En la actualidad, solo dos países de la región cuentan con una ley específica para el cierre de minas: Chile y Perú.

Frente a la interrogante de cómo lograr cumplir con los desafíos que se le presentan a la gran y mediana minería en esta materia, Patricio Aguilera, director Nacional en el Sernageomin, sostiene que “la implementación ha significado un importante trabajo para el sector minero del país y Sernageomin. Como autoridad competente de la ley consideramos necesario indicar algunos importantes logros, como la participación de manera activa en dos modificaciones a la ley y su reglamento. Y estamos haciendo lo propio en una tercera, mediante el proyecto de ley que establece una «Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales», la cual fue anunciada por el Presidente de la República, el 10 de enero de 2024”.

Del mismo modo, Aguilera destaca que “hemos dado mayores certezas a la industria minera a través de un set de guías metodológicas, sobre elaboración, presentación, evaluación y aprobación de planes de cierre, evaluación de riesgos, estabilidad química, estabilidad física, plan de cierre parcial, garantías, entre otras”.

A partir de los importantes avances mencionados, varios son los desafíos que se están abordando, por ejemplo: “incorporar en la evaluación de riesgos y en el diseño de medidas de cierre la variable cambio climático, tema que requiere del mayor esfuerzo y que Sernageomin se encuentra trabajando con apoyo técnico de la CEPAL, BGR y Cooperación Alemana, en el marco del programa Minsus”, resalta el director Nacional del Servicio.

A su vez, añade que “otro desafío es la ejecución de los planes de cierre de manera oportuna y cumplimiento de otras obligaciones como auditorías y actualizaciones, desarrollar e incentivar el cierre parcial y progresivo, y contar con estrategias de permisos ambientales y sectoriales, considerando principios de transparencia y coordinación con comunidades y autoridades”.

En esa línea, Achim Constantín, director del Proyecto MinSus-BGR, expone que “las auditorías son un mecanismo importante. En Chile existen cuatro tipos de auditorías: primero, la periódica, que se realiza cada cinco años y con costos de la empresa; segundo, la auditoría extraordinaria; tercero, la auditoría voluntaria, que ofrece la empresa (debe anunciar a la autoridad que se realizará); y por último, la auditoría que se realiza al final de la ejecución del plan de cierre”.

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“Hoy, 15 de enero, en un trabajo conjunto entre Enel Generación Chile SA y el Sindicato Nacional Interempresa de Ingenieros de Ejecución y Profesionales de Endesa, Filiales y Otras Empresas Relacionadas (SIEP), hemos alcanzado un acuerdo que puso fin, de forma inmediata, a la huelga legal que se inició el pasado martes 12 de enero a las 00:00hrs”, dijo la empresa.

“De esta manera, a contar de hoy, los trabajadores retoman sus labores, de forma normal, en la compañía”, añadió.

El complejo termoeléctrico Bocamina ubicado en la comuna de Coronel en la Octava región, y que se compone de las unidades 1 y 2, parte plan de decarbonización de la generadora que incluye el cierre gradual de dichas plantas.

De hecho el 31 de diciembre Enel Generación Chile conctretó s la desconexión y cese de operaciones de la Unidad 1 de Bocamina tras 50 años de operaciones.

De esta manera y luego del cierre de la Central Tarapacá, el 31 de diciembre de 2019, la compañía ha seguido avanzanzando en el proceso de descarbonización de su matriz de generación, adelantando en tres años el plazo comprometido para el término de la operación de esta unidad.

Así en mayo de 2022, con la desconexión de la segunda unidad de Bocamina, Enel Generación será la primera empresa eléctrica en terminar con la generación a carbón en Chile.

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“El cargo por deterioro en relación con Cerro Colorado refleja la decisión tomada por el grupo de reducir el rendimiento de Cerro Colorado durante el período restante de su licencia ambiental actual″, se sostuvo en la entrega de resultados.

Este impairment se sumó a otros desembolsos extraordinarios en que incurrió la compañía, como el término anticipado de un contrato eléctrico en Escondida con AES Gener, que facilitará el cumplimiento de la meta impuesta por la empresa de operar en 100% con energías renovables a 2025.

En la instancia de entrega de resultados, BHP también anunció cambios en su estructura. Uno de ellos implica la salida de Daniel Malchuk, actual presidente de BHP Mineral Americas (que maneja los activos controlados por la australiana en la región, incluida Escondida, la mina de cobre más grande del mundo).

“Bajo el liderazgo de Danny (Malchuk), la unidad Minerals Americas ha logrado un desempeño operativo récord en Escondida, ha avanzado en el proyecto de crecimiento de cobre de Spence y ha sentado pilares firmes en nuestra opción de desarrollo de potasa en Jansen. Danny también ha supervisado la transición de nuestras operaciones de Chile a la energía renovable y el agua desalinizada”, sostuvo el CEO de BHP, Mike Henry, a través de un comunicado.

En su reemplazo llegará Ragner Udd, quien tomará el cargo a partir de noviembre. El ejecutivo aporta más de 20 años de experiencia global en operaciones y liderazgo en Australia y América del Norte, que incluyen haber sido presidente del Asset en BMA y vicepresidente de Transformación Global de Tecnología. Actualmente es el Director interino de Tecnología, donde realineó la función de Tecnología global, redujo los costos y ajustó las prioridades para apoyar mejor los assets operacionales de BHP.

“El CEO de BHP ha anunciado nuevos nombramientos en el Equipo de Liderazgo Ejecutivo (ELT, por sus siglas en inglés). Estos incluyen dos roles nuevos (directora técnica y director de desarrollo) para apoyar los objetivos de nuestra empresa para ser más seguros, reducir los costos y ser más productivos, y para desarrollar una cartera con miras al futuro y con oportunidades de crecimiento a largo plazo”, se explicó en el escrito.

Otro cambio es la llegada de Laura Tyler, quien será la directora técnica a partir del 1 de septiembre de 2020. En su nuevo rol, será responsable de la exploración de minerales, salud, seguridad y medio ambiente, centros de excelencia, tecnología y el sistema operativo de BHP. También, Caroline Cox será la directora de Asuntos Externos a partir de la misma fecha. En este último cargo, se quedará Geoff Healy hasta fines de octubre.

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El futuro de Salvador será parte de los temas que este jueves conversará el directorio ordinario de Codelco, diálogo que se realiza luego que el comité de inversiones de la minera, en sesión especial, decidiera no avanzar en Rajo Inca y también tras las intensas gestiones tanto de Minería como de los propios trabajadores de la división para evitar un potencial cierre, fantasma que ha deambulado en la operación ubicada en Atacama desde el año 2005.

En los pasillos de Codelco ya se habla de cierre. “Efectivamente se puede cerrar”, afirma un ejecutivo de la corporación. Añade que, si no el proyecto Rajo Inca se aprueba de aquí a octubre, “comienza el descuadre”.

La preocupación está latente, explica el exdirector de Codelco hasta mayo pasado y actual dirigente del sindicato N°6 de Salvador, Raimundo Espinoza. Es que “los plazos no dan”, afirma el dirigente quien recuerda que han peleado por más de 15 años para darle continuidad a Salvador, por lo que advierte: “daremos la pelea”.

El martes, el dirigente sindical participó de una reunión virtual con las autoridades de la región y también con el ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien el viernes pasado se reunión con el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, para hablar de la división y ayer también conversó con el presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio, por la preocupación que genera el proceso que abrió el Estado en contra de la minera estatal.

Espinoza detalla que, de acuerdo al cronograma de Rajo Inca, a fines de este mes se tendría que haber aprobado la decisión de inversión de la iniciativa de US$ 1.200 millones. Con ese visto bueno, se tendría que haber iniciado la licitación para la adjudicación del o los contratos para el movimiento de tierra, necesario para la construcción del nuevo rajo de la división. También con esa decisión se tendría el capital para realizar las primeras compras de maquinarias, como chancadores y camiones. Añade que ya las obras tempranas del proyecto -los caminos mineros-, estaban listos e incluso terminados antes de tiempo, por lo que se esperaba, previo a la pandemia, comenzar la producción de 95 mil toneladas ante de la fecha estimada. Es decir, unos meses antes de fines del 2021.

“Hoy día el mayor riesgo que tenemos es el tiempo. Si el tema no se soluciona luego, los plazos de la actual mina subterránea con los tiempos del proyecto no se juntan. La demanda del CDE puede ser un proceso que dure un par de años y si en dos meses más no comenzamos a aprobar las compras y licitar las empresas, no vamos a poder hacer las adecuaciones necesarias para entrar en la nueva fase. Vamos a tener que empezar a sacar gente. Esa es la realidad”, indica. La división cuenta con 1.300 trabajadores, pero hoy, producto del Covid, hay 700 personas trabajando en la mina subterránea, explica Espinoza.

Problema de comunicación

Para Raimundo Espinoza, la solución para Salvador es política y no técnica. “El tema se soluciona a nivel de las autoridades. Acá tiene que tomarse una decisión política para poder tener una solución rápida, porque en Salvador no tenemos ni 60 o 90 días. Eso es así”, afirma.

Estima que hay un problema de comunicación entre las organizaciones públicas implicadas en la aprobación de los proyectos. “Tanto la DGA como Medio Ambiente aprobaron el proyecto Rajo Inca con todo lo que se le hizo: se entregaron todos los antecedentes, se realizaron todas las mejoras y también hubo compromisos en relación a mejorar la recuperación del agua”, detalla.

“¿Cómo un directorio como el de Codelco, donde yo era miembro, iba a aprobar un proyecto que no tenía agua y justo sale esto a una semana de su aprobación? Esto tiene que ver con la forma de operar de hace 30 años atrás”, explica el dirigente.

Hoy la división tiene autorizada la extracción de 1.800 litros de agua por segundo, pero solo se usan 800 litros, explican en la minera.

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Esta acción legal se basa en la vulneración de derechos fundamentales para las personas como el resguardo a la salud, la vida y la integridad fisica y psíquica, en una ciudad donde existe gran movilidad de trabajadores, especialmente del sector minero, y tiene 4.100 casos totales de Covid-19.

«La única forma que se pueda controlar el foco infeccioso y detenerlo es en cierta forma aislando a la ciudad», explicó el abogado del sindicato, Rodrigo Arismendi, quien agregó que «no sacamos nada con ir detectando casos, poniendo personas en cuarentena si es que sigue el foco entrando y saliendo a través del aeropuerto».

«Tenemos nuestros casos detectados, es decir, las personas serán debidamente reconocidas, dejadas en reposo y de ese modo ir controlando como lo han hecho en la experiencia los países europeos -por ejemplo- donde el tema ha ido menguando, pero congelando a la población», agregó Arismendi.

Este recurso surge después de que Codelco decidiera, como medida frente a la emergencia, que sus trabajadores de las mineras del distrito norte (Chuquicamata, Gabriela Mistral, Radomiro Tomic y Ministro Hales), no utilizarían el aeropuerto de Calama, a partir del último cambio de turno a efectuarse el miércoles 1 de julio.

Alcalde pide aclarar alcances de la medida

El alcalde de Calama, Daniel Agusto, dijo que «las medidas que ha anunciado Codelco van en la línea correcta», pero señaló que desde el municipio están «observantes» respecto a los «alcances» de la decisión de la cuprífera.

«Si ellos deciden no utilizar el Aeropuerto El Loa, ¿van a utilizar otro aeropuerto o van a generar el traslado de gente por tierra?», preguntó el jefe comunal.

«Nos gustaría conocer a qué se refiere esta medida, porque lo importante aquí es reducir drásticamente la movilidad y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones: hemos solicitado el cierre del aeropuerto sí o sí por 14 días», agregó el alcalde calameño.

Por su parte, el obispo de Calama, Óscar Blanco, apuntó directamente a la minería como los culpables de los contagios, porque en las personas en las poblaciones y campamentos están en sus casas. «En Calama, la provincia de El Loa, San Pedro, en nuestros pueblos del interior la gente se está muriendo a consecuencia del Covid, por el contagio, por la aglomeración de mucha gente», dijo.

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La cotización al contado del metal cerró con un avance de 0,93% a 2,34303 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con lo que acumuló un incremento de 7,68% en lo que va del año.

En tanto las cotizaciones a tres meses subían 0,47% a US$2,3475 la libra.

“Mejora el sentimiento de mercado ante anuncios de reapertura gradual de las economías más afectadas por el virus”, señaló Bci Estudios en un informe.

Sumándose a las medidas de estímulo anunciadas por otros bancos centrales el Banco de Japón anunció una ampliación de su programa de compra de activos y aumentó el límite de compra de deuda corporativa a US$186 billones, sin límites para la compra de deuda soberana.

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El proceso de paralización programada se inició en el segundo semestre del año pasado, luego que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anulara la aprobación ambiental que autorizaba el uso de tronaduras en Mina Invierno. Como consecuencia directa del dictamen, en 2019 la extracción de carbón se redujo en 48,1% y el número de embarques en 53% respecto de lo proyectado.

Tras el despacho del último stock de carbón, la empresa trabajará con una dotación de personal propio y externo de no más de 80 personas, que se encargarán de realizar la mantención de las instalaciones y del equipo minero-portuario, así como del seguimiento de compromisos medioambientales.

Por otra parte, señaló la empresa, esta continúará haciendo esfuerzos para intentar revertir la decisión del tribunal ambiental ante la Corte Suprema, a través de un recurso de casación, el que se suma a los ingresados por los trabajadores y el Servicio de Evaluación Ambiental, lo que podría reactivar la operación.

El gerente general de la compañía, Guillermo Hernández, señaló que último embarque “simboliza la pérdida de casi 1.000 empleos de calidad directos en la operación”. Agregó que “esta triste y lamentable situación, en un momento en que la creación de empleos tiene tanta importancia, no la generó la pandemia del coronavirus, sino el mal uso y abuso de la legislación ambiental, que hacen personas que no buscan mejorar iniciativas que generan trabajo, crecimiento y mejor calidad de vida, sino que obstruyen y destruyen sin ser capaces de ofrecer alternativas”.

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Una decisión que supuestamente habría tomado el Presidente Sebastián Piñera, todo en el marco de hacer un gesto ante la cumbre de cambio climático COP25 que durante diciembre de este año se realizará por primera vez en Chile.

Sin embargo, durante la tarde el ministro de Minería, Baldo Prokurica, aseguró que el Ejecutivo no ha tomado dicha decisión, y que el día que eso ocurra «habrá que tener presentes los distintos elementos que influyan».

«Respecto a la información de un trascendido entregado en un medio de comunicación, quiero decir que esta no es una decisión que se haya tomado por parte del Gobierno, y en el minuto en el que se discuta, habrá que tener presentes los distintos elementos que influyen, por la importancia que esta tiene en la decisión de la magnitud que significaría un cierre de la fundición como Ventanas», indicó el ministro.

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A pesar de que el Ejecutivo salió rápidamente a desmentir la información, la idea del cierre alcanzó a ser comentada por algunos expertos, como el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, quien apuntó a que el Gobierno no contaba con la facultad de cerrar empresas. «Creo que los Gobierno no cierran ni abren empresas.

Los Gobiernos establecen regulaciones, normas de emisión, que las empresas deben cumplir. Y si las normas de emisión, que deben ser lo exigentes que la sociedad exija, y que claramente deben ser cada vez más exigentes», indicó.

Agregando que «si con esas normas de emisión una empresa no tiene la posibilidad de actualizar sus instalaciones para cumplirlas obviamente tiene que cerrar, pero la respuesta tiene que ser institucional, el Gobierno está a cargo de poner las reglas del juego, las normas de emisión, y las empresas tienen que o adaptarse o cerrar».

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Dicha situación no solo significó para la estatal el pago de indemnizaciones por $ 164 millones, tras un fallo judicial de 2013, y el desarrollo de procesos de mitigación, sino que además golpeó con fuerza la imagen pública de la fundición.

Cuatro años después, Codelco, el principal operador de fundiciones del país, avanza en la ejecución de un plan de más de US$ 1.000 millones para adecuarse a la nueva norma de emisiones y modernizar sus operaciones tanto en Ventanas como en Caletones, Potrerillos y Chuquicamata.

Pero estos planes podrían cambiar. Ello, porque el presidente ejecutivo de la cuprera, Nelson Pizarro, recibió un mandato para buscar opciones que decanten en el cierre de Ventanas, manteniéndose sólo su refinería.

Esa idea, que recién se estaría analizando a un alto nivel y cuya discusión aún no habría llegado al directorio, tendría como fin lograr la elaboración de un nuevo proyecto estructural consistente en la construcción de nuevas fundiciones de “clase mundial”. Es decir, que sean sustentables medioambientalmente, con una alta tecnología y una presencia distinta ante la comunidad.

Aunque algunas versiones apuntaban a un supuesto interés de Codelco en la fundición Chagres, de Anglo American, se trataría de una alternativa ya descartada, dado que la compañía de capitales británicos y sudafricanos establecería como requisito de venta el procesamiento del mineral de Anglo Sur en la operación.

Viabilidad

En la industria creen que un eventual cierre de Ventanas sería un proceso viable, pero no exento de dificultades.

En términos de costos, no sería una opción inalcanzable: aunque una fundición de esas características demandaría entre US$ 1.000 millones y US$ 3.000 millones, los montos definidos para las mencionadas modernizaciones podrían servir de colchón para un nuevo proyecto.

Además, hay quienes ven como una señal la decisión de Pizarro de crear una gerencia especial para la optimización de la fundición y refinería.

“Codelco siempre está evaluando estas alternativas. No sé si decidirán cerrar Ventanas. Esta tiene menos economías de escala, lo que hace difícil que tenga costos bajos y está ubicada en un lugar no muy propicio para hacer emisiones. No me llama la atención de que en vez de meter plata a Ventanas se considere otra posibilidad”, indicó el académico de la UC, Gustavo Lagos.

El director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, añadió que las fundiciones de la estatal “enfrentan obsolescencia, lo que hace que las inversiones en modernizaciones sean caras y técnicamente poco eficientes”. Por esto llamó a apuntar a una revisión total, tanto a nivel de empresa como de país.

Ricardo Calderón, presidente de la Federación de Supervisores de Codelco, aseguró que la opción “tendría sentido siempre y cuando se desarrollen nuevas fundiciones sustentables ambientalmente y exista un plan para salvaguardar empleos y concretar reubicaciones”. En la fundición Ventanas trabajan cerca de de 200 personas.

El dirigente añadió que el cierre de la operación implicaría modificar la ley de 2005 que traspasó la propiedad de Ventanas desde Enami a Codelco y que mandata a esta última a procesar todo el mineral de la pequeña y mediana minería.

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En el caso de Salvador, la minera estatal está impulsando un plan por US$3.000 millones que ampliará su vida útil, aunque antes de darle el vamos deberá asegurarse de que el proyecto que se desarrolle se enmarque dentro de los parámetros de rentabilidad de la compañía.

Pero en el caso de Michilla, ligada al grupo Luksic, su futuro es distinto, pues se está trabajando en el plan de cierre.

En primer lugar, la mina -que produce cerca de 40.000 toneladas y que inició sus operaciones en 1959- vive en 2014 su último año a full capacidad. Según los últimos reportes oficiales de la compañía, se trata de un yacimiento que está “a punto de extinguirse”, pues ya no queda más mineral explotable económicamente en el rajo. El año programado para finalizar las operaciones es 2015.

Fuentes cercanas a la compañía señalan que 2014 es un año para recoger “lo que queda” de la mina, lo que permitirá operar a un costo competitivo. Es decir, levemente por debajo del precio del cobre, en torno a US$2,4 a US$2,8 por libra. Es una cifra que todavía está por debajo del precio actual del cobre, pero con un margen muy ajustado.

De acuerdo con el balance oficial de operaciones de Antofagasta Minerals, para el primer trimestre de 2014, el costo de producción de Michilla llegó en ese período a US$2,49 por libra, cifra que representa una caída de US$0,4 versus  igual período del año pasado. Diez centavos del descenso se explican sólo por la mayor debilidad del peso frente al dólar.

A modo de comparación, El Tesoro produjo durante el primer trimestre a un costo de US$1,68; Esperanza a US$2,2 y Los Pelambres a US$1,64. El viernes, el precio del cobre cerró en US$3,03 por libra, lo que es una señal de lo ajustado del escenario actual que vive esta operación.

El costo de caja promedio de Michilla en 2013 fue de US$3,22, cifra que hoy significaría una pérdida operativa para la empresa.

Además, del Ebitda conseguido por la compañía durante 2013, que llegó a US$2.702 millones, apenas el 0,6% provino de este yacimiento ubicado en la zona costera de la Región de Antofagasta. No obstante, Michilla generó una pérdida operativa para la compañía durante 2013.

“Michilla tuvo una pérdida operativa de US$43,1 millones en 2013, comparado con una ganancia de US$29,3 millones en 2012. La pérdida operativa se debió a actividades de remoción significativas durante el año que fueron reconocidas como costos operativos debido a la baja expectativa de la vida útil de la mina y a depreciación acelerada. Se espera que la operación vuelva a generar utilidades durante 2014”, señala la firma en su última Memoria Anual.

Proyecto de futuro

No obstante el complejo panorama que enfrenta esta operación, la empresa está analizando una propuesta -que aún no es vista por el directorio- para ampliar en algunos años la vida útil de Michilla.

Se trata de una idea que permitirá explotar material en los alrededores del yacimiento, utilizando las instalaciones de Michilla tanto a nivel de plantas como portuarias.

Antofagasta Minerals ha adquirido participaciones minoritarias en la operación, precisamente para flexibilizar el proceso de cierre y, eventualmente, evaluar opciones de continuidad.

“El grupo ha adquirido intereses minoritarios en Michilla desde el final del año 2013, alcanzando actualmente el 94,9% de la propiedad. Esto, para permitir una mayor flexibilidad en la forma en que se maneja el cierre de la mina y la utilización de sus activos, en particular los relativos a su estratégica costera ubicación, lo que puede permitir la mejor captura de potenciales sinergías con otras operaciones del grupo”, planteó la compañía.

Según una alta fuente de la empresa, este tema está en análisis, por lo que podría haber novedades en los próximos meses.

Respecto a la opción de paralizar o reducir el ritmo de explotación, como se hizo en 2008 por la fuerte baja que experimentó el precio del cobre, la fuente plantea que esto no está en discusión porque este año se aprovechará de explotar el mineral que fue extraído el año pasado, lo que permitirá operar con un bajo costo.

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