Según aseguraron los parlamentarios durante la sesión, con esta iniciativa se busca contribuir a mejorar la seguridad hídrica. También, a una mayor adaptación al cambio climático, al resguardo de la biodiversidad y al uso sostenible de ecosistemas marinos y costeros. Del mismo modo, proyecto propone regular todo lo relativo a las concesiones o destinaciones marítimas especiales de desalinización.

Al respecto, Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), valoró el avance de la iniciativa: «La aprobación por la Cámara de Diputados y Diputadas del proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización es una señal clara de que existe un acuerdo transversal sobre la necesidad de fortalecer la seguridad hídrica del país», expuso.

A ello, Palacio complementó que «tal como hemos señalado, la desalación de agua de mar dejó de ser una tecnología futurista para transformarse en una política pública de Estado, que le permitirá al país contar con una fuente inagotable de agua para abastecer el consumo humano y la actividad productiva».

Finalmente, el vicepresidente ejecutivo de Acades afirmó que «la seguridad hídrica no solo es una condición básica para la calidad de vida de las personas, sino también un habilitante esencial para el crecimiento económico y la inversión en sectores productivos estratégicos. Esta nueva regulación entrega reglas claras para al desarrollo de la desalación y permitirá acelerar la inversión de los proyectos de infraestructura hídrica multipropósito que abastecerán a las distintas regiones del país».

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Previo a la votación, el grupo parlamentario conoció los alcances de la iniciativa a través del Ministerio de Obras Públicas. El principal orador fue el coordinador hídrico, Carlos Estévez. Explicó que el proyecto, ya aprobado por el Senado y la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, innova en cinco puntos principales:

• Crea una concesión marítima especial con un informe técnico vinculante de la Dirección General de Aguas.
• Impulsa una Estrategia Nacional de Desalinización.
• Promueve una servidumbre legal de desalinización.
• Define preferencias para resguardar el derecho humano al agua y saneamiento.
• Radica en la Dirección General de Aguas (DGA) la potestad de fiscalización.

Ahondando en algunos puntos, especificó que la estrategia contendrá lineamientos para orientar el desarrollo sostenible de proyectos de desalinización. Considerará criterios para determinar aquellas zonas de mayor aptitud para implementar proyectos de extracción, conducción y desalinización de agua de mar. Asimismo, consignará metas e indicadores de seguimiento.

Aclaró que también se considera la creación de una unidad en la DGA. Se encargará de la elaboración y seguimiento de la estrategia. También será la encargada de tramitar las solicitudes de concesión y destinación; y revisará fiscalizaciones y trámites de expedientes sancionatorios.

Puntos revisados por Hacienda

La Comisión de Hacienda, particularmente, revisó las normas relativas a la estrategia y el informe técnico de la DGA. Igualmente, lo referente a la fiscalización y sanciones, así como el financiamiento del proyecto.

Según se aclaró, el gasto fiscal se relaciona con la citada unidad de la DGA, por gasto en personal y bienes y servicios de consumo, entre otros ítems. El mayor costo será al tercer año, con más de $725 millones, para llegar a $342 millones, en régimen.

Tras despejar algunas dudas específicas sobre el sistema, las y los diputados aprobaron, en forma unánime, los artículos de su competencia. Además, por mayoría de votos se aprobó una indicación del diputado Juan Santana. Ella agrega una nueva consideración a los criterios que se tomarán en cuenta en la evaluación de los proyectos de concesión.

Específicamente, apunta a “considerar de manera preventiva el riesgo de impacto ambiental susceptible de ser causado con tales actividades de desalinización especialmente por concepto de descarga de salmuera, contaminación o alteración significativa, del cuerpo de agua marina, entre otros”.

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La instancia recibió a representantes del sector, quienes plantearon sus inquietudes sobre los alcances que establece la nueva norma. En la sesión intervinieron Patricio Céspedes, presidente de la Asociación Gremial Minera Antofagasta, junto a Patricio Gatica y Juan Carlos Urquidi, del Consejo de la Pequeña y Mediana Minería A.G.

Particularmente, Juan Carlos Urquidi, asesor legal del Consejo, alertó que la ley puede tener “alcances desconocidos y alarmantes”. En su presentación, afirmó que, tanto la norma como sus reglamentos facultan al Ministerio de Medio Ambiente y al SBAP para, “prácticamente, congelar e inmovilizar una superficie muy significativa del territorio nacional en base a criterios políticos”.

Según expuso, se sumarían los territorios protegidos por el SNAP y otros nuevos considerados como “prioritarios”, “áreas degradadas” y “restauración ecológica”, entre otros. De este modo, se podría intervenir la propiedad privada, incluso derogando derechos adquiridos por proteger la naturaleza, pero sin tener necesariamente evidencia técnica y científica.

Consecuencias del SBAP en la minería

El abogado agregó que este escenario implicará mayores costos de operación y transacción para todos los estamentos de la actividad minera. Incluso, sostuvo, afectaría a otras actividades productivas industriales, de la construcción, sanitarias, eléctricas, agrícolas, forestales y pesqueras, entre otras.

También planteó que la ley permite modificar Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) vigentes. De este modo, se puede imponer a los titulares de proyectos y actividades requisitos adicionales de cumplimiento ambiental. Y, además, establecer “compensaciones adicionales” e implementación de planes de manejo de recursos naturales o para el otorgamiento de permisos sectoriales.

A la sesión se encontraba invitada la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, sin embargo, excusó su participación. Frente a este escenario, los diputados comentaron la necesidad de tener una respuesta por parte del Ejecutivo para identificar claramente si lo alertado por los invitados responde a falencias de la ley o de los reglamentos que la norma mandata.

De todas maneras, destacaron que durante la tramitación de la ley de SBAP se recibieron a múltiples organizaciones y ninguna alertó lo que se expuso durante la sesión. Cabe destacar que el Consejo de la Pequeña y Mediana Minería A.G. se creó en octubre de 2025 como respuesta a las consecuencias de la norma.

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Los representantes de los trabajadores expusieron los hechos ocurridos antes de la tragedia que costó la vida a sus pares Paulo Marín, Gonzalo Núñez, Carlos Arancibia, Jean Miranda, Alex Araya y Moisés Pavéz.

En esa línea, Ronny Avilés, presidente de la Federación de Sindicatos Base de Empresas Contratistas de El Teniente, dio cuenta de la existencia de cuatro accidentes desde 2023 a la fecha, en el marco del proyecto Nuevo Nivel Mina en El Teniente, particularmente en el sector Andesita.

Acusó que la fase Andes Norte del referido proyecto no cumplió la fecha de inicio anunciada en 2017, lo que derivó en un retraso que la minera hoy quiere cubrir, acelerando faenas sin la adopción de medidas de seguridad pertinentes.

Al respecto, sostuvo que durante estos años existió una seguidilla de irregularidades e inoperancias en Codelco. Aseguró, asimismo, que la minera tenía conocimiento que un accidente de estas características podía pasar.

“No puede ser que Codelco esté produciendo y realizando derrumbes de roca a sólo 50 metros de donde los trabajadores contratistas estamos haciendo labores de desarrollo (estructura)”, sentenció.

Preocupación por accidente y derrumbes

En tanto, Arturo Galleguillos, presidente del Sindicato base empresa contratista DCM, planteó que la primera falla que tiene la división es el sistema de comunicación. Explicó que, incluso, hay sectores donde el contacto por radio no funciona.

En virtud de lo anterior, solicitó que se mejoren efectivamente las condiciones laborales de los trabajadores, dada la inseguridad y el riesgo en el que hoy se encuentran los mineros.

Tras las exposiciones, las y los diputados expresaron su preocupación por la gravedad de los hechos denunciados, acordando el envío de una serie de oficios, tanto de información como de fiscalización.

Lo anterior, debido a informaciones que muestran que la empresa habría emanado instrucciones para bajar a la mina y realizar faenas a unos 300 mineros el martes 5 de agosto, en circunstancias que la prohibición de trabajos en esa área continua vigente.

De igual manera, la instancia acordó sesionar próximamente en terreno para conocer in situ los hechos ocurridos. Adicionalmente, resolvió enviar una nota de protesta al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), ya que ningún representante del organismo asistió a la sesión pese a estar convocados.

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En la oportunidad, la Corporación aprobó dos de las tres observaciones (DGA) y rechazó la relativa a humedales prioritarios. Sin embargo, no tuvo los votos necesarios para insistir en el texto previo respecto de dicha norma. Por efecto de esto, al ser un veto supresivo y al no haber acuerdo sobre la materia, se entiende que no habrá ley sobre este punto específico.

El veto apunta a dos áreas. La primera se relaciona con una exclusión de la prohibición general de intervenir humedales a las acciones o infraestructuras públicas necesarias para resguardar la seguridad de la población, la conectividad, la infraestructura hídrica de consumo humano y la conservación misma del humedal, siempre que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), previa solicitud e informe del Ministerio de Obras Públicas, autorice su ejecución.

Las otras observaciones apuntan a normas atingentes a acciones de la Dirección General de Aguas (DGA). El texto aprobado previamente elimina la prohibición absoluta para que la entidad autorice una nueva explotación en zonas de prohibición, para que pueda autorizarla o denegarla fundadamente.

Asimismo, se incorpora una autorización transitoria para el traslado de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales. También respecto de cambios de punto de captación, de manera que no haya que esperar el pronunciamiento definitivo de la DGA para poder hacer uso de los derechos respectivos en el nuevo punto.

Una tercera observación apunta al plazo para la dictación de la DGA de autorizaciones transitorias relacionadas a los temas recién mencionados.

Críticas y apoyos al veto

El debate de este veto se desarrolló en un escenario de amplios cuestionamientos de parte de la oposición. Varios de los testimonios criticaron que el Presidente observara artículos que fueron presentados por su propio Gobierno.

“Hay una mezcla entre ineptitud e ineficiencia en el trabajo“. “Es un acto de rendición frente a los sectores más intransigentes de su coalición”. “Comparto los resguardos medioambientales, pero no puede venir esa discusión a entrampar y revolver indebidamente lo que ya pudo ser ley”. “El Gobierno cayó en su propia trampa; se encontró con las diferencias en sus propias filas”, fueron parte de las declaraciones.

Además, se estimó que las normas son pertinentes, especialmente, en el caso de los humedales, para atender situaciones especiales relacionadas con causes.

Desde el oficialismo, por el contrario, se defendió el veto. Se enfatizó que las materias en cuestión son delicadas y merecen abordarse en una discusión más detallada, con estudios específicos. “Las normas que fueron parte de un mal diseño legislativo del Ejecutivo es pertinente que se puedan enmendar”, se planteó.

Ahondando el tema, se observó que, por ejemplo, para cambiar puntos de captación es necesario contar con estudios hidrogeológicos. “Esto no es extremo; lo extremo es que la gente no pueda tomar agua. La gente necesita que el Estado tome en serio el recurso hídrico”, se enfatizó.

En el centro político hubo posiciones intermedias. Algunos se expresaron decididamente en contra del veto. Otros, llamaron a aprobar solo la eliminación de la norma relacionada a los permisos para nuevos derechos de agua en zonas de prohibición. Asimismo, hubo quienes lamentaron los errores legislativos y que estimaron necesario corregirlos en proyectos específicos.

Explicaciones del Ejecutivo

La ministra de OOPP, Jessica López, asumió la responsabilidad del error. Empero, lamentó que el hecho se utilizara políticamente cuando la discusión es del ámbito técnico. “Niego y rechazo las declaraciones de un ambientalismo radical”, acotó.

Aclaró que, en el tema de la DGA, existe un problema con las autorizaciones transitorias, en tanto estas finalmente se rechacen. Consideró que tampoco quedó bien regulado lo relacionado con los puntos de captación. De ahí, agregó, la idea es incorporar un informe técnico adicional para sus definiciones.

En el tema de los humedales, dijo que es importante incorporar mayores precisiones. Así, se espera cautelar la protección y la mantención de esos ecosistemas, pero con más certezas.

En complemento, el ministro (S) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, alertó que la norma de los humedales tuvo su razón en que los prioritarios comenzaban a regir en este año. Sin embargo, en este mismo cuerpo legal se extendió el plazo para los decretos. Por ello se tiene más tiempo para generar una regulación más específica.

Asimismo, comentó que la disposición está redactada de forma muy general. Así, existe desigualdad entre los humedales urbanos, que requieren de calificación ambiental para una intervención, de los prioritarios, en los que bastaría una autorización del SBAP.

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Cabe recordar que la instancia reunirá los antecedentes del acuerdo para la explotación del litio hasta el año 2060. Igualmente, respecto de la compra de las pertenencias de la mina Salar Blanco, en Maricunga, por parte de Codelco.

En la sesión, Máximo Pacheco informó que, desde mayo de 2023 y durante todo el 2024, han trabajado intensamente, con un completo equipo de abogados y expertos financieros, en la definición de la estructura de los acuerdos y en el cumplimento de las condiciones para la materialización del citado acuerdo.

Resaltó que, en paralelo, se desarrolla la consulta indígena de los contratos con la Corfo. “Este proceso ha sido transparente, con una información sustantiva entregada al público”, subrayó.

Pacheco informó que “la asociación se hará efectiva cuando se cumplan las exigencias legales, regulatorias, técnicas, ambientales y la respectiva consulta indígena, todos en pleno avance”.

Del mismo modo, el ejecutivo remarcó que “Codelco era el candidato ideal para abordar este nuevo gran desafío, debido a su amplia experiencia en asociaciones mineras, tanto con grandes como con medianas empresas. A lo largo de su historia ha demostrado su capacidad para colaborar con socios de clase mundial con proyectos grandes y complejos”.

Acuerdo del Litio

En la ocasión, el presidente del directorio de Codelco precisó que el acuerdo permitirá, desde ahora y no en cinco años más, aprovechar la producción de litio a nivel mundial a partir del Salar de Atacama. Planteó que la opción de experimentar con una licitación habría significado postergar la entrada del negocio hasta 2030.

Agregó que se pudo prever dos consecuencias negativas en realizar una licitación. Primero, asumir los riesgos de una larga tramitación. Por otro lado, el acuerdo con SQM aseguraba la continuidad operacional y el respeto del contrato de arriendo que tiene SQM hasta 2030, garantizando los convenios vigentes con las comunidades y otras organizaciones sociales.

Junto a lo anterior, se aprovecharán las oportunidades del litio, evitando las inestabilidades de un periodo de transición. Asimismo, está la ventaja que la asociación permitirá dispondrá del 100% de infraestructura y plantas de SQM. Se incluye en esto “el centro de refinamiento de productos del litio más grande, ubicado en Antofagasta; una planta productiva en China y una red de comercialización internacional”.

Adicionalmente, recordó que la firma del acuerdo de asociación entre SQM y Codelco fue aprobada por los directorios de ambas partes, quienes son los órganos internos competentes en dicha materia.

Análisis Económico

En cuanto a la producción, Máximo Pacheco comunicó que este acuerdo aspira a lograr una producción adicional total, para el periodo de 2025 a 2030, de 300 mil toneladas de carbonato de litio equivalente.

Afirmó que, para el periodo 2031-2060, se apunta a una producción de 280 a 300 mil toneladas anuales de litio. En esa línea, el representante de Codelco aseguró que “desde el año 2028, la producción se realizará con una extracción menor de agua del salar que la actual, por la adopción de nuevas tecnologías más eficientes”.

En términos de beneficios económicos para el país, reveló que, entre los años 2025 y 2030, el Estado de Chile, a través de Codelco, Corfo y el Fisco, recibirá aproximadamente el 70% de lo que genere la nueva producción. “A partir del 1 de enero de 2031, el Estado de Chile recibirá 85% de los ingresos, a través de pagos a Corfo, impuestos y Codelco”, precisó.

Los parlamentarios mostraron profunda inquietud sobre los fundamentos que el directorio de la cuprífera estatal ocupó para no llamar a una licitación. Al mismo tiempo, respecto de definir que la empresa llevaría adelante la explotación de litio desde enero de 2031 en adelante.

Por otro lado, solicitaron conocer, de manera más detallada, el trabajo que se realiza con las comunidades indígenas del sector y sus consultas. Junto con ello, revisar los estudios de impacto ambiental en la zona.

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El proyecto del Ejecutivo -presentado por el Ministerio del Medio Ambiente- tiene como objetivo reformar la Ley Orgánica de la SMA, a fin de robustecer el marco institucional del Servicio, fortaleciendo la fiscalización e incentivando el cumplimiento ambiental. Esto, además de avanzar en un modelo que permita dar respuestas más eficientes, fijar reglas claras y agilizar la toma de decisiones.

La iniciativa fue despachada desde la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fines de noviembre de 2024, y revisada positivamente por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja durante la semana pasada.

Tras el despacho de la reforma, el ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, destacó que “es un paso muy importante de esta reforma. Hacer más eficiente la SMA, fortaleciendo su función fiscalizadora, pero, además, promoviendo el cumplimiento ambiental nos permitirá, como país, cuidar y proteger de mejor manera nuestro patrimonio natural y resguardar la calidad de vida de las personas, al mismo tiempo que entregamos certezas al sector privado”.

Por su parte, la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, agregó que “esta reforma es una necesidad para el funcionamiento de la SMA, que nos permitirá mejorar, corregir y fortalecer varios aspectos que están contenidos en nuestra ley orgánica”. Además, expresó que “se trata de una iniciativa que apunta a buscar mayor eficacia y efectividad en el ejercicio de las funciones de la Superintendencia, otorgando más y mejores herramientas tanto para la fiscalización como para el cumplimiento ambiental”.

Proyecto

Entre otras materias, el proyecto propone una mejora en la gestión de las denuncias, estableciendo plazos más acotados para informar sobre la admisibilidad y la entrega de resultados. Además, se contempla la posibilidad de que el denunciante mantenga la reserva de identidad durante la etapa de investigación.

Junto con lo anterior, se propone la creación de un procedimiento sancionatorio simplificado para las infracciones que sean clasificadas como leves; se introducen vías alternativas de cumplimiento para los casos en que no exista afectación al medioambiente o salud de las personas -ni riesgo significativo de afectarlos- y se trate de desviaciones normativas de menor entidad (la SMA podrá aplicar mecanismos como cartas de advertencia y planes de corrección, entre otros); y se amplía la potestad cautelar de la SMA para dictar medidas en casos de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y cuando una actividad industrial genere riesgo grave e inminente al medioambiente o la salud de las personas.

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La iniciativa parlamentaria, respaldada por ocho votos a favor y uno en contra, consta de un artículo. Este manifiesta que “las autoridades competentes deberán velar por el resguardo de la capacidad de fundición de la Empresa Nacional de Minería”.

Añade que “en caso de cese de funciones de la Fundición Hernán Videla Lira, en Copiapó, por obsolescencia tecnológica, incumplimiento de estándares medioambientales u otras razones, se deberá garantizar la construcción de su proyecto de modernización con los más altos estándares ambientales y productivos”.

Fundición Enami

A la sesión concurrió el abogado y profesor de derecho minero, Patricio Cartagena, quien se refirió al propósito del proyecto de ley.

Cartagena resaltó que la evolución normativa sobre fomento productivo para la pequeña y mediana minería y la capacidad de mantener actualizada la capacidad Fure (modernización y desarrollo), da sustento al compromiso de decisión pública.

En el mismo contexto, Patricio Cartagena aseguró que esto contribuye a la materialización de un proyecto de modernización de la Fundición Hernán Videla Lira. Lo que permite, añadió, el cumpliendo con los estándares de financiamiento y socioambientales que la legislación actual establece.

Desde un óptimo de política pública, el abogado afirmó que “sería conveniente la debida actualización de la Política de Fomento Productivo al sector. Esto, de modo de precisar y actualizar los objetivos estratégicos, lineamientos, instrumentos y fuentes de financiamiento, aplicables a todo el ciclo del negocio minero y con la actual caracterización productiva de la pequeña y mediana minería”.

Depósitos de Relaves

Durante la misma jornada, la Comisión de Minería y Energía respaldó en su idea de legislar el proyecto que modifica la Ley 20.920. Normativa que establece un marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje.

Según precisaron durante la sesión, el objetivo es exigir la aplicación de un plan de recuperación de elementos pesados a los gestores de depósitos de relaves.

La propuesta parlamentaria nació desde el interés por trabajar en la protección del medio ambiente y el desarrollo minero sostenible en el tiempo. Ello, toda vez que, a menudo, los tranques de relaves contienen sustancias tóxicas y elementos pesados, como metales y químicos nocivos, que pueden tener un impacto devastador en el medio ambiente si no se gestionan adecuadamente.

El gran riesgo, describe la moción, es que estos contaminantes pueden infiltrarse en el suelo, los cursos de agua y los ecosistemas circundantes, causando daños a la flora, fauna y salud de las comunidades locales.

Sobre esta iniciativa, Arturo Reyes, académico de la Universidad de Antofagasta, explicó el impacto de los residuos mineros abandonados en los suelos de la región y la distribución de elementos potencialmente tóxicos en los suelos. Además, del uso de relaves como materia prima secundaria para la síntesis de materiales activados alcalinamente.

En la instancia, Reyes dijo que la extracción y procesamiento informal de cobre han creado un problema de contaminación ambiental. Recalcó que los residuos mineros abandonados contaminan los suelos con elementos potencialmente tóxicos que superan la línea base geoquímica. Asimismo, sostuvo que la región de Antofagasta genera residuos como cenizas volantes o escorias de fundición.

Concesibilidad del Litio

Finalmente, la Comisión de Minería también inició la discusión del proyecto que deroga la no concesibilidad del litio. La propuesta también establece una tasa única para su adquisición dentro de la concesión de explotación de que se trate.

El texto elimina la calidad del litio como mineral no concesible y de importancia para la seguridad nacional en toda la legislación.

En concreto, la moción busca situar el régimen jurídico de explotación del litio dentro de la legislación común minera. Esto, como un bien de propiedad del Estado, cuya explotación y exploración que se concede a terceros sea, estatal o privada, mediante resolución judicial.

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La norma presentada por el Gobierno busca agilizar el proceso regulado en el artículo 314 del Código de Aguas. También, incorporar a las obras estatales de desarrollo del recurso hídrico en tales decretos de escasez hídrica, para que a estos les sean aplicables dichas medidas.

En específico, durante la sesión recalcaron que el proyecto pretende subsanar algunas de las deficiencias y vacíos procedimentales identificados. Ello, a propósito de la aplicación de los decretos de declaración de zona de escasez hídrica.

Por lo anterior, quienes administren este tipo de obras también deberán dar cumplimiento a las medidas contenidas en los referidos decretos. Con ello, se le otorgará a su vez a la Dirección General de Aguas la facultad de redistribuir directamente las aguas contenidas en ellas cuando existan situaciones de sequía severa debidamente declaradas.

Fundamentos del Proyecto

Entre sus fundamentos, el texto destaca que, en materia hídrica, los efectos del cambio climático se hacen presentes de diversos modos en el territorio nacional.

Esto incluye la sequía. En esa misma línea, el escrito sostiene que es un hecho que gran parte del territorio nacional corresponde a zonas xéricas, áridas o de semi aridez; algo que se ha agravado en determinadas áreas debido a la sequía que afecta a parte importante del territorio nacional.

Agrega que, actualmente, el Código de Aguas regula la situación de escasez hídrica en sus artículos 314 y 315. Ambos artículos fueron objeto de reforma el año 2022 y se enfocan en la gravedad de los efectos de la sequía. A su vez, entrega instrumentos para reducir al mínimo los daños generales derivados de esta.

Sin embargo, dichos instrumentos sólo pueden activarse una vez que entre en efecto la declaración de zona de escasez hídrica.

Otros datos

Una vez declarada una zona de escasez hídrica, la Dirección General de Aguas puede exigir a la o las juntas de vigilancia respectivas la presentación de un acuerdo de redistribución de aguas, que contenga las condiciones técnicas mínimas, así como las obligaciones y limitaciones que aseguren la adecuada redistribución de aguas.

La Comisión de Recursos Hídricos se reunirá nuevamente este miércoles 20 de marzo para iniciar la votación en particular del proyecto.

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En el tiempo previo intervino el diputado Gonzalo Winter (PCS), quien explicó las potencialidades del litio. “No podemos perder la gran oportunidad que representa”, remarcó. Asimismo, destacó la alta demanda mundial de este elemento.

Seguidamente, precisó que el litio se ha consolidado como uno de los minerales críticos de la transición energética, en particular, por la electromovilidad. Aseguró que su demanda ha crecido también por los compromisos ambientales.

En relación a la Estrategia Nacional del Litio, el diputado planteó que este programa no es un invento de este Gobierno. Argumentó que es la continuidad de una política que viene siendo trabajada con sentido de Estado hace años.

Al respecto, se identificó la ausencia de una política pública; la escasa captura de renta; y la poca generación de valor, recomendando mantener el litio como elemento estratégico y no concesible. Igualmente, mantener una gobernanza integrada de los salares y la creación de una empresa pública que sea parte de todo el ciclo del mineral.

En la sesión, se aprobó la resolución 1161, que indica que la Cámara respalda la necesidad de impulsar el desarrollo sostenible de la industria del litio, cuyos recursos le corresponden a todos los chilenos y chilenas

Visión del Ejecutivo

La ministra de Minería, Aurora Williams, detalló que la estrategia considera, en su sentido más profundo, la visión de un Chile líder en la producción sostenible de litio. Recalcó que se debe aprovechar una oportunidad única como nación.

En cuanto a los hitos de la Estrategia Nacional del Litio, mencionó que se creó un “Consejo Estratégico de Litio y Salares”. Dicha entidad sesiona desde mayo bajo la figura de un comité Corfo. Dentro de las actividades, se ha realizado un proceso de diálogo con las regiones donde hay presencia de litio.

Comentó que, asimismo, se han comprometido a crear la Empresa Nacional del Litio, en cuyo diseño se ha avanzado.

Por otro lado, a través de Codelco y la Enami se ha progresado en sus respectivos proyectos, creando las filiales que correspondan a los salares específicos, conforme al mandato del Presidente Boric.

Sostuvo que también están en el proceso de modernizar el marco institucional, revisando los análisis para desarrollar la industria del litio y asegurar la responsabilidad medioambiental y social.

Por otra parte, remarcó el acuerdo de Codelco-SQM con el Consejo de Pueblos Atacameños. Sostuvo que no sólo significa explicar en qué consiste la estrategia, sino que desarrollar una participación efectiva y un diálogo franco con las comunidades.

Williams, igualmente, anunció el acuerdo de compra de Codelco del proyecto Salar Blanco en el Salar de Maricunga. Se trata de un salar evaluado como el segundo más importante del país y está dentro de los más importantes del mundo.

La secretaria de Estado resaltó, finalmente, la importancia de avanzar en la fabricación de elementos de baterías de litio en el país. Para ello, agregó, ya se han firmado acuerdos con dos empresas.

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