De acuerdo a información de la empresa estatal, entre las acciones destacadas figuran el proyecto «Mujeres Reutilizan Madera para Diseño de Muebles» de la comunidad Colla,  «Tierra Viva» de Tierra Amarilla, presentado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la construcción de distintos muebles a base de material reciclado.

Esta iniciativa contó con el apoyo de Enami desde su formulación, además de tener a disposición las dependencias de la Fundición Hernán Videla Lira para la realización de talleres que, junto con beneficiar a la comunidad «Tierra Viva», posibilitó que tanto integrantes de la comunidad, como vecinas de la comuna, se capacitaran en distintas técnicas de construcción en madera.

Otro hito importante en la gestión ambiental -durante este año- fue el reconocimiento obtenido por «Impulsar la Economía Circular». Mérito obtenido por el procesamiento comercial de chatarra de fierro que lleva adelante Enami y que se extenderá hasta octubre de 2023.

Según dieron a conocer desde Enami, hasta el momento han sido contabilizadas 2.684 toneladas de residuos, en forma de chatarra acumulada de las actividades de mantención, principalmente en la fundición y una parte en Planta Matta.

Por otro lado, respecto de la gestión 2022, valoraron que, de los residuos peligrosos generados por sus operaciones, Enami recicló un 14% en aceite usado; para los residuos domésticos se recicló un 4% y fueron retiradas 14.506 toneladas de chatarra para reciclar.

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Se trata de una causa ingresada por la comunidad indígena Wara, una comunidad del pueblo Colla que se caracteriza, según ella misma indica, por la transhumancia minera.

Esta reclamación se fundamenta en que la modificación que se pretende efectuar al proyecto minero ya referido, fue evaluada por el SEA a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que el organismo evaluador no constató la existencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, tal como lo establece el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Para la comunidad indígena no haber constatado su presencia en el territorio, impidió materializar el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas conforme a los estándares del Convenio 169 de la OIT.

También, aseguran que el SEA no ha considerado una serie de antecedentes entregados por la comunidad durante el proceso de evaluación del proyecto, y aseguran que hay diversos impactos ambientales que no fueron evaluados ni reconocidos por la empresa.

Collas

Los reclamantes indican que son una comunidad indígena que practica la trashumancia minera a diferencia de otras comunidades Collas que están relacionadas con la ganadería, por lo que entre sus características está el recorrido que realizan por los cerros en busca de minerales, hierbas medicinales y actualmente en la búsqueda de cuarzo que se encuentra diseminado en el desierto.

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El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, explicó que se tomarán un tiempo para definir el mejor mecanismo. “Nosotros esperamos hacer mejoras al procedimiento, primero, en el marco de la comisión presidencial del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que ha decretado la presidenta y, segundo, esperar el desarrollo y el contenido del Ministerio de Asuntos Indígenas”, dijo.

La comisión que estudia cambios al SEIA tiene previsto evacuar su informe final en enero de 2016. De acuerdo a una fuente conocedora de este proceso, se instituyó una mesa técnica de participación ciudadana y consulta indígena.

La misma fuente comenta que el foco de este comité es buscar fórmulas de consulta indígena previa al ingreso de los proyectos al sistema. A esta mesa se sumarían personeros del Ministerio de Desarrollo Social.

Badenier, de todas maneras, destacó que “en términos generales la consulta indígena para proyectos de inversión se desarrolla normalmente al alero del Servicio de Evaluación Ambiental, ejecutándose del orden de 23 procesos, los que se han llevado a cabo con normalidad”.

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Nuevo ministerio

Cuando se anunció la modificación a los dos decretos que regulan la consulta indígena en general y el específico para el SEIA, se informó que los proyectos de inversión tendrían que pasar por una unidad especial que sería creada en el Ministerio de Desarrollo Social. Este análisis sería prerrequisito para el ingreso de cualquier iniciativa a evaluación ambiental.

Esto, luego que existieran solicitudes de los pueblos originarios para sacar el proceso del SEIA y la percepción por parte del Ejecutivo que el gobierno anterior “mezcló peras con manzanas” al incluir la consulta en la evaluación ambiental.

Ahora el mecanismo podría sufrir modificaciones ante las conclusiones de la comisión del SEIA, pero también ante la creación del Ministerio y los Consejos de Pueblos Indígenas.

El 30 de enero pasado, y luego de cinco meses de trabajo, los pueblos Aymara, Quechua, Atacameño, Colla, Rapa Nui, Diaguita, Mapuche, Yagan, Kawéskar aprobaron la nueva institucionalidad. Ahora, Desarrollo Social deberá enviar el proyecto al parlamento, el que sería enviado durante el último trimestre de este año.

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Hubo una aprobación mayoritaria, por parte del resto de los 153 delegados de las siete etnias originarias reconocidas en el país, al acta de consenso alcanzada a partir del anteproyecto de ley formulado por el Ejecutivo y las observaciones planteadas durante el largo proceso de consulta, que partió en septiembre pasado.

«Nuestra intención es enviar el proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas el primer semestre de este año. Ello dependía de si había o no acuerdo. Los disensos fueron marginales, así que podemos adelantar el proceso. Sería muy bueno que pudiéramos hacerlo en marzo», aseveró la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas.

La jornada que se vivió ayer y el viernes en el lodge San Francisco de San Esteban puso fin a un proceso iniciado hace cinco meses, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a los pueblos originarios las medidas administrativas o legales que les afecten.

La consulta partió en septiembre, en 58 localidades que luego se ampliaron a 122, con presencia de población aimará, quechua, atacameña, colla, diaguita, rapanuí, mapuche, yagán y kawasqar a lo largo del país.

La convocatoria fue realizada a 5 mil comunidades y asociaciones indígenas registradas en la Conadi, mediante carta certificada, insertos y difusión en la prensa. Ellas debieron discutir internamente sus resoluciones y 900 dirigentes designaron a 153 delegados que debían representar sus posturas en la asamblea final que tuvo lugar en la apartada hostería, ubicada en la precordillera, a 12 kilómetros del pueblo de San Esteban.

El proyecto de ley presentado a la consideración de los pueblos indígenas consta de 14 artículos y cuatro disposiciones transitorias. Recogiendo la observación de los delegados, se cambió el nombre del ministerio de «Asuntos» a «Pueblos Indígenas». Otra de las observaciones de los delegados fue cambiar el verbo rector «velar» por otro menos paternalista, al asignar al ministerio la tarea de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales ratificados por Chile en materia indígena.

El texto le asigna la tarea de planificar, desarrollar y coordinar la ejecución de las políticas y medidas especiales que aseguren a los pueblos indígenas gozar, en igualdad de condiciones, de los derechos y oportunidades que la ley ofrece a los demás miembros de la población.

Cuestionamientos

El proceso no estuvo exento de conflictos, que se registraron hasta la jornada final. En la mañana de ayer, ocho de los 15 delegados de la Región Metropolitana abandonaron el salón plenario, negándose a concurrir con sus votos a la aprobación del acta que dio por consagrado el acuerdo entre las etnias y el Estado, sobre objetivos, competencias, atribuciones y organización del futuro ministerio de Asuntos Indígenas y de un comité interministerial de la misma materia.

«Nuestras propuestas no fueron tomadas en cuenta. Se están vulnerando los derechos indígenas», reclamó el dirigente de la comunidad mapuche Antu Paiñaku de Puente Alto, Juan Llankamán, que propugnaba por una redacción más directa sobre las obligaciones del nuevo ministerio.

Junto al werkén de Quilicura, Leftaro Coliñir; al machi Manuel Lincovil y a los dirigentes Raúl Félix Queupul, Samuel Melinao, Juana Cheuquepán, Marcela Lincovil y José del Tránsito Hueche Carcamán, acusaron al Gobierno de imponer dirigentes indígenas que provenían de «secretarías políticas», en vez de líderes ancestrales para contar con los votos -que se expresaban en la asamblea a mano alzada- para aprobar sus propuestas.

A través de tres de las asociaciones indígenas que representan (Kallfulican, Llug-Kym Hue-Harria y Kiñe Pu Liwen) anunciaron que interpondrían un recurso de queja ante la Corte Suprema para validar un recurso de protección, cuya admisibilidad fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y en el que reclaman que la consulta indígena vulneró el Convenio 169 de la OIT.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social señalaron que esta posición disidente se debió a que la asamblea rechazó su petición de extender los plazos de la consulta, con la finalidad de entregar propuestas fuera de plazo.

La ministra Villegas aseguró que la consulta cumplió todos los estándares del citado acuerdo internacional. «Este exige que la consulta sea previa y que debemos actuar de buena fe. Nosotros vamos a bregar por que el proyecto de ley refleje los acuerdos aquí plasmados», aseveró. «Como en todo proceso democrático, está el derecho a retirarse del procedimiento y luego reincorporarse», añadió, al hacer referencia a que aún estaba pendiente el pronunciamiento de los delegados sobre la composición y atribuciones del Consejo de Pueblos Indígenas. Hasta anoche, la discusión en este punto se centraba en el planteamiento del pueblo mapuche de una representatividad proporcional al peso poblacional, mientras que otras etnias eran partidarias de asignar a cada uno de un total de nueve consejeros.

Pero en Isla de Pascua también hay cuestionamientos a la legitimidad de la consulta indígena. Ocho clanes y la organización Parlamento Rapa Nui reclaman que la designación de los cuatro delegados de la etnia fue realizada en «una reunión a puerta cerrada», donde participaron 40 personas. Alfredo Tuki, el delegado que firmó el acta que aprueba el ministerio, admitió que las críticas son razonables, pues la designación fue «realizada a última hora» y responsabilizó a autoridades locales de no haber difundido a tiempo la convocatoria.

Asimismo, una «asamblea autoconvocada de pueblos aymara, mapuche y quechua de Arica» envió una carta a la Presidenta Bachelet reclamando un manejo político en la designación de delegados, lo que fue rechazado por los delegados aimaras a la jornada final de la consulta.

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