La emergencia fue provocada por el contacto entre ácido sulfúrico y agua. De acuerdo a la compañía, se produjo en el interior de la planta, sin afectar terrenos colindantes, y fue resuelta con recursos propios tras una orden de evacuación.

El senador Prohens explicó que “resulta imprescindible conocer el estado actual de las instalaciones de Enami, especialmente las que contienen materiales altamente tóxicos, como el ácido sulfúrico, utilizado en los procesos operacionales”.

Al respecto, dijo que “Enami es una empresa con muchos años de existencia y es fundamental saber si han estado renovando los equipos y las infraestructuras que gestionan estos productos peligrosos, porque no podemos permitir que la población de Atacama sea expuesta a riesgos por negligencia operativa”.

El legislador también planteó la importancia de que “el Estado no siga viendo a las regiones productoras como meros proveedores de recursos sin considerar los riesgos y costos que enfrenta la población local”. En esa línea, sostuvo que “no es aceptable que los costos de la mala gestión recaigan siempre sobre los habitantes de Atacama. El Estado debe ser responsable de garantizar la seguridad y bienestar de quienes viven en las zonas de riesgo”.

Dudas y protocolos

Por su parte, la senadora Yasna Provoste expresó que “ante esta cadena de errores, Enami debe informar la manera en que ha utilizado los recursos de la capitalización, destinado a mejorar y actualizar sus planteles, incluido El Salado”.

“Es una emergencia por materiales peligrosos que puso en riesgo a la comunidad de El Salado, Diego de Almagro y de Chañaral. Y queremos saber quiénes fueron los responsables”, puntualizó la integrante de la Comisión de Minería y Energía quien realizó una presentación ante la Superintendencia del Medio Ambiente.

En esa línea, la senadora sostuvo que existen muchas dudas después de haber analizado los protocolos y una de ellas es por qué Enami, no permitió el ingreso de Bomberos de El Salado para que pudieran controlar la emergencia en sus instalaciones.

“Los voluntarios debieron quedarse afuera, imposibilitados de ayudar a la comunidad. Y la gran pregunta, es por qué Enami no tiene una brigada especializada propia y externaliza este servicio crítico”, añadió la legisladora.

Asimismo, la parlamentaria afirmó que es fundamental saber cuánto tiempo demoró el equipo especializado en llegar hasta El Salado, tiempo valioso perdido mientras la población estaba en riesgo.

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En la sesión de este miércoles participaron el director del Sindicato Interempresas de Minería y Construcción, Sebastián Cubillos, y el vicepresidente de la Federación de Trabajadores Territorial del Cobre, Marco Ibarra. Además, asistieron la ministra de Minería, Aurora Williams; el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y el vicepresidente de Operaciones Centro Sur, Mauricio Barraza.

En esta ocasión, los invitados denunciaron «malas prácticas de parte de Codelco respecto a las condiciones de seguridad que se entrega a los mineros subcontratados», solicitando tener un «rol más activo en la mesa de diálogo conformada a raíz del caso y ser considerados en el comité de investigación».

Frente a ello, los parlamentarios reflexionaron sobre la política de prevención de riesgos de la estatal, su relación con los trabajadores tercerizados, la calidad de la fiscalización que realiza Sernageomin, las lecciones aprendidas tras una serie de accidentes fatales ocurridos en el 2023 en la misma división, la auditoría internacional que contrató Codelco y el cumplimiento del Convenio 176 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre seguridad minera.

Subcontratistas piden más seguridad

En tanto, el Sindicato Interempresas de Minería y Construcción apuntó a Codelco por «eludir su responsabilidad en las condiciones laborales que ponen en riesgo la vida de todos los trabajadores», y acusó que en El Teniente «se está priorizando la productividad por sobre la seguridad (…). Hablamos de falta de baños, hacinamiento en los casinos, horarios extendidos en los que el tiempo de colación es minimizado al máximo, y falta de ventilación y de elementos de protección personal. Los refugios y rutas de escape están a dos kilómetros de las faenas».

Asimismo, complementaron que «las fallas de los procedimientos de seguridad responden a la presión por avanzar rápidamente en los trabajos. La externalización de las funciones principales de la empresa mandante genera un escenario donde las responsabilidades se diluyen. Hoy, en El Teniente laboran 22 mil contratistas y 4 mil mineros directos. Codelco es quien determina las condiciones de trabajo. Creemos que se necesita una ley que limite esa externalización del giro principal».

Por su parte, los representantes de la Federación de Trabajadores Territorial del Cobre dieron cuenta de un escenario similar: «Hemos denunciado estas deficiencias, pero se nos despide o se nos hostiga. Codelco busca abaratar costos subcontratándonos para maximizar las ganancias. Tampoco se está cumpliendo el Convenio 176 de la OIT. Se dice que fue un caso fortuito pero las malas condiciones de seguridad no lo son», mencionaron.

Respecto a la mesa en que participa la estatal y los trabajadores, la Federación pidió revisar los estándares de seguridad, participar del comité de investigación del accidente y una respuesta a una carta enviada por los dirigentes al directorio de la empresa el 6 de agosto, en la que se les solicita integrarlos a las decisiones sobre prevención de riesgo.

Los y las senadoras Yasna Provoste, Alejandra Sepúlveda, Rafael Prohens, Juan Luis Castro, Javier Macaya y Rodrigo Galilea preguntaron sobre los estándares de seguridad minera del yacimiento. También consultaron por la naturaleza de la auditoría internacional encargada por Codelco, considerando que la investigación que sí puede considerarse oficial es la que realiza Sernageomin.

Sobre Sernageomin, cuestionaron la calidad de la fiscalización de la seguridad recordando los problemas presupuestarios que enfrenta para contratar personal propio, por lo que la Comisión coincidió en la pertinencia de mejorar la institucionalidad planteándose la idea de crear una vicepresidencia de Seguridad en Codelco dado que hoy el departamento de recursos humanos está dedicado a ello, entre otras materias.

A su vez, se hizo presente la situación de los trabajadores que aún no vuelven a sus puestos dada la incertidumbre que viven estas familias y se consultó por la calidad del control que hace la estatal a las empresas que contrata.

Codelco explica el accidente

En la sesión, Codelco precisó las faenas de fortificación que se realizan normalmente en el área afectada (Andesita y Recursos Norte), detallando que en dichos sectores «se registró un sismo de características mayores a lo usual generando un estallido de roca (…); en recursos norte (Teniente 7) se dañaron 517 metros de galerías, y en Andesita otros 138 metros».

A su vez, la Corporación aclaró que «toda la división está operativa, salvo Andesita y Recursos Norte, por la investigación; y Andes Norte y Diamante, cuya autorización se encuentra pendiente por parte de Sernageomin (…). El plan Seguro que estamos implementando para volver a la normalidad no solo considera a nuestros trabajadores, sino también a los contratistas y ello ha significado realizar chequeos de habitabilidad y el reforzamiento de la estructura dada la sismicidad».

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Los representantes de los trabajadores expusieron los hechos ocurridos antes de la tragedia que costó la vida a sus pares Paulo Marín, Gonzalo Núñez, Carlos Arancibia, Jean Miranda, Alex Araya y Moisés Pavéz.

En esa línea, Ronny Avilés, presidente de la Federación de Sindicatos Base de Empresas Contratistas de El Teniente, dio cuenta de la existencia de cuatro accidentes desde 2023 a la fecha, en el marco del proyecto Nuevo Nivel Mina en El Teniente, particularmente en el sector Andesita.

Acusó que la fase Andes Norte del referido proyecto no cumplió la fecha de inicio anunciada en 2017, lo que derivó en un retraso que la minera hoy quiere cubrir, acelerando faenas sin la adopción de medidas de seguridad pertinentes.

Al respecto, sostuvo que durante estos años existió una seguidilla de irregularidades e inoperancias en Codelco. Aseguró, asimismo, que la minera tenía conocimiento que un accidente de estas características podía pasar.

“No puede ser que Codelco esté produciendo y realizando derrumbes de roca a sólo 50 metros de donde los trabajadores contratistas estamos haciendo labores de desarrollo (estructura)”, sentenció.

Preocupación por accidente y derrumbes

En tanto, Arturo Galleguillos, presidente del Sindicato base empresa contratista DCM, planteó que la primera falla que tiene la división es el sistema de comunicación. Explicó que, incluso, hay sectores donde el contacto por radio no funciona.

En virtud de lo anterior, solicitó que se mejoren efectivamente las condiciones laborales de los trabajadores, dada la inseguridad y el riesgo en el que hoy se encuentran los mineros.

Tras las exposiciones, las y los diputados expresaron su preocupación por la gravedad de los hechos denunciados, acordando el envío de una serie de oficios, tanto de información como de fiscalización.

Lo anterior, debido a informaciones que muestran que la empresa habría emanado instrucciones para bajar a la mina y realizar faenas a unos 300 mineros el martes 5 de agosto, en circunstancias que la prohibición de trabajos en esa área continua vigente.

De igual manera, la instancia acordó sesionar próximamente en terreno para conocer in situ los hechos ocurridos. Adicionalmente, resolvió enviar una nota de protesta al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), ya que ningún representante del organismo asistió a la sesión pese a estar convocados.

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El encuentro conto con la presencia de Máximo Pacheco, presidente del Directorio de la cuprífera, y a José Miguel Berguño, vicepresidente de Servicios Corporativos y Sostenibilidad de SQM Litio.

El presidente de la instancia parlamentaria, Marco Antonio Sulantay (UDI), hizo consultas sobre las expectativas existentes frente a la judicialización de este caso y cuáles fueron los principales puntos que llevaron al equipo jurídico a convencerse de que este convenio debía ser visado de forma positiva.

Por su parte, Cristián Tapia (PPD) dijo que este acuerdo está lleno de contradicciones e incongruencias. Junto a ello, cuestionó la rapidez con que firmaron el acuerdo y por qué no se realizó una licitación al respecto.

A su vez, la diputada Yovana Ahumada (IND) expresó que es preciso tener claro el estado actual del contrato y si este, representa realmente un muy buen negocio para Chile, tal como se ha planteado.

En ese contexto, el presidente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco, reiteró que tal como lo ha expresado en diversas comisiones, el acuerdo aportará al desarrollo del país, debido a que el 85% del margen de ingresos que genere el negocio quedará en manos de la cuprífera estatal.

En cuanto a las consultas de los diputados, agregó que la urgencia en torno al acuerdo se da al considerar los extensos plazos que lleva la materialización de los proyectos mineros. “Se requiere un par de años sólo por temas ambientales y otro para materializar permisos… y así ya llegamos a 2030”, afirmó el ejecutivo minero.

 Añadió que el valor de la negociación se hizo por medio de estudios con los mejores bancos del mundo: “No fueron cálculos de SQM o Codelco, sino del prestigioso banco Morgan Stanley”.

Junto con ello, Pacheco aseguró que los argumentos técnicos financieros respaldan el contrato. “Además, el acuerdo está publicado en nuestros sitios web y es público”. En cuanto al estado del contrato, informó que este se materializará este 2025, una vez que se cumplan una serie de consideraciones que se fijaron.

En lo que respecta a la decisión de no realizar una licitación para la explotación del litio, aseveró que Codelco pidió ciertas condiciones que SQM aceptó, tras una negociación que fue intensa y profunda.

SQM

José Miguel Berguño, vicepresidente de Servicios Corporativos y Sostenibilidad de SQM Litio, resaltó el acuerdo y argumentó que éste es un trabajo serio que no siempre fue fácil. “No obstante, permitió a las partes crear un valor relevante para todos los chilenos”, manifestó.

En ese sentido, el abogado que representa a SQM, Nicolás Luco, complementó lo anterior y afirmó que están orgullosos de la estructura y componentes del acuerdo, razón por la cual fue visado de buena manera.

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En la ocasión, el parlamentario, quien junto al senador Rafael Prohens, integrante de la mencionada comisión, participaron de la jornada de clausura, acotó que “estoy dispuesto a que hagamos una sesión especial en septiembre en la Comisión de Minería y Energía del Senado sobre la mediana minería, donde participen el Ejecutivo, Enami, Sonami y todos los que correspondan, porque ustedes tienen propuestas y si a ustedes les parece hacemos ese ejercicio para abordar las propuestas y reglas nuevas en un sentido propositivo”.

Del mismo modo, el senador Castro precisó que “la idea de esta sesión especial no es ir con un ánimo electoral ni de reyerta. El objetivo es analizar la situación de la mediana minería, porque la minería es el sector productivo más importante del país”.

La sesión de clausura de la Semana de la Mediana Minería contó también con la participación del presidente de Sonami, Jorge Riesco; el vicepresidente y CEO de Las Cenizas, Cristián Argandoña, y la abogada Paulina Toro, quien hizo un análisis sobre los permisos y las exigencias que se hacen a este segmento productivo para aprobar algunos proyectos.

“Se estima que la aprobación de un proyecto en la mediana minería toma alrededor de 5 años y medio, mientras que en la gran minería alcanza a 11 años”, sostuvo la profesional.

Asimismo, Jorge Riesco valoró la disposición de los senadores a atender y escuchar los planteamientos y medidas que ha propuesto el gremio minero. “Es reconfortante escuchar a los senadores Castro y Prohens, quienes, junto con conocer a cabalidad de los problemas del sector, están dispuestos a organizar una instancia con la autoridad para debatir los temas que aquejan a la mediana minería”, expresó.

Por su parte, el vicepresidente de Sonami, Cristián Argandoña, manifestó su complacencia con la iniciativa del parlamentario: “Estoy contento con la propuesta del senador Castro. Me devolvió el alma al cuerpo después de escuchar a ambos senadores. La minería es una actividad muy potente que le puede dar un muy buen futuro al país. Somos empresas responsables. No hacemos tonteras. Estas son empresas que responden y dan la cara. Sólo necesitamos el apoyo para salir adelante”.

En su exposición, el presidente de la Comisión de Minería y Energía del Senado, Juan Luis Castro, al referirse a las propuestas que ha hecho Sonami, dijo que “hemos hecho nuestra la posición que ha plantead el gremio, que creemos razonables, que hemos respaldado y sustentado”.

En la oportunidad, continuó explicando que “cobra especial relevancia poner la mirada en la mediana minería (también en la pequeña minería), segmento en general olvidado en el debate público, porque coexiste con la gran minería de tamaño mundial que existe en nuestro país, cuyas cifras de inversión y producción pueden superar hasta en 30 veces la de un proyecto de mediana minería. Siendo también mucho más extenso su período de maduración y tramitación, así como también lo es su mayor impacto en los ecosistemas”.

Medidas procrecimiento

El senador Castro afirmó que en la Comisión respectiva “hemos hecho nuestras las medidas procrecimiento que propuso Sonami en noviembre del año pasado, a distintas autoridades. Ellas fueron parte de la minuta que cómo Comisión le entregamos al presidente de la República, en entrevista del 22 de julio pasado”.

El presidente de la Comisión resaltó que “aquí hablamos de medidas simples y efectivas”, tales como:

-       Diferenciar en el sistema de evaluación ambiental, los proyectos nuevos de las faenas antiguas. En la mediana minería existen faenas con más de 50 o 60 años de operación, en que cada extensión de vida útil es tratada como un nuevo proyecto, lo que de verdad resulta absurdo cuando se trata de una empresa que lleva décadas operando la misma mina y planta, con los mismos trabajadores, la misma razón social, etc.

-       Si queremos generar un impacto inmediato en mayor producción minera, se propone permitir por una vez, a través de un procedimiento simplificado (declaraciones juradas o pertinencias ambientales) el incremento de hasta un 20% de la capacidad de tratamiento de los planteles productivos del país

-       Aumentar el nivel permitido de extracción a la pequeña minería, desde las actuales 5.000 ton/ mes, establecidas desde 1994, para acercarse a los límites fijados por una legislación más contemporánea, como es la Ley del Royalty que, en materia de pequeña minería, equivaldría a más de 40.000 ton/mes.

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Al encuentro asistió el titular de la instancia, el senador Juan Luis Castro, y los integrantes Yasna Provoste y Loreto Carvajal, quienes, en compañía de la ministra de Minería, Aurora Williams; el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; y el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), Iván Mlynarz, expresaron sus preocupaciones al Mandatario.

Tras el encuentro, el senador Castro aseguró que “hay un compromiso del Presidente de inyectar recursos a Enami. También se nos dijo que antes del fin de este gobierno, se pondrá en marcha la nueva fundición Hernán Videla Lira (HRL), y que habrá una serie de propuestas que representantes del Ejecutivo nos explicarán en la sesión del miércoles. No se habló de montos, pero sí del único objetivo que es proteger la pequeña y mediana minería”.

En cuanto al futuro de Enami, el parlamentario valoró la sinceridad con que se analizó la situación. “Es evidente que hay un diagnóstico financiero y de sostenibilidad muy complejo. Es una empresa que está perdiendo mucho dinero a diario. El solo cierre de la fundición HRL redujo las pérdidas. Esa reducción se hizo, pero la clave de esto es el plan estratégico. Se nos dijo con claridad que eso implica el esfuerzo político y financiero del Gobierno de recuperar Enami para el Estado, no para los privados, y que, por tanto, la capitalización es inevitable”, planteó.

Por su parte, la senadora Yasna Provoste valoró que se considere la capitalización de la compañía a través de un plan integral. «Sostuvimos una reunión franca, donde planteamos las necesidades de la pequeña minería que tiene una relación simbiótica con Enami porque si dejamos morir a Enami, dejamos morir a la pequeña minería”, hizo ver.

Del mismo modo, Provoste concluyó que “el Presidente Boric aclaró que tiene un plan estratégico que busca revitalizar la pequeña minería, con una política nacional de fomento. Le ha encargado a la ministra de Minería que pueda presentar una política nacional de fomento. Él ha señalado que, en su mandato, se iniciarán las obras de la nueva fundición Hernán Videla Lira, mensaje que es muy tranquilizador pensando en los despidos de los trabajadores y los pequeños mineros«.

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En la sesión, presentó la iniciativa el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien comentó que ésta busca que las autoridades velen por el resguardo de la capacidad de fundición de Enami.

En específico, la norma establece que, en el caso de cese de funciones de la fundición Hernán Videla Lira, en Copiapó, por obsolescencia tecnológica, incumplimiento de estándares medioambientales u otras razones, se deberá garantizar la construcción de un proyecto de modernización con los más altos estándares ambientales y productivos.

Al respecto, Mulet afirmó que Enami ha contribuido mediante su acción de fomento a la creación permanente de negocios de pequeña minería y minería artesanal, que comercializan de forma competitiva sus productos en el mercado internacional.

Por su parte, la diputada Sofía Cid (RN), también autora de la iniciativa, mencionó que el directorio de Enami tomó la decisión de suspender “temporalmente”, en febrero de 2024, las operaciones de la citada fundición.

De acuerdo a lo anterior, Cid manifestó que «es necesario que el Gobierno entregue las garantías necesarias a la comunidad que la fundación siempre estará localizada en la región de Atacama. Esa es la preocupación que tenemos y qué mejor para establecerlo que a través de un proyecto de ley”.

Sobre la materia, la presidenta de la instancia legislativa, diputada Yovana Ahumada (IND), recabó el acuerdo para invitar a la próxima sesión a la ministra de Minería, Aurora Williams. Asimismo, al abogado Patricio Cartagena.

Gestión de residuos

En una segunda materia, la instancia inició la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley 20.920, que establece un marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. El objetivo es exigir la aplicación de un plan de recuperación de elementos pesados a los gestores de depósitos de relaves.

La autora de la iniciativa, diputada Yovana Ahumada (IND), sostuvo que el proyecto busca proteger el medio ambiente y crear un desarrollo minero sostenible en el tiempo. “Tener una responsabilidad de los relaves y recuperar estos procesos (…) Hacerlos más eficientes y amigables con el medio ambiente”, comentó.

Agregó que en la región de Antofagasta ven cómo los relaves van creciendo, generando un problema ambiental en su entorno por la polución y la contaminación.

A su vez, Ahumada planteó que la recuperación de elementos pesados puede ser una fuente importante de materias primas valiosas. Así, planteó que la  implementación de planes de recuperación puede no solo proteger el medio ambiente y la salud pública, sino también promover una economía más sostenible al recuperar metales y minerales valiosos que de otro modo se perderían.

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Uno de los principales aspectos que destacó el ejecutivo fue el buen comienzo de año en términos de producción. “Este primer trimestre cumplimos 99% del presupuesto de producción. Estamos recuperándonos y seguiremos haciéndolo”, dijo Pacheco a los senadores asistentes. En el período se produjeron casi 300 mil toneladas de cobre.

Así también, en la sesión en la que estuvieron presente los(as) senadores(as) Juan Luis Castro, Loreto Carvajal, Rafael Prohens y Yasna Provoste, el presidente del Directorio de la estatal precisó que “cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras está sacándose la mugre para cumplir con nuestra meta de producción y revertir el cuadro que hemos vivido de caída en nuestra producción y retraso en nuestros proyectos estructurales. Y lo vamos a conseguir”.

Producción de Codelco

Máximo Pacheco también entregó a los parlamentarios mayores detalles de la caída en la producción de los últimos tres años.

Dijo que en la menor producción de 293 mil toneladas de cobre fino entre 2021 y 2023, más de la mitad (53%) se explica por las menores leyes del mineral.

En esa línea, afirmó que “esa peor ley, a su vez, fue producto principalmente de las siguientes razones: el menor desarrollo minero en El Teniente, a causa de la pandemia; el deslizamiento de una pared del rajo de División Ministro Hales; el agotamiento de los óxidos de Radomiro Tomic y las disrupciones en el ramp up de Chuquicamata Subterránea”.

“Es decir, más de la mitad de la caída de producción en estos dos últimos años se debe a la ley de mineral y el otro 47% responde a eventos operacionales, además de eventos sísmicos y climáticos”, agregó.

Proyectos estructurales

El presidente de Codelco también compartió con la Comisión las razones que impiden que hoy los proyectos estructurales no estén compensando la merma de producción.

“El retraso de los proyectos se debe a que se fueron postergando las decisiones sobre estas inversiones que son necesarias para compensar el agotamiento de las minas, al punto que en 2011 comenzaron en forma simultánea cuatro megaproyectos de inversión. Ninguna empresa de nuestro tamaño habría hecho eso, pero la demora en las decisiones llevó a que los cuatro proyectos coincidieran en el tiempo. El gran aprendizaje es que debemos acelerar el proceso de toma de decisiones. Y lo mismo se aplica a nuestra curva de aprendizaje. Hemos tenido mucha experiencia lidiando con temas en la frontera del conocimiento, tenemos que acelerar ese aprendizaje y con ello ejecutar de una manera diferente los proyectos”, comentó.

Sobre este punto, el presidente de la Comisión de Minería y Energía, senador Juan Luis Castro, valoró la sinceridad del presidente del Directorio y afirmó que concuerda con su autocrítica de que “es necesario mejorar la velocidad en la toma de decisiones y acelerar los aprendizajes. La pregunta es cómo hacemos para responder a la demanda mundial de cobre, que exige nuevas exploraciones, nuevos yacimientos y nuevos proyectos de inversión, y que se hagan a la brevedad posible, respondiendo al sitial que tiene Chile como primer productor de cobre del planeta. Esto requiere un diálogo, por lo que vamos a convocar nuevamente al presidente del directorio y al presidente ejecutivo durante abril para profundizar los datos que nos han entregado y para analizar qué puede hacer el Poder Legislativo respecto al rol que tiene hoy día Codelco para el país y sobre todo respecto de su futuro”.

Junto con ello, Pacheco describió que en 2023 la menor producción incidió en una caída del Ebitda, que cerró el año en US$4.184 millones, con una diferencia cercana a US$1.600 millones respecto al año previo. Pese a la disminución, destacó que el Ebitda de 2023 es equivalente a una ganancia diaria de US$11,5 millones.

Según detallaron desde Codelco, durante la sesión el ejecutivo también explicó las razones del resultado de última línea, que arrojó pérdidas por US$591 millones. “Algunos se quedan sólo en el cuestionamiento, sin profundizar en las razones detrás de ese número rojo. La diferencia principal entre los resultados de 2022 y 2023 se explica principalmente por un deterioro extraordinario de nuestra coligada Anglo American Sur por US$522 millones y el incremento en intereses y costos financieros, por otros US$200 millones”, sostuvo.

En la oportunidad, el ejecutivo aprovechó de describir a los parlamentarios las fortalezas y oportunidades de la Corporación en una mirada de mediano y largo plazo. Entre ellas, la gigantesca base minera, cuyos recursos permitirán prolongar la vida de Codelco en el futuro; la oportunidad que entrega el cambio climático y la incidencia de metales críticos como el cobre para la descarbonización a nivel global; el expertise de la Corporación y sus trabajadores en su historia de más de 50 años; y la importancia de Codelco en movilizar la economía y el desarrollo nacional.

Finalmente, el representante de la cuprífera manifestó que “estamos convencidos de que Codelco es y seguirá siendo el mejor negocio para Chile. Por eso, continuaremos invirtiendo en nuestros proyectos estructurales, aportando nuevos yacimientos, siendo un pilar para la colaboración público-privada, innovando para ser líderes en producción responsable y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático con estándares ESG en cobre y litio».

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Desde la Cámara explicaron que la ministra de Minería, Marcela Hernando, detalló que la norma sustituye el plazo de vigencia de las modificaciones al Código de Minería. En concreto, se propone que estas tengan lugar a partir del 1° de enero de 2024.

La autoridad recordó que el propósito de la ley 21.420 fue ser la fuente de financiamiento permanente para la Pensión Garantizada Universal.  La citada norma fijó, entre otras medidas, cambios al Código de Minería para aumentar la recaudación; pero, principalmente, dar dinamismo y potenciar la exploración en Chile.

Debido a la premura que impuso la tramitación de la mencionada norma, se generaron ciertos vacíos e inconsistencias en la normativa minera. En este sentido, se considera imperioso posponer parte de los efectos de dicha ley para evitar que se produzcan mayores inconvenientes en el régimen de concesiones mineras en el futuro próximo.

Problemáticas

De acuerdo a la exposición del subsecretario de Minería, Willy Kracht, la actual ley generaría una serie de problemas para la industria minera que se activarían desde el 4 de febrero de 2023, de no posponerse su entrada en vigor, generando alta incertidumbre.

Desde la Cámara indicaron que las principales problemáticas dicen relación con la entrega de información geológica, el uso de propiedad minera, el cambio de Datum de coordenadas de Propiedad Minera y el acceso a rebajas de pago de patentes y beneficios por trabajo (Ver presentación). 

En la sesión también expuso el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco Valdivieso, quien manifestó su opinión favorable a la postergación de la norma (Ver presentación).

Energías renovables

En segundo término, la comisión aprobó, en general, el proyecto que impulsa la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional (boletín 14.755).

La norma busca acelerar la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica mediante el aumento de las metas de generación a gran escala. Asimismo, el establecimiento de un sistema de trazabilidad del carácter renovable de la energía e incentivos a la generación distribuida. Además, se aumenta la obligación de las empresas generadoras de electricidad de comercializar al menos un 40% de ERNC al 2030, sostuvieron desde la Cámara.

La iniciativa fue respaldada por unanimidad. Al respecto, el grupo legislativo fijó un plazo de indicaciones hasta el martes 13 diciembre.

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