Desde la institución explicaron que el texto es parte de la política de transparencia institucional y busca concentrar de manera ordenada y sencilla los datos de la gestión en el período. Entre los antecedentes que se pueden encontrar, están el número de consultas de pertinencias ingresadas, los datos del Comité de Ministros, los requerimientos de la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional.

A eso se suman antecedentes de las guías, criterios e instructivos publicados durante los 4 años; los alcances de las capacitaciones de la Academia SEA; los procesos de participación ciudadana en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú; el Plan de Modernización del servicio, entre otros.

El documento también aborda el sistema de integridad, el teletrabajo, el Sistema de Gestión de la Calidad y las cifras de aprobación de iniciativas evaluadas ambientalmente y los montos ingresados.

La publicación se puede revisar en el Centro de Documentación del SEA o aquí.

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Los reclamantes habían alegado ante Tribunal que la variable ambiental “uso de la ruta G-21” habría presentado un comportamiento distinto al proyectado durante la evaluación ambiental del proyecto, lo que exigía la revisión de su RCA, ya que -afirmaban- el aumento del flujo vehicular en dicha ruta habría generado una afectación a los sistemas de vida de la población cercana.

Por su parte la magistratura aseguró que “a la luz de lo razonado en las consideraciones precedentes, este Tribunal resolvió rechazar totalmente la reclamación interpuesta por los señores Oscar Aldunate Herrera y la Junta de Vecinos Las Varas, atendido que la variable ambiental uso de la ruta G-21, no varió sustantivamente, de manera que la RCA del proyecto no requiere ser revisada, conforme lo determina el artículo 25 quinquies de la Ley Nº 19.300 y artículo 74 del Reglamento del SEIA”, concluye la sentencia.

Comportamiento proyectado

Antes de revisar cuál ha sido el comportamiento de la variable ambiental “uso de la ruta G-21”, el Tribunal, procedió a determinar qué se entiende por variable ambiental y cómo ella es medida o inferida; comparó la proyección de esta variable en la evaluación ambiental del proyecto, distinguiendo entre la situación con proyecto estimada para la fase de operación y la situación con proyecto durante la ejecución de la fase de operación; y analizó su eventual variación sustantiva, mediante el comportamiento de la variable en ambos escenarios.

Luego procedió a analizar el comportamiento de la variable -uso de la ruta G-21- basado en los antecedentes tenidos a la vista de distribución modal, flujo vehicular y tiempos de viaje, nivel de servicio y seguridad de la ruta en el tramo de estudio (ruta G-21, entre Las Puertas y Corral Quemado). Tomando para ello un informe preparado por GPS Chile, en respuesta al requerimiento de este Tribunal, y otro presentado en la instancia de revisión preparado por Ambitrans Ingenieros Consultores de 2021.

En ese contexto, la sentencia detalla que “los resultados de este análisis arrojaron que: i) no es posible constatar un cambio sustantivo del flujo vehicular evaluado ambientalmente (2010 con proyecto), respecto a lo informado en la ejecución del proyecto (2018 con proyecto); el tiempo de viaje para los vehículos livianos durante la ejecución del proyecto (2014-2018), no difiere significativamente respecto del tiempo estimado durante la evaluación ambiental (2010); iii) pese a la modificación de la distribución modal al 2018, para los vehículos livianos se produjo una disminución de los tiempos de viaje en el tramo que inicia en Las Puertas y termina en Corral Quemado, de lo que se infiere que no se verifica un cambio sustantivo en la variable uso de la ruta G-21 (tiempos de viaje) comportándose conforme a lo evaluado ambientalmente; y, v) tanto la situación al 2018 (con proyecto) como la situación al 2010 (con proyecto) aprobada en la RCA, presentan el mismo nivel de servicio para la Ruta G-21”.

Estos resultados, dice el fallo, permiten determinar que no se cumplen los requisitos legales (aquellos exigidos por el artículo 25 quinquies de la Ley Nº 19.300) para modificar la RCA del proyecto, dado que la variable ambiental uso de la ruta G-21 no varió sustantivamente.

Por tal motivo, agregó que, se descartaron las alegaciones relacionadas con el contenido del informe de la Subsecretaria de Transporte, pues si bien se acreditó un cambio en la distribución modal, ello no tuvo incidencia sustantiva en el comportamiento de la variable, de manera que solo puede configurar eventualmente un incumplimiento a la RCA. Asimismo, se descarta la alegación respecto a desestimar lo señalado por la citada Subsecretaria respecto al riesgo de accidentes, pues no fue posible observar una variación significativa en los accidentes de tránsito que vincule la siniestralidad descrita con la operación del proyecto.

Cabe recordar que esta causa tiene su origen en una sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, que -en febrero de 2019- acogió una reclamación en contra del SEA y le ordenó admitir a trámite la solicitud de revisión de la RCA que aprobó el proyecto, realizada por la Junta de Vecinos las Varas en conjunto con otras personas en marzo de 2015.

El proyecto tiene por objeto aumentar la producción de cobre fino en concentrados y cátodos, y se ejecuta en distintas regiones del país, específicamente en tres áreas, a saber: i) área Los Bronces: zona cordillerana de las comunas de Los Andes y Lo Barnechea, correspondientes a la Región de Valparaíso y Región Metropolitana, respectivamente; ii) área Las Tórtolas: valle central de la comuna de Colina, Región Metropolitana; y, iii) área Sistema de Transporte de Pulpas (‘STP’): trayecto entre las áreas de Los Bronces y Las Tórtolas, entre las comunas de Lo Barnechea y Colina, destacándose la Ruta G-21, materia de esta causa.

Antecedentes

• 26 de noviembre de 2007, la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente calificó favorablemente el proyecto ‘Desarrollo Los Bronces’, correspondiente a una modificación de los proyectos “Expansión 2 Mina Los Bronces” y “Recuperación de Cobre de Mineral de Baja Ley Los Bronces” (RCA Nº 3.159/2007)
• 30 de marzo de 2015, las reclamantes en conjunto con otras personas solicitaron la revisión de la RCA favorable del proyecto, asociada a potencial afectación a los sistemas de vida de la población cercana debido al aumento del flujo vehicular en la ruta G-21.
• 15 de septiembre de 2016, tras varios rechazos del SEA a analizar la solicitud de revisión de la RCA del proyecto, se interpuso en el Segundo Tribunal Ambiental reclamación en contra del Servicio.
• 11 de febrero de 2019, el Tribunal dictó sentencia acogiendo la reclamación y ordenando al SEA que declarara admisible la solicitud de revisión antes citada (rol R-125-2018)
• 4 de septiembre de 2019, el SEA inició el procedimiento de revisión de la RCA Nº 3.159/2007 conforme lo señalado en la sentencia.
• 21 de diciembre de 2021, la Dirección Ejecutiva del SEA resolvió no modificar la RCA que aprobó el proyecto “Desarrollo Los Bronces” de Anglo American Sur S.A. (Res Ex. N° 202199101808/2021).
• 16 de noviembre de 2023, el Comité de Ministros rechazó la reclamación administrativa (Res. Ex. N° 202399101897-2023/2023).
• 3 de enero de 2024, la Junta de Vecinos Las Varas interpuso en el Segundo Tribunal Ambiental reclamación contra la decisión del Comité de Ministros, la cual fue admitida a trámite con el rol R-441-2024.
• 18 de julio de 2024, se realizó la audiencia, alegando la abogada Karla Vargas Arancibia, en representación de los reclamantes, Junta de Vecinos Las Varas y Oscar Aldunate Herrera; y los abogados Benjamín Muhr Altamirano, por el Servicio de Evaluación Ambiental, y José Pedro Scagliotti Ravera, por Anglo American Sur S.A. tercero independiente.

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“El fallo del 1TA, en la práctica, demuestra un actuar inédito y grave de parte del Comité de Ministros, al negarse a acatar fallos judiciales. Cabe señalar que, el 1TA incluso, deja abierta la posibilidad de imponer medidas coercitivas si el Comité de Ministros persiste en incumplir la sentencia, conforme al artículo 240 del Código de Procedimiento Civil”, manifestó la empresa.

En esa línea, recordaron que “el Proyecto Dominga ha recibido siempre pronunciamientos favorables en todas las instancias técnicas y judiciales. Así ocurrió, por ejemplo, durante su proceso de evaluación ambiental, en el cual, tras más de tres años obtuvo un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable (2017), que recomendaba su aprobación. Posteriormente, la justicia ambiental ha emitido cuatro fallos favorables, en los cuales se ha establecido que Dominga cumple cabalmente con la normativa ambiental y que los distintos Comités de Ministros que la han calificado de manera desfavorable han actuado de manera ilegal”.

“Solicitamos finalizar el espiral interminable de resquicios para poner trabas ilegítimas a la puesta en marcha del Proyecto Dominga, situación que representa una mala práctica que desprestigia a nuestra institucionalidad y genera la postergación de inversiones sostenibles claves para la Región de Coquimbo”, expresaron desde Andes Iron.

En el intertanto, dado que la sentencia del 1TA restablece la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, la empresa comunicó que procederá a retomar la tramitación de los permisos sectoriales necesarios para poder iniciar su construcción.

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La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró la aprobación de la iniciativa, la que ahora será revisada por la Comisión de Hacienda del Senado, paso previo a ser votada en Sala y, de esta manera, completar su primer trámite constitucional. “Estamos avanzando con un proyecto que equilibra el cuidado del medioambiente y el desarrollo sostenible, mejorando, entre otros aspectos, el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, sostuvo la autoridad.

El proyecto de Evaluación Ambiental 2.0 establece, por ejemplo, la eliminación del Comité de Ministros como instancia de revisión de reclamaciones. Asimismo, tras la eliminación de esta instancia, tanto comunidades o titulares de proyectos de inversión podrán optar por recurrir de manera inmediata a los tribunales ambientales, reduciendo los plazos en la fase de impugnación.

En esa misma línea, se fortalecerá la rectoría técnica del SEA, entregando facultades para precisar los pronunciamientos de los Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECAs) a las materias que son de su exclusiva competencia.

Además, se establece un procedimiento de urgencia que permite reducir hasta la mitad los plazos de evaluación en caso de necesidades públicas urgentes, manteniendo el estándar técnico requerido para su calificación.

Más participación

La iniciativa presentada por el Ejecutivo facilitará el acceso a la participación ciudadana en la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, eliminando restricciones que actualmente existen para los proyectos que ingresan a través de una o Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Para ello, sólo se necesitará que cualquier comunidad involucrada lo solicite.

También, el proyecto –denominado Evaluación Ambiental 2.0- moderniza la acción de reparación del daño ambiental. En esa línea, se reconoce el rol que el Estado debe tener en la reparación del medioambiente, para lo cual se regula la legitimación activa a todo evento del Consejo de Defensa del Estado en casos de daño ambiental, habilitando al Estado a demandar la reparación del ecosistema afectado.

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Según explicaron desde la organización, «el rechazo del proyecto se fundamenta en la supuesta falta de requisitos y carencia de planes protocolares en su carpeta de presentación, a pesar de que dicha carpeta ya había sido aprobada en una instancia anterior. Este acto, que consideramos de cariz ideológico, representa una muy mala señal tanto para los habitantes locales como para los inversionistas. Se pierde así una gran oportunidad de promover una inversión valorada y necesaria en una región golpeada por la crisis económica, el desempleo y la falta de inversión. Disfrazar de técnica una decisión de fondo político es una práctica perjudicial para el país».

Asimismo, revelaron que «como gremio, manifestamos nuestro total compromiso con el respeto a las comunidades locales, la protección ecológica, y la implementación de prácticas no contaminantes. Concordamos en la necesidad de contar con altos estándares y estamos abiertos a elevarlos si es necesario, pero consideramos fundamental respetar las normativas establecidas«.

Del mismo modo, la entidad sostuvo que «no existe proyecto que pueda sostenerse tras años de tramitaciones interminables, lo que genera serias dudas sobre la seriedad de nuestro país en materia de inversión. Esta situación termina beneficiando a otros países que garantizan el respeto constitucional a las inversiones. Chile necesita reactivar su minería con reglas claras y una legislación ambiental vinculante y coherente, así como con autoridades sectoriales que promuevan el desarrollo productivo en lugar de obstaculizarlo mediante el rechazo de permisos previamente otorgados y judicialmente validados».

Añadieron que «este rechazo también confirma una desconexión entre las intenciones de las autoridades y los deseos de la población de La Higuera, donde la mayoría está a favor del desarrollo del proyecto».

Los proveedores de la minería, agrupados en Sutmin, hicieron un llamado a las autoridades «a reevaluar la potencialidad de desarrollo social y económico bajo principios de sostenibilidad y sustentabilidad. Las nuevas tecnologías permiten llevar a cabo proyectos mineros y portuarios sin generar impactos negativos al medio ambiente, protegiendo la vida y la salud de los ecosistemas naturales, tanto terrestres como marinos, y de las comunidades que habitan sus alrededores»

Finalmente, desde la Asociación Gremial de Suministradores Técnicos y de Ingeniería para la Minería e Industria declararon que «Chile es y seguirá siendo un país minero. Brindemos la infraestructura necesaria para que nuestro país continúe creciendo y consolidando su posición en la industria minera global».

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«Esta resolución le da nuevamente la espalda a la inversión, los buenos empleos, el encadenamiento productivo y los impuestos que tanta falta hacen en una región que requiere con urgencia reactivación», manifestaron.

«No nos referiremos a los aspectos técnicos que el Comité de Ministros estima que no han sido considerados y en los que fundamenta su decisión, ya que dichas instancias han sido superadas por la institucionalidad ambiental, lo que queda corroborado por el categórico y unánime fallo del Tribunal», añadieron desde la gremial.

Junto con ello, Aprimin expresaron que «confiamos en que esta resolución administrativa no detendrá lo que, en definitiva, Chile necesita, ya que la referida sentencia del tribunal competente aún está en proceso de cumplimiento y sus efectos no se verán suspendidos por los recursos de casación interpuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental«.

«Necesitamos señales concretas de certeza jurídica que demuestren que somos un país serio, con reglas claras y para todos. Los proveedores de la minería hacemos votos por el éxito definitivo de este proyecto», concluyeron desde el gremio minero.

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«A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente, así como a lo resuelto por la sentencia del Primer Tribunal Ambiental (“1° TA”), con fecha 9 de diciembre de 2024, en la causa Rol N°R-95-2023; se cita a la primera sesión extraordinaria del Comité de Ministros del año 2025, a realizarse por situación calificada como de emergencia por quien preside este Comité, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 del Estatuto del Comité de Ministros», había informado el Gobierno previo a la sesión.

La tabla del Comité, para efectos de abordar el cumplimiento de lo ordenado por la sentencia del Primer Tribunal Ambiental (“1° TA”), dictada con fecha 9 de diciembre de 2024, en la causa Rol N°R-95-2023; consideró la evaluación del Proyecto Dominga, del titular Andes Iron SpA.

Resolución

En base a los antecedentes que el tribunal ordenó ponderar, el Comité resolvió acoger las reclamaciones, que contienen las siguientes materias específicas:

1.    Exclusión de pronunciamientos sobre biodiversidad: Se excluyeron indebidamente las observaciones de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que en múltiples ocasiones a lo largo de la evaluación relevan la falta de información de las especies endémicas como la Krameria cistoidea (pacul) y la Balsamocarpon brevifolium (algarrobilla, en peligro de extinción), ambas presentes en el área mina del proyecto y que es una fuente de alimentación y hábitat para el tricahue, especie en peligro de extinción. Según lo informado por Conaf, durante todo el proceso de evaluación: “es importante señalar que la algarrobilla presenta una distribución natural muy acotada al límite norte de la región (…) siendo una especie relevante del punto de vista ecosistémico y con un altísimo grado de vulnerabilidad”. Lo anterior tiene como consecuencia que no fue posible determinar ni evaluar el real impacto sobre estas especies, que cumplen un relevante rol ecosistémico.

2.    Insuficiente Plan de Contingencia y Emergencia: El Comité constató que el plan de prevención de contingencias y emergencias del proyecto no es suficiente para hacerse cargo del riesgo de derrame de hidrocarburos. Además, tampoco considera un plan de prevención de contingencias y emergencias para vertimientos de concentrados de hierro en el transporte marítimo. Lo anterior es de suma relevancia, toda vez que el proyecto se ubica en un área de características únicas, sirviendo de hábitat para especies como el pingüino de Humboldt y cetáceos en categorías de conservación, la que actualmente se encuentra protegida, todo lo cual disminuye la tolerancia aceptable al riesgo.

En base a ello, el Comité de Ministros, de manera unánime, resolvió acoger dichas reclamaciones y, en consecuencia, calificar desfavorablemente el Proyecto Dominga. Respecto de las otras reclamaciones, se tuvieron por rechazadas. Todo lo anterior, cumpliendo lo dispuesto por el fallo del Primer Tribunal Ambiental.

Cabe mencionar que ésta fue la tercera vez que el organismo debió votar este proyecto minero portuario. Agrupaciones en contra y a favor de la iniciativa productiva se manifestaron fuera del Ministerio del Medio Ambiente, a la espera de conocer el dictamen del Comité.

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«El fallo emitido por el Primer Tribual Ambiental expresó claras e inequívocas directrices respecto al accionar que debe guiar la decisión del Comité de Ministros, las cuales esperamos se respeten de manera fidedigna», consignó el documento elaborado por la compañía.

«En línea con lo resuelto por la justicia ambiental, connotados expertos en la materia han manifestado públicamente que la discusión técnica en torno al proyecto Dominga se encuentra agotada, por lo que confiamos en que el Comité de Ministros resuelva a nuestro favor, ya que de lo contrario incurriría en desacato. De hecho, el propio Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su recurso de casación presentado el 23 de diciembre pasado, reconoce en diferentes secciones que la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta no deja “espacio alguno para la discrecionalidad”, por lo cual un eventual fallo desfavorable a Dominga sería contradictorio con sus propios planteamientos jurídicos», afirmó la empresa.

Junto con ello, manifestaron que «es de nuestro interés, asimismo, comentar respecto a declaraciones de varias autoridades, las que en los últimos días han afirmado que la decisión del Comité de Ministros de enero de 2023 se basó a “informes técnicos”. Lo que dichas autoridades han omitido, sin embargo, es que dichos informes fueron desechados de plano por el Primer Tribunal Ambiental, ya que su totalidad abordaron materias que ya habían sido zanjadas en un fallo anterior, existiendo cosa juzgada al respecto».

«En particular, quisiéramos lamentar las inadecuadas declaraciones de la Ministra del Medio Ambiente realizadas el día de hoy (martes), quien además de hacer comparaciones sin ningún sustento técnico, afirma que “un proyecto así” (refiriéndose a Dominga) no debiera hacerse en la zona en que está emplazado. Omite señalar, sin embargo, que el actual Gobierno (a través del Ministerio de Ambiente, SAG, Subsecretaría de FF.AA. y otros servicios) aportó una serie de antecedentes a la justicia para defender el permiso ambiental del Puerto Cruz Grande, vecino a Dominga, lo cual indicaría que sus reparos a proyectos en la zona serían selectivos, demostrando un claro sesgo en contra de nuestro proyecto», expresó Andes Iron.

En ese contexto, la compañía aseveró que «a estas alturas del proceso de tramitación ambiental, en la cual todas las instancias técnicas han ratificado que el proyecto Dominga ha cumplido cabalmente con la toda normativa ambiental y técnica, esperamos que se ponga fin a actuaciones que de manera ilegítima sólo buscan entorpecer, judicializar o derechamente impedir que esta iniciativa se lleve a cabo».

«Seguimos confiando en que primarán la justicia y el Estado de Derecho y que nuestro proyecto podrá materializarse, idealmente, en los tiempos proyectados por la propia Cochilco en su reciente informe “Inversión en la Minería Chilena: cartera de proyectos 2024-2033”, concluyó la empresa.

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Durante la sesión, el Comité de Ministros revisó los alcances de la sentencia del tribunal y resolvió lo siguiente:

1. Los ministros que integran el Comité se inhabilitarán de participar en una próxima sesión que resuelva el proyecto Dominga. Esto debido a que ya se pronunciaron con su voto en períodos anteriores del Comité.

2. Se realizará una consulta a la Contraloría General de la República para resolver la composición y la presidencia del Comité de Ministros que se deberá pronunciar sobre el proyecto.

El proyecto Dominga consiste en dos minas a rajo abierto, un mega puerto, una planta desaladora, un depósito de relaves para la extracción de hierro y concentrado de cobre, así como una serie de acueductos y línea de transmisión eléctrica que conectan distintas partes del proyecto.

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Consultados al respecto, mediante una encuesta formal, todos los socios de la agrupación que respondieron, opinaron que el proyecto debiera ser aprobado sin más dilaciones y que su autorización sería una señal potente en favor del desarrollo y crecimiento del país.

Desde la asociación, los especialistas medioambientales y legales hicieron ver, además, que Dominga fue anteriormente aprobado por todas las instancias técnicas revisoras previas. Asimismo, que la comunidad local de La Higuera (donde se emplazará el proyecto) es mayoritariamente partidaria de la iniciativa y está a la espera de su pronta materialización.

También se observó que en este proyecto la institucionalidad ambiental se ha mostrado ineficiente, habiendo paralizado una inversión de impacto e interés nacional. En ese sentido, se hizo un llamado a revisar los mecanismos del proceso de evaluación ambiental.

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