Respecto de la Sala, las y los diputados acordaron mantener como sesiones ordinarias los días y horarios que se aplicaron en el periodo anterior. De tal modo, los lunes se sesionará entre las 17:00 y las 19:00 hrs., mientras que los martes y miércoles, el horario será entre las 10:00 y las 14:00 hrs.

Cabe recordar que estos horarios excluyen las sesiones especiales que se celebren, conforme lo define el reglamento de la Corporación.

En cuanto a las comisiones, se determinaron cuatro jornadas de sesiones:

Lunes: Entre las 14:50 y las 16:50. En este marco trabajarán: Familia, Zonas Extremas, Desarrollo Social, Recursos Hídricos, Seguridad Ciudadana, Cultura y Ciencias.

Martes: Tendrá dos bloques.

• El primero será entre as 15:00 y las 17:00 hrs. En esta franja estarán: Constitución, Hacienda, Deportes, Educación, Gobierno Interior, Agricultura y Relaciones Exteriores.
• El segundo se celebrará entre las 17:30 a las 19:30 hrs. Las comisiones que se incluyen en este rango horario son: Salud, Defensa, Economía, Trabajo, Obras Públicas, Emergencia y Personas Mayores y Discapacidad.

Miércoles: La jornada será entre las 15:00 y las 17:00 hrs. Considera a las siguientes comisiones: Constitución, Hacienda, Minería y Energía, Vivienda, Pesca, Medio Ambiente, Mujeres y Derechos Humanos.

El acuerdo sobre la Sala se aprobó por 145 votos a favor, dos en contra y una abstención. El de las comisiones tuvo apoyo unánime.

Otros acuerdos de hoy

En la ocasión, la Sala también se pronunció sobre la integración de las comisiones permanentes. Esta se aprobó por 95 votos a favor y 54 en contra.

Conforme a lo definido, las comisiones comenzarán a constituirse desde el primer bloque del día de hoy, esto es, a las 15:00 hrs. Entre las principales tareas estará la determinación de quien las presidirá.

En la presente sesión, también se informó a la Sala sobre la nómina e integración de los siguientes comités parlamentarios:

• Partido Republicano: cuatro subcomités.
• Unión Demócrata Independiente: dos subcomités.
• Partido Frente Amplio: dos subcomités.
• Partido de la Gente: dos subcomités.
• Partido Renovación Nacional: sin subcomités.
• Socialista: sin subcomités.
• Partido Comunista: sin subcomités.
• PPD e Independientes: sin subcomités.
• Partido Nacional Libertario: sin subcomités.
• Demócrata Cristiano: sin subcomités.

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Según aseguraron durante la sesión, con esta iniciativa se busca contribuir a mejorar la seguridad hídrica. También, a una mayor adaptación al cambio climático, al resguardo de la biodiversidad y al uso sostenible de ecosistemas marinos y costeros. Del mismo modo, proyecto propone regular todo lo relativo a las concesiones o destinaciones marítimas especiales de desalinización.

La propuesta innova en cinco puntos principales:

• Crea una concesión marítima especial con un informe técnico vinculante de la Dirección General de Aguas.
• Impulsa una Estrategia Nacional de Desalinización.
• Promueve una servidumbre legal de desalinización.
• Define preferencias para resguardar el derecho humano al agua y saneamiento.
• Radica en la Dirección General de Aguas (DGA) la potestad de fiscalización.

El texto se revisó a través de los informes de las comisiones de Recursos Hídricos y de Hacienda, que rindieron Cristóbal Martínez y Camila Rojas, respectivamente. Al momento de las votaciones, se aprobó la idea de legislar y el grueso del articulado, por amplia mayoría.

Luego, se votó un artículo que contaba con una modificación introducida en la Comisión de Hacienda y que se solicitó votar por separado. El resultado fue el rechazo de la enmienda y la mantención de la redacción planteada por Recursos Hídricos. El punto refería a una consideración especial que debía tomar en cuenta la estrategia nacional.

Nueva unidad en DGA y concesión para desalinización

El proyecto considera la creación de una unidad en la DGA. Se encargará de la elaboración y seguimiento de la estrategia. También será la encargada de tramitar las solicitudes de concesión y destinación; y revisará fiscalizaciones y trámites de expedientes sancionatorios.

El gasto fiscal, justamente, se relaciona con la citada unidad, por gasto en personal y bienes y servicios de consumo, entre otros ítems. «El mayor costo será al tercer año, con más de $725 millones, para bajar a $342 millones, en régimen», establece el documento.

Una parte importante de la iniciativa refiere a la nueva concesión para la desalinización de agua de mar. Según el escrito, se otorgarán mediante decreto supremo, previo informe favorable de la DGA. Tendrán un plazo máximo de 30 años, renovables por una sola vez. Comprenderá el uso y goce de bienes nacional ubicados, en una parte de la zona costera. Su finalidad será extraer y aprovechar el agua de mar para su desalinización, así como realizar su tratamiento, conducción y disposición final.

La concesión o destinación permite al titular solicitar las servidumbres legales de desalinización en la forma que establece esta ley, así como también las que establece el Código de Aguas.

Dentro de las condiciones para el otorgamiento o para el ejercicio de la concesión o destinación, la Dirección General de Aguas podrá incluir un aporte, expresado en caudal, para consumo humano y/o saneamiento de hasta un 5% de la capacidad de producción de agua desalinizada, en el caso de los proyectos que no tengan como finalidad principal la producción de agua para consumo humano o el saneamiento.

La estrategia, en tanto, contendrá lineamientos para orientar el desarrollo sostenible de proyectos de desalinización. Considerará criterios para determinar aquellas zonas de mayor aptitud para implementar proyectos de extracción, conducción y desalinización de agua de mar. Asimismo, consignará metas e indicadores de seguimiento.

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El parlamentario explicó que este encuentro busca lograr una institucionalidad acorde, donde los distintos países conversen entre sí para ver cómo se exploran y explotan los recursos minerales.

“Hemos detectado que las normativas tienen denominaciones que no son acordes a nuestros tiempos, en relación a un tratamiento más moderno y con un contexto de ir avanzando a energías renovables no convencionales. Ello, entendiendo que la exploración y explotación de minerales deben ser acordes a dichas energías de manera mucho más sustentable”, especificó el diputado Longton.

Agregó que eso exige mayor cantidad de minerales y explotación. “Tener un marco jurídico que determine cada país, pero tener un marco en común que hable el mismo idioma, nos va a permitir avanzar a un mejor tratamiento del tema en instancias internacionales”, acotó el parlamentario.

En esa línea, la autoridad manifestó que los países de América Latina y el Caribe pretenden “avanzar en derrotar combustibles fósiles, combatir el cambio climático y lograr una matriz energética renovable que mejore el medio ambiente y a calidad de vida de las personas”.

En la inauguración también participó el subsecretario de Energía, Felipe Ramos, quien destacó el compromiso de los países de América Latina y el Caribe en la transición energética.

Asimismo, se refirió al uso de recursos naturales con estándares y licencias ambientales en el marco de cambio climático y puntualizó que esta región tiene las matrices más verdes del planeta y una geografía privilegiada para la actividad minera con recursos como el litio, el cobre y el molibdeno, que son fundamentales para la transición energética.

Sobre Chile, Ramos destacó el compromiso con la carbono neutralidad a 2050, con una ley que obliga e impulsa la movilización energética.

Temas tratados por la Comisión de Energía y Minas

En la reunión, se abordaron tres temáticas:

• Ley Modelo para armonizar las regulaciones mineras de América Latina y el Caribe.

• Normativas de fomento y desarrollo (a nivel continental) de actividades anexas que desarrollan proveedores de la minería, relacionados a tema portuario e incremento de empleos directos e indirectos. Junto a esto, se abordó la innovación tecnológica en la generación de Energías Renovables No Convencionales y utilización de desaladoras para faenas mineras.

• Normativas para reducir la heterogeneidad de legislaciones con el fin de potenciar y contribuir a enfrentar el calentamiento global y el cambio climático.

En este encuentro parlamentario multilateral participan diputados, senadores y asambleístas de seis países: entre ellos, Curazao, Uruguay, Ecuador, Aruba, Chile y San Martín. Además, se realiza en el marco de la reunión de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), fijada para esta semana, en Santiago.

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La iniciativa establece con claridad los casos en que procede la apelación dentro de los procedimientos tramitados ante los Tribunales Ambientales. En este sentido, se busca delimitar con precisión las resoluciones que pueden impugnarse mediante este recurso, reforzando así la seguridad jurídica del proceso.

En concreto, solo serán apelables las resoluciones que declaren inadmisible una demanda, aquellas que reciban la causa a prueba y las que pongan término al proceso o hagan imposible su continuación. Esto último, siempre que dichas resoluciones no estén comprendidas en la ley.

Este recurso de apelación deberá ser conocido por la Corte de Apelaciones correspondiente al territorio en que se encuentre el Tribunal Ambiental que dictó la resolución. El plazo para presentar esta apelación es de diez días hábiles, contados desde la notificación de la resolución.

Tribunales ambientales

Por otro lado, en relación con la sentencia definitiva que resuelva las materias propias de competencia de los Tribunales Ambientales —ya sea que se acoja o rechace total o parcialmente la reclamación o la acción de declaración, o incluso si se ordena retrotraer el procedimiento administrativo— sólo procede el recurso de casación en el fondo, siempre que la sentencia se dicte con infracción de ley y que dicha infracción influyera de forma sustancial en la parte resolutiva del fallo.

Además, se podrá interponer un recurso de casación en la forma, aunque solo en ciertos casos específicos establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Estas causales incluyen, por ejemplo, cuando la sentencia haya sido dictada por un tribunal incompetente o conformado en contravención a lo establecido por la ley; cuando se haya concedido más de lo solicitado por las partes o se haya resuelto sobre materias no sometidas a la decisión del tribunal; cuando la resolución se pronuncie respecto de una causa que ya ha sido resuelta con autoridad de cosa juzgada, siempre que esta se haya alegado oportunamente; o cuando la sentencia contenga decisiones contradictorias.

El recurso también aplica cuando las partes omiten requisitos esenciales definidos en la ley que rige a los Tribunales Ambientales. Asimismo, si el tribunal dicta la sentencia infringiendo claramente las normas sobre apreciación de la prueba conforme a la sana crítica, también se podrá recurrir.

Las partes deben presentar el recurso de casación ante el mismo Tribunal Ambiental que emitió la resolución. Luego, el tribunal lo remite a la Corte Suprema, que lo conocerá y fallará con carácter preferente. Los plazos y el procedimiento para tramitar este recurso se ajustan a las normas del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, ante la Corte Suprema, las partes solo pueden presentar prueba documental, salvo que el propio tribunal supremo decida incorporar otros medios probatorios por iniciativa propia.

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Según se recuerda en el texto, el 1 de enero de 2024 comenzó a regir la Ley 21.591, sobre Royalty a la Minería. Una de sus innovaciones fue la creación de tres fondos: el Regional para la Productividad y el Desarrollo de Comunas Mineras; de Apoyo para la Equidad Territorial; y Puente, que va en apoyo directo de las regiones.

Desde ellos se espera financiar proyectos de investigación científica y tecnológica, así como de fomento al desarrollo de actividades productivas.

Tal como se detalla, parte de estos recursos comenzarán a entregarse en 2024 y se ampliarán en 2025. Esto significa un apoyo directo a 307 municipios. En este contexto, se estima necesario dar a su utilización la necesaria transparencia y evitar un mal uso. “La mayor recaudación fiscal que implica el royalty debe ser una oportunidad de crecimiento y no una problemática”, se sentencia en la moción.

En tal plano, el proyecto robustece el contenido de la cuenta pública anual que deben realizar las municipalidades. Así, se incorporan nuevas materias a informar. De ahí que la propuesta obliga a incluir en esta rendición el uso y destinación de los fondos recibidos por la Ley 21.591. Además, se deberá comunicar sobre la ejecución de estos en los proyectos y programas donde se hubiesen destinado.

Debate por cuenta del Royalty

La propuesta se originó en una moción presentada por el diputado Jaime Mulet (FRVS). También la firman Jaime Araya (IND), Danisa Astudillo (PS), Bernardo Berger (IND), Juan Fuenzalida (UDI), Marta González (IND), Javiera Morales (FA), Joanna Pérez (DEM), Rubén Darío Oyarzo (IND) y Carolina Tello (FA).

En el debate expusieron Carolina Tello (FA), Matías Ramírez (PC), Viviana Delgado (IND), Leonidas Romero (IND), Stephan Schubert (IND), Daniel Lilayu (UDI), Héctor Barría (DC), Joanna Pérez (DEM), Nelson Venegas (PS), Camila Musante (IND), Yovana Ahumada (IND), Andrés Celis (RN), Natalia Romero (IND), Emilia Nuyado (PS), José Carlos Meza (PREP), Clara Sagardia (FA), Miguel Ángel Calisto (IND), Sergio Bobadilla (UDI), Johannes Kaiser (IND), Bernardo Berger (RN), Luis Alberto Cuello (PC), Alejandro Bernales (PL), Camila Rojas (FA), Miguel Ángel Becker (RN), Marta Bravo (UDI), Nathalie Castillo (PC), Leonardo Soto (PS), Cristián Tapia (IND), Renzo Trisotti (IND), Ericka Ñanco (FA), Rubén Darío Oyarzo (IND), Ricardo Cifuentes (DC), Jaime Araya (IND), Tomás Hirsch (PAH), Benjamín Moreno (PREP), Catalina Pérez (FA), Diego Schalper (RN), Miguel Mellado (RN) y Jorge Rathgeb (RN).

Entre las opiniones se relevó la importancia de esta iniciativa para dar tranquilidad a la ciudadanía sobre el buen uso de los recursos públicos. Por ello se la llamó a fiscalizar estas cuentas para verificar, no sólo eventuales casos de corrupción, sino también una destinación acorde a los propósitos de la ley.

Igualmente, se recordaron diversos casos de malversación de dineros en municipalidades de todo el país. En este contexto, se estimó pertinente avanzar en transparencia y en control, tanto en el nivel municipal como en el regional.

Algunos lamentaron que sólo se llegue a poco más 300 municipios. Otros, en tanto, estimaron necesario que se definan exigencias similares de transparencia respecto de otros ingresos, como los provenientes del pago de patentes. Asimismo, se pidió destinar profesionales adecuados que levanten proyectos propios. De tal modo, se espera evitar derivar iniciativas a fundaciones.

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La iniciativa, también conocida como de “permisología”, pretende lograr sus objetivos sin reducir ni desregular los mecanismos de protección al medio ambiente y de las personas.

Según lo proyectado por el Ejecutivo, los tiempos totales de tramitación sectorial de los proyectos de inversión se reducirán en, al menos, un 30% en promedio. Igualmente, se espera un aumento directo en el PIB, derivado de nuevos proyectos de inversión de un de 2,4% en 10 años. Junto a ello, se incrementará la recaudación fiscal producto del adelantamiento de flujos futuros por 0,27% del PIB de 2023.

El proyecto pasa por crear un sistema que incluye políticas, instituciones, normas y principios para la correcta tramitación de autorizaciones. Además, se resguardan los objetos de protección inherentes a cada sector.

Más específicamente, se crea el Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial a cargo de un servicio público de igual nombre. Dicha entidad, además, velará por el progresivo perfeccionamiento de la normativa sectorial.

Asimismo, se crea el Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (Super). Este será una herramienta electrónica de información, administrado por el Servicio ya citado.

Otros avances en permisos sectoriales

La propuesta también avanza en una “organización de autorizaciones en tipologías” y en la promoción de la regulación fundada en riesgos. A ello se suma la posibilidad del uso de avisos o declaraciones juradas.

Otra línea son formularios de ingreso y admisibilidad, como límite a la discrecionalidad funcionaria. Paralelamente, se pone límite a la espera de informes de otros organismos de la administración del Estado; se fijan plazos supletorios y reglas claras para ejercer el silencio administrativo; y se define un procedimiento transparente para la priorización de proyectos.

La regla definida plantea que el procedimiento sectorial no podrá exceder de los siguientes plazos:

1. 120 días, tratándose de autorizaciones de administración o disposición.
2. 50 días, tratándose de autorizaciones de localización.
3. 60 días, tratándose de autorizaciones de profesional o servicio.
4. 50 días, tratándose de autorizaciones de proyecto.
5. 25 días, tratándose de autorizaciones de funcionamiento.
6. 60 días, tratándose de otras autorizaciones.

El plazo para resolver se contará desde la fecha de ingreso de la solicitud hasta la fecha de dictación de la resolución final.

Transcurrido el plazo legal para resolver acerca de una solicitud de autorización, sin que el órgano sectorial se pronuncie sobre ella, la o el interesado estará legitimado para hacer valer el silencio administrativo.

En todo caso, se abre la posibilidad de suspenderse el plazo para resolver frente a determinadas causas. Entre ellas se citan la necesidad de que el órgano sectorial requiera al solicitante la corrección de defectos en la solicitud o de información complementaria. También cuando el acto administrativo requiera de la toma de razón de la Contraloría, antecedentes complementarios de otra entidad o frente a acciones judiciales.

Si se registrara un incumplimiento de los plazos dispuestos de manera injustificada, se procederá a sanciones disciplinarias a los jefes respectivos. Para ello se avanzará en un sumario llevado a cabo por la Contraloría.

Finalmente, entre otras normas, se determinan acciones para la priorización de proyecto o actividades y se promueve la colaboración público-privada en la tramitación de permisos sectoriales.

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Este nuevo organismo nacerá de la Gerencia de Inversión y Financiamiento de Corfo, recogiendo las recomendaciones del Banco Mundial y de experiencias internacionales. Afide complementará al actual sistema de financiamiento con instrumentos de segundo piso. En casos particulares, la institución también podrá entregar créditos directos con autorización expresa de su directorio y bajo la modalidad de préstamos sindicados, es decir, con un grupo de bancos.

En la ocasión, la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, puntualizó que “el objetivo de este proyecto es mejorar la oferta de instrumentos de financiamiento para que las empresas del país puedan incorporar más tecnologías y mejoras productivas en sus procesos. Esto lo lograremos desde la modernización de la gestión y la administración de los instrumentos públicos de financiamiento, agregando mayor transparencia, tecnificando las evaluaciones y aplicando la regulación y supervisión adecuada al giro financiero de la empresa”.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la entidad de fomento, José Miguel Benavente, sostuvo que “Corfo ha jugado un rol fundamental, no solamente en su diseño junto al Ministerio de Economía, sino también que como parte estructural significa que parte de la Corfo, que hoy está bajo una gerencia, forma parte de la base de esta nueva institucionalidad. La idea es potenciar y aumentar lo que actualmente hace Corfo, darle la flexibilidad suficiente para que ese trabajo sea en forma eficiente, más transparente, con un mayor control del ente regulador y, además, incorporar otros instrumentos adicionales que la Corfo no puede operar actualmente, que son necesarios, entre ellos, el Fondo de Fondos, que es tan demandado por el sistema de financiamiento temprano en el país”.

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La instancia se originó en tres solicitudes para investigar los actos del Gobierno, entre 2006 y 2022, relativos a la empresa cuprífera y su gobierno corporativo en proyectos estructurales, cumplimiento de normas laborales, tercerización y protocolos de seguridad.

El texto lo rindió quien fuera el presidente de la comisión, diputado Cristián Tapia (IND). En él se observa que “Codelco sufre hoy una profunda crisis”. Ella se expresa en:

• Una baja sostenida en la producción.
• Un incumplimiento, tanto en tiempo como en costo, del desarrollo de los proyectos estructurales.
• Aumento de contratación de empresas contratistas en actividades esenciales, propias del giro de Codelco, como también en su sistema de operaciones.
• Conflictividad laboral en las empresas contratistas y, también, en casos de trabajadores de la estatal.
• Presencia de accidentabilidad.

Sobre el primer punto se informa que, en 2023 se totalizaron 1.324.000 toneladas de cobre fino. “Si nos remontamos a períodos anteriores, la producción de Codelco estaba en torno a las 1.600.000 o 1.700.000 toneladas, un nivel que recién se considera poder recuperar en 2030”, se remarcó. En este contexto, se llama a la estatal a sostener su producción, para lo cual necesita desarrollar proyectos estructurales de manera eficiente y eficaz.

De lo anterior se desprende que la cuprífera tuvo menores ingresos (periodo 2012-2023) por alrededor de 60 mil millones de dólares.

Asimismo, el documento aseguró que “lo cierto es que el sueño de los 2,6 millones de toneladas nunca fue posible y la producción durante los años siguientes se mantuvo en niveles similares a los de 2012, empezando a declinar sostenidamente a partir de 2017, con las consecuencias de menores ingresos conocidas y sufridas por el país entero”.

Proyectos estructurales y gobierno político

Según se sostuvo, existe tardanza en la ejecución de los proyectos estructurales para sostener la producción en el tiempo. En este contexto, se citan las palabras del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco:

“La decisión de ejecutar cuatro megaproyectos estructurales, que debió definirse a inicios del nuevo milenio, se tomó recién en 2010, ya de forma tardía, y sin evaluar adecuadamente los límites físicos, económicos, del conocimiento y culturales que ellos envolvían, ni que la empresa ya no tenía tiempo de secuenciarlos y debió construirlos de manera simultánea”.

Igualmente, se releva que estos proyectos presentaron sobrecostos importantes:

• En Chuquicamata Subterránea la inversión asciende a US$6.200 millones, incluyendo un sobrecosto de 53%.
• La cartera de proyectos de El Teniente asciende a US$5.600 millones, con un sobrecosto de 75%.
• El traspaso de Andina tiene un capex proyectado de US$1.700 millones, con 21% de sobrecosto.
• Rajo Inca (Salvador) mantiene su inversión en US$1.400 millones, pero presenta un retraso de 16 meses.

Otro punto criticado es que la mitad de los dineros destinados a inversión en el período 2012-2022 (US39.200 millones) fue vía endeudamiento. Por otra parte, se reclama que “pese al discurso institucional de contar con una dotación de profesionales de excelencia y de ser pioneros en el desarrollo de proyectos mineros a nivel mundial”, se evidencia “un fracaso absoluto de la Vicepresidencia de Proyectos y las distintas planas ejecutivas en el cumplimiento de las metas propuestas”.

El informe, asimismo, observa que la composición del directorio de la estatal ha sido diversa y no ha tenido continuidad a través del tiempo. “Conspira también en esta inestabilidad el hecho de que las designaciones del directorio responden a criterios políticos y no técnicos”, se acotó.

Otros puntos fiscalizados en Codelco

Para la Comisión también se evidencia que la política de subcontratación implementada por la estatal ha sobrepasado la legislación. Así, se refuta el traspaso a empresas contratistas faenas y servicios propias del giro.

Por otra parte, se comunica la existencia de diversas denuncias de prácticas antisindicales. Estas pueden abarcar comportamientos como la intimidación de trabajadores, represalias y listas negras.

Finalmente, en materia de seguridad, se informa que en, en los últimos 23 años han fallecido 97 personas en actividades relacionadas a Codelco. En el resto de las grandes compañías mineras la cifra llega a 143.

En materia de recomendaciones, se sugiere profesionalizar a las autoridades del gobierno corporativo. La idea es que cuenten con conocimientos mínimos en áreas de diseño, proyección y planificación de largo plazo. De tal manera, se espera garantizar que los futuros desarrollos no se vean afectados por inestabilidades de las estructuras rocosas u otra afectación que cause una falla accidental o retraso de cálculo en los proyectos de mediana y gran envergadura.

También se pide evaluar el modelo de gestión de la Vicepresidencia de Proyectos y que los proyectos estructurales vuelvan a cada una de las divisiones.

Junto a lo anterior, se recomienda fortalecer la capacidad de fiscalización de Cochilco y extender la supervigilancia hacia la Contraloría, entre otros puntos.

La entrada Comisión Investigadora de Codelco acusa crisis de la estatal con foco en baja producción se publicó primero en Mch.

El texto tiene como objetivo principal fortalecer al organismo mediante la entrega de un marco institucional, que permita hacerse cargo de las falencias y aspectos a mejorar identificados en estos diez años de vigencia, y en el cual se contemplen mecanismos para mejorar el cumplimiento ambiental.

Respecto a lo anterior, la instancia parlamentaria recibió la exposición de los académicos Pablo Soto y Rosa Gómez, de las universidades Austral y de Los Andes, respectivamente.

Soto explicó que la finalidad del proyecto no es aplicar más sanciones, sino que hacer cumplir la legislación ambiental. “Eso es radicalmente distinto a tener la intención permanente de sancionar a los regulados”, puntualizó.

En tanto Rosa Gómez, si bien destacó los beneficios de la norma, dijo que resulta gravitante que se analice con mayor detenimiento la capacidad presupuestaria que va a tener esta entidad. “No podemos pretender una institucionalidad vigorosa, si no se dota de recursos con la fuerza económica necesaria para llevar a cabo sus prácticas”, recalcó.

En representación del Ejecutivo asistieron la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas y la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer.

Fiscalización Ambiental

Según manifestaron desde la Cámara, la propuesta reafirma y preserva el rol crucial de la SMA en el ámbito de la fiscalización y cumplimiento de la regulación ambiental. Para ello introduce ajustes necesarios en su regulación orgánica con el objeto de mejorar la eficacia y eficiencia de esas funciones.

De este modo, el cumplimiento ya no quedará vinculado preferentemente al instrumental sancionatorio, sino a un esquema diversificado de instrumentos de cumplimiento que, empleados de manera estratégica y transparente, permitan adaptarse a los distintos tipos de incumplimientos ambientales.

Asimismo, esta reforma busca subsanar las brechas, dificultades y vacíos que presenta el modelo de fiscalización y cumplimiento, junto con avanzar a un modelo que permita agilizar la toma de decisiones, fije reglas claras para todos los interesados y cumpla efectivamente su finalidad, esto es, dar respuesta oportuna al incumplimiento ambiental.

La instancia parlamentaria fijó como plazo el próximo lunes 8 de abril para recibir las propuestas de invitados. Una vez que esa ronda de audiencias concluya, se iniciará la votación del proyecto.

La entrada Parlamentarios analizan proyecto que fortalece la fiscalización ambiental se publicó primero en Mch.

La presidenta de la instancia, diputada Daniella Cicardini (PS), destacó la importancia de llegar a un consenso por lo vital que es la estatal para el país y los pequeños mineros.

Aquello, pues independientemente de los colores políticos, siempre ha existido la sensación de que se han llevado a cabo manejos sospechosos o dudosos, apuntó.

Detalles de la decisión

Desde la instancia manifestaron que existió el ánimo de llegar a un informe de consenso. En un primer análisis de conclusiones y propuestas, surgieron dudas en cuanto a citar expresamente los nombres de una serie de ejecutivos respecto de su responsabilidad por el manejo de la empresa estatal.

Esta opción se descartó, considerando que el problema que arrastra Enami es de larga data y no sólo a la acción de actuales o recientes ejecutivos. Sin embargo, en líneas generales, el texto plantea que los ejecutivos -en el período analizado- no levantaron alertas ante irregularidades y denuncias de sindicatos y funcionarios.

E igualmente, se da cuenta de la responsabilidad de administraciones anteriores, ya que “la situación de Enami es de larga data, por lo menos 20 años”.

El texto también deja de manifiesto que a lo largo de diversos periodos legislativos, diputadas y diputados han advertido sobre estos hechos.

¿Cuál es la situación financiera de Enami?

En materia financiera, particularmente, se solicita al Ejecutivo que reprograme los pasivos de la empresa, puesto que se encuentra asfixiada. A ello se suma la elaboración y ejecución de un plan de modernización.

Finalmente, se solicita que las consideraciones de este trabajo sean analizadas por diversos organismos públicos, como el Ministerio Público, para que realicen las investigaciones necesarias según sus competencias.

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