Además, la CPC entregó un informe al ente fiscalizador que analiza el conjunto de Guías y Criterios elaborados por el SEA en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aportando antecedentes adicionales para su adecuada resolución.

Dicho documento también fue entregado a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con quien la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, se reunió el lunes 6 en su primer encuentro de trabajo.

«El mundo empresarial está trabajando y colaborando con la autoridad frente a los complejos desafíos económicos y ambientales que hoy enfrenta nuestro país, en un contexto de bajo crecimiento y trabas para la inversión. Compartimos el propósito de avanzar en condiciones que permitan una adecuada implementación del desarrollo sostenible, sobre la base de reglas claras, certeza jurídica y pleno respeto al marco legal vigente», declaró Jiménez.

Contenidos y conclusiones del informe

El estudio identifica un punto de inflexión en la dictación de estos instrumentos por parte del SEA, observándose un peak en la emisión de Criterios de Evaluación durante el año 2022, así como un aumento en la elaboración de Guías durante el año 2023. Tras el análisis de 22 Guías y 29 Criterios, el informe formula un diagnóstico jurídico claro: la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente autoriza al SEA únicamente a «uniformar» los criterios técnicos.

Esto es, ordenar y otorgar coherencia a reglas preexistentes, sin habilitarlo para establecer nuevos estándares ni incorporar exigencias adicionales. El documento precisa que la creación de obligaciones ambientales corresponde de forma exclusiva al legislador, y en el ámbito reglamentario, a la potestad normativa ejercida por el Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la CPC, las Guías y Criterios elaborados por el SEA constituyen instrumentos de rango inferior -infra reglamentarios- que deben operar como referentes de orientación técnica, sin aptitud jurídica para imponerse como normas obligatorias.

La Confederación precisa que, al establecer exigencias no contenidas ni en la Ley ni en el Reglamento, se debilita la certeza jurídica SEIA. El análisis, que no cuestiona el mérito técnico de los documentos sino su validez jurídica, advierte un cambio significativo a partir de abril de 2022. Desde entonces, junto con intensificarse su elaboración, se observa la incorporación de un lenguaje crecientemente prescriptivo, avanzando hacia un nivel de «micro gestión» que define cómo deben desarrollarse los estudios ambientales, transformando en los hechos estas Guías en una forma de regulación de facto.

De acuerdo con el informe, estas prácticas se han traducido en mayores niveles de burocracia, encarecimiento de los procesos, extensión de los plazos de evaluación y, especialmente, en una pérdida relevante de certeza jurídica, con efectos directos sobre la inversión.

En este contexto, los desarrolladores de proyectos enfrentan exigencias que no emanan de la Ley ni del Reglamento, sino de instrumentos cuyo carácter vinculante resulta discutible. En consecuencia, el informe plantea la necesidad de revisar el rol de las Guías y Criterios dentro del sistema, reafirmando su carácter de instrumentos de orientación técnica y asegurando su coherencia con el marco legal y reglamentario vigente.

Para ello, se formulan recomendaciones específicas orientadas a restituir a estos instrumentos su función propia. Respecto a las Guías, se propone dejar sin efecto aquellos instrumentos completos o contenidos específicos que introducen estándares prescriptivos al margen de la ley, y en los casos que se mantengan, modificar su redacción para que asuman un lenguaje de buenas prácticas, de carácter referencial y no vinculante.

Respecto a los Criterios de evaluación, se recomienda su eliminación como instrumentos autónomos, proponiendo que aquellos contenidos técnicos que resulten pertinentes sean reconducidos e integrados dentro de las respectivas Guías del SEA, evitando duplicidades y reforzando su carácter meramente orientador.

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En el encuentro también estuvieron presentes la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro; el presidente de la Asociación de Bancos de Chile (ABIF), José Manuel Mena; la gerenta general de la CPC, Carolina Agüero; la gerenta general de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Carolina Vásquez, entre otros.

El canciller destacó que una de las prioridades de la repartición es promover la inserción internacional del país como un motor de desarrollo económico y en ello la colaboración entre el sector público y privado es de gran relevancia.

“Buscamos fortalecer las capacidades tecnológicas, el desarrollo de capital humano, así como impulsar vínculos económicos con socios estratégicos. En esos desafíos, la cooperación con el mundo privado es de gran importancia, porque estos retos nos implican como nación», aseguró el secretario de Estado.

Asimismo, resaltó que Chile busca avanzar en una agenda que promueva la cooperación con otros países en asuntos como innovación, tecnología, transición energética, entre otros temas.

 

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Echavarría es ingeniero civil de la Universidad de Chile, director de Desarrollos Constructivos Axis y director de ILC. Cuenta con más de 45 años de trayectoria en el sector de la construcción y más de 30 años de participación gremial, particularmente en la CChC. A lo largo de su trayectoria también ha integrado el Consejo Nacional del gremio y ha liderado diversas comisiones vinculadas al desarrollo sustentable, la eficiencia energética y la infraestructura.

En la CPC ocupará el cargo que desempeñaba Daniel Mas, quien fue designado biministro de Economía y Minería.

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El encuentro tuvo como eje la presentación del documento «Motores para los primeros 100 días: Prioridades de la CPC y sus ramas para impulsar la inversión, el crecimiento y el empleo», elaborado a partir de un diagnóstico compartido sobre el estancamiento económico, la debilidad de la inversión y las dificultades en la generación de empleo formal.

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, explicó que el informe «reúne un conjunto de medidas concretas, técnicamente fundadas y de rápida implementación, elaboradas a partir del trabajo sectorial de los gremios empresariales», y subrayó que «recuperar el dinamismo económico no es sólo una meta macroeconómica, sino una condición indispensable para mejorar salarios, oportunidades laborales y bienestar social«.

La propuesta prioriza un conjunto acotado de medidas consideradas urgentes para los primeros meses del próximo gobierno, con foco en reactivar la inversión, fortalecer la confianza y destrabar proyectos en sectores estratégicos como agricultura, comercio, minería, industria, construcción y sistema financiero, junto con acciones orientadas a mejorar la competitividad y el empleo formal.

En esa línea, Jiménez sostuvo que «las primeras señales inciden directamente en la inversión, en el empleo y en la confianza«, advirtiendo que, tras un período prolongado de bajo crecimiento, «si ese diagnóstico no se asume desde el primer día, el margen de acción se reduce de manera significativa».

Propuestas desde el sector minero

En representación de la pequeña, mediana y gran minería, Sonami presentó una serie de propuestas orientadas a reforzar la certeza jurídica y mejorar las condiciones para el desarrollo del sector. Entre ellas, se plantean modificaciones al sistema de patentes mineras y el aumento del umbral de extracción que obliga a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), desde 5.000 a 45.000 toneladas mensuales, en línea con los cambios tecnológicos y la disminución en las leyes minerales, junto con simplificaciones regulatorias para modificaciones de bajo riesgo en proyectos en ejecución u operación.

 

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El presidente de Sonami, Jorge Riesco, sostuvo que «tuvimos oportunidad de traspasarle información antes y durante la campaña, y hoy se observa que esa información ha sido procesada y examinada, lo que abre una oportunidad de diálogo. Esto confirma el valor del trabajo previo realizado por nuestro gremio para identificar las ’50 Propuestas de la Minería para Reimpulsar Chile’, priorizando aquellas más relevantes y que pueden implementarse en el corto plazo, especialmente en los primeros días de gobierno, como una señal concreta de respaldo al sector, respaldo que hasta ahora no se ha materializado”.

Riesco también detalló que se expusieron directamente al Presidente electo diversas materias que han dificultado el desarrollo de la actividad minera, entre ellas modificaciones al Código de Minería cuya aplicación ha resultado compleja y ha afectado la certeza jurídica, así como aspectos pendientes en la implementación de la ley SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas). En este último caso, el líder gremial indicó que existe disposición a revisar reglamentos y normativa asociada.

Asimismo, se abordó la posibilidad de introducir ajustes reglamentarios y normas administrativas que faciliten el aprovechamiento de proyectos actualmente en ejecución u operación, con potencial impacto en mayores niveles de producción.

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Al respecto, el titular de Sonami destacó que Sutil “ha ejercido un rol muy activo en el tema de la Convención Constitucional y la coordinación con las ramas de la CPC, para abordar esta importante materia para nuestros gremios”.

Asimismo, el líder gremial del sector minero indicó que “es muy valioso que él permanezca al mando de la CPC, hasta que concluya el trabajo de la Convención Constitucional, de modo que se pueda dar continuidad a todo lo que se está haciendo en la  materia”.

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Este Consejo se suma al de Magallanes y al de O´Higgins, los que se conformaron hace unas semanas, y próximamente se les unirán los correspondientes a las regiones de Ñuble, Araucanía y Biobío.

Esta nueva entidad será la encargada de articular el ecosistema territorial, para potenciar el desarrollo de una Formación Técnico Profesional pertinente para las metas y desafíos del territorio, dando respuesta así a las necesidades de la región. Todo esto, con el objetivo de reactivar la empleabilidad y el emprendimiento, crear espacios de aprendizaje, aumentar la productividad y aportar a la sustentabilidad de la región. Para avanzar en este objetivo, resulta clave estrechar el vínculo entre el mundo de la empresa y el mundo de la formación.

El presidente de la CPC, Juan Sutil, junto con agradecer la participación y generosidad de quienes integran este Consejo, señaló que “para los empresarios nuestra principal preocupación es el desarrollo de las personas, su formación y mejorar las oportunidades para que cada cual pueda lograr su propio proyecto de vida. Al igual que en los Consejo Territoriales ya conformados en Magallanes y en O´Higgins, esta instancia nos permite contribuir a un nuevo nexo entre los jóvenes y el sector empresarial junto al Estado y actores de la sociedad civil que nos permita avanzar en los desafíos y necesidades del territorio y sus habitantes”.

Vínculo entre lo educacional y lo laboral

El Presidente de Inacap, Alberto Salas, relevó la trayectoria y conocimiento de quienes integran el consejo y señaló que “a través de esta instancia tenemos la oportunidad de vincular dos mundos tan complementarios entre sí: el sector educacional y el mundo del trabajo, desarrollando trayectorias formativo laborales e instancias de educación continua entrechamente vinculadas a la necesidades del sector productivo y mundo empresarial, y con un sello territorial, permitiendo así el desarrollo integral de las personas, de la sociedad y del país. Hoy estamos apuntando al desarrollo de lo que Chile necesita y es la educación, en especial la educación técnico profesional”.

En tanto, el presidente del Consejo Territorial, Marko Razmilic, afirmó que “el desarrollo territorial sustentable requiere de una oferta formativa robusta y pertinente y es justamente la educación técnico profesional la llamada a jugar un rol indiscutible, permitiendo integrar el aula con los talleres en las respectivas empresas. El conocimiento técnico es la llave maestra para contribuir a la generación de valor del sector productivo tanto en la pequeña, mediana y gran industria. Y esa es justamente la agenda que esperamos impulsar desde el Consejo Territorial de la Región de Antofagasta”.

El Consejo Territorial de la Región de Antofagasta, que es presidido por Marko Razmilic y cuenta con la vicepresidencia de Patricio Valdivia, vicerrector de Inacap Sede Antofagasta, está integrado por ejecutivos de empresas con larga historia en la región, representantes de organismos públicos e integrantes de la sociedad civil de la región.

Los consejeros son: Lucas Martinic, director de la Asociación de Industriales de Antofagasta; Marco Berdichevsky, vicepresidente de Recursos Humanos en Finning South America, presidente del Consejo de Competencias 4.0 CPC e integrante del Consejo de Competencias Mineras; Claudio Yévenes, vicepresidente de la Unidad de Negocios Químicos en Enaex; José Miguel Berguño, vicepresidente Senior Operaciones Nitratos en SQM; Pablo Villarino, Secretario General del Gobierno Corporativo de Engie y consejero Sofofa; Hugo Keith, secretario regionalministerial de Educación de Antofagasta; Luis Alberto Gaete, director regional de Corfo; Héctor Ramírez, director del Colegio Don Bosco; y Andrés Ruiz-Tagle, vicerrector de lnacap Sede Calama.

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La iniciativa tuvo por objetivo principal conocer sus ideas y propuestas para la nueva Constitución, con énfasis en las cuales se espera tengan un impacto más significativo en las distintas actividades económicas de Chile.

Las jornadas iniciaron el 29 de marzo pasado con Leonidas Montes, Director del Centro de Estudios Públicos (CEP).

Luego, fue el turno de Sebastián Izquierdo y José Manuel Astorga, director Ejecutivo y coordinador del Proyecto Constitucional de Horizontal; Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo; Claudio Pérez, director ejecutivo del Centro de Estudios de Desarrollo (CED); Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES Chile); Fabricio Franco, director ejecutivo de FLACSO; Pía Mundaca y Diego Pardow, directora ejecutiva y presidente ejecutivo de Espacio Público; Fernando Claro, director ejecutivo de Fundación para el Progreso; Jorge Jaraquemada, director ejecutivo de Fundación Jaime Guzmán; y Pablo Valderrama, director Ejecutivo de IdeaPaís.

En cada una de las sesiones, se abordaron temas que son de especial interés para el sector, como aquellos relacionados con los principios generales de la estructura económica del país, recursos hídricos, protección del medio ambiente, materias tributarias y laborales, descentralización y fortalecimiento de las regiones, y pueblos originarios.

“Desde el mundo gremial hemos querido promover diálogos en torno al futuro proceso constituyente, porque creemos que este proceso abre espacios y oportunidades que deben aprovecharse con una actitud abierta, constructiva y optimista. Aportando ideas y tratando de centrar esta conversación en torno a un debate serio, con información y con datos, y buscando soluciones realistas, a los diversos desafíos que esta nueva etapa significará para el país y para la minería”, señaló el presidente ejecutivo del CM, Joaquín Villarino.

Los conversatorios son organizados por el Consejo Minero en colaboración con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); la Asociación de Generadoras; la Asociación de Transmisoras; la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios; la Corporación de la Madera (Corma); y la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin).

Revisa los conversatorios en este link.

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«Sindicatos y gremios le hemos hecho ver a la autoridad la relevancia de algunas labores específicas, donde los trabajadores son fundamentales para una operación segura y, así como las prioridades parten por edades -que es lo más correcto porque hay que proteger a los adultos mayores-, junto con el personal de la salud y aquellas áreas que son críticas, también creo que antes de entrar en una fase de vacunación masiva de la población en general, hay que revisar aquellas actividades productivas que son realmente estratégicas», confirma el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil.

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De acuerdo con el reporte realizado en forma conjunta por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y el Observatorio Judicial titulado «Judicialización de los proyectos de inversión del SEIA», en la segunda mitad del ejercicio hubo un récord de 25 causas nuevas que iniciaron tramitación por un monto total de US$3.680 millones.

La cifra dio un fuerte salto en el segundo semestre de 2019 cuando pasó de siete causas ingresadas a 20, y desde entonces ha seguido aumento sostenidamente.

El director de Políticas Públicas de la CPC, Javier Irarrázabal, explicó que esto refleja la consolidación de la institucionalidad ambiental en el país. «Por otro lado, también demuestra una mayor toma de conciencia y acceso a la justicia ambiental por parte de los titulares de proyectos y de terceros que se podrían ver afectados por las iniciativas», señaló.

Al cierre de 2020 también se registró un incremento de los proyectos de inversión que se encuentran en los tribunales ambientales. 53 casos versus los 38 que había al final de la primera mitad del año pasado.

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Así, tras el Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio, Swett fue consultado por las proyecciones económicas del mercado -que ven crecimientos bajo cero en los próximos meses- y por si al interior del sector ven riesgo de recesión: «Sí, vemos riesgo de recesión», dijo.

«Vemos riesgo de recesión técnica que son dos trimestres negativos, o sea tendríamos que llegar hasta marzo con números bajo cero y no solamente vemos riesgo de recesión, si no logramos un pacto social (…) en definitiva lo que vamos a tener es una recesión no solamente larga, sino que muy profunda», sostuvo el presidente de la CPC.

«Vamos a tener un mes de octubre, noviembre también debería serlo, o sea ya son dos meses y básicamente necesitamos seis meses para la recesión, y ‘recesión’ y ‘crisis’ si no son hermanos, al menos son primos hermanos», agregó.

Respecto a la pérdida de empleos que provocará la situación que se vive en Chile desde el 18 de octubre, Swett declaró que todo dependerá de los escenarios y de cuán rápido se logren acuerdos. De todas formas, afirmó que «vamos a tener un incremento en el desempleo, pero cuánto será va a depender de qué tan responsable y generosamente asumamos el desafío de paz social y pacto social».

Una nueva Constitución

Considerando que el dólar se disparó y la Bolsa de Santiago retrocedió con fuerza después del anuncio del Gobierno de que se harán cambios a la Constitución, Swett fue consultado por cómo debería llevarse a cabo ese cambio de tal manera que no siguiera aumentando la incertidumbre de los mercados.

«Creo que lo que más está impactando a los mercados y esta preocupación que hoy día tenemos de que esto puede desencadenar en una crisis económica bastante profunda y prolongada, tiene que ver con la violencia, con la no capacidad de haber resuelto este tema ya en casi un mes».

Así, respecto a qué vía -entre asamblea constituyente, convención mixta constituyente o Congreso constituyente- es la más preferida por su sector, dijo que «lo más importante es construir paz social a través de una vía donde esté incorporada la ciudadanía y la institucionalidad».

Ante las declaraciones recientes del empresario Andrónico Luksic, quien tuiteó: «Sí a una nueva constitución! (…) el camino que lo decidan los ciudadanos, de manera democrática y libre», Swett dijo alinearse con dichas palabras y que les agregaría «a través de nuestra institucionalidad».

Subida del dólar

En su análisis de la fuerte subida en el precio del dólar en Chile, Swett le atribuyó el rally alcista a «que los mercados han estado esperando que encontremos soluciones y que cambiemos la violencia por paz y, en definitiva, responde a lo prolongada que ha sido esta crisis sin soluciones reales».

En ese sentido, calificó como «muy necesaria» la intervención verbal que hizo el Banco Central, donde la divisa estadounidense llegó a tocar los $800 en algunos minutos de su cotización.

«Tenemos que entender que un alza del dólar como se estaba viendo ayer que fue muy preocupante, damnifica enormemente al poder adquisitivo. Si ya los salario son bajos, un alza del dólar se transforma en que esos salarios van a alcanzar para menos cosas», explicó Swett.

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