Su misión será mejorar la estructura financiera de las compañías que ya han pasado por una fuerte reorganización: en 2017 el grupo armó todo un esquema de refinanciamiento, donde el objetivo era rebajar la deuda neta de las cascadas, que en ese momento llegaba a los US$ 774 millones. También buscó, al año siguiente, nuevos créditos, de la mano de Calichera y Potasios.

“Ahora toca enfocarse en el futuro, por eso es importante ver cuál será la estructura de capital óptima que tienen que tener las compañías, de manera que no termine con problemas de solvencia. Hay que seguir mejorando los procesos y tratar de hacer todo más eficiente, mejorando el control de gestión. Si bien es continuar con la línea que ya se ha empezado a desarrollar, ahora hay que llevarla más allá”, señala un ejecutivo que conoce la interna y los desafíos de Silva.

En el grupo hablan de una nueva etapa en las sociedades que estuvieron en el centro del caso Cascadas: una serie de transacciones bursátiles polémicas entre 2009 y 2011, que la entonces Superintendencia de Valores y Seguros convirtió en las multas más altas de la historia y que luego se persiguió incluso penalmente. Esa arista, que apuntó al entonces gerente general de las cascadas, Aldo Motta, terminó con el ejecutivo absuelto por los tribunales en 2019.

Ese mismo hecho hizo que Catalina Silva pensara bien la propuesta de trabajo que había recibido, ha revelado la ingeniera en privado. “Ella pensó bien los pros y contras porque es una persona bien metódica”, dice alguien al tanto de las tratativas. Silva analizó la oferta laboral junto a su esposo, un ejecutivo estadounidense que también trabaja en el mundo de finanzas corporativas. Finalmente, aceptó la nominación.

Su primera misión no será fácil. Catalina Silva tendrá que decidir si las sociedades cascadas concurren o no al millonario aumento de capital que está preparando SQM, en su serie-B, y con el que espera financiar el gigantesco plan de inversiones que tiene en carpeta y donde el litio es el mineral que concentra el mayor volumen de capital.

“Ese será su primer gran desafío. Ella lo decidirá”, destaca una fuente cercana a las cascadas, que asegura que Silva llegará bien empoderada a hacerse cargo de los vehículos de inversión de Ponce. “Ella llega con todo el respaldo para encabezar un gobierno corporativo fuerte, con autonomía para definir sus equipos de trabajo y establecer metas. En su gestión deberá configurar una estructura óptima de capital, centrada en la eficiencia y con un correcto control de nivel de deuda”, dice un ejecutivo ligado a las cascadas.

Head hunter

El nombramiento de Catalina Silva rompe una tradición de hombres y de ejecutivos de confianza de Julio Ponce. También por la rapidez de su nombramiento. Recién hace casi dos semanas atrás se conoció la renuncia de Ricardo Moreno, el contador auditor del grupo que el año 2013 asumió la gerencia general de Oro Blanco, Nitratos y Potasios y luego, en 2015, lideró Pampa Calichera y Norte Grande, las dos cascadas restantes.

Más de cinco años a cargo de todo. En el comunicado donde se explicó que su salida se debe a una decisión personal, se indicó que la renuncia tendrá efecto a partir del 12 de abril “o en la fecha que el directorio designe un nuevo gerente general”.

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La sanción aplicada contra Motta ascendió a UF 600.000 (unos US$ 24,5 millones) y la de Contesse Fica a UF 60.000 (US$2,4 millones), pero con los fallos del TC podrían reducirse cada una a un máximo de UF15.000 (US$614.862), si es que son ratificadas en los respectivos tribunales donde se analizan.

“Valoramos el fallo por cuanto aplica el derecho y valida una de las tesis sostenidas por nuestra parte desde el inicio del caso”, afirmó el abogado Rodolfo Fuenzalida, defensor de Motta.

Añadió que esto “se traduce en que el tribunal de primera instancia, que conoce de nuestra reclamación no puede aplicar una norma específica que no establecía límite para determinar multas, lo cual era del todo contrario a la legalidad, racionalidad y justicia”.

Antes, el tribunal había fallado con el mismo criterio sobre las multas aplicadas contra Julio Ponce, el controlador de las sociedades cascada a través de las que participa como el mayor accionista de SQM, Leonidas Vial, Roberto Guzmán Lyon, LarrainVial, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz.

Los fallos. Ambos fallos del TC fueron divididos, contando con seis votos favor y tres en contra. En ambos casos, el tribunal estableció que “la Superintendencia a través del Consejo de Defensa del Estado ha llegado a destacar, equivocadamente a nuestro entender, la opacidad en las reglas de determinación de sanciones como valores útiles para hacer frente a una aproximación racional, calculadora y oportunista de los regulados al momento de decidir si cometer o no una infracción”.

Añadió que “en breve, y bajo una óptica anclada exclusivamente en la eficacia disuasiva, tal aseveración pierde de vista que (más allá de distinciones y disquisiciones de mayor profundidad que puedan hacerse) la teoría de la disuasión (en especial aplicada a regímenes de sanciones pecuniarias) requiere, como patrón base, de lo opuesto a lo sugerido por la parte requerida, esto es, que las reglas de determinación sancionadora sean lo suficientemente claras, de modo que permita que los potenciales infractores puedan ponderar las consecuencias de sus actos y verse desincentivados a violar la ley”.

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El 13 de enero, el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago había condenado a Motta Camp a cuatro años de libertad vigilada más otras medidas accesorias.

Ello, tras considerar que el ingeniero comercial era culpable de dos operaciones de manipulación del mercado bursátil y de un cargo de abuso de posición dominante.

Así, se convirtió en la primera condena en el marco de la arista penal del denominado caso Cascada.

Los argumentos

En su requerimiento de 79 páginas, Sanfeliú y Donoso entregan seis razones por las cuales el juicio debería ser declarado nulo, que apelan, entre otros argumentos a la vulneración de las garantías al debido proceso, la incompetencia del tribunal que dicta la sanción y la aplicación errada del derecho.

Como primera causa se consigna que existió falta de detalle y precisión de la acusación respecto de los delitos que se le atribuían, lo que habría provocado “una irremediable incertidumbre” en Motta Camp. Sobre el punto, se lee que la acusación fiscal imputó “a fardocerrado” conductas constitutivas de delitos reiterados del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, sin informar cuáles de los incisos habían sido vulnerados.

En segundo lugar, se asegura que “como consecuencia de la ilegal separación de investigación” se privó a Motta Camp “del derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación y ejercicio de su defensa frente a la imputación criminal”. En esta línea, se plantea que el ente persecutor no separó investigaciones (hechos investigados), sino a personas, y que al hacerlo sumó todos los antecedentes de la carpeta original.

Se acusa que al momento del juicio, el Ministerio Público renunció a la presentación de aproximadamente un 80% de la prueba documental que había ofrecido en la acusación -que corresponde a varios millones de páginas- que la defensa debió analizar y prescindió de un 55% de los testigos que ofreció en la acusación, entre otros aspectos.

Como tercer elemento, se imputa el haber autorizado, durante las etapas de preparación y especialmente en el juicio oral, la intervención de un litigante “que carecía por completo del derecho a intervenir”.

Se trata de Roberto Lobos Cerda, quien adquirió acciones de la cascada después de los delitos indagados. Se entregan pruebas que, según los abogados, “demuestran que el señor Lobos adquirió las acciones pura y simplemente para deducir instrumentalmente su querella”.

También se relata que el tribunal es incompetente.

“Irrelevancia penal”

Otro argumento es que se excedió el contenido de la acusación, por lo que el representado fue condenado por hechos o circunstancias que no estaban incluidos en ella. Se incorporaron “hechos y circunstancias que la defensa no tuvo la posibilidad de prever o anticipar, pues no se hallaban descritos en la acusación, haciendo imposible de ese modo el desarrollo de argumentos de defensa y el ofrecimiento de prueba de descargo”.

El sexto argumento apunta a que se calificaron erróneamente como delictivos hechos penalmente irrelevantes desde la perspectiva del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. “Los hechos acreditados en relación con los casos 4 y 5 no son constitutivos del injusto del inciso primero del artículo 53 de la LMV, porque lisa y llanamente no dan cuenta de transacciones o cotizaciones ficticias, simuladas ni menos manipulativas de precios de valores”, consigna el documento.

Los hechos ligados al caso 6 “no son constitutivos del tipo penal del inciso segundo del mismo artículo, pues no acreditan ningún acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento destinado a inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, y, en el peor de los casos, en los términos expresados por el propio tribunal en la sentencia, a lo sumo podrían configurar un supuesto ilícito administración desleal”.

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A la citación concurrieron Leonidas Vial, otrora director de la corredora LarrainVial, Julio Ponce Lerou, controlador indirecto de SQM, su brazo derecho y amigo personal, Roberto Guzmán Lyon y Alberto Le Blanc, entre otros.

Uno a uno, los demandados pasaron a una sala acompañados por sus abogados, y respondieron cada una de las interrogantes de la demandante. El primero en prestar testimonio fue Leonidas Vial.

“Soy un inversionista calificado. Soy una persona que tengo un patrimonio que califica como inversionista calificado. Mis atributos personales son de ser inversionista desde los últimos 40 años”, dijo al inicio de su intervención, a cuyo contenido tuvo acceso PULSO.

“No, no existe conflicto de interés. Yo soy un accionista solamente de LarrainVial S.A., no soy controlador de ésta”, respondió el empresario al ser consultado si en su condición de inversionista calificado y como controlador de LarrainVial S.A. Corredora de Bolsa, le representó algún conflicto de interés en las operaciones cuestionadas por la Resolución N°233 de la SVS.

En septiembre de 2014, la autoridad aplicó multas por un total de US$164 millones a personas relacionadas a las sociedades cascada, controladoras de SQM: Norte Grande S.A., Oro Blanco S.A., Pampa Calichera S.A., Nitratos S.A. y Potasios S.A, además de Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa y a ejecutivos y personas relacionadas.

Esto porque -a juicio del regulador- tras analizar más de un millón de operaciones financieras generadas entre los años 2008 y 2011, los sancionados formaron parte de un “esquema” en el que se constató que tenían un patrón común para beneficiar a Julio Ponce Lerou.

En el cuestionario a Leonidas Vial también se le preguntó por cómo se enteró que él y/o sus empresas relacionadas participaron en el remate de acciones hecho por una de las sociedades matrices de SQM y que resultó cuestionada por la SVS.

“Normalmente me informo por los medios escritos o computacionales que existen en el mercado para todo inversionista. No recuerdo específicamente ese remate del año 2009”, afirmó Vial.

En la misma tónica, Julio Ponce Lerou reiteró su inocencia de las imputaciones de la SVS.

“No he participado en ningún esquema ni en ninguna operación ilegal”, respondió Ponce. Sin embargo, confirmó que haber sido sancionado y multado por la SVS por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas.

Por su parte, su amigo, Roberto Guzmán Lyon se limitó a señalar que la multa que se le aplicara por la SVS se encuentra en proceso de apelación. Proceso que incluso llegó hasta el Tribunal Constitucional.

“La SVS me multó por 46 operaciones que se ejecutaron entre junio y noviembre de 2011, exclusivamente en el papel Calichera A. Estas operaciones fueron intermediadas por dos Corredores de Bolsa, Celfin y Nevasa, que no recibieron sanción ni reproche alguno”, respondió a su turno Alberto Le Blanc, otro de los sancionados por el regulador del mercado.

Valor. Eduardo Rodríguez del Río, quien es socio de Rodríguez Rosende y Cía. Abogados -estudio que representa a AFP Cuprum-, destacó que las declaraciones de los demandados confirman la participación que tuvieron en los hechos investigados y sancionados por la SVS. El abogado sostuvo que los perjuicios que experimentaran los fondos de pensiones a causa de las cuestionadas operaciones constan de tasaciones efectuadas por los peritajes de Tomás Flores y Luis Riveros.

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En el escrito ingresado el viernes, el abogado de Ponce, Pedro Águila, refuta uno de los principales argumentos planteado en la sanción por el regulador referente a que el controlador de SQM, habría sido el ideólogo y ejecutor de las operaciones cuestionadas.

“El motivo por el que se sanciona a mi representado son supuestos incumplimientos a los deberes de director de las denominadas sociedades Cascadas. Lo demás son excesos de la SVS que no recoge la sentencia recurrida”, dice el jurista agregando que la resolución del Tribunal Civil no acoge los calificativos de ideólogo o artífice y promotor.

Por esas razones, el representante del empresario recalca en el texto que las operaciones “no fueron efectuadas por él. Todas las operaciones fueron realizadas por las Sociedades Cascada; en concreto, quienes las llevaron a cabo fueron los órganos societarios correspondientes como son el gerente general dentro de sus facultades, los directorios respectivos con acuerdo al que concurrieron directores, tanto los electos por el controlador como por los accionistas minoritarios y juntas de accionistas en que coincidieron accionistas minoritarios”.

Según Águila, “lo curioso es que los demás directores de las sociedades Cascadas, que concurrieron con su voto a aprobar las mismas operaciones ni siquiera fueron objeto de cargos y por lo mismo tampoco de sanción”.

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A cuatro días de que expirara el plazo de la investigación penal, el fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Andrés Montes, solicitó una nueva prórroga para desarrollar su investigación.

En su escrito, presentado el pasado jueves, el persecutor fundó su petición en diligencias pendientes que buscan asegurar el éxito de la investigación. Esto último en conformidad con lo previsto en los artículos 234 y 247 del Código Procesal Penal.

Entre las diligencias pendientes estarían la toma de declaración de otro grupo de los sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Fuentes conocedores del proceso sostienen que el persecutor dedicó gran parte de los meses de marzo y abril para la toma de declaraciones.

De hecho, tanto Julio Ponce Lerou como su hermano Eugenio han prestado declaración en el marco de la investigación que encabeza Montes.

Cabe recordar que este último asumió en reemplazo del fiscal José Morales tras los cuestionamientos de los querellantes AFP Habitat y Moneda por la lentitud en el proceso.

Las operaciones que se le cuestionan son las mismas por las que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) cursó multas a varios ejecutivos en 2014 por un total de US$ 164 millones. Los dardos del persecutor apuntarían a operaciones que pudieran tener como esquema la compra de acciones de SQM-A o SQM-B por parte de Pampa Calichera, las que luego se vendían a terceros y, volvían a ser compradas por Pampa Calichera. Así, la sociedad perdía dinero en el papel, pero presentaba ganancias contables.

Ajuste. Fuentes ligadas al proceso sostienen que la nueva audiencia de formalización solicitada por Montes buscaría acotar su investigación.

Punto importante tendrá lugar el día de la reformalización, puesto que sólo en esa ocasión el fiscal revelará los supuestos hechos constitutivos de delitos que le atribuye a Aldo Motta y Claudia Morales.

Otras fuentes cuestionan el aumento de plazo de la investigación, puesto que en los hechos ya tendrá dos meses de gracia.

Por lo mismo la lectura de los otros sancionados, que forman parte de la Resolución 233 de la SVS, es una sola: la fiscalía estaría acotando el caso.

La defensa de Aldo Motta ha logrado revertir las cautelares que le habían sido impuestas en su formalización.

Lo anterior, luego que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago aceptara levantar la medida cautelar de arraigo nacional decretada en enero pasado, cuando el ejecutivo fue formalizado el 20 de enero de 2015.

Frente a la petición, la fiscalía y el querellante Moneda Asset Management, René García, no se opusieron a revocar la cautelar.

De acuerdo a la investigación fiscal, Aldo Motta junto a Claudia Morales entregaron información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros para dar una apariencia de licitud a la denominada “Operación Linzor”.

Esta corresponde a la venta de un paquete de 5 mil acciones de SQM-A en 2011, por Global Mining, filial de Pampa Calichera, a su relacionada Oro Blanco. Según estableció la Fiscalía, el actuar de ambos imputados no sólo afectó gravemente la veracidad de la información existente en relación con estos emisores de valores de oferta pública en el mercado y su transparencia, sino que dificultaron el ejercicio de las funciones fiscalizadoras y sancionatorias de la SVS.

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PULSO tuvo acceso a las declaraciones que entre febrero y marzo han realizado al Ministerio Público el ex superintendente de valores y seguros, Fernando Coloma; el presidente de la Bolsa Electrónica de Comercio, Fernando Cañas; el director y asesor de empresas, Luis Hernan Paul; y el ex gerente general de Potasios, Patricio Contesse Fica.

Desde agosto a la fecha la investigación está en manos del fiscal Montes. Esto luego de las críticas de parte de los querellantes (Moneda y AFP Habitat) en contra del ex jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, José Morales por una supuesta lentitud en las diligencias.

Por lo mismo el fiscal Andrés Montes ha recogido cada una de las diligencias que solicitaran los querellantes y defensas de los ejecutivos involucrados.

De hecho en los documentos se detallan consultas que consignaran los abogados de AFP Habitat y el representante de Roberto Guzmán Lyon, Gabriel Zaliasnik.

Fuentes conocedoras del proceso sostienen que durante los meses de febrero y marzo, el fiscal Montes los ha dedicado a efectuar interrogatorios.

Bajo total hermetismo ha seguido avanzando el persecutor, y aún le restan diversas diligencias pendientes, entre ellas la toma de la declaración de Leonidas Vial, y Julio y Eugenio Ponce Lerou.

Pero el trabajo del Ministerio Público corre contra el tiempo. A fines de mayo expira el plazo de la fiscalía en la investigación contra Aldo Motta. Esto debido a la denominada arista Linzor.

Las operaciones que se le cuestionan son las mismas por las que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) cursó multas a varios ejecutivos en 2014 por un total de US$ 164 millones. Los dardos del persecutor apuntarían a operaciones que pudieran tener como esquema la compra de acciones de SQM-A o SQM-B por parte de Pampa Calichera, las que luego se vendían a terceros y, volvían a ser compradas por Pampa Calichera. Así, la sociedad perdía dinero en el papel, pero presentaba ganancias contables.

La más importante de las operaciones es la conocida como “Linzor”, ya que se trata de movimientos bursátiles que, según la Fiscalía, generaron una utilidad ficticia de US$ 251 millones para Pampa Calichera.

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Conflictos tales como el caso Cascada, el bochorno de las declaraciones con información falsa en la última licitación por el litio, la caída del cartel internacional del potasio, donde participaba la minera chilena, la mensuración indebida de pertenencias de la Corfo en el Salar de Atacama, y el arbitraje por diferencias en el contrato con esa corporación son solo algunos de los hechos que han puesto en el ojo del huracán a la compañía ligada con Julio Ponce Lerou.

Sin embargo, uno de los escándalos de mayor connotación en el último tiempo para la firma es el relacionado con los aportes irregulares que hizo la empresa -sin el consentimiento de los accionistas- a 156 personas vinculadas directa e indirectamente con la política.
Hoy SQM está bajo la mirada de los reguladores de valores de Chile y de EE.UU. por este tema, además del Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos.

Para enmendar los errores, SQM despidió a su gerente general histórico, Patricio Contesse González, a quien culpa de ser el exclusivo responsable de estas «donaciones».

Además, la compañía culminó hace pocos días la reestructuración al área de auditoría interna y control, que se dividió en dos; y, para la primera parte, se contrató a un profesional que trabajó alrededor de 15 años en BHP en Brasil y también se desempeñó en Anglo American. Para la segunda área, se designó a un ejecutivo que ya trabajaba en la compañía, con amplia trayectoria.

Pero uno de los cambios más importantes los implementaron en su nuevo código de ética.

Las modificaciones

1. Reforzaron el rechazo a la corrupción, guiándose tanto por la ley chilena como la estadounidense.

2. Designaron un encargado de velar por el cumplimiento del código de ética en su totalidad.

3. El comité de ética define sanciones para los trabajadores de SQM si incumplen el código de ética (antes solo definía las sanciones asociadas con incumplimientos en las Políticas de Prevención del Delito).

4. Incluyen los procedimientos de aprobación para transacciones efectuadas con funcionarios públicos, personas políticamente expuestas y personas vinculadas con las anteriores.

5. Se define a la Gerencia de Sustentabilidad como la única área para gestionar la totalidad de las donaciones y aportes.

6. Incorporan políticas y procedimientos respecto del registro de documentos tributarios y financieros para mitigar los riesgos asociados con fraudes tributarios; por ejemplo, no se aceptan glosas genéricas en boletas de honorarios y facturas (con y sin IVA).

Responsable

La Gerencia de Sustentabilidad será la única área para gestionar la totalidad de las donaciones y aportes. Este es uno de los cambios que incorpora el nuevo código de ética de la minera no metálica vinculada con Julio Ponce, tras los hechos que han afectado últimamente a la compañía.

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«En sesión extraordinaria, el directorio (de Oro Blanco) aprobó la contratación de los servicios, en carácter de exclusivo y por el plazo de 12 meses, del banco de inversión Banco Itaú Argentina S.A. como asesor financiero para: (i) analizar alternativas estratégicas en relación con sus acciones en Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A., y (ii) la búsqueda de terceros que pudieran tener interés en dichas acciones», señaló el nuevo presidente de Oro Blanco, Rafael Guilisasti, a través de un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Según ValorFuturo, a valor de mercado, actualmente el paquete accionario que posee la sociedad de inversiones en Pampa Calichera costaría unos US$ 879,79 millones.

«Es del interés del directorio de la sociedad evaluar todas las alternativas de uno o más potenciales negocios, en el mejor interés de la sociedad y de todos sus accionistas», afirmó el directivo en el citado documento. «No obstante (…), el directorio de la sociedad no ha tomado ninguna decisión relevante de inversión o desinversión respecto de sus activos, y que dicha materia será precisamente objeto de la asesoría contratada», puntualizó.

A través de Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande -las llamadas sociedades Cascada-, Julio Ponce maneja el 32% de SQM, al igual que la canadiense Potash Corp.

El empresario renunció a la presidencia de estas sociedades a comienzos de año, en medio del caso Cascadas, siendo reemplazado en septiembre por Rafael Guilisasti, lo que generó el rumor de que vendería su participación en dichas firmas.

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Para las sociedades cascada, representadas por José Miguel Gana, «el acceso a los libros contables es de carácter reservado». La SVS y Moneda plantearon que no corresponde limitar el derecho otorgado por ley a los accionistas al acceso a toda la documentación de la sociedad.

La Corte determinó, por unanimidad, que «la interpretación de la norma legal y reglamentaria que realizó (la SVS) se ajusta a la ley» y rechazó el reclamo en su contra.

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