Según los directivos del CIME, esta licitación se convirtió en una causa nacional para el sector. “Nuestra participación no incluye solo el lucro de las empresas, sino también la mano de obra paraguaya que empleamos. Tenemos más de 1.000 trabajadores directamente afectados y otros 6.000 de forma indirecta, que se benefician con el pago de seguro social y de servicios como electricidad, agua, comunicación, trasporte, alimentación, etc.

Además, todas nuestras inversiones que quedan en el país”, explicó el titular del CIME, Ramiro Vargas Peña. Según explicó, tienen previsto acudir con los obreros a la plaza frente al Congreso para exigir a los parlamentarios que deroguen la ley que aprobó los convenios de préstamos para financiar la línea de 500 kV.

“Hoy todavía es posible reparar el error y la medida antipatriótica de la ANDE, que con su licitación cerró las puertas a la industria metalúrgica nacional. Lo pueden hacer si abren dos o más lotes a lo largo del tramo Ayolas-Paraguarí y Paraguarí-Villa Hayes, en las que se incorporen exclusivamente la provisión de estructuras metálicas fabricadas localmente, aunque esa fabricación la realicen empresas extranjeras. La condición es que sean fabricadas en el país, con mano de obra y tecnología paraguaya”, concluyó el empresario metalúrgico.

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