Sin embargo, la alta concentración de datos e información que las empresas generan para satisfacer los procesos de auditoría y verificación de las certificaciones que, por lo general, no es pública o no está disponible en formatos accesibles para las comunidades y los actores locales, dificultan las relaciones entre estos y la industria.

Dada esta situación, nació el Grupo de Trabajo “Acceso a la información de certificaciones mineras”, integrado por organizaciones de la sociedad civil y expertos de la región andina, con el objetivo de contribuir a la gobernanza local a través de la elaboración de diez recomendaciones dirigidas a las certificaciones a nivel de mina, en una iniciativa respaldada por el Programa MinSus, a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR), y el Natural Resource Governance Institute (NRGI).

En este proceso de concientización, el GT ha puesto especial atención en cuatro iniciativas que en los próximos años tienen el potencial de certificar a aproximadamente 200 operaciones mineras en la región andina.

Estas son la Iniciativa para Garantizar la Minería Responsable (IRMA por sus siglas en inglés), Copper Mark, el proceso de aseguramiento y validación a nivel de mina del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés) y la Iniciativa Hacia una Minería Sostenible (TSM por sus siglas en inglés) de la Asociación Minera de Canadá.

Las recomendaciones

Enfocadas en las certificaciones a nivel de mina, las recomendaciones se agrupan en cinco pilares, iniciando por la necesidad de hacer públicos, transparentes y accesibles temas auditados que son prioritarios en la región andina en materia de relacionamiento social y comunitario, datos económicos e impuestos, democracia y derechos humanos y en la protección del ambiente.

El GT propone que tanto la información como los reportes de verificación se generen y publiquen considerando un adecuado uso del lenguaje y que los formatos atiendan a diferentes audiencias de interés, además de contemplar la entrega de información contextual que permita la compresión del puntaje obtenido y su evolución en el tiempo y la publicación de la información sea más frecuente.

Asimismo, se recomienda la publicación del grado de cumplimiento de los criterios y estándares de las certificaciones, motivos y planes de mejora de las empresas en caso de incumplimiento, y los enlaces a la información de respaldo presentada. El proceso de auditoría, verificación y certificación debe ser socializado a la vez que la promoción de los espacios de diálogo, inclusión y participación efectiva de los actores locales, y, finalmente, fortalecer el acceso y respuesta de los mecanismos de reclamo y solicitud de información disponibles por empresas y certificaciones.

La publicación de la información permitirá activar procesos de diálogo y participación que sean continuos, permanentes y representativos entre los actores locales con miras a generar confianza, mejorar las prácticas corporativas y fortalecer la gobernanza local.

Estas recomendaciones buscan contribuir a que los procesos de certificación profundicen en las vías de acceso, uso y apropiación de la información incentivando un aumento en la demanda de adherencia a las certificaciones, impulsado por la sociedad civil y actores clave. Esto permitiría profundizar el uso local de la información y podría hacer más robustos los ejercicios mismos de certificación, dándoles mayor credibilidad, y contribuyendo al fortalecimiento de la gobernanza local.

Esto considerando la tendencia hacia el surgimiento de más iniciativas y certificaciones a nivel de mina, y no a nivel corporativo, caracterizadas por contar por auditorías y procesos de verificación realizados por terceros. Muchas de estas certificaciones a nivel de mina son muy recientes, aún son pocas las minas que han pasado por el proceso de obtención de la certificación o la calificación, por lo que su efectividad para promover y certificar mejores prácticas empresariales aún está por constatarse.

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En la instancia participó el presidente de la Comisión Minera, Hans Gopfert; los gerentes generales de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Felipe Celedón, y del Consejo Minero, Carlos Urenda, respectivamente. A ellos se sumaron los presidentes del Colegio de Geólogos, Patricia Narváez, del Colegio de Ingenieros, Cristián Hermansen, y del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Juan Pablo González.

La ministra Williams indicó que “nadie puede dudar de las calificaciones técnicas y competentes que ustedes tienen. Hay una comisión que nuevamente estuvo a cargo de este proceso evaluativo de cada uno. Pero a eso se debe sumar un aspecto fundamental que se relaciona a la conducta ética y la responsabilidad de apadrinar el sistema institucional.»

Personas Competentes

La calificación le permite a quienes la reciben, suscribir o emitir informes técnicos, junto con reportar prospectos de exploración, recursos y reservas mineras para una oferta pública de valores.

También, y dado que su rol se ha ampliado, pueden participar en procesos de cierre de faenas mineras; en el desarrollo de informes del Fondo de Exploración Minera Fénix de Corfo; la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera; y en licitaciones o informes internos de empresas, entre otras materias. Además, pueden otorgar asistencia técnica a la Superintendencia de Valores y Seguros, a la Bolsa de Santiago y a Sernageomin, entre otras instituciones.

La secretaria de Estado agregó que “el reconocimiento mundial con el que cuenta la minería chilena se debe en gran parte a la sólida y creíble institucionalidad que hemos cuidado y mejorado.”

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Empleados de Viggo Santiago ya se certificaron como auditores para las respectivas normativas. Esta medida también se llevará a cabo en las agencias ubicadas en Antofagasta, Calama y Copiapó.

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