«En un referéndum en octubre de 2020 el pueblo de Chile votó para reescribir la Constitución, para que represente con mayor precisión los intereses de todos los chilenos, y este proceso ya está en marcha», dijo Luksic en el marco de su discurso en la junta anual de accionistas de la compañía.

En este sentido explicó a la junta que el fin de semana 155 miembros serán elegidos para una asamblea constitucional encargados de reescribir la Constitución, los que tendrán un máximo de 12 meses para completar este compromiso, después de lo cual el electorado votará sobre su adopción.

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«Espero que todos tengan las garantías necesarias, este va a ser un proceso ordenado. Tenemos un proceso que va a tomar un tiempo y que incluye que primero todos sepamos más de lo que se trata esto. Incluye un respeto completo por la institucionalidad y, por lo tanto, no debiese ser una amenaza para nadie», afirmó Valdés ayer en la mañana, tras participar de una actividad en el centro cultural de La Moneda.

Pero al parecer las palabras de Valdés no fueron garantía de tranquilidad. Los gremios del sector privado reaccionaron de inmediato respecto al anuncio de la Mandataria y las palabras son de preocupación.

Jorge Mas, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, afirma que derechamente se ha tomado una decisión equivocada por parte del Gobierno al elegir seguir con este proceso, y que la reforma a la Constitución no es una prioridad para los chilenos. El empresario afirma que un debate sobre la materia debiera iniciarse en un momento en donde existan mayores niveles de confianza entre los distintos actores.

«Siendo legítima la intención de revisar y debatir la pertinencia de cualquier Constitución, hoy los esfuerzos de todos debieran estar orientados a reactivar la economía, antes de que los menores niveles de crecimiento se traduzcan en un aumento del desempleo», afirmó.

Segismundo Schulin-Zeuthen, quien encabeza la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), afirma que, en la situación por la cual atraviesa el país-de desaceleración y desconfianzas-, mantener esto sin definiciones «es problemático», y que quedan abiertas todas las posibilidades para cambios en aspectos importantes. «Lo único positivo es que esto va a requerir al menos dos tercios del Senado», arremata. Afirma que se vienen tres años adicionales de incertidumbre.

Derecho a la propiedad privada

Dentro todos los cambios posibles que pueden nacer de un cambio constitucional, el que más preocupa al empresariado tiene que ver con el derecho de propiedad.

Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dice que es crucial que se despejen los cambios de fondo que puede implicar este proceso, «así como también se garantice el respeto de un principio fundamental como es el derecho de propiedad, derecho a la seguridad, entre otros relevantes, para el normal funcionamiento de una nación moderna», dice.

Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), se dice preocupado, dado que no se precisa qué contenidos se está considerando incorporar. «Se deja abierta una serie de interrogantes sobre qué aspiraciones se acogerán, sobre todo si se recuerda que han surgido voces que critican que la Constitución resguarde el derecho de propiedad», dice Crespo.

Jorge Mas advierte que este proceso tiene el potencial de afectar principios e instituciones que han sido esenciales para el desarrollo social y económico del país en las últimas décadas, y que fueron responsables por «mejorar el bienestar y la calidad de vida de los chilenos».

En la reunión que sostuvo la Presidenta Bachelet con los empresarios en el Centro de Estudios Públicos (CEP) la semana pasada, la Mandataria les aseguró que se iban a respetar algunos principios básicos en el proceso, como el derecho a la propiedad privada.

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