En el documento, el exejecutivo advirtió que existe «una clara amenaza a la libre competencia» en el mercado mundial del litio, situación que puede perjudicar «el potencial de desarrollo de la electromovilidad y a la creación de riqueza para Chile».

Según el experto, tras los últimos antecedentes proporcionados por Tianqi, confirman que esta empresa, junto con SQM y Albemarle, una firma estadounidense que también opera en Chile, tienen una posición de dominio a nivel global.

Bitran subrayó que con Talison (donde Albemarle y la china son socias) controlan 34% del mercado mundial, mientras que SQM posee 23%, pero que considerando los actuales proyectos de ampliaciones pasarán a manejar hasta 80% de la oferta global de litio para 2020.

Por lo tanto, la eventual compra de una participación en SQM por parte de Tianqi, donde la firma china sería una de las favoritas para hacerse con el paquete de 32% de acciones en poder de Nutrien, generaría «un Interloking entre Talison, Albemarle y SQM, con una clara amenaza a la libre competencia».

El exlíder de la agencia estatal chilena publicó estas declaraciones tras la reunión que sostuvieron recientemente representantes de la compañía china con la Fiscalía Nacional Económica de Chile, tas la denuncia que estampó Bitran en su contra, durante su último día al mando de la Corfo.

Amenaza al fisco

Según el ejecutivo, la operación de Tianqi en otros mercados ya ha generado controversias y menciona que las autoridades tributarias de Australia «investigan a Talison por bajar artificialmente los precios de transferencia para pagar menos impuestos» en ese país.

En ese sentido, Bitran recordó que Corfo solicitó al Servicio de Impuestos Internos en Chile investigar eventuales precios de transferencia de la empresa Albemarle en sus exportaciones a Estados Unidos.

«Esto entrega un elemento adicional en el análisis del interés de Chile. Es una amenaza para el fisco chileno que una empresa competidora de SQM, con estos antecedentes, de prácticas comerciales, aparentemente, reñida con las normas tributarias, participen en forma directa e indirecta, con influencia decisiva en la propiedad de SQM».

Manipulación y lobby

Asimismo, subrayó el riesgo de que el gobierno chino busque ejercer su influencia en el mercado mundial del litio a través de una participación en SQM ya que Beijing «tiene una política industrial muy proactiva a nivel global, que se traduce en controlar el abastecimiento de minerales críticos como Cobalto y Litio».

Bitran explicó que China utiliza a las empresas privadas para su política industrial, otorgándoles «protección arancelaria, subsidios, cuotas y financiamiento blando».

Asimismo, otro de los miedos de las autoridades locales tiene que ver con el manejo de patentes, ya que es conocido en la industria que los métodos que utiliza SQM son los más eficientes a nivel mundial, por lo que existen precauciones con la utilización de estos métodos, considerando el poco respecto que existe en el país asiático por este tipo de procedimientos.

Por estos argumento, el experto concluyó recalcando que es de «interés público de Chile que Tianqi no controle el 32% de SQM» y llamó la atención sobre el hecho de tanto Tianqi como Albemarle tienen contratada la misma agencia de lobby en nuestro país.

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El senador enfatizó que “en reiteradas oportunidades se ha invitado al personero para escuchar acerca de la política del gobierno en materia de litio; la marcha del proceso de licitación de los depósitos del mineral y los proyectos futuros asociados a su respecto, en especial, los referidos a la agregación industrial y tecnológica de valor, y los alcances del reciente acuerdo suscrito entre la institución a su cargo y la empresa SQM”.

Sin embargo, agregó “la información que nos entrega es que tenía reunión con inversionistas extranjeros; nosotros por tercera vez lo hemos invitado respecto del acuerdo con SQM respecto a la situación del litio y, reitero, estamos bastante molestos porque el Senado, el Parlamento, los representantes de los ciudadanos de este país, requerimos de una información directa por parte de él, es por eso que estamos tratando de comunicarnos nuevamente porque vamos a citar a una reunión extraordinaria de la Comisión el próximo lunes 29, porque necesitamos una información formal del vicepresidente de Corfo”.

Por su parte, el senador Alejandro Guillier se sumó al malestar y sostuvo que “nos preocupa la falta de transparencia que ha llevado este proceso; nosotros somos representantes populares de la ciudadanía que también está inquieta por el uso de los recursos naturales y por la falta de información fidedigna y completa que nos haga entender qué es lo que está ocurriendo con uno de los recursos naturales más importantes de Chile”.

El parlamentario añadió que a su juicio, “esta no es solo una falta de respeto al Senado, es una falta de consideración con los chilenos. Se están negociando recursos naturales estratégicos a espalda de la ciudadanía; por lo tanto, como senador de la República expreso mi malestar, mi molestia y voy a hacer uso de los medios de comunicación, con toda la libertad, para advertir a los chilenos, que un recurso natural estratégico para el desarrollo de las tecnologías del futuro en Chile se siga vendiendo como salmuera”.

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En los últimos días el abogado asesor de Ponce, Sebastián Oddo -ex socio de Raimundo Labarca-, interpuso una denuncia ante la Contraloría General de la República en contra del vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Eduardo Bitran, por sus intervenciones en el proceso de cambio de control de SQM.

Se trata de la primera acción formal con que las sociedades cascadas expresan su molestia por los cuestionamientos públicos de Bitran al proceso de venta del 23% de SQM que Oro Blanco mantiene de la propiedad de SQM a través de Pampa Calichera.

El objetivo es determinar si las intervenciones públicas de Bitran se condicen o no con sus obligaciones de funcionario público. Más aún, si se considera que Corfo actualmente es parte en tres arbitrajes con socia SQM, por discrepancias en los términos del arriendo de pertenencias mineras en el salar de Atacama.

En su denuncia, a cuyo contenido tuvo acceso PULSO, el abogado de Ponce cuestiona directamente a Bitran de vulnerar las normas de eficiencia y eficacia de legalidad que rige el desempeño de los funcionarios públicos, con grave entorpecimiento del servicio al imputar irregularidades que no se encuentran acreditadas.

Esto, a raíz de varias declaraciones de Bitran respecto del proceso. La semana pasada, en entrevista con Radio Infinita, Bitran comparó esta operación con el caso Chispas e hizo un abierto llamado a que el negocio se concrete mediante una OPA.

“Se está hablando de precios con un premio por control de 40%, y resulta que los accionistas minoritarios de SQM se van a quedar mirando el techo. Eso fue justamente lo que hizo (José) Yuraszeck con las Chispas y que le costó un juicio enorme y que además dio origen a la ley de OPA”, lanzó Bitran el pasado viernes.

De hecho, previo a la presentación de la denuncia, los abogados de las cascadas recopilaron las declaraciones de Bitran que han sido difundidas por distintos medios de comunicación. Tal es el interés de Bitran que él mismo ha llamado directamente al superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez para forzar a las sociedades controladoras de SQM a un proceso de Oferta Pública de Acciones (OPA). Sin embargo, por ahora no existe pronunciamiento de la SVS.

Tras la presentación, la Contraloría oficiaría a Bitran y aquí debe ser muy cuidadoso con lo que responda, pues debe señalar por qué sus actuaciones no han violado los principios de probidad e imparcialidad.

Fuentes cercanas a Julio Ponce señalan que la acción administrativa provocará que Bitran baje el tono en sus críticas.

Normas

La Ley de Procedimiento Administrativo obliga a las autoridades públicas a actuar bajo el principio de imparcialidad. El artículo 11 de la Ley 19.880 sostiene que “la administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”.

La Ley de Bases Generales de Administración del Estado y en particular el artículo 64, afirma que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las conductas que apuntan a “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta”.

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Ayer, el ejecutivo de la entidad gubernamental sostuvo, en el marco de un programa de energía solar, que para que Corfo pudiese llegar a un acuerdo en el arbitraje que sostiene con SQM por el Salar de Atacama, la firma relacionada a Ponce y PCS «debe ser una empresa que esté en los estándares internacionales y lo saben muy bien aquellos que tienen el control».

Añadió que «como dueños del Salar tenemos interés de que el proceso -venta de casi el 90% de Pampa Calichera- se haga con los mejores estándares internacionales y tenemos gran aprensión por lo que estamos viendo».

Además, Bitran sostuvo, en referencia a SQM, que «nos gustaría que la gobernanza sea de acuerdo con las prácticas normales, y que los cambios y trasferencias de control se hagan, cumpliendo las leyes y que tengan legitimidad». Anteriormente, el ejecutivo dijo que para cumplir la ley, esta venta de Pampa debía hacerse bajo la ley de OPA en SQM, pues así se protegería a los minoritarios.

Sube el tono de la discusión

En las cascadas evaluaron que las declaraciones de Bitran podrían estar fuera del marco legal, pues, aseguraron, develarían prevaricación administrativa. No descartaron que puedan entablarse querellas contra el número uno de Corfo o tomar otras acciones.

Añadieron que no olvidan cuando Bitran calificó como «un chiste» que sus recientes dichos puedan ser objeto de querellas. Agregaron que el verdadero «chiste» es que Bitran hable de proteger a los minoritarios, entre los que figura PCS, justo un par de días después de haberse reunido con los ejecutivos más importantes de esa compañía. Esta última, tiene un 32% de SQM e históricamente le ha peleado a Ponce la posición para poder elegir más directores en la empresa. Otro tema que califican de «chiste» es que Bitran pida hacer una OPA en SQM por el proceso de venta de Pampa Calichera, en circunstancias que no se está vendiendo más del 50% de la firma, ni mucho menos el derecho a elegir cinco directores de un total de ocho. Conocedores del proceso indicaron que la solicitud de OPA de Bitran deja en una muy mala posición pública al superintendente de Valores, Carlos Pavez, pues él no se ha pronunciado por la necesidad este mecanismo en SQM.

Fuentes ligadas a la minera agregaron que no entienden cuáles son las fallas concretas de gobierno corporativo.

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-¿Le sorprendió la decisión de Rafael Guilisasti?

«Sí, me sorprendió y la verdad es que sigo sorprendido. Nunca me imaginé que él podía asumir como director y presidente de las sociedades Cascada, controladas por Ponce».

-¿Hay conflicto de interés, dado que el único activo de las Cascadas es el control de SQM?

«La decisión de Rafael Guilisasti es imprudente e impresentable. Él participó en las reuniones de directorio en que presentamos nuestra estrategia legal para hacer respetar los intereses fiscales frente a SQM. Es decir, sí tiene información confidencial respecto del litigio. Este salto desde una vereda a otra es malo para las confianzas. Con esta decisión, SQM con su controlador actual sigue destruyendo valor público y continúa siendo un socio incómodo para Corfo».

-¿Qué información tenía?

«Ã‰l tenía y tiene la información respecto de las tácticas y estrategias legales y comerciales de Corfo acerca de este juicio con SQM, que es el litigio más importante que tenemos».

-¿Era Guilisasti partidario de no rescindir el contrato de SQM por el Salar de Atacama?

«El directorio aprobó en forma unánime, con su voto incluido, la opción de no continuar con el proceso de conciliación y seguir con el juicio arbitral. Estoy convencido de que estamos haciendo lo correcto para proteger el interés de Corfo y el interés público en general».

-¿La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) debería tomar cartas en el asunto?

«Estamos estudiando las implicancias jurídicas de esta decisión del ex consejero de Corfo. Imagino que la SVS tendrá que analizar y ver si hay implicancias sobre la necesaria confianza que requiere el mercado».

-¿Es efectivo que directores de SQM y el propio presidente de la compañía, Juan Antonio Guzmán, han intentado reunirse con usted? ¿Con qué finalidad?

«Sí, es efectivo que directores y lobbistas de SQM han tratado de reunirse conmigo, pero yo no he aceptado ninguna reunión. Aquí hay un juicio arbitral con una contraparte con prácticas que ya conocemos y que, por tanto, no permite ninguna reunión a puertas cerradas. Que quede claro: no estoy disponible para ninguna reunión con emisarios del señor Ponce».

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