Carola Vásquez, gerenta general del gremio minero, estuvo a cargo de las palabras iniciales, destacando el rol de la institución en el desarrollo de la principal industria chilena, además de abordar el objetivo de la actividad, vinculado al análisis de la preponderancia y el legado de la minería en Latinoamérica.

En esa línea, Jorge Riesco, presidente de Sonami, aseveró que “la minería ha sido parte de toda la historia de Chile y de Latinoamérica”, recalcando la importancia de la colaboración ante los desafíos que afronta el sector, ante su objetivo de incrementar la producción.

El líder gremial manifestó que el cierre de una faena minera conlleva la pérdida de instalaciones, ante lo cual es preciso buscarle una segunda vida, que pudiera beneficiar a otras empresas o a la propia comunidad. “Es preciso hablar de una minería circular”, expresó.

En ese contexto, Carolina Orozco, presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador, se refirió a la importancia de planificar el cierre de la operación, considerando sus implicancias y efectos sobre los territorios en los que se encuentra inserto. Junto con ello, comentó que los gremios mineros cumplen un rol fundamental en lo referido a la capacitación, a autoridades y a la comunidades, respecto a las particularidades que presenta el sector, en su camino a la sostenibilidad.

Esto fue complementado por Karen Flores, directora general de la Cámara Minera de México, quien recalcó la relevancia de incorporar a la comunidad desde la formulación del proyecto, considerando las diversas etapas de la iniciativa, ante la inquietud de por ejemplo el impacto en el empleo que tendré el cierre de la faena. Al respecto, reafirmó el rol del diálogo, conocer el grado de dependencia entre la compañía y la comunidad.

Por su parte, Gonzalo Quijandría, presidente de Comité Sectorial Minero de Perú, aludió a que es preciso considerar la relevancia de la minería en los territorios donde se desarrolla, de manera de evaluar el impacto que tendrá un cierre. Por ello, la importancia de impulsar los encadenamientos productivos y la diversificación, ante el desafío de gestionar los efectos que conlleva el término de la actividad productiva.

En tanto, Roberto Cachiola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, afirmó que “el diálogo con las comunidades inicia con la exploración”, propiciando su involucramiento en el desarrollo minero, que implica informar respecto a la totalidad del ciclo minero, además de “entender las necesidades para ser creíbles”, y definir cuáles son las alternativas posteriores al cierre de una faena.

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Desde Sernageomin cuentan que la cifra final supera los US$ 12 mil 238 millones, casi un tercio más que el preliminar que se entregó hace unas semanas, lo que implica que las compañías deberán entregar al Gobierno garantías por poco más de US$ 40 millones para asegurar el cierre de las faenas que hoy operan en plazos que dependen de la proximidad del cierre de la faena.

En total, más del 90% de las faenas se acogieron, lo que se tradujo en que 134 faenas de 11 regiones del país presentaron esta estimación, en lo que es la primera etapa del cumplimiento de la ley, que contempla un estándar más exigente para estos planes, incluyendo la aplicación de Análisis de Riesgo para la estabilidad física y química de las instalaciones de la faena.

Entre las regiones es Antofagasta la que concentra un mayor número de faenas (40), con un costo estimado por las empresas de US$ 5.173 millones, con garantías a un año que deberán consignarse por US$ 2,5 millones. Más atrás están Tarapacá, con 12 faenas y garantías por US$ 2,6 millones; Atacama, con 31 yacimientos y garantías por US$ 6,9 millones.

Para las faenas y compañías que se acogieron a este régimen transitorio, en noviembre venció el plazo de presentación de sus planes.

Plazo hasta 2016

«El siguiente paso es la evaluación y aprobación de los planes de cierre; una vez que eso suceda, la empresa tiene un plazo de seis meses para comenzar a constituir la garantía financiera, para haber completado el 20% del total dentro del primer año», explica el director de Sernageomin, Rodrigo Álvarez.

Las normativa obliga a garantizar las medidas de estabilización física y química que deben realizar las empresas durante el cierre las faenas que en el futuro agoten su fase de explotación, además de garantizar la gestión de post-cierre que se extiende por, al menos, 5 años, pero solo se les piden garantías a aquellos yacimientos donde la capacidad de extracción mensual bruta es superior a 10 mil toneladas.

Pero no todas tienen que pagar. Las faenas menores se incluyen en un régimen simplificado que no exige garantías, y aquellas que son parte del régimen general solo deben pagar dependiendo de las condiciones de su RSA.

Esta condición es la que explica que, por ejemplo, en la Región del Maule (Talca), existe una faena cuyo costo de cierre supera el US$ 1 millón, pero no deberá consignar garantía ni completar un fondo.

Pero, explica Rodrigo Álvarez, si bien hace dos semanas terminaba el plazo de entrega, hay compañías como Freeport-McMoRan que se adelantó a la fecha e incluso consignó, la semana pasada, un pago por más de US$ 200 millones como garantía al cierre de la faena Ojos del Salado, de la que controla el 80%.
A ella, esta semana debería sumarse otra compañía.

Las demás empresas tienen, dependiendo de los plazos de aprobación de sus planes, hasta marzo de 2016 para consignar estos montos.

El semáforo

Pero no todos los planes que fueron presentados serán aprobados por la autoridad. Es más, el Sernageomin tiene, desde la fecha de cierre de recepción de estos planes, acogidos al sistema general, un plazo de 60 días para revisar estos planes, tiempos que pueden subir por solicitud de la entidad o de las mismas empresas.
Además, dicen desde la entidad, hoy son 12 los yacimientos que cumplieron con el plazo, pero que están pendientes y que se tienen que regularizar.

Es que el plazo de este régimen transitorio implicaba que las compañías podrían entregar planes estimados y no exhaustivos, pero sí valorizados y luego garantizados.
Esto debe pasar en la siguiente fase, cuando el Sernageomin dé su visto bueno a las valorizaciones, por lo que los montos seguramente cambiarán en la siguiente etapa, pues estos planes seguirán en revisión. Y cada cinco años deben ser auditados.

Pero «si antes de los 5 años, si detectamos alguna incongruencia, o no está acorde, vamos a ir estableciendo revisiones para que esto se solucione», dice Álvarez.
Por eso, dentro de los cambios que la ley obligó a hacer en la estructura de Sernageomin -entre los que también se cuentan la constitución de un departamento de Garantías Financieras-, está la elaboración de un «semáforo» para calificar la calidad de las valorizaciones de planes de cierre y post-cierre presentados por las empresas.

Así, cuentan, si un ingreso es de calidad deficitaria, se instruye a las direcciones regionales que fiscalicen para luego solicitar una actualización a la empresa.
Esto, eso sí, se diseñará como una comunicación entre la entidad y las empresas. «Será un semáforo privado, que ayudará a trabajar, pero por ser información delicada se mantendrá en reserva», dice Álvarez.

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