Entre los temas abordados por Carlos Urenda, destaca la confianza de los inversionistas frente a anuncios realizados por la gran minería; las barreras que hay en los procesos de aprobación en proyectos; la relevancia de la certeza jurídica y la estabilidad regulatoria; la significancia del precio de los minerales como uno de los factores en las decisiones de inversión, entre otros.

¿Cuál es la perspectiva del Consejo Minero sobre el nivel actual de inversión en la industria minera chilena, y cuáles son las principales áreas donde se requiere un mayor impulso?

Los distintos anuncios realizados por la gran minería durante el segundo semestre, y explicados principalmente por el sector privado, demuestran la confianza de los inversionistas en la estabilidad actual del país. Hay que recordar que la inversión en la gran minería representa cerca de un 18% de la inversión total del país, y un 43% del flujo de inversión extranjera directa.

De los grandes proyectos mineros sólo de las empresas del Consejo Minero, hay una cartera en ejecución que se extiende hasta 2030 por US$34.210 millones. Y a esto se suma una cartera potencial de proyectos que están en etapa de evaluación por más de US$60.483 millones a 2035. En diciembre, vimos también el anuncio de BHP de invertir cerca de US$ 13.700 millones en sus operaciones en Chile, con un fuerte foco en Minera Escondida.

Ahora, si bien esta cartera de inversiones es atractiva, la demora en los procesos de aprobación es una barrera significativa para que los proyectos se materialicen y avancen a la velocidad necesaria.

¿Qué impacto tiene la regulación, la seguridad jurídica o gubernamental y los costos operativos en las decisiones de inversión minera en Chile?

La certeza jurídica es primordial a la hora de tomar decisiones de inversión. Cualquier sector económico requiere de estabilidad regulatoria y certeza jurídica para prosperar. Más aún la minería, cuyas inversiones implican altos montos de inversión y largos plazos de retorno.

Dos temas que fueron despejados, y que han permitido que exista una mayor decisión a invertir en el país fue, por una parte, la eliminación de la incerteza sobre el desarrollo económico, a partir de ciertas propuestas constitucionales que no contribuían a facilitar la toma de decisiones en materia económica en general, y en la minería en particular. Y el otro, fue la aprobación de la ley de royalty, que logró despejar ciertas inquietudes, a pesar de dejar un poco menos competitivo a nuestro país frente a otras jurisdicciones. Ambas incertidumbres despejadas han contribuido a que exista un impulso en las inversiones.

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Según informaron, la producción de cobre, así como los costos y responsabilidades asociadas a las operaciones conjuntas, se compartirán en partes iguales, mientras que la comercialización la realizará cada una de ellas. En materia de sostenibilidad, el acuerdo considera la adherencia a los principios sociales y medioambientales de cada empresa.

Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero (CM), destacó el acuerdo, expresando que “nuestras empresas socias Anglo American y Codelco, han dado un paso clave hacia una colaboración sin precedentes a nivel global, con la firma de un Memorándum de Entendimiento para impulsar un Plan Minero Conjunto en el distrito Andina-Los Bronces, que alberga el 2% de las reservas mundiales de cobre”.

El acuerdo se da en medio de la cada vez mayor necesidad de cobre que existe en el mundo, por el rol que este juega en la transición energética. En ese contexto, y considerando la cercanía de ambos yacimientos, es que se produce esta alianza que podría significar una producción adicional de 2,7 millones de toneladas de cobre durante un período de 21 años a partir de 2030, así como otras sinergias operativas para ambas mineras.

El gerente general del Consejo Minero agregó que “este acuerdo representa una gran noticia para Chile, ya que permitirá incrementar la producción de ambas compañías, generando un aumento significativo en su contribución al país. Además, demuestra cómo el trabajo en conjunto es fundamental para consolidar el liderazgo de Chile en la producción de cobre, un mineral crítico en el combate al cambio climático”.

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En esta línea, el presidente de Sonami, Diego Hernández, y el gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda, analizaron cómo han funcionado las inversiones del sector durante el último tiempo. Además, coincidieron en que el mercado ha internalizado que habrá un aumento de demanda de los minerales críticos con el tema del cambio climático y que es importante hacerle entender a las personas que la minería tiene muchos beneficios.

El informe plantea que hay una significativa falta de inversión en los minerales críticos, que va a exacerbar el desequilibrio entre oferta y demanda en el corto y mediano plazo. En base a esto, Diego Hernández, planteó que “en el superciclo las empresas mineras sobre invirtieron en proyectos deficientes que hoy en día están en buena situación por la subida de precio, y el mercado castigó a las empresas mineras por haberse anticipado a hacer inversiones que no eran rentables. Entonces las empresas reaccionaron, disminuyeron las inversiones y con la subida de precio están llenos de cajas, para poder invertir, pero aún están cautelosas y prefieren distribuir dividendos, medida que ha sido una solución más fácil en la actual coyuntura”.

“El mercado sabe que va a haber un aumento de demanda con el tema del cambio climático, entonces las empresas están en una encrucijada, saben que se puede invertir en proyectos a valores razonables, pero no están tan seguros y si siguen distribuyendo dividendos”, añadió.

Por otro lado, el ejecutivo señaló que un tema importante para poner sobre la mesa es que “el tema del nacionalismo está aumentando. Por ejemplo, en México, sin tener ninguna operación de litio, lo transformaron en monopolio del Estado, y hay una tendencia en algunos commodities de que el Estado tenga un rol más importante en su explotación, eso también afectará a las empresas”.

Por su parte, el gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda, señaló que el estudio “hace foco principalmente en el lado de la demanda, pero también es importante analizar mejor la oferta y ver cómo en ésta se están reflejando los problemas de las leyes decrecientes y de las operaciones que van cesando su producción”.

Además, el ejecutivo enfatizó en que “en el súper ciclo, si bien se invirtió en muchos buenos proyectos, también hubo otros que salieron bastante más caros de lo que se esperaba o que se demoraron mucho en terminarse.  Esto obligó a un proceso de revisión en muchas compañías, que en algunos casos se ha traducido en una mayor cautela a futuro”.

“Nos hemos dado cuenta de que la minería, además de los beneficios tradicionales, ahora también está contribuyendo a combatir el cambio climático a través de la producción de minerales. La industria debe trabajar en comunicar mejor esta idea, en que se entienda que más allá de que se trata de un negocio, su contribución es favorable en muchas dimensiones. Eso es muy importante, entre otras cosas, porque la restricción de oferta implicará ir a realizar minería en lugares que no son los tradicionales, donde los beneficios de la actividad son menos conocidos”, explicó Urenda.

El ejecutivo agregó que, “solo las empresas socias del Consejo Minero, tienen proyectos en evaluación por cerca de USD$35.000 millones para poner en marcha entre el 2023 y 2028. Para que se otorguen los permisos, se tarda un promedio de 8 años, entre los trámites ambientales y sectoriales (los permisos sectoriales son 213). El tema de las autorizaciones ambientales es una expresión del desafío que significa la obtención de la licencia social.  Si el evaluador estima que al otorgar un permiso se podrá generar un conflicto con la comunidad, seguramente lo pensará dos veces”.

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La actividad se inició con las palabras de Francisco Sotomayor, director ejecutivo de Expomin, quien hizo un reconocimiento a la trayectoria de la REVISTA MINERÍA CHILENA, y el legado de Ricardo Cortés y Roly Solís al periodismo minero.

A continuación, el ejecutivo resaltó el compromiso de Expomin con el desarrollo de la minería, junto con las diversas acciones que hicieron posible volver a realizar este encuentro de manera presencial.

Además, detalló la preocupación por contar una relevante presencia femenina como relatores en Congreso Expomin, que llegará a un 40% este año, además de posibilitar la participación de las pymes mineras, en línea con el aporte del sector minero a la reactivación.

Luego fue el turno de Tamara Leves, presidenta de Women in Mining Chile, quien destacó el rol de las más de 27 mil mujeres que se desempeñan en el sector minero, quienes hacen posible de que la industria pueda operar, haciendo hincapié en que sólo este año se registraron más de 6.000 posiciones.

Además, resaltó la contribución del emprendimiento femenino, y las gestiones por contar con una minería más inclusiva y diversa.

Minería y la convención constituyente

La ceremonia contó además con la participación de Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), quien se refirió a la importancia de Expomin para la industria, además de los esfuerzos de las compañías para seguir operando pese a la pandemia.

Junto con ello, presentó sus reparos al proyecto de royalty que se discute en el Congreso, debido a los efectos que tendría en la competitividad de la minería nacional; además de referirse a la labor de la Convención Constituyente con miras a la nueva Constitución, proceso al cual Sonami busca aportar. Ver nota relacionada.

A continuación, Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero, resaltó el rol de la actividad minera en el desarrollo nacional.

Junto con ello, se refirió a la importancia de que la minería pueda ser escuchada en la Convención Constituyente, de manera de dar a conocer su contribución al país, como los desafíos y particularidades que posee dicha industria.

De igual forma, resaltó la necesidad de contar con un marco normativo que facilite la ejecución de los proyectos mineros, además de avanzar en una minería más sostenible, resaltando en esa línea el proceso de elaboración de la Política Nacional Minera.

Finalmente, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, abordó el contexto de cambio que vive la industria minera, y el sentido de reencuentro que posee Expomin 2021.

“Estamos juntándonos para abrir un nuevo ciclo”, expuso la autoridad, quien hizo hincapié en que entre los diversos roles de la minería se encuentra recobrar y comunicar con más fuerza cuál es su sentido de propósito principal.

Además, aseguró que “sin la minería chilena, el mundo no va a poder frenar el cambio climático”, refiriéndose al aporte de los minerales al desarrollo de las tecnologías limpias, como las energías renovables y la electromovilidad.

El secretario de Estado aseveró que Expomin nos permite mostrar y explicar la complejidad y la sofisticación de la minería, además de su diversidad, de dar a conocer la variedad de empresas que conforman el ecosistema minero.

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Además, Urenda hizo hincapié que “la incorporación de métodos de operación más modernos y tecnologizados en el proyecto y en consecuencia, la optimización de sus procesos, contribuirá a seguir desarrollando una industria minera competitiva y sustentable a nivel global”.

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En la instancia, el ministro Baldo Prokurica, resaltó que “la minería es la principal actividad económica del nuestro país”, junto con hacer hincapié en que “los proveedores mineros son un eslabón clave”.

En esa línea, la autoridad destacó los esfuerzos que el sector minero ha realizado para mitigar los efectos de la pandemia, de manera de salvaguardar a sus trabajadores y seguir operando, destacando el hecho que “la continuidad de la minería es indispensable”, debido a que “esta actividad se convertirá en una de las palancas indispensable en la reactivación post pandemia”.

Su visión fue complementada por Marko Razmilic, presidente de la Corporación Clúster Minero y de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), quien señaló que se deben consolidar los esfuerzos en torno a este programa del Clúster, procurando la continuidad operacional y priorizar la mano de obra local, en medio del combate de la pandemia.

Junto a ello, consideró indispensable que las compañías mineras retomen sus proyectos suspendidos, y que desde el gobierno se desplieguen medidas en pro de las empresas regionales.

Precisamente la carpeta de inversiones que posee el sector fue abordada por Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero. El ejecutivo expuso que los proyectos mineros en ejecución de las compañías que forman parte del gremio involucran inversiones por unos US$25.000 millones, cuya puesta en marcha se proyecta a 2023.

A ello se suman iniciativas en evaluación por unos US$26.000 millones, que se podrían ejecutar entre 2022 y 2026. Hizo notar que éstas  enfrentan retos como la obtención de la aprobación ambiental, los efectos de posibles proyectos de ley actualmente en tramitación –como el de glaciares-, y condiciones que podrían experimentar el mercado global en el corto y mediano plazo.

Minería ante la pandemia

La actividad contó además con la participación de Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Minerals, quien expuso sobre el actuar de la compañía ante la irrupción del Covid-19, detallando que la estrategia ante la crisis sanitaria consideró garantizar la seguridad y salud de las personas, apoyar a las comunidades a combatir la pandemia, y mantener la continuidad operacional de procesos críticos.

Junto con ello, identificó una serie de temas emergentes vinculados a la crisis Covid-19, entre los cuales destacó la resilencia organizacional, nuevas formas de operar, amplificar el compromiso con Diversidad & Inclusión, sostener el compromiso contra el cambio climático, y el rol de la empresa.

Además, afirmó que “hemos mantenido nuestro compromiso con el clúster minero”, explicando que ello ha contemplado potenciar al desarrollo de proveedores regionales, y el fortalecimiento del capital humano regional.

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Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero, señaló que “la mayor y más rápida incorporación de innovación y tecnología en la industria minera es un tema fundamental para el Consejo Minero. Esto facilitará a nuestras empresas la solución de problemas operativos, pero también las ayudará a abordar de mejor forma desafíos en materia de sustentabilidad y de capital humano”.

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En esta misma línea, Andrés Mitnik, director Desarrollo de Negocios en Minería de Fundación Chile, comentó que “uno de los principales objetivos de este roadmap es generar una visión compartida para la industria respecto de cómo abordar los desafíos de la minería 4.0. Aquí las respuestas están tanto en las compañías mineras como en los proveedores, por lo que es fundamental coordinar esfuerzos para maximizar la captura de valor. Además, deberemos abordar temas transversales, como gestión del cambio y capital humano. Este será el punto de encuentro para definir el camino a seguir en minería 4.0 y por ello es que estamos haciendo un llamado amplio a todos los actores a que se sumen a este proceso, para que no pierdan la oportunidad de contribuir”.

Modalidad

El desarrollo de esta nueva Hoja de Ruta, que cuenta con la expertise técnica del equipo del Programa Interop, también busca habilitar una cartera de proyectos y actividades para el corto, mediano y largo plazo que apunte al desarrollo de la industria 4.0 en minería, a la interoperabilidad de los sistemas de información y la digitalización de la industria.

Además, servirá como una herramienta que permitirá guiar las decisiones tecnológicas en I+D, reduciendo el riesgo de inversiones en tecnología, ayudando a la industria a tomar control sobre las oportunidades de mercado, y disminuyendo las barreras de entrada para facilitar el ingreso de proveedores locales.

Su trabajo se extenderá por un período de cuatro meses y constará de cuatro etapas: estudio exploratorio de interoperabilidad; identificación de núcleos traccionantes y habilitantes; priorización de desafíos, soluciones y recursos humanos, tecnológicos, financieros e I+D; y validación de propuesta conceptual.

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Carlos Urenda, gerente general de la entidad que reúne a las grandes empresas del rubro, explica que la minería consume solo el 3% del agua de todo el país, y aclara que cualquier restricción relevante a la disponibilidad de agua de fuentes continentales impactaría significativamente el desarrollo del sector, porque se debe considerar que utilizar agua de mar implica un alto costo que no puede ser asumido por todas las faenas.

Las medidas

El Consejo Minero busca que las seis propuestas sean consideradas en la tramitación del proyecto. En primer lugar, piden explicitar que los derechos de aprovechamiento de agua vigentes mantendrán sus atributos de uso, goce y disposición una vez que entre a regir la nueva ley, así como especificar cuáles serían las excepciones a esta regla. Segundo, en el gremio señalan que no tienen problemas en que se obligue a informar sobre las aguas del minero, pero Urenda advierte que «dado que estas aguas deben extraerse por razones de seguridad y continuidad operacional, crear un permiso previo para usarlas sería totalmente inapropiado y paralizante de la actividad».

En tercer lugar, solicitan que las nuevas concesiones se otorguen por un plazo no inferior a 30 años, y si se decide establecer una condición para no prorrogarlas, «la única debiera ser el no uso efectivo del agua», recalca el ejecutivo.

En cuarto lugar, el Consejo Minero señala que en lo relativo al caudal ecológico mínimo, se debiese «evitar la superposición regulatoria con el proyecto de ley de biodiversidad y no convertirlo en una especie de impuesto a la tramitación de permisos ante la Dirección General de Aguas (DGA), como son los relacionados con traslado de derechos y obras mayores», comenta, y agrega que para estos casos, el establecimiento de un caudal ecológico debiera analizarse en su mérito.

Además, el gremio pide no limitar el cambio de uso del agua cuando la actividad productiva que recibe el recurso está sometida al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), dado que es en esa instancia donde se evalúa qué tan intensivamente puede usarse el agua. Por último, solicitan explicitar en el proyecto de ley que la facultad de disposición de los derechos de aprovechamiento actuales y nuevos seguirá vigente en la nueva norma.

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Al intervenir en la Comisión de Minería y Energía del Senado, dijo que “vemos algunas normas que tienden a generar mayores costos, los que pasan a ser 100% de cargo de los clientes”.

Detalló que estas normas son la remuneración del sistema de transmisión nacional, el financiamiento de la fracción sin uso de la transmisión para Polos de Desarrollo y el del coordinador nacional, entre otras.

Sobre la remuneración, sostuvo que “al eximir del pago a los generadores, va a ser prácticamente indiferente para ellos el costo de la transmisión, con lo que se pierde un aporte esencial de información y visiones contrastantes en los procesos de expansión y tarificación del sistema. Es decir, perdemos otro factor de contención de costos de la transmisión”.

Por ello, el representante de la entidad estimó “factible corregir esta distribución de costos, junto con las demás falencias detalladas, sin debilitar las virtudes del proyecto”.

De todos modos, aclaró que valoran los objetivos que buscan mejorar los sistemas de transmisión y contar con un buen coordinador del sistema.

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El texto del proyecto de ley, que hoy está radicado en la comisión de Medioambiente de la Cámara, plantea que “no podrán realizarse en glaciares, zonas glaciares y periglaciares (…) actividades que generen impactos significativos o daños irreversibles”.

Esto, de acuerdo con el texto, respecto de actividades sobre la superficie glaciar, bajo ella o “cualquier otra acción contraria al objeto de la presente ley, o que puedan afectar directa o indirectamente las funciones del glaciar”.

En concreto, la iniciativa prohibe la ejecución de cualquier acción que pueda afectar directa o indirectamente las funciones de un glaciar.

Para las empresas mineras en particular, la aplicación de esta normativa significaría el fin de este sector entre las regiones de Antofagasta y Oâ€Higgins.

El Consejo Minero -que agrupa a las principales empresas del rubro en el país- acudió el pasado jueves a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara para debatir los alcances del proyecto de ley.

El gerente general del gremio, Carlos Urenda, compareció ante la instancia para explicar la postura de la gran minería y en su exposición señaló que no resulta conveniente establecer prohibiciones absolutas sino evaluar caso a caso. Además, sostuvo que no todos los glaciares deben tener igual grado de protección, pues no todos cumplen la misma función.

“Estimamos que no resulta conveniente establecer prohibiciones o restricciones absolutas a la afectación de los glaciares en general. También estimamos inconvenientes e impracticables las obligaciones de carácter retroactivo en materia de glaciares”, planteó en su exposición el ejecutivo del gremio que agrupa a la gran minería.

“Por condiciones geomorfológicas de Chile, la actividad minera y los glaciares se localizan en una franja común”, añadió Urenda.

Además, planteó que sólo existen dos países con legislación de protección directa y general de los glaciares: Argentina y Kirguistán, y no es claro que efectivamente se apliquen.

Un aspecto del proyecto que genera mucha preocupación en el sector minero es la propuesta de auditoría ambiental, ligado al levantamiento de cargos de las empresas. La propuesta que se tramita en el Congreso establece que se levantarán cargos contra los proyectos que tengan declaraciones, estudios de impacto ambiental e incluso contra las operaciones con permisos vigentes.

Este elemento es fuertemente cuestionado. “Estimamos esto inconveniente por su imposibilidad práctica y por afectar retroactivamente proyectos que tenían las autorizaciones necesarias”, agregó Carlos Urenda en su presentación en el Congreso.

Mientras se genera el proceso de sanción, la propuesta legal estipula que las empresas investigadas deberán informar dentro de un plazo de 180 días, prorrogables por otros 90 días, a la autoridad que señale el reglamento. “Mientras no se promulgue el referido reglamento y, por el sólo ministerio de la ley deberán cesar toda actividad prohibida o restringida prevista en la presente ley”, señala el proyecto.

La entidad propuso que la protección de los glaciares quede radicada en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Además, explicó que ve espacio para mejorar normativas en la legislación de medioambiente, en el Código de Aguas y en el sistema de protección de la biodiversidad “que pueden aportar mayor certeza en la protección de glaciares”, agregó.

Recientemente, Anglo American, mina que es socia de Codelco en la mina Los Bronces, solicitó una audiencia a la comisión para explicar los efectos que tendría, a su juicio, que se promulgue la ley en las actuales condiciones.

Impacto en la geotermia

Entre las empresas de geotermia que actualmente efectúan tareas de prospección en el país también se encendió la alarma.

Según la redacción del texto, la actividad geotérmica quedaría prohibida por ley, pues prácticamente la totalidad de los yacimientos hallados están, precisamente, en zonas aledañas a glaciares.

“Nosotros como industria tenemos como principal preocupación, y así lo hemos demostrado, el cuidado y la protección del entorno, principalmente los glaciares”, explica el gerente general de la empresa MRP, Rüdiger Trenkle.

El asunto también es de interés del Gobierno. La Presidenta Bachelet anunció, en su discurso del 21 de mayo, que se legislará para proteger los glaciares, y el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por Pablo Badenier, está analizando tres proyectos de ley ligados a los glaciares: uno presentado por el senador Horvath en 2006, otro por el senador Girardi en 2008 y la recientemente moción parlamentaria.

Junto al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, Medio Ambiente se comprometió a convocar a una mesa de trabajo entre actores privado, sector público, académicos, organizaciones ciudadanas y la comunidad, a fin de escuchar todos los puntos de vista. Todo, según ha señalado el ministro Badenier, en términos de aunar diagnósticos comunes y poder propender a tener un proyecto de ley consensuado, “de tal manera que se dé una óptima tramitación legislativa”.

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