Las exposiciones fueron impartidas por Pedro Berríos, jefe de la Unidad de Emergencias, dependiente de la Oficina de Relaciones Institucionales y Coordinación.

Al respecto, el profesional de Sernageomin sostuvo que “recibimos una importante delegación de Brasil, jóvenes interesados en saber nuestro rol como Servicio, y además cómo gestionamos nuestros protocolos ante posibles emergencias. Fue una grata actividad y un excelente espacio de conversación y discusión en temas de importancia de gestión y reducción del riesgo del desastre de nuestros países”.

La delegación de Brasil estuvo integrada por 30 estudiantes del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais. “Compartimos las emergencias que han ocurrido tanto en Chile como en el vecino país de Brasil, principalmente asociado a depósitos de relaves”, sostuvo el jefe de Unidad de Emergencias.

En paralelo, el Sernageomin recibió a un grupo de profesionales provenientes de la Escuela de Ingenieros Militares de Colombia, estudiantes del Magister de Reducción del Riesgo del Desastre. Al respecto, Pedro Berríos afirmó que “el intercambio internacional en materia de reducción y gestión del riesgo del desastre es muy importante, ya que muchos países de Sudamérica estamos expuestos a diversos y comunes tipos de emergencias, y por lo tanto compartir experiencias y conocimientos nos permite estar cada vez más preparados para enfrentarlos”.

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Desde Quintil Valley informaron que la ceremonia contó además con la participación de la embajadora de Australia, Erika Thompson; la embajadora de Suecia, Helena Storm; la directora comercial de ProChile Colombia, Marcela Aravena; el presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño; y gerente general de Quintil Valley, Walter Rosenthal, quienes firmaron en representación del nuevo polo de innovación de cobre.

HUB de Innovación del Cobre

El HUB, iniciativa creada y operada por Quintil Valley, es un programa asociativo que reúne a empresas mineras de cobre de Colombia y aliados nacionales e internacionales, que buscan por la vía de la innovación y la colaboración, articular buenas prácticas, aportar a la transición energética e industrialización responsable, incluyente, participativa e intensiva en conocimiento; integrada con las necesidades del Colombia y el mundo, y sobre todo con nuestras comunidades y el medio ambiente.

La ministra de Minería y Energía, Irene Vélez, señaló que «la transición energética es urgente para descarbonizar la economía, para cumplir nuestros compromisos de cambio climático. Nos hemos propuesto desarrollar una Minería Para La Vida, que sea participativa, incluyente y que responda a las oportunidades de la Transición Energética con altos estándares ambientales y sociales”.

Por su parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, indicó que «las energías limpias demandan minerales que nuestro país tiene en el subsuelo, y en ese sentido se necesita una industria minera sólida que invierta en su exploración y producción de manera responsable y sostenible»

Agregó que «una transición energética viable y segura requiere un compromiso irrestricto con la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, la generación de oportunidades y el diálogo social. No es posible lograr una transición hacia las energías renovables sin el uso de minerales estratégicos como el cobre”.

Objetivos del HUB

Desde Quintil Valley manifestaron que el proyecto busca, entre otras cosas, compartir buenas prácticas operacionales, ambientales y sociales, nacionales y globales para incentivar la innovación social en las diferentes etapas de los proyectos de cobre de los integrantes del Hub de innovación de Colombia, además de aportar de manera colaborativa y en espacios de co-construcción con las iniciativas que impulsan la transición energética y las diferentes políticas públicas del Gobierno.

Asimismo, -aseveró la compañía- busca promover una ruta de transformación del mineral de manera limpia,  responsable con el medio ambiente y con las comunidades, que le permita al país producir, procesar y usar el cobre en aplicaciones propias que movilicen nuevo conocimiento, alianzas, y creación de empresas para la transición energética.

Walter Rosenthal señaló que “desde Quintil Valley nos especializamos en diseñar y operar Hubs de Innovación en Latinoamérica, con especial experiencia en el sector Minero – Energético de la región. Estamos muy contentos por el gran paso firme que dimos en Colombia, de ser los gestores de toda la colaboración entre ecosistemas para este nuevo polo innovador de cobre en el país, que nos permitirá completar una propuesta de alto valor para un territorio con mucho potencial”.

Las empresas que componen el HUB son:

• Metalmax Mining
• Libero Cobre
• Max Resources
• Minerales Córdoba
• Minera de Cobre Quebradona
• Minera El Roble
• Royal Roads
• Rugby Limited
• International Materials

Para ser parte de la iniciativa, visita la página web y redes sociales del Hub de Innovación del Cobre.

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El presidente colombiano Iván Duque dijo que su Gobierno estudia la medida además para evitar que la minería ilegal continúe alimentando un conflicto interno armado de más de cinco décadas.

«Hemos considerado reabrir una conversación, también con la banca central, para que volvamos a centralizar, en el caso específico, la compra de oro», afirmó Duque durante la conferencia regional de minería ELAMI, apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo.

El Banco Central de Colombia fue el único comprador de la producción de oro en el país hasta 1991, cuando se abrió el mercado.

Duque aseguró que se requiere un esfuerzo regional para combatir la minería ilegal. Es «justamente esa extracción ilegal de minerales, la que termina acumulando los mayores vertimientos de mercurio, es esa la que termina haciendo deforestación, es esa la que termina afectando comunidades, y es la misma que se enlaza con fenómenos de criminalidad, como el narcotráfico u otras formas de violencia».

Duque afirmó que el Gobierno presentará este mes al Congreso un proyecto de ley para fortalecer las sanciones por delitos ambientales, en la que también se endurezcan las penas por la extracción ilegal de minerales.

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa, destacó cómo un gramo de oro suele ser más fácil de transportar para los grupos armados que un gramo de cocaína.

Mineros de Perú piden reglas claras

Colombia, en donde la producción de oro aumentó un 58% interanual en el tercer trimestre a 14,2 toneladas, lanzó la semana pasada el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), una unidad del Ejército que además de combatir los cultivos de hoja de coca, la producción de cocaína, enfrentará la minería ilegal y los grupos armados ilegales que se financian de esas actividades criminales.

A su turno, los mineros informales en Perú están pidiendo al Gobierno que implemente reglas claras para la comercialización del oro, dijo el ministro de minería de ese país, Jaime Gálvez.

«Creemos que es algo que de alguna manera debemos retomar, aunque no sea el Estado directamente, sí el Estado controlando el proceso de comercialización del oro de la pequeña minería», dijo el funcionario.

«Es la única manera para tener la trazabilidad del recurso y sin la trazabilidad del recurso lo que vamos a tener es que la minería informal va a seguir siendo la predominante», agregó.

Perú produjo 87.302.970 gramos finos de oro en el 2020, una caída de 32% frente al 2019, según el Ministerio de Energía y Minas.

Las ventas de monedas de lingotes de oro de Estados Unidos aumentaron un 258% en 2020, dijo el mes pasado la Casa de la Moneda de ese país, y la gran demanda continuó este año, lo que redujo los suministros afectados por los confinamientos del coronavirus.

Los déficits de producción fueron parcialmente compensados ​​por precios más altos, dijo el ministro de minería de Argentina, Alberto Hensel.

«La caída podríamos decir que fue de un 40% en los volúmenes de producción, pero en el valor de exportaciones, debido al incremento del precio, representan una caída del 20%», precisó Hensel.

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Muestra de ello es el reciente anuncio de la empresa Prodeco de cerrar su tarea en el departamento del Cesar con el argumento que no le cuadraba la ecuación desde el punto de vista financiero para desarrollar la operación, debido al comportamiento a la baja en la cotización del mineral.

Pero a la caída en el precio del carbón en los mercados del mundo, también se suman la compleja extracción en los depósitos llamados ‘viejos†que terminan por subir los costos de producción, el tema ambiental que requiere inversiones adicionales y el avance de las renovables, que tienen en jaque a esta operación minera.

Para Nicolás Arboleda, asociado de Energía, Minas e Infraestructura de Baker McKenzie, el mercado global del carbón no está atravesando sus mejores momentos, ya que existe una política de descarbonización a nivel global y también cierta oposición a este mercado por la idea de que son actividades altamente contaminantes.

Por lo tanto, -dice el analista- se ha convertido en un mercado que ha perdido su apetito de inversión de países de Europa, y del continente americano.

Otra de las razones a las que apela Arboleda, tiene que ver con los contratos de aporte minero de las empresas carboneras en los departamentos de Cesar y La Guajira, los cuales posee condiciones diferentes al de las concesiones mineras tradicionales.

“Pueden llegar a ser más onerosos que las concesiones mineras bajo el Código de Minas actual. Esto implica que el government take pueda ser alto para estas compañías extractivas a gran escala y, con precios de carbón a la baja, resultan en operaciones que podrían ser económicamente inviables”, resaltó el vocero de Baker McKenzie.

Con la misma coyuntura de 2020

Pero además, a la caída del precio, la pandemia y la descarbonización en el 2020, se suma otro ingrediente, la huelga del Cerrejón que duró 91 días en los cuales la mina dejó de vender US$759 millones, y de paso impactó en el balance al final de año.

Datos de los ministerios de Comercio y Minas Energía indican que por cuenta de estas razones, el año pasado fue de los más oscuros de la operación carbonífera. En el caso de Cerrejón cerró sus exportaciones con 13,6 millones de toneladas (el más bajo en los últimos 18 años, que representa una caída del 50% respecto a las exportaciones de 2019). Por su parte, Drummond tuvo mejor cara, al registrar un decrecimiento del 10,3% en la extracción y del 4,4% en sus ventas al exterior.

Al indagar en estas dos empresas mineras carboníferas sobre el mal momento por el que atraviesa la tarea, no ocultaron su malestar, principalmente por la caída en el precio del mineral en el mercado internacional, y que influyó en gran medida en sus resultados.

“Es evidente que se mantienen las condiciones de mercado que vimos en 2020 (una demanda reducida y un precio a la baja) y, por lo tanto, necesitamos seguir el proceso de transformación para asegurar la sostenibilidad de la compañía”, señaló Claudia Bejarano, presidenta del Cerrejón.

La líder empresarial agregó que en ese proceso, es esencial contar con una mayor seguridad jurídica y un compromiso más activo del Gobierno en el desarrollo de la operación minera y así evitar los bloqueos que terminan afectando los ingresos por regalías para el país.

Por su parte, José Miguel Linares, presidente de Drummond, subrayó que “la crisis actual de la operación fue causada por la pandemia (emergencia sanitaria por la covid-19), a lo que se sumó un ciclo prolongado de precios bajos en el mercado internacional del carbón. Logramos sobrellevar la situación y emerger del 2020 nuevamente con 29,7 millones de toneladas de carbón exportadas”.

Ante un panorama carbonífero nada alentador, y con una caída en la producción del mineral, el cual cerró en el 2020 en más de 54 millones de toneladas (la cifra más baja en toda la historia de la operación), y con una proyección para el 2021 de más de 62 millones de toneladas, el sector minero hace un llamado para hacerle cambios a la misma operación.

“Se hace necesario que se adelante un ejercicio para repensar la industria minera colombiana, lo cual debe pasar necesariamente por un adecuado entendimiento de la dimensión e impacto de los proyectos mineros generadores de valor para nuestra economía”, señaló Juan Camilo Nariño, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

El líder gremial recalcó que, “sobre esta base se puede generar un marco de relacionamiento institucional mas eficiente con las diferentes autoridades mineras, ambientales y sociales, sobre premisas de claridad y seguridad jurídica que permitan a las compañías tomar mejores decisiones sobre sus inversiones en beneficio del país”.

Mayor seguridad jurídica

Para las empresas mineras con presencia en Colombia, los analistas, y el gremio del sector, la falta de reglas claras de juego y la inseguridad jurídica, también le están pasando factura a la tarea carbonífera del país.

“Los fallos judiciales han presionado la actividad, demorando las ampliaciones o haciendo inviable la fórmula operativa desconociendo el modelo minero aprobado inicialmente”, recalcó el presidente de la ACM.

En la misma línea, Hernán Rodríguez, socio de Dentons Cárdenas & Cárdenas, señaló que el Ministerio de Minas y Energía debería tomar medidas de alivio a los productores de carbón térmico especialmente en tiempos de precios bajos.

“Por ejemplo debería cambiar los indicadores para establecer los precios de referencia con el fin de calcular regalías para que reflejen el mercado asiático. Esa es la realidad hoy”, señaló el consultor.

Y agregó que las operaciones de carbón son fundamentales para el país por virtud de los ingresos que generan y del impacto social en los municipios en los que operan. “En este tiempo difícil es necesario protegerlos y arroparlos”, dijo.

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La huelga comenzó el 31 de agosto, después de que las partes no lograron un acuerdo sobre aumentos de salarios y otros beneficios en salud, educación y vivienda para los trabajadores.

La decisión de Cerrejón, propiedad en partes iguales de BHP Group, Anglo American y Glencore, de establecer una nueva jornada laboral denominada por el sindicato como «el turno de la muerte», se convirtió en el principal obstáculo para lograr un acuerdo.

Cerrejón sostiene que la implementación del nuevo turno de trabajo es indispensable para garantizar la viabilidad de la operación en medio de bajos precios del carbón y una reducción de la demanda.

Pero el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) asegura que aumenta la jornada laboral, afecta la salud y elimina 1.250 puestos de trabajo, aunque Cerrejón solo admite la reducción de hasta 700 empleos.

Representantes de la empresa y de los trabajadores han mantenido reuniones en las últimas dos semanas con la mediación del Ministerio de Trabajo, la Asociación Nacional de Empresarios y un sindicato nacional, sin lograr ningún acuerdo.

De inmediato no hubo ninguna reacción de Sintracarbón sobre la decisión de la empresa de solicitar un tribunal de arbitraje.

La minera no ha revelado hasta el momento ninguna estimación del impacto de la huelga en su producción e ingresos.

Cerrejón es un complejo de minería y transporte integrado en el departamento de la Guajira, en el noreste de Colombia, que incluye una mina a cielo abierto, una línea de ferrocarril de 150 kilómetros y un puerto marítimo sobre el Mar Caribe.

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La emergencia se registró en horas de la mañana en zona rural del municipio de Barranco de Loba, en el departamento de Bolívar, 470 kilómetros al norte de Bogotá.

“Me acaban de informar que fueron rescatados con vida los 14 mineros que habían quedado atrapados en una de las regiones más queridas del departamento de Bolívar”, dijo Duque al agradecer las labores de rescate en las que participaron las Fuerzas Militares, la Defensa Civil y la ANM.

La mina en la que se registró la emergencia tenía licencia de operación, de acuerdo con la autoridad de minería del país.

En Colombia existen numerosas minas abiertas y subterráneas de oro y carbón en las que con frecuencia se producen accidentes, debido a que algunas explotaciones son ilegales o no se toman suficientes medidas de seguridad.

En el 2019 se registraron 114 accidentes mineros que dejaron 82 muertos, mientras que en lo que va de este año se han reportado 121 emergencias con 137 de víctimas fatales, según estadísticas de la ANM.

En junio del 2010 murieron 73 personas por la explosión en una mina de carbón en el noroeste de Colombia, en la peor tragedia de este tipo en la historia reciente del país, el quinto exportador mundial de ese combustible fósil.

La industria minera de Colombia incluye desde enormes depósitos explotados por multinacionales hasta cientos de yacimientos pequeños e improvisados.

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La minería de oro a gran escala sin licencia por parte de bandas criminales, rebeldes de izquierda u otros armados ilegales puede causar graves daños ambientales en el país sudamericano, uno de los más biodiversos del mundo.

La explotación de oro de aluvión fue detectada a distancia en 98.028 hectáreas en 2019, en comparación con las 92.046 hectáreas del año previo, dijo el informe de ONUDC y el Ministerio de Minas y Energía.

El oro aluvial se extrae de ríos en donde se encuentra mezclado con arena, grava o arcilla por lo que se utilizan químicos altamente tóxicos como el mercurio y el cianuro para separarlo.

“La explotación ilícita de minerales atenta contra el medio ambiente y la seguridad de las personas, se roba recursos de todos los colombianos y es una de las dos principales fuentes de financiación del crimen organizado”, dijo el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, en una conferencia de prensa virtual.

El Gobierno busca aumentar los castigos para las personas que sean sorprendidos realizando actividades mineras ilegales, especialmente en áreas ambientalmente protegidas, aseguró Mesa, mientras que continúa formalizando y capacitando a los pequeños mineros.

Sólo el 27% de las áreas de oro de aluvión detectadas solicitaron permisos legales y ambientales, mientras que el 7% estaba en proceso de legalización. El 66% restante es producción ilegal, precisó el informe.

El estudio no incluyó cifras sobre la minería de oro subterránea ni de minería de subsistencia.

Los departamentos de Antioquia, Chocó y Bolívar representan el 88% de la producción de oro de aluvión. El 52% se realiza en zonas donde la minería está prohibida por razones ambientales.

“Estos resultados recalcan la importancia de nuestra cooperación bilateral en este tema”, dijo durante el evento el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, al reiterar la preocupación de su país por la participación de los grupos armados en la minería ilegal.

El oro de aluvión coincide a menudo con la producción de hoja de coca -la materia prima de la cocaína-, según el informe.

El 43% de las zonas en las que se detectó producción de oro de aluvión el año pasado tenían cultivos de coca en 2018.

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Se trata del proyecto Soto Norte, ubicado en el departamento de Santander, considerado por el Gobierno como uno de los más estratégicos en su intención de convertir el oro y el cobre en los principales recursos mineros del país sudamericano en reemplazo del carbón.

“La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó el archivo del trámite administrativo de evaluación de licencia ambiental presentado por la Sociedad Minera de Santander S.A.S. para el proyecto de explotación subterránea de minerales auroargentíferos Soto Norte”, dijo un comunicado.

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Ante el anuncio, la negociación de las acciones de CLH en la Bolsa de Valores de Colombia se suspendió desde este martes hasta el día hábil siguiente a la publicación del primer aviso de oferta, cuya fecha no fue revelada.

Cemex España ofrecerá un precio por acción de CLH de 3.250 pesos (US$0,87), precisó la Superintendencia Financiera en una comunicación el lunes en la noche.

La acción de CLH cerró el lunes a 2.805 pesos (US$0,75) en la bolsa colombiana.

De acuerdo con información de Refinitiv, se encuentran 57.500.448 acciones en circulación de CLH, en tanto que Cemex España posee un 76,97% de las acciones de la cementera.

Según la bolsa, CLH tiene una capitalización bursátil de 1,62 billones de pesos (US$437,5 millones).

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El máximo órgano de control fiscal del Estado dijo que de acuerdo con los hallazgos iniciales, el operador de la mina aplicó descuentos y deducciones que no procedían, en detrimento de los recursos económicos del país.

«En este momento se apertura un proceso de responsabilidad fiscal, que es el producto de una auditoria y una indagación preliminar, en el cual existe una fuerte preocupación acerca de si se está liquidando de manera correcta o incorrecta las regalías que le pertenecen al Estado colombiano», dijo el vicecontralor general, Ricardo Rodríguez, en un comunicado.

«Se revisó el operador minero, en este caso Cerro Matoso, y se identificó que aplicaron unas deducciones que no tenían ningún tipo de relación con su proceso productivo», agregó Rodríguez, al revelar que se incluyeron descuentos por viajes, hoteles, clubes, transporte y gastos portuarios que no debían ser deducidos.

El yacimiento de ferroníquel, uno de los más grandes del mundo a cielo abierto, está ubicado en una zona rural del municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba, en el norte de Colombia, y alcanzó una producción de alrededor de 41.000 toneladas al cierre del año fiscal de 2019.

En un correo electrónico a Reuters, South32 dijo que el intento de recuperar retrospectivamente las regalías era técnica y legalmente inválido, ya que se refiere a dos contratos de concesión que se finalizaron en 2012 y se están resolviendo en los tribunales colombianos.

La minera australiana afirmó que la cifra citada por el organismo no se basa en la fórmula de regalías contractuales.

«Tomaremos todas las medidas legales necesarias para defender nuestros intereses legítimos y proporcionar la seguridad jurídica necesaria para promover y proteger la inversión extranjera en Colombia», dijo la compañía.

Además de la empresa minera, la investigación involucra a funcionarios de la estatal Agencia Nacional de Minería encargados de supervisar la correcta liquidación de las regalías, dijo la Contraloría.

«Si esto eventualmente da una consecuencia en contra el Estado, este daño tendrá que ser resarcido», concluyó Rodríguez.

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