Junto a la exposición en la comisión de Trabajo del Senado -hace una semana- de un documento que contenía 14 medidas para potenciar la productividad y el empleo, que recogía además el trabajo previo realizado tanto por la comisión laboral del gremio como por el denominado “Comité Laboral Pro Empresa”, hoy la estrategia de los industriales apunta a intensificar en el debate parlamentario un tópico un tanto postergado pero, al mismo tiempo, crucial: sancionar como prácticas antisindicales los actos de violencia y las huelgas ilegales. De hecho, esta propuesta se presentó con la mayor evidencia internacional en el escrito.

Conscientes que los pilares que alimentan el corazón del texto legal han sido materias obligadas en el debate laboral, en el Edificio de La Industria creen que este asunto en particular ha sido “invisibilizado” de alguna manera frente a un gran pliego de “demandas eje” de la iniciativa. Por esto, en medio de los trascendidos que apuntan a que el gobierno estaría evaluando reponer las sanciones por huelgas violentas en el marco del proceso de negociación colectiva, los esfuerzos de la Sofofa estarán enfocados en potenciar el debate en torno a este punto.

Esta norma estaba contenida en el proyecto de ley original ingresado por el Ejecutivo a fines del año pasado. Sin embargo, sufrió un abrupto revés y con las presiones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Partido Comunista, fue retirada del articulado que salió finalmente de la Cámara de Diputados.

Para Felipe Sáez, miembro de la comisión laboral del gremio fabril y ex asesor del Ministerio del Trabajo en el gobierno de Ricardo Lagos y de Hacienda en la primera administración de Bachelet, “no es que en Chile la huelga sea algo inexistente. Cuando se parte de un diagnóstico que dice que la huelga tiene poca fuerza, no es así”.

Según la Dirección del Trabajo (DT), explica, en la última década las huelgas en el país subieron de 92 a 201 y los trabajadores involucrados de 10.443 a 30.668. Asimismo, en la última década los días de duración promedio de las huelgas legales aumentaron de 8,7 días a 13,7. Sáez va más allá: 45,7% de las huelgas son ilegales.

“Aquí hay un tema concreto en términos que, no obstante que existen las instancias para los efectos de generar conciliación y acuerdo a través de la misma interposición de los buenos oficios de la DT, hay un tema que no resuelve ni aborda el proyecto y es que hay un porcentaje muy significativo de los conflictos que hoy se están manifestando en forma ilegal”, señala el abogado.

Agrega que hay organizaciones sindicales -no todas- que han definido que la acción ilegal, fuera de la normativa, sea adoptada como un método cotidiano de ejercicio de derechos sindicales. “Respuesta institucional que hoy no existe y que el proyecto tampoco corrige”.

Ya desde la vereda como académico y empapado de la experiencia de su paso por el gobierno, cree que la reposición del proyecto original del Ejecutivo “sin duda es un avance”, pero no es una solución completamente definitiva.

“Es un avance en términos de lo que está hoy aprobado en la Cámara, pero uno esperaría que las respuestas institucionales fueran más eficaces que simplemente introducir estas prácticas antisindicales nuevas, sino que esperaría un trato igualitario”.

Al ser consultado por la definición del gobierno de abrirse a un trato diferenciado para las pymes, Saéz plantea que “la ley laboral debería ser de aplicación pareja a todas las relaciones laborales. Obviamente que hay algunas pecualiaridades que tienen las empresas de menor tamaño que debieran ser consideradas, pero dentro del marco que la ley tiene que ser aplicada en términos uniformes para todas las empresas”.

La preocupación que intensificarán los industriales, ad portas de la votación en general del proyecto, se da en medio de la reunión que sostendría mañana el líder de la Sofofa y otros dirigentes junto al ministro del Interior, Jorge Burgos. Antesala que sería clave de cara a lo que será su visita al consejo general de pasado mañana.

“Ésta es una reforma que nace de la ideología”

A título personal, Felipe Sáez tiene una fuerte crítica a quienes señalan que la iniciativa que impulsa el gobierno abre el candado a un tema que durante las últimas décadas nunca fue pronunciado.

A partir de su experiencia como asesor del Ministerio del Trabajo en el gobierno de Ricardo Lagos, asegura que en el mandato de Patricio Aylwin “hubo una reforma laboral muy importante y en 2001 la negociación colectiva y las relaciones colectivas del trabajo se reconstruyeron durante el gobierno del presidente Lagos. No hay una regulación laboral que se haya mantenido inalterable desde el plan laboral hasta ahora. Eso no es efectivo”.

Para el abogado, hay un cambio muy sustantivo en la regulación y en las respuestas institucionales desde el año 90 a la fecha. Por esta razón, es claro en afirmar que “la regulación laboral no está partiendo con este proyecto. Eso es absolutamente inexacto y equivocado y hay mucha evidencia que así lo demuestra”.

En esa línea, agrega que la reforma en el 2001 fue una iniciativa muy profunda al sistema de relaciones laborales vigente hasta ese momento. “No es que esta reforma sea más intensa que la otra sino que ésta es una reforma que nace de la ideología, de un sesgo ideológico, y tiene un impacto en las relaciones laborales”.

Según explica el académico de la U. de Chile, se presenta como un proyecto que está haciendo una transformación y que está reinventando el país, pero “eso lo entiendo desde el punto de vista del debate político más que desde la evidencia empírica de la dogmática y tampoco de cualquier estudio serio que se haga respecto de la evolución que ha tenido la regulación laboral desde el 90 a la fecha”, puntualiza.

Consultado sobre el documento referente al proyecto de reforma laboral que emanó desde la Democracia Cristiana (DC) y que terminó por tensionar el clima interno por la diferencia de posiciones frente a determinados puntos del escrito elaborado por René Cortázar, para el abogado “el documento es mejor que el proyecto”. Aunque, advierte, “sigue siendo insuficiente”.

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El martes pasado, en las dependencias de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), se desarrolló la cuarta reunión del comité técnico para delinear el documento final que está preparando la agrupación liderada por el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes; y el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Juan Pablo Swett.

Si bien la estrategia del sector privado es que el texto no sea público antes de que la reforma laboral llegue al Senado, fuentes al interior de la instancia aseguran que se está trabajando en “adaptar el proyecto a las normas Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

El documento que se está afinando y que debiera tener un borrador final para ser presentado en una nueva reunión del próximo martes, tiene como foco el resaltar que “muchos de los planteamientos propuestos en el proyecto de ley van más allá de lo que recomienda la propia OIT”, indicó un integrante del grupo.

Algunos de los temas principales que estarán incluidos en el texto final y que preocupan al empresariado son: la extensión de beneficios, y puntos por aclarar respecto del  reemplazo en huelga y la titularidad sindical. “Cosas de ese tipo que si se adecuan a normas de la OIT obviamente debieran modificarse o cambiarse en el Senado”, aseguran desde el frente empresarial.

La idea del Comité Laboral Pro Empresa es presentar el documento final directamente a las comisiones de Trabajo del Senado y  también a los ministerios del Trabajo y Hacienda. La idea es que sea el trabajo legislativo el que pueda incorporar estas visiones en el proyecto final.

Para ello, integrantes del comité se han reunido con la OIT para analizar si es que el proyecto de ley cumple con los estándares fijados por la entidad para este tipo de materias y si es que se cumple también con los convenios firmados por Chile con la OIT. Ello es lo que se está evaluando y sería la base del texto final.

El documento contemplaría la visión de empresarios pequeños, medianos y grandes, ya que “a todos impacta de forma distinta la reforma laboral, sobre todo con los temas de reemplazo en huelga”, agregan desde el empresariado.

Consultado el presidente de la Asech, Juan Pablo Swett, indicó que “no se trata de imponer un documento y decir que eso es lo que queremos que se firme, sino que esté a disposición de los que tienen que legislar para poder ir considerando contrapuntos en la redacción final del proyecto”.

El titular de la multigremial de emprendedores agregó que en este proceso de la reforma laboral no hubo trabajo pre legislativo por parte del Ministerio del Trabajo, y no se consideró a la pequeña y mediana empresa, ni tampoco a las grandes empresas, tal como lo confirma la CPC.

Incluso  Swett va más allá. “Hemos dicho claramente que a este proyecto le falta calle, le falta realidad, le falta saber cuál es el impacto de ciertas redacciones en la vida real, en la industria salmonera, en la industria de los productores de huevo, en los agricultores”, dijo.

Plazos

Respecto de los plazos para tener listo el documento, fuentes cercanas al comité indicaron que el documento “está avanzado en un 75%, pero hemos estado poniendo el pie en el acelerador en materia de redacción. De todas formas, mientras no ingrese al Senado, lo vamos a seguir afinando”. El objetivo es tener un borrador para la reunión del próximo martes y así sólo afinar detalles menores de cara a la discusión que viene en el Senado.

El miércoles la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de reforma laboral, con lo que la iniciativa, que ya cuenta con el informe de la Comisión de Trabajo, quedó en condiciones de pasar a la Sala.

El proyecto será la única materia en tabla en la Cámara de Diputados durante las sesiones ordinarias del martes, miércoles y jueves de la próxima semana, con el objeto de ampliar el tiempo para el debate. Se espera que la iniciativa llegue al Senado la primera semana de julio.

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