Específicamente, el Ministerio Público le ordenó a la PDI requerir a los representantes legales de estas empresas cuestionadas por el SII “la entrega voluntaria de los antecedentes y documentación (…) para los años comerciales 2009 al 2014”, según dicen los documentos.

Entre las firmas a las que Segura les pide la contabilidad está Servicios y Publicidad La Clínica Limitada, la que emitió una factura a SQM por $58 millones, según el SII, sin respaldo. La Clínica fue creada en octubre de 2006 por Diego Perry Aldana y el abogado Francisco Diez Castellanos. En 2013 la empresa facturó $175 millones en servicios por concepto de “asesoría creativa” para la campaña de Michelle Bachelet. Los gastos fueron declarados ante el Servicio Electoral el 3 de septiembre de 2013.

Se requirió, además, los documentos contables de Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada, ligada a la familia Frei. La empresa emitió una factura a SQM por $ 30 millones, y fue constituida por el abogado Pedro Andrés Yaconi Valdebenito y su esposa, Mónica Antonia Urzúa Frei, hija de Mónica Frei Ruiz-Tagle. Yaconi fue representante de la Fundación Frei y ha sido mencionado como recaudador de la campaña presidencial de Eduardo Frei en 2009.

También se pidió la contabilidad de Inversiones La Música Limitada, sociedad familiar del ex director de Chilevisión Jaime de Aguirre Hoffa, que -según el SII- presenta tres facturas sin respaldo a la minera no metálica por $ 45 millones.

Otra de las empresas a las que se solicita la contabilidad es Consultores de Administración Asociados, que emitió 44 facturas a la minera entre 2009 y 2010, por un total de $ 464,4 millones. Sus socios son Felipe Heiremans Etcheberry y su hijo Bernardo Heiremans Velasco. La firma que se dedica a las asesorías empresariales.

A ellas se suma Asesoría e Inversiones Lima, una empresa de la economista Cristina Bitar Malik, la que según la denuncia del SII emitió siete facturas sin respaldo a SQM por un total de $185 millones. También se requiere la información de Centro de Investigaciones Sociales de Chile (CIS), de Gilberto y Mauricio Müller.

La fiscal solicitó los libros de compraventas, diario y mayor de todas las sociedades, además de los comprobantes contables y respaldos de la contabilidad, así como las facturas y boletas emitidas. Y dio un plazo de 15 días contados desde la fecha de recepción de la instrucción a la PDI para informar acerca del resultado de las diligencias.

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