Según la Fundación Aitué, que trabaja en el área de las políticas públicas indígenas, Quebrada Blanca y Cateao se suman a otras ocho iniciativas que atraviesan por el mismo proceso.

Los mismos datos indican que estos proyectos, principalmente energéticos, consideran en conjunto una inversión de 914 millones de dólares.
Aunque no vinculantes, las consultas indígenas tienen en la práctica una incidencia directa en el destino final de estas iniciativas.

Un estudio de Aitué ahonda en los «nudos» del proceso y las eventuales vías para despejarlos. Según el reporte, desde la puesta en marcha del sistema, 30 proyectos, por 13.628 millones de dólares, han pasado por consultas indígenas en distintas regiones.

A partir de los datos reunidos, en la fundación creen que la duración promedio de las evaluaciones (un año) podría disminuir si se toman medidas respecto de las consultas.

El director ejecutivo de la entidad, Nicolás Figari, menciona entre ellas capacitar a las comunidades para que puedan intervenir adecuadamente, tomando en cuenta que los proyectos tienen aspectos técnicos complejos.

Aitué apoya, además, que los responsables de los proyectos contacten «tempranamente» a los indígenas, para no presentarse ante ellos con propuestas que -en los hechos- aparecen ya «cerradas».

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