones de diseñar la forma del queso que ellos se lo van a comer”, ha declarado a la prensa y ha propuesto una discusión no solamente con los sectores mineros, sino entre todos los bolivianos, pues la minería es uno de los pilares económicos del Estado.

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Andrés Franco, vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Bear Creek Mining Corporation, dijo que ahora los empresarios se sienten acompañados por el gobierno en su objetivo de conseguir la tan ansiada licencia social de la comunidad, para poder empezar a operar.

En ese sentido, señaló que la ONDS, que jefatura Huaroc, ya no espera que estallen los conflictos, sino que hay un trabajo para prevenirlos, acompañando a las empresas en sus acercamiento con las comunidades.

«Los inversionistas vemos ahora un matiz distinto en el manejo de los conflictos sociales, antes se notaba la ausencia del Estado, ahora no, la ONDS visita las comunidades, habla con la gente, nos ayuda a conseguir acuerdos», señaló, en declaraciones a la Agencia Andina.

Para el alto directivo de la empresa canadiense, esto es un gran cambio cualitativo para las empresas, porque ahora hay un estado presente, con funcionarios que efectivamente supervisan, con una actitud fiscalizadora, dialogante.

«Entonces las comunidades empiezan a creer en el Estado y su rol de garante en su relación con las empresas mineras», añadió.

Franco Longhi señaló que la mayor prueba de esta situación lo acaba de experimentar su propia compañía, que ha logrado un acuerdo social con tres comunidades del distrito de Corani, en la provincia de Carabaya (Puno), para llevar adelante una inversión de US$600 millones, en la explotación de una mina de plata.

Se trata de las comunidades de Corani, Aymaya y Sibiya, con quienes han firmado un acuerdo para el apoyo social en salud, educación e iniciativas empresariales, de cuatro millones de soles (US$1,4 millones) anuales, y 92 millones de soles en 20 años.

Además, se ha instalado una mesa de diálogo con las comunidades, sin necesidad de que estalle un conflicto social.

El ejecutivo de Bear Creek Mining Corporation destacó de manera especial el apoyo que viene dando su empresa para el mejoramiento de la fibra de alpaca, con la intención que en diez años se pueda tener una fibra de calidad, que permita competir de igual a igual con otras fibras en los mercados internacionales.

La minera Bear Creek Mining Corporation tiene a su cargo cuatro proyectos mineros en Perú, tres en fase de exploración en Apurimac, Arequipa y Ancash, y la mina de Corani, en Puno, que se apresta a iniciar su fase de explotación.

Fuente / AméricaEconomía

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