Con la detención, alrededor de unas 10.000 personas dedicadas a la minería han dejado de trabajar provisionalmente para cumplir la cuarentena dictada hace más de un mes por el Gobierno interino de Bolivia y frenar los contagios por el coronavirus.

Se trata de la primera vez en unos 475 años en que la que fue la mayor mina de plata del mundo detiene sus operaciones.

Cabe destacar que aunque el tesoro de esta montaña de 4.800 metros era conocido mucho antes, no fue explotado hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, situación que convirtió a Potosí en una de las mayores ciudades de la época, con unos 160.000 habitantes.

Nunca antes la explotación se había detenido

La suspensión de la actividad minera «es un acontecimiento sin precedentes en la historia minera del Cerro Rico de Potosí», aseguró el integrante de la Sociedad Boliviana de Historia, Daniel Oropeza.

El historiador mencionó que ni durante la época colonial, la guerra de la Independencia del siglo XIX, ni hechos drásticos del siglo XX, como la guerra del Chaco con Paraguay (1932-1935), habían logrado frenar esa labor que se mezcla con rituales andinos y la veneración de deidades.

«No tenemos registros ni en los libros del Cabildo de Potosí, que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XIX (…), de referencias que digan de que el Cerro Rico dejó de operar», indicó Oropeza.

En el pasado reciente, durante las protestas sociales de 2010 y 2019, cuando hubo semanas de paro por demandas regionales ante el Gobierno central, la «intensidad había sido baja» en el Cerro Rico, pero jamás al extremo de paralizarse, explicó.

Tampoco se detuvo cuando a lo largo de los siglos la falta de lluvias afectó el sistema hidráulico de explotación del que dependía la sustracción de plata.

Oropeza nombró también que los documentos de la exPrefectura potosina y del archivo de la Casa de la Moneda en Potosí tampoco constatan que la mina parara en algún momento de su extensa historia.

Las pestes que azotaron Potosí antes del coronavirus

En su historia, Potosí afrontó antiguamente varios brotes «fuertes» de enfermedades, como explica Bartolomé Arzans de Orsúa, uno de los cronistas más importantes de la época, contó Oropeza.

En 1615 hubo un fuerte brote de sarampión que obligó a aplicar «una especie de confinamiento» y contratar a grupos para cuidados en salud conformados por «barberos, ciudadanos y médicos» que recorrían los barrios de indios, relató.

Este personal era decisivo ante los límites de la ciencia para que se aplicasen normas de prevención del contagio y el cuidado de la higiene.

Otra epidemia fuertes fue la de coqueluche o tosferina, que en 1719 se cree trajeron «marinos que vinieron de Europa» por el puerto de Buenos Aires y que se extendió por toda la región, incluida la ciudad de Potosí, precisó el historiador.

La «mentalidad de la sociedad barroca» de la época buscaba hallar la solución a esos males mediante actos religiosos y los interpretaba como «castigos por los pecados de la gente», recalcó.

Oropeza apuntó que tampoco fue menor una desconocida enfermedad que en 1667 afectó a la población, al colmo de que varios trabajadores de la Casa de la Moneda murieron, pero que pese a eso no se tiene registro de que la actividad en el Cerro Rico se detuviera.

Hoy: Actividad minera en emergencia

Aquellos mineros que trabajan en cooperativas, sin un patrón y un salario fijo, son los que más han sentido esta paralización por la cuarentena y una previa depreciación en el precio de los minerales.

«Nosotros estamos viviendo momentos muy difíciles (…), se está paralizando la actividad y eso está haciendo que el sector sufra», lamentó el presidente de la Federación de las Cooperativas Mineras de Potosí, Carlos Mamani Porco.

El dirigente consideró que una «reactivación minera» y una importante «inyección económica» son soluciones para su sector al acabar la cuarentena, prevista hasta el 30 de abril en Bolivia.

El fin de la cuarentena también impulsará un registro histórico de los días de paralización de la actividad minera en el Cerro Rico y, según cuentan los mismos trabajadores, marcará el reencuentro cultural con las deidades de la mina, como el tío o demonio al que piden protección los mineros en las bocaminas

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El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, informó ayer que el fin de semana la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí y su despacho firmaron un acuerdo para la salida “planificada y ordenada” de los afiliados a estas cooperativas.

“Se van a otorgar en la provincia Linares y la provincia Tomás Frías, detrás del Cerro (Rico) de Potosí (…). Se ha hecho la inspección de 23 zonas ociosas. Previa notificación e inspección, (se ha determinado) que 13 áreas van a ser revertidas (y) que están en el proceso de reversión y estas áreas que van a ser revertidas van a ser entregadas a las cooperativas mineras”, explicó.

Firma. Navarro indicó que las áreas inactivas tienen complejos de plomo, plata, estaño y zinc. “Es un área rica mineralizada, entonces, eso parte de una planificación incluso que está vinculada a impedir que existan procesos productivos de contaminación del medio ambiente”.

Manifestó que ese convenio tiene un carácter integral y contempla la migración de la actividad minera de la cima del cerro con el objetivo de preservar su estructura cónica y morfológica.

“Y esta migración ordenada implica que se entregarán nuevas áreas de trabajo debidamente saneadas en los próximos 45 días, preferentemente a las cooperativas que están trabajando en la cima del cerro”, precisó.

Patrimonio. Estas determinaciones se realizaron a raíz de que existe riesgo de hundimiento desde la cota 4.400 hacia la cúspide, por lo que se ordenó el cese de operaciones en el área afectada a fin de desarrollar un relleno hidráulico, como parte de un plan integral para preservar el cerro, que fue inscrito en el año 1987 en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Navarro adelantó que la Universidad Tomás Frías y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) presentarán esta semana un proyecto para rellenar los hundimientos y estabilizar las zonas de alto riesgo en el cerro potosino, luego de que las cooperativas abandonen el lugar. “La única actividad que habrá en la cima del cerro será de carácter turístico”.

La autoridad refirió que también se aprobó el Reglamento para la Regulación de Actividades Mineras en el Cerro Rico, con lo que se “viabiliza la firma de renovación y ampliación de contratos de arrendamiento por debajo de la cota 4.400”.

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Los técnicos encargados de controlar las labores del yacimiento minero también serán investigados para determinar si incumplieron sus obligaciones. Ello implica responsabilidad administrativa o penal.

El gerente regional de la estatal minera, Gilberto Mirabal, consultado anteriormente, sobre las razones que le impiden frenar las labores mineras por encima de la cota 4.400 dijo que los cooperativistas no hacen caso y destacó que se tiene que buscar consenso con estos operadores mineros.
No se pudo lograr la versión oficial de los cooperativistas porque sus dirigentes estaban en reunión aunque ellos solamente son arrendatarios del yacimiento minero que pertenece al Estado y la Comibol administra a su nombre.

Por explotar las minas del cerro los cooperativistas pagan el uno por ciento del valor del mineral pero, según datos de la Comibol, algunas no tienen contratos para encarar labores.

Ayer comenzó el proceso de evaluación de los recientes daños presentados en el Cerro Rico de Potosí, con la presencia de un equipo técnico de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), detalló el ministro de Minería, Mario Virreira.

El ministro informó que en función a ese resultado se dará a conocer una posición definitiva sobre el cerro, que la semana pasada presentó un asentamiento a la altura del sitio donde se encaraba el relleno.

Sin embargo, dejó sentado que la posición institucional del Ministerio es que los responsables del deterioro de la parte alta del cerro deberán pagar lo que demande su reparación.

Además, se abrió la posibilidad de que esas personas vayan a la cárcel por daño a un bien público, máxime si está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“Es el momento de llamar la atención de los operadores mineros y evitar más daño que el que se tiene”, dijo Virreira.

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