Así lo dejó ver un informe elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en base a datos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), que mostró que al tercer trimestre del año ingresaron a tramitación 181 proyectos, cifra que es 23,5% más baja que el promedio histórico trimestral, reportado desde 2009 y que alcanza a 238 iniciativas.

El estudio también reflejó que en el caso de los montos de inversión que implican los proyectos, se generó un escenario similar. Eso, dado que las iniciativas que entraron a trámite sumaron US$6.313 millones, versus los US$9.766 millones que registra el promedio histórico para el trimestre, implicando una diferencia del 35,36%.

Así las cosas, el análisis reconoce que durante el tercer trimestre del año los niveles continúan bajos respecto del promedio histórico desde 2009. Sin embargo, destaca que ha mejorado el margen, en cuanto a exhibir resultados al alza por tercer trimestre consecutivo.

De igual modo, respecto a la inversión señala que se ha mantenido en niveles bajos por cuatro trimestres consecutivos, evidenciando una persistencia en el escenario de escasez en cuanto a ingresos de grandes proyectos, situación observada durante el trimestre anterior.

El abogado ambiental y ex fiscal del Ministerio de Medio Ambiente, Jorge Cash, explica que este contexto de menores ingresos de iniciativas se explica por la reforma al SEIA y las crisis ambientales que se han registrado en el país.

“Hay dos factores que no han podido abordar adecuadamente (el gobierno). En primer lugar, una reforma al SEIA que quedó empantanada y ha sido altamente criticada, pero que mantiene en la agenda del gobierno con alta prioridad y, en segundo lugar, la crisis ambiental que se ha desatado en zonas vulnerables de Chile, que indudablemente introducen un factor de incertidumbre a los titulares de proyectos al momento de ponderar las consecuencias de la tramitación ambiental”, explicó.

Buenas perspectivas

Si bien el gerente de estudios de la CChC, Javier Hurtado, reconoce la incertidumbre que genera la reforma al SEIA para los inversionistas, señala que el próximo año se acrecentaría la tendencia al alza en el ingreso de proyectos a trámite ambiental.

“Desde 2014 en adelante hemos estado bajo el promedio histórico y claramente estamos viendo un repunte tanto en el número de iniciativas que ingresan en el sistema, como también en el monto. Se ve un pequeño repunte de la inversión futura”, puntualizó, añadiendo que ello “se da en el contexto en el que la economía está creciendo”.

“La confianza empresarial es positiva y la inversión está repuntando. Todos esos elementos redundan en que las empresas empiezan a tener mejores expectativas y manifiestan su interés en hacer proyectos”, sostuvo, agregando que el repunte debería quedarse en 2019, siempre y cuando no haya factores externos que se aparezcan en el camino.

“El 2019 va a estar impactado por el buen crecimiento de 2018 que va a ser de 4% y eso va a traer un buen ánimo para la inversión, si es que no pasa nada entremedio. Hay riesgos mundiales que están ocurriendo, como la guerra comercial”, dijo Hurtado.

En otro punto, el informe también mostró que las aprobaciones de las iniciativas se mantienen “en un franco estancamiento”, desde mediados de 2015. Sin embargo, destacó los montos aprobados exhiben niveles superiores al promedio histórico desde 2009, que son consecuencia de la aprobación de dos megaproyectos mineros: Quebrada Blanca Fase II y Adecuación Operacional del Depósito de Relaves y Optimización del Proyecto Sierra Gorda, ambos ubicados en la zona norte del país.

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La Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama consideró admisible la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto «Explotación y Beneficio Proyecto Delirio», el cual había sido presentado por Santiago Metals Proyecto Dos Ltda.

Con una inversión de US$40,8 millones, la iniciativa, que desarrollará en la comuna de Diego de Almagro, tiene como objetivo la explotación y beneficio de minerales provenientes de los yacimientos de cobre con operación histórica, denominados Delirio, Tucumana, Barraza y Jardinera.

En el expediente se plantea la explotación a rajo abierto de minerales oxidados de cobre, a una tasa 1,5 M ton anuales, mineral que será beneficiado en una planta de óxidos, para la obtención de cátodos de cobre, a una tasa de 9.180 Ton Cu/año durante un periodo de nueve años; considerándose dos años asociados a la etapa de cierre.

Asimismo, el proyecto contempla de un área con Pilas de Lixiviación del tipo RoM (“Run of Mine), constituidas por material que no requiere de chancado adicional para su procesamiento metalúrgico.

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Las obras ingresadas al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) aumentaron 86% en lo que va del año frente a igual periodo de 2014. Así, entre el 1 de enero y el 17 de julio se han presentado 524 iniciativas, con una inversión asociada de US$24.575 millones, muy por sobre las 376 registradas en igual periodo de 2014, que sumaban US$13.206 millones.

PULSO desarrolló el Barómetro de la Inversión, en base a los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), lo que refleja fielmente las iniciativas de inversión que se buscan desarrollar en el país. Esto, considerando tanto Estudios como Declaraciones de Impacto Ambiental.

Las positivas cifras que se evidencian en el año en materia de inversión se ven principalmente impulsadas por las obras de generación eléctrica. En lo que va de 2015 se han presentado al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental 86 iniciativas de este tipo, la mayor cantidad de los últimos 10 años, con una inversión asociada de US$10.464 millones.

La gran mayoría de los proyectos están vinculados al desarrollo de Energía Renovable No Convencional (ERNC), que han experimentado un boom luego que el año 2013 se promulgara la Ley 20/25 que duplica el objetivo de una matriz energética proveniente de fuentes renovables no convencionales de un 10% para el año 2024, como decía la norma anterior, al 20% para el año 2025.

A esto se suma las novedades introducidas en la última licitación de suministro eléctrico para las distribuidoras: la inclusión de bloques horarios para favorecer la participación de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y ayudar a maximizar la adjudicación de bloques.

El resultado fue muy positivo para el Ejecutivo, pues se generó gran competencia entre desarrolladores de ERNC, principalmente solares, ya que la firma de contratos de suministro permitiría viabilizar el financiamiento de estas iniciativas, a lo que se suma que con esto se reduce fuertemente el riesgo de tener que recurrir al mercado spot para asegurar el suministro a los clientes en las horas en que no hay viento ni sol, fortaleciendo el análisis económico de los proyectos de inversión.

Estos bloques a su vez se complementaban, de acuerdo con el diseño de la Comisión Nacional de Energía, con bloques nocturnos, a los que, por su naturaleza, sólo podían participar generadores capaces de ofrecer suministro continuo, esto es, centrales a gas, diésel o carbón.

Pero como era de esperarse, las generadoras convencionales se volcaron a los bloques de 24 horas, declarándose desiertos la mayoría de los bloques nocturnos o complementarios. Pese a ello, la CNE los volvió a incluir en las bases de la licitación en curso, que adjudicará en abril del año que viene y que permite comenzar a suministrar a contar de 2021.

El resultado particular que tengan los bloques nocturnos será un tema de máxima atención para la CNE, que en caso de que vuelva a ocurrir lo mismo que el año pasado, está abierta a revisar su permanencia en el tiempo.

Efecto rebote

Si bien los proyectos energéticos y de otras áreas de la economía hicieron subir el barómetro de la inversión, los expertos destacan que la fuerte alza que se ha evidenciado en lo que va del año no obedece exclusivamente a un repunte en las expectativas económicas, sino también a un efecto rebote tras la implementación del nuevo reglamento del sistema que administra la tramitación ambiental de todos los proyectos en el territorio nacional, la cual entró en vigencia a fines de 2013.

La implementación del nuevo reglamento generó un verdadero remezón en las inversiones.

Basta recordar que sólo el último día de vigencia del protocolo anterior ingresaron al sistema 116 proyectos con una inversión relacionada de US$4.906 millones, una cifra histórica para un país donde el ingreso promedio de iniciativas a evaluación ambiental bordea los 4 proyectos diarios.

Pese a esto, hace unos días, el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, destacó el alza que han experimentado los proyectos ingresados a evaluación por parte de los privados.

“Revela una confianza de los inversionistas hacia el país y hacia el procedimiento de permisos ambientales, por lo tanto tenemos una tarea ardua por delante”, fueron las palabras del secretario de Estado.

“Hay menos proyectos de inversión comprometidos, pero los proyectos son bastante más significativos, por lo tanto es una menor cantidad de proyectos pero de mayor envergadura concentrados principalmente en la Segunda Región”, explicó el titular de Medio Ambiente.

El sector que a la fecha ha presentado más proyectos es el inmobiliario, seguido de energía.

Por su parte, la Región Metropolitana es la zona que más proyectos ha ingresado al SEIA, en contraposición a la Región de Arica y Parinacota.

Para Badenier “la institución ambiental ha mejorado, considerando que tenemos una Superintendencia que posee todas las atribuciones de fiscalización y un nuevo reglamento para el SEA. Podemos contar con mejores proyectos respecto de su calidad, que permitan resguardos ambientales”, puntualizó.

A partir de los datos estadísticos registrados en la plataforma electrónica del SEIA, incluidos en el informe de junio de la entidad, fue posible contabilizar el ingreso de 72 proyectos de inversión durante el mes de junio, de distintos sectores productivos, los cuales representan una inversión total de U$ 8.908 millones.

Respecto a los proyectos en calificación ambiental al 30 de junio de 2015, se contabilizaron 461 proyectos en proceso de calificación ambiental, los cuales representan una inversión de U$ 56.559 millones. Cabe destacar que cuando se exponen datos de proyectos “en calificación”, éstos pueden haberse ingresado en años anteriores a 2015.

Por otra parte, se calificaron favorablemente 40 proyectos aportando una inversión de U$1.179 millones.

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En la publicación se identifican los países productores de cobre más importantes durante 2013, y los países con mayor potencial de crecimiento en la producción de este metal hacia 2023.  Además, se recopila información referente a sus carteras inversionales tanto en minería del cobre como del oro.

Entre sus principales conclusiones, el estudio constata que América Latina, incluyendo Chile, capta el 51,7% del total de la inversión, seguido por Norteamérica y Eurasia, con un 20,6% y un 14,6%, respectivamente.

Además, se destaca que Chile seguiría siendo el principal productor mundial de cobre hacia 2023, mientras que Perú pasaría al segundo lugar desde el actual tercero, desplazando a China.

Por su parte, China mantendría su liderazgo como principal productor de oro en el mundo, mientras que Chile pasaría a formar parte de los diez principales productores auríferos a nivel global, junto con Colombia, gracias a sus carteras inversionales previstas, señala el informe.

Junto a lo anterior, el estudio hace hincapié en que las reservas estimadas de cobre y molibdeno se concentran específicamente en Chile y Perú. De manera complementaria, Canadá, Rusia, México, Chile y Perú son importantes focos en lo que respecta a oro y plata.

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Por ende, el número de iniciativas presentadas a tramitación ante el SEIA también descendieron fuertemente. Los 1.109 proyectos con proceso iniciado al 30 de noviembre de 2013, cayeron a 706 en el mismo lapso de 2014. De hecho, sobre todo en los últimos meses, son pocos los que entraron para revisión de la autoridad, revelando el alicaído ánimo de invertir en el país.

De todos modos, las iniciativas de más elevada inversión que han ingresado recientemente al SEIA, están ligadas a la intención de poner en marcha operaciones ligadas a Energías Renovables No Convencionales.

Uno de los últimos proyectos de tamaño relevante que entraron a evaluación de impacto ambiental, es el de la empresa SunEdison, por un monto de US$300 millones para la construcción de un parque de energía solar en la localidad de Olmué para inyectar energía al Sistema Interconectado Central con una capacidad de 126 MWac de potencia nominal y 145 MWp de potencia instalada.

También está el parque solar fotovoltaico Sol de Tarapacá, de la compañía First Solar, que implicará una inversión de US$305 millones y tendrá una capacidad instalada cercana a 150 MWac. Se emplazará en la zona de La Tirana, cerca de Pozo Almonte.

Igualmente está el proyecto Campos del Sol Norte, de la Empresa de Desarrollo de Energías Renovables Alen Walung, que significará un desembolso de US$489 millones en Chañaral, con una capacidad instalada de  186 MWn. La misma firma llevará a cabo una iniciativa similar en la misma zona, con una inversión de US$564 millones y una capacidad instalada  total de 237 MWn.

Andes Mainstream, en tanto, busca construir un proyecto solar en Copiapó, desembolsando US$290 millones para alcanzar una capacidad instalada de 245 MW AC.

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«La desaceleración económica ha hecho aún más exigente la tarea que tenemos por delante», afirmó la Mandataria, tras un consejo de gabinete con sus ministros en el que analizaron la situación que enfrenta el país.

Acompañada de sus ministros políticos, pidió al equipo económico que se enfocara en sacar adelante una cartera de iniciativas de concesiones en materia de transporte público, carreteras urbanas e interurbanas y puertos, cuyo monto asciende a entre US$ 6 mil millones y US$ 8 mil millones.

Según fuentes cercanas al Ejecutivo, se trata de nuevas iniciativas que se darán a conocer en los próximos días.

Respecto del plan que anunció la Presidenta el lunes para destrabar unos 10 proyectos de inversión privada por US$ 6 mil millones, en donde los sectores de minería y energía concentran más del 80% de los montos, la ministra de Minería, Aurora Williams, dijo que cerca de US$ 2 mil millones corresponden a iniciativas de su sector. Sostuvo que particularmente en minería identificaron cuatro proyectos que se desarrollarán el próximo año. Williams también afirmó que una de las tareas que encargó la Mandataria es la ejecución de todas las partidas presupuestarias en un l00%.

En tanto, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, señaló que los proyectos del ámbito energético suman unos US$ 3 mil millones, y que también se iniciarían en 2015.

Agregó que una de las propuestas que evalúan es aumentar el límite que tienen las centrales denominadas «minihidro», que actualmente tienen un techo de 20 MW de capacidad para entrar en esa categoría. «La idea es (…) construir más centrales que generen energía eléctrica con agua», manifestó.

Presupuesto

La Presidenta encargó ejecutar en un 100% todas las partidas presupuestarias. CPC plantea reparos a reformas propuestas

El presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, valoró los anuncios, pero planteó reparos, principalmente con las modificaciones al Código Minero. «Creemos que esa medida no apunta en la correcta dirección, toda vez que lo que haría es producir incertidumbre en ese sector» y restar inversiones, dijo. Sobre la reforma laboral, señaló que los puntos precisados tampoco favorecerán crear más y mejores empleos. Este tema sería tocado hoy por el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, en la cena anual de la industria.

Nuevos anuncios

Para esta mañana está programado un nuevo anuncio presidencial de incentivo a la reactivación económica.

Según trascendió ayer se trataría de inyectar nuevos fondos por unos US$ 8 mil millones para impulsar inversiones en el transporte público (con dos extensiones adicionales para el Metro de Santiago y nuevos trenes para Valparaíso), energía (como el enlace entre los sistemas interconectados sur y norte), concesiones (pasos internacionales y conexiones interurbanas) y puertos, donde se anunciaría la construcción del megaterminal en San Antonio.

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Según trascendió, aunque el listado incluiría proyectos de distintas magnitudes, el foco estaría en abordar temas relacionados con la mediana minería, un sector clave en la generación de empleo en el norte.

La idea sería acelerar procesos que pudieran estar ralentizados por burocracia, pero cuyo impulso no implique bajar estándares en temas de medio ambiente o salud.

Para graficar este perfil, en el Gobierno mencionan el proyecto de cobre y oro Santo Domingo, de la canadiense Capstone Mining, ubicado en Atacama y que implicará una inversión del orden de US$ 1.700 millones, según el último catastro de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

En ese caso, se buscaría acelerar algunos trámites respecto a los permisos de concesión del puerto que la firma planea construir en Chañaral, proceso que ha avanzado lentamente.

Mientras, en paralelo corre la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa, el cual fue presentado en octubre de 2013 y cuya aprobación tomaría entre 15 y 18 meses.

Santo Domingo generaría entre 1.550 a 4.060 puestos de trabajo durante la construcción y 1.055 en la operación.

Las gestiones para acelerar estas iniciativas estarán a cargo de varios ministerios. Además de Minería, están trabajando Hacienda, Economía, Medio Ambiente y Energía.

Voluntad política


“Está la voluntad del ministerio de poder resolver cualquier situación que implique un aletargamiento o una demora en la aprobación de un proyecto o cualquier situación que implique que éste no llegue a su operación”, explicó sobre el objetivo del plan la ministra de Minería, Aurora Williams.

Aunque prefirió no precisar cifras ni proyectos puntuales sobre los que están trabajando, agregó que este trabajo “no significa que se vaya a saltar la reglamentación, sino que muy por el contrario, debe cumplirse toda, pero tenemos que ser eficientes en los procesos”.

Además de acelerar inversiones puntuales, Williams explicó que el mandato de la presidenta Michelle Bachelet incluye “revisar la ‘permisología†en general, que apunta a tener un sistema de permisos que resguarde el interés del Estado en los ámbitos como el ambiental o de salud, pero de una forma eficiente”.

Según explicó, un proyecto minero en su nivel más básico requiere más de 210 permisos, cuya tramitación toma más de 100 días en promedio para cada uno de ellos.

“Esos números dan una señal de que podemos tener algunos ámbitos de ineficiencia no controlados que alargan los procesos y que debería fluir conforme a las opciones que como país tenemos de resguardo a la salud y el medio ambiente”, puntualizó la secretaria de Estado.

Paro de Escondida: mantener diálogo

Una solicitud a mantener el diálogo hizo la ministra de Minería, Aurora Williams, frente al anuncio de paralización realizado por el sindicato de Escondida. «El primer llamado es a que las relaciones laborales se mantengan en niveles de diálogo y sean resueltas en ese ámbito», dijo la secretaria de Estado. El domingo, los dirigentes del sindicato de la faena operada por BHP Billiton llamaron a paralizar el lunes 22 y miércoles 24, por una serie de problemas que tendrían con la firma. La ministra dijo que aunque el objetivo del go- bierno es la protección de los derechos de los trabajadores, hay que «seguir los conductos que corresponde antes de llegar a paralizar una faena, porque es dañino para todos». «No nos paremos para advertir, basta con que el trabajador haga el reclamo donde corresponda o a través de las instancias, para que la empresa entienda que está advertida y la paralización sea prácticamente una medida mayor», agregó Williams.

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La iniciativa incluye inyectar US$500 millones de inversión pública entre septiembre y diciembre, adicionales a los US$4.200 millones que resta por invertir del Presupuesto 2014. Junto a ello, busca agilizar la tramitación de proyectos privados que cumplan con las respectivas normativas.

El plan también considera las capitalizaciones de Codelco y BancoEstado; fortalecer el plan de concesiones en estructura, así como otorgar estímulos a la concreción de proyectos e inversiones del sector privado. La ministra Williams instó a aprobar la ley en septiembre para poder cerrar con la entrega de recursos para 2014.

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A dos semanas que la Presidenta Michelle Bachelet anunciara el plan de reforzamiento de la inversión, con una inyección de recursos por US$500 millones en el caso de las iniciativas públicas, en el ámbito privado ya existen definiciones respecto a proyectos a destrabar para apuntalar la actividad.

Este plan de reforzamiento de la inversión es uno de los brazos de un plan general del gobierno para reactivar la economía más allá de las obras públicas. De hecho, fuentes de La Moneda aseguran que existe un documento donde están programados los tiempos y las diversas gestiones que deben hacer los ministerios para reforzar las confianzas con los privados y hacer crecer la inversión.

Una parte de este “plan” definió objetivos a cumplir por el comité de ministros económicos. Paralelo a esta instancia se le encargó al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, coordinar a algunos ministerios sectoriales con el fin de detectar los principales proyectos de inversión privada a acelerar en el corto, mediano y largo plazo.

Ordenamiento interior

Es así como el jueves pasado, antes que se conmemorara el 11 de septiembre en La Moneda, Aleuy se reunió por segunda vez con los ministros de Medio Ambiente, Minería, Energía, Bienes Nacionales, Economía, las subsecretarías de Desarrollo Social y de Presidencia, más su equipo técnico, para conocer los avances de las carteras.

Según relatan fuentes que participaron de la cita, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, entregó a cada una de las autoridades un documento que menciona  24 proyectos de inversión privada con carácter de “relevante”, posibles de destrabar y acelerar, para que en los próximos 18 meses puedan estar operando.

De acuerdo a lo definido por el gobierno, el carácter de “relevante” se le otorgará a aquellos proyectos con trabas administrativas fáciles de solucionar, y que sean montos a ejecutar  importantes para las zonas, sobre todo para la generación de nuevos puestos de trabajo, ya que las proyecciones del desempleo del país van en ascenso.

Estos 24 proyectos, en su mayoría energéticos – y por ende un reforzamiento a la agenda de Energía -, suman inversiones por US$11 mil millones. Entre ellos hay algunos que cobran más relevancia que otros por su monto de inversión.

El catastro desarrollado por el Ministerio de Economía, tras un trabajo de identificación realizado por todas las carteras sectoriales, define como proyecto prioritario a la central hidroeléctrica Alto Maipo de AES Gener, ya que significa una inversión aproximada de US$2.000 millones.

Como segunda prioridad se encuentra el proyecto Planta Solar Cerro Dominador, de la empresa Abengoa Solar Chile S.A, que se realizará en la Región de Antofagasta, específicamente en la comuna de María Elena y que cuenta con una inversión de US$1.300 millones.

Además en el listado se encuentran proyectos menores como: Central Termoeléctrica Parinacota (US$40 millones); Central Hidroeléctrica Osorno (US$75 millones); y la Central Hidroeléctrica La Mina (US$74 millones).

Todos estos proyectos se encuentran aprobados e incluso con etapas ya avanzadas, sólo faltan procesos burocráticos para su construcción y operación definitiva.

La instancia coordinada por Aleuy, que se reúne periódicamente, se propuso para la próxima cita que el ministro de Economía entregue el listado de los proyectos de carácter medio y bajo a acelerar, es decir, los que tienen trabas algo más complicadas y se podrán implementar en el mediano y largo plazo.

Pero este “comité” no sólo tiene por objeto la definición de proyectos, sino que además cada ministerio, cuando corresponda, deberá ayudar a destrabar los procesos administrativos, ya sea revisando normas, acelerando permisos, o relacionándose con las comunidades para evitar conflictos sociales, señalan fuentes conocedores de estos encuentros.

Comité económico

Paralelo a la instancia coordinada por Aleuy, el comité de ministros económicos (Hacienda, Trabajo, Agricultura, Economía, Minería y Energía)  se encuentra trabajando en identificar las trabas para la inversión, pero con un objetivo más a largo plazo, es decir, detectar aquellas normas posibles a modificar, ya sea vía reglamento o proyectos de ley. Esto fue solicitado por la Presidenta Bachelet al momento de anunciar el plan de reforzamiento de la inversión, estableciendo un plazo de 60 días para ello.

Pero este trabajo no se está haciendo entre cuatro paredes. Tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Economía han definido equipos que se están reuniendo con gremios del empresariado, para desarrollar un trabajo conjunto, y al mismo tiempo recobrar las confianzas necesarias para reactivar la economía.

Es así como desde el Ministerio de Hacienda los asesores Enrique Paris y Claudio Soto, son los encargados de gestionar  con los privados para identificar los principales cuellos de botella administrativos. Durante la última semana, estos asesores mantuvieron reuniones con la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), a quienes les solicitaron generar planteamientos al respecto.

Al ser consultado por lo anterior, el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, señaló que “estamos tratando de hacer ajustes”.

A su vez, y desde el Ministerio de Economía, están realizando esta misma labor los asesores Cristóbal Marshall y Fernando Larraín. Este último, si bien ingresó desde marzo al ministerio, sólo hace unos meses está siendo remunerado por la cartera para apoyar a Marshall en estas gestiones. Estos también se han reunido con diversos gremios de manera privada, citas que fueron un aporte para elaborar el listado de los 24 proyectos relevantes.

El comité de ministros económicos, que tendrá una nueva cita hoy en el Ministerio de Hacienda, se volverá a reunir a fines de septiembre con el trabajo avanzado de todas las carteras, para entregar un informe preliminar a la Presidenta Bachelet la primera semana de octubre, ya que a inicios de noviembre la labor encomendada debiera estar finalizada.

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La autoridad explicó que “en el sector minero para poder obtener las autorizaciones para un proyecto se requieren del orden de 210 permisos, algunos de los cuales conllevan tiempos que van entre los 80 y los 120 días; y por ende, hay un plazo total de proyectos que se alarga y naturalmente eso es lo que nosotros queremos abordar”.

En esta línea, la secretario de Estado indicó que “también el mandato de la Presidenta respecto a en los próximos 60 días despejar todo el procedimiento, de manera de ver aquellos puntos en que pudiera existir duplicidad o ineficiencia desde el punto de vista de los plazos”.

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