Según informó la agencia estatal, la cita no duró más de diez minutos, dando cuenta de lo tenso de la relación entre ambas.

En la cita, SQM notificó a Corfo que la demandará, lo que significa la apertura de un tercer proceso, luego que Corfo interpusiera dos requerimientos ante un Tribunal Arbitral. El origen de conflicto está en divergencias en los contratos de arrendamiento de pertenencias mineras en el Salar de Atacama.

Corfo acusa que SQM lleva años incumpliendo los acuerdos, entre otros puntos, por eventuales pagos bajo de lo establecido. SQM se defiende y asegura que incluso ha pagado de más.

El trasfondo del conflicto también se relaciona con el ex presidente del directorio de SQM, Julio Ponce Lerou, a quien Corfo ha vetado, señalando que mientras él presida la compañía no hay opción de llegar a acuerdo.

“Hoy se llevó a cabo una reunión en las dependencias de la corporación – de no más de 10 minutos de duración- entre Corfo y SQM. En dicho encuentro, ambas partes abordaron la existencia de divergencias del contrato de arrendamiento de SQM Salar con Corfo, respecto de los productos de litio”, señaló Corfo escuetamente en un comunicado público.

“Conforme a lo señalado, Corfo manifestó formalmente -a través de su fiscal, Pablo Lagos y el vicepresidente ejecutivo, Eduardo Bitran, que rechazaba en todas sus partes la pretensión de SQM Salar relativas al valor de los productos de litio, por cuanto dicha empresa ha cometido incumplimientos graves a las obligaciones que determina el referido contrato de arrendamiento”, se añadió. “En el marco de la reunión, se notificó a Corfo una divergencia y la solicitud de un nuevo arbitraje por esta diferencia. En definitiva, las partes deberán someterse a un arbitraje por el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM)”, concluyó Corfo.

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La entidad determinó encomendar a los consejeros Jaime Varela y Carlos Mackenney liderar un quipo legal para asumir la defensa de Corfo en medio del conflicto por el contrato de explotación en el Salar de Atacama. Así lo confirmó el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, quien acotó que el objetivo es recabar los antecedentes del caso a fin de continuar con la exposición de argumentos a favor de Corfo ante el juez árbitro Carlos Humeres, del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago.

“Hemos recibido un requerimiento de la Corfo y se conformó un equipo de trabajo que en este caso está integrado por abogados y consejeros del consejo y ellos son quienes se tienen que hacer cargo de un requerimiento específico que sea presentado”, señaló Juan Ignacio Piña.

A su juicio, las vicisitudes de cada causa determinan cómo se van conformando los equipos y en este caso era importante que hubiera un trabajo conjunto de consejeros que adicionalmente no pertenecen al mismo comité, para que pudieran mirar la causa desde distintas perspectivas.

Piña acotó que la misión que tienen los consejeros y su equipo es recopilar y analizar los antecedentes y proponer las acciones a seguir al Consejo de Defensa del Estado. “Para nosotros, todas las causas en las que existe patrimonio fiscal comprometido, sea gran cantidad de dinero o cantidades menores, tienen importancia porque esa es la función que tenemos que cumplir. Por lo tanto, desde ese punto de vista esta no es una causa que requiera una consideración especial”, afirmó el abogado.

Rechazo a conciliación

A inicios de julio, y ante el árbitro Héctor Humeres, la Corfo comunicó oficialmente su decisión de rechazar la propuesta del juez. “Como consecuencia de lo anterior, habiendo terminado el periodo de conciliación, Corfo proseguirá con el juicio, conforme al procedimiento establecido para estos efectos”, dijo la entidad a través de un comunicado.

En el juicio, Corfo solicitó, entre otras peticiones, el término anticipado del contrato de arrendamiento de las pertenencias mineras de su propiedad, ubicadas en el Salar de Atacama. Asimismo, requirió el pago de las rentas de arrendamiento adeudadas a contar del primer trimestre de 2009 hasta la fecha del inicio del juicio, y de las rentas que se devenguen durante la tramitación del presente juicio arbitral, agregó el organismo estatal.

En 1993, Corfo pactó con SQM el arrendamiento de 28.054 pertenencias mineras hasta diciembre de 2030. Por el arrendamiento de esas pertenencias, SQM debe pagar un canon fijo de US$15 mil al año y una cifra variable igual al 1,8% de las ventas de litio y de cloruro de potasio. En 2012 la Corfo decidió analizar el efectivo cumplimiento del contrato. Concluyó que SQM había pagado menos de lo que debía pagar -se calculó inicialmente en US$2 millones-, y tras negociar con la empresa, el organismo decidió activar un arbitraje para resolver por esa vía las diferencias. Fue la nueva administración de Corfo, liderada desde marzo de 2014 por el ex ministro Eduardo Bitran, la que presentó la demanda ante el árbitro Héctor Humeres, en mayo de 2014. Corfo pidió la medida más extrema posible: el término anticipado del contrato de 1993, el pago de indemnizaciones y daño moral y la restitución de las pertenencias.

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En la audiencia de conciliación, Corfo comunicó al árbitro que no aceptaría la propuesta realizada, indicando que tras estudiarla, fue considerada “inconveniente”.

Corfo solicitó el término anticipado del contrato de arrendamiento de las pertenencias mineras de su propiedad, ubicadas en el Salar de Atacama y el pago de las rentas de arrendamiento adeudadas a contar del primer trimestre de 2009 hasta la fecha del inicio del juicio, “y de las rentas que se devenguen durante la tramitación del juicio arbitral”.

La estatal señaló que, al no llegar a acuerdo, la firma continuará con los caminos legales para reestablecer lo que considera sus derechos.

“Como consecuencia de lo anterior, habiendo terminado el periodo de conciliación, Corfo proseguirá con el juicio, conforme al procedimiento establecido para estos efectos”, dijo en un comunicado.

En otro plano, trascendió que Corfo envió antecedentes de perjuicio a inversionistas minoritarios a la Superintendencia de AFP, lo que estaría en revisión por la institución y se habría oficiado a la empresa, como es usual.

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