El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, explicó que se tomarán un tiempo para definir el mejor mecanismo. “Nosotros esperamos hacer mejoras al procedimiento, primero, en el marco de la comisión presidencial del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que ha decretado la presidenta y, segundo, esperar el desarrollo y el contenido del Ministerio de Asuntos Indígenas”, dijo.

La comisión que estudia cambios al SEIA tiene previsto evacuar su informe final en enero de 2016. De acuerdo a una fuente conocedora de este proceso, se instituyó una mesa técnica de participación ciudadana y consulta indígena.

La misma fuente comenta que el foco de este comité es buscar fórmulas de consulta indígena previa al ingreso de los proyectos al sistema. A esta mesa se sumarían personeros del Ministerio de Desarrollo Social.

Badenier, de todas maneras, destacó que “en términos generales la consulta indígena para proyectos de inversión se desarrolla normalmente al alero del Servicio de Evaluación Ambiental, ejecutándose del orden de 23 procesos, los que se han llevado a cabo con normalidad”.

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Nuevo ministerio

Cuando se anunció la modificación a los dos decretos que regulan la consulta indígena en general y el específico para el SEIA, se informó que los proyectos de inversión tendrían que pasar por una unidad especial que sería creada en el Ministerio de Desarrollo Social. Este análisis sería prerrequisito para el ingreso de cualquier iniciativa a evaluación ambiental.

Esto, luego que existieran solicitudes de los pueblos originarios para sacar el proceso del SEIA y la percepción por parte del Ejecutivo que el gobierno anterior “mezcló peras con manzanas” al incluir la consulta en la evaluación ambiental.

Ahora el mecanismo podría sufrir modificaciones ante las conclusiones de la comisión del SEIA, pero también ante la creación del Ministerio y los Consejos de Pueblos Indígenas.

El 30 de enero pasado, y luego de cinco meses de trabajo, los pueblos Aymara, Quechua, Atacameño, Colla, Rapa Nui, Diaguita, Mapuche, Yagan, Kawéskar aprobaron la nueva institucionalidad. Ahora, Desarrollo Social deberá enviar el proyecto al parlamento, el que sería enviado durante el último trimestre de este año.

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Ayer, la firma entregó a las autoridades ambientales la tercera Adenda, en la que dio respuesta a una nueva ronda de inquietudes de parte de los servicios públicos con competencia en la evaluación.

Se espera que luego de esta presentación del documento, pueda darse inicio a la votación del proyecto y su eventual aprobación.

En el caso de BHP, la empresa ha señalado que necesita conseguir la aprobación en el más breve plazo para evitar verse en la obligación de iniciar el plan de cierre de la mina, pues Cerro Colorado está pronta a agotar su vida útil.

“A través de esta Adenda, Cerro Colorado entrega más información acerca de este proyecto que busca extender la vida útil de la operación entre los años 2016 y 2023, manteniendo el mismo proceso y nivel de producción actualmente autorizados. La compañía ha trabajado para presentar un proyecto sólido, que le permita extender la operación por 7 años adicionales y continuar así contribuyendo sustancialmente a la economía regional”, informó ayer la compañía minera mediante un comunicado público.

El proceso ha contado con la férrea oposición de algunos servicios públicos, sumado a un errático avance de la tramitación ante la autoridad ambiental. Recientemente, la Contraloría debió intervenir frente a la demora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para definir si incluye a la Comunidad Indígena Aymara de Cancosa en el proceso de consulta indígena del proyecto Continuidad Operacional Cerro Colorado.

Según el SEA, el solo hecho de que la mencionada comunidad se encuentre en el área de influencia del proyecto no basta para dar por establecido que ella es susceptible de ser afectada directamente por él.

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En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia que rechazó el recurso presentado por miembros de la familia Ticuna, en contra de las obras de ejecución de un pozo de monitoreo de agua realizadas al interior de la comunidad aymara de Lirima.

El fallo del máximo tribunal establece que el recurso de protección no es la vía para reclamar supuestos derechos de la familia Ticuna, la única que se opone a las obras, las que cuentan con el respaldo de la Junta de Vecinos y la Comunidad Aymara de Lirima.

«Que tal contienda, por su naturaleza, no es una materia que corresponda dilucidar por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre por cuanto lo que se persigue por los actores al accionar por esta vía es que se declare la existencia del derecho de dominio que refieren tener sobre los terrenos denominados «Pampa Lirima», por lo que el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la recurrente», sostiene el fallo.

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