“La minería, sector económico que más contribuye al desarrollo del país, se desarrolla a través de diversas actuaciones que se complementan entre sí, tales como: exploración en el desierto, explotación de minas, convenios de inversión, acuerdos de asociación, estudios de medio ambiente, elaboración de proyectos, contratos de ejecución, contratos de transporte y tantos otros”, indicó el socio principal de ASL Corp Estudio Jurídico, el abogado José Luis López Blanco.

Agregó que estas operaciones requieren la celebración de diversos acuerdos y contratos, en los que confluyen dos categorías de requisitos que, necesariamente, deben complementarse entre sí.

Sobre el tema, el asociado de este estudio, el abogado Patricio Cartagena indicó que, entre ellas, se encuentran las materias propiamente mineras que comprenden diseños, ingenierías, construcción y mantenimiento que, cada vez más, requieren un muy alto grado de preparación técnica, sofisticación e integración de disciplinas diversas.

“Además, están los requisitos netamente legales de todo contrato, referidos a acuerdos sobre la equivalencia de las prestaciones a que se obligan cada una de las partes. Ello supone un equilibrio muy preciso entre los otorgantes y que debe estar cimentado en una clara definición de la voluntad y entendimiento de cada parte y las condiciones técnicas de carácter minero aplicables a ese contrato”, explicó Cartagena.

El impacto de la controversia

Los profesionales señalaron que la ruptura de ese equilibrio es fuente de controversias entre los contratantes que, en algunos casos, pueden ser muy largas y de costo elevado. Por ello, es imprescindible resolver las controversias en forma rápida y eficiente para no perder el valor económico, lo que afectaría en forma directa a cualquier empresa o proyecto que requiera resolver algún conflicto, ya sea inter empresa, con colaboradores, comunidades u otros, aseguran.

Es así, como el Estudio jurídico ASL CORP, considerando la composición interdisciplinaria de sus asociados y colaboradores profesionales, que une en un mismo servicio derecho e ingeniería y proporciona soluciones de alta confiabilidad, de acuerdo con las exigencias en la planificación de proyectos, está en condiciones de asesorar a los contratantes, desde las etapas de discusión y negociación, así como, en la ejecución de estos.

“La minería actual requiere que cada hecho se prevea, por ello los acompañamos y asesoramos para alcanzar una pronta resolución de conflictos, que, de lo contrario, solo restan valor económico a los proyectos”, señaló López Blanco.

“Lo anterior, con el objeto de que las partes puedan definir, con precisión sus acuerdos, así como, en la ejecución de los mismos, para que en dicho proceso mantengan permanentemente los equilibrios prestacionales, evitando controversias como las señaladas”, agregó Cartagena.

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Entre los expositores estuvo Patricio Cartagena, secretario general de la Cámara Minera de Chile; Myriam Seers, socia de Savoie Laporte LLP Toronto, Canadá; Augusto Cauti, ex viceministro de Minas de Perú y consultor Internacional; Daniel Weinstein, abogado y gerente legal de Empresas Mineras; y Jorge Castillo Luco, director ejecutivo de Cammin.

La actividad se inició con las palabras de Myriam Seers, quien explicó que “si miramos las instituciones arbitrales que se usan en los contratos mineros, suelen ser empresas que no son especialmente expertas en minería y eso contrasta con otros sectores como podría ser, por ejemplo, el arbitraje marítimo. Si miramos en Londres, hay una asociación de árbitros marítimos que se encargan del 80% del arbitraje del mundo. Con eso se puede ver las eficiencias y especialización que brinda una institución realmente especializada en cierto sector, donde al darse esto, muchas partes que operan en el sector eligen esa institución.

La ejecutiva añadió también que “es importante contar con una institución arbitral para la especialización, que conlleva conocimientos técnicos y financieros para resolución de conflictos y segundo para la centralización que contiene reglas y normas que pueden estar adaptadas a los usuarios. Con eso incluye la selección de árbitros de forma especializada. Sin arbitraje, en una industria especializada, es muy difícil entender los conceptos técnicos”.

Por su parte, Augusto Cauti comentó que “actualmente hay baja en producción y menor mano de obra, proyecto de largo plazo con más riesgos –como por ejemplo el Covid-, conflictividad social-ambiental cada vez mayor y discursos de asamblea y posibles nacionalizaciones. Por eso, entre las necesidades están los foros como los de Cammin para resolver controversias estándares en forma especializada, innovación con mecanismos de solución de conflictos mineros, uso de tecnologías, difusión e involucramiento con otros actores y mejoramiento de capacidad locales para usar estos mecanismos (comunidades, gremios, academia).

Junto a eso, añadió que los centros especializados juegan un rol muy importante en los conflictos, sobre todo en los que son vinculados con comunidades. “Sin duda ahí también se dan situaciones de conflictividad, sea comunidad empresa, comunidad estado, etc. Donde para este tipo de mecanismo, es necesario que existan personas especializadas ya que son temas complejos”.

Bajo esa misma línea, el abogado Daniel Weinstein, señaló que “la industria minera es litigiosa, mucho más que lo que era hace 10 años con problemas de distinta índole. Pueden ser de mineras con comunidades, contratistas, contratos de suministros y posiblemente con el Estado. El arbitraje creo que está bien desarrollado en Chile y son muy pocas las compañías que no tiene cláusulas arbitrales. Es importante que el árbitro tenga conocimiento de la industria minera, porque la misma compañía prestando ese servicio está expuesto a circunstancias muy distintas. Por eso, los profesionales, árbitros y los que ayuden a resolver conflictos deben estar familiarizados con la industria minera”.

“El arbitraje en Chile no es barato porque hay que recurrir a peritos, expertos, abogados, etc. Por eso, no siempre hay acceso a insertar un arbitraje en las compañías y por lo mismo, hay que trabajar para que sea más cercano y posteriormente, hacer bajar su precio”, explicó Weinstein.

Finalmente, Jorge Castillo añadió que “más que un prestador de servicios pretendemos ser un socio estratégico, alguien que esté aliado con las compañías mineras y con las comunidades. Queremos ser más diligentes, nuestros costos son evidentemente más reducidos que lo que se encuentra en otras entidades. Entonces el foco de nuestro quehacer está en la relación bilateral entre contratistas y mandantes”.

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Así inicia la declaración de Albemarle por la entrevista que otorgó el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, a El Mercurio; donde señaló que el gobierno decidió iniciar un arbitraje en contra de la competidora de SQM en el Salar de Atacama, por eventuales incumplimientos en el pago de comisiones que debe hacer la firma de EEUU al Estado.

Sin embargo, desde Albemarle afirmaron hoy: “Reafirmamos que hemos cumplido todas nuestras obligaciones contractuales con el Estado de Chile, lo que incluye el pago de las comisiones correspondientes”.

En ese sentido, agregaron: “Lamentamos que Corfo haya insistido en esta vía arbitral que implicará tiempo y costos al país, habiendo una cláusula, en el mismo contrato, para la solución de estos temas”.

Fue el viernes cuando Corfo ingresó la solicitud de arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional, porque desde entidad estatal argumentan que la compañía minera estadounidense hizo un cambio de interpretación en el contrato respecto al cálculo en el pago de comisiones que debe hacer a Corfo por trabajar el litio en sus terrenos del Salar de Atacama.

Así, Terrazas estimó que son unos US$15 millones los que la empresa no pagó en 2020.

Desde Albemarle también añadieron en un comunicado: “Reafirmamos nuestro compromiso con Chile y seguiremos produciendo litio sostenible para el mundo mientras esperamos el resultado de este litigio”.

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«Queremos comunicar que tras varios meses de conversaciones, no hemos logrado un entendimiento entre Corfo y la empresa Albemarle respecto a una definición del precio preferente», informó Corfo, añadiendo que decidieron «solicitar una interpretación de la cláusula de ese contrato a la Cámara de Comercio Internacional, vale decir, someteremos a arbitraje nuestra diferencia con la empresa mencionada».

En su declaración, Corfo dice creer firmemente que la propuesta de Albemarle «no se ajusta a los términos del contrato, ni menos responde a la promoción de una industria de valor agregado en nuestro país». Y añade: «Tal como lo comprometió el Gobierno desde el primer día, Corfo fiscaliza con fuerza que los contratos asociados al litio se cumplan y no permitirá ningún incumplimiento que perjudique los intereses de todos los chilenos».

El acuerdo que apunta a implementar una industria de valor agregado en Chile ya tiene a tres productores especializados escogidos a través de un lithium call que comenzó en abril de 2017 y que fue adjudicado el 8 de marzo de 2018. Por ello, Corfo manifestó que buscará llegar lo antes posible a una solución que permita poner en práctica las inversiones de estos productores seleccionados.

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De acuerdo con el último balance trimestral de la productora de acero y hierro, Compañía Eléctrica Guacolda, filial de AES Gener, solicitó hace unos meses ante el Centro de arbitraje y mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago la apertura de un proceso contra CMP (CAP minería), trámite que se encuentra aún en la etapa de definición del procedimiento.

“Conforme la solicitud de arbitraje de Guacolda Energía S.A. la futura demanda tendrá por objeto la resolución de controversias en relación a contratos de suministro de electricidad suscritos entre ambas empresas con fecha 28 de septiembre de de 2012 y 29 de enero de 2014. Atendido el estado actual de este litigio, aún no es posible determinar su cuantía ni sus eventuales efectos sobre la compañía”, señaló CAP en su balance 2017 remitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Consultada CAP, respondieran que el arbitraje “se debe principalmente a una distinta interpretación de Guacolda y Compañía minera del Pacífico (CMP) del contrato de suministro suscrito entre ambas partes en relación a los consumos de CMP que se deben asignar a Guacolda bajo el referido contrato”.

Sin cuantía

“En cuanto al monto, todavía no se ha recibido la demanda arbitral de Guacolda, que se espera para el mes de marzo. El monto también dependerá de las acciones que CMP hagan valer en el arbitraje”, añadieron desde la compañía.

No fue posible obtener comentarios de AES Gener, controladora de empresas Guacolda.

En tanto, ayer presentó du renuncia al directorio tanto de CAP como de Invercap Arturo Freí Bolívar, tras más de diez años en la mesa de ambas empresas. La salida, según conocedores cercanos al grupo, obedecióa razones personales.

[AES Gener invertirá US$145 millones en una desaladora adyacente a Guacolda]

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Ayer, la agencia estatal y los accionistas de la minera informaron que abrieron un período de 30 días corridos para cerrar el pacto que garantizará el alejamiento de Julio Ponce Lerou de la administración y dirección de la minera, así como de su control, hasta el 2030.

Grupo Pampa informó ayer a Eduardo Bitran de una serie de acuerdos para reformar el gobierno corporativo de la empresa, una de las condiciones esenciales que había puesto el exministro para dar por superado el impasse.

Entre los nueve puntos, hay un compromiso a no nominar ni votar como director de SQM a Julio Ponce Lerou ni a ningún pariente suyo hasta el segundo grado de consanguinidad inclusive. Esto implicará que tampoco podrán tener cargos gerenciales en la compañía, hasta el 31 de diciembre de 2030, fecha en que termina el contrato de arrendamiento que mantienen con Corfo en el Salar de Atacama.

El segundo punto relevante es que terminará el acuerdo de actuación conjunta que Ponce mantenía con los japoneses de Kowa y que, en la práctica, le daba el control.

También hay una promesa de que el presidente del directorio no ejerza el voto dirimente establecido en los estatutos de la sociedad para una serie de materias como efectuar donaciones o cualquieR otro acto a título gratuito, celebrar operaciones con partes relacionadas al grupo Pampa, y, finalmente, para cuando se busque iniciar cualquier acción contra Corfo y el Estado.

En materia de la conformación del directorio, Pampa designará al menos un independiente con sus títulos de la serie A y no nominará ni votará como director de la serie B a ninguna relacionada a su grupo.

Si SQM no cumple con lo establecido, habrá multas que ya fueron establecidas.

Para que se concreten todos estos compromisos, Corfo y su consejo directivo deberán aprobar íntegramente el pacto informado ayer al regulador financiero y modificar los contratos de arrendamiento que estaban bajo disputa.

Triunfo para Corfo

Esto se vio en la industria como un triunfo para la estatal, que bajo la administración de Eduardo Bitran lograría igualar las condiciones económicas del contrato de Albemarle, que son más altas, lo que podría implicar recursos anuales por US$ 400 millones para la estatal

Corfo informó que en la conciliación se deberán incorporar una serie de materias adicionales, como aumentar el nivel de rentas de arrendamiento para igualarlas con lo establecido en el contrato con la norteamericana, establecer los derechos y protecciones que deberá tener como propietario de la operación y establecer una opción para acceder al 25% de la producción de litio para vender en Chile destinado a agregar valor al mineral hasta 2030.

Las partes solicitaron al árbitro Hector Humeres suspender el juicio arbitral que mantienen desde 2014 para ver los detalles del pacto, del que trascendió ya se están armando los borradores.

De este modo, esto implicará que la cuota de litio que tiene la minera se expandirá para que no se le agote hacia 2023, dado el ritmo que llevaba y le permitirá llegar a 2030.

Un punto que al parecer Corfo no accedió fue el de extender el contrato de arrendamiento más allá de 2030, dado que Bitran ha planteado que cerca del fin de la próxima década, el gobierno de turno tendrá derecho a llamar a una licitación internacional para ver quién continúa explotando esa zona.

De ese modo, el exministro cerró la posibilidad de igualar la duración del contrato a lo que tiene establecido con Albemarle, que es en 2043.

De todos modos, la estatal señaló que no es posible anticipar el resultado de este nuevo proceso de conciliación, pero que de ser exitoso, el país podrá expandir significativamente la oferta de litio, aprovechando la mayor demanda que habrá por temas de electromovilidad.

Los puntos clave del pacto

Grupo Pampa se compromete a designar y mantener hasta diciembre de 2030 un director independiente para las acciones serie A.

No se utilizará el voto dirimente del presidente del directorio para una serie de materias, como operaciones con partes relacionadas a Grupo Pampa o si se busca tomar acciones jurisdiccional contra Corfo o el Estado.

No nominar ni votar a director de la serie B a ninguna persona relacionada al Grupo Pampa.

Julio Ponce Lerou no podrá ser nominado ni votado como director, así como tampoco ningún pariente suyo hasta el segundo grado de consanguinidad. Tampoco podrán tener cargos gerenciales en la empresa.

Poner término al acuerdo de actuación conjunta con la japonesa Kowa, que en la práctica le daba el control.

Los directores designados para la serie A de SQM del grupo Pampa no podrán ser votados por el director independiente como presidente del directorio de SQM.

El grupo Pampa no podrá suscribir acuerdo de acción conjunta con terceros que le permita tomar el carácter de controlador único o conjunto

No podrá suscribir ningún acuerdo comercial y/o de acción conjunta con cualquier persona natural o jurídica distinto a SQM que realice operaciones de extracción de salmueras con contenido de litio en pertenencias mineras de Corfo.

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Inserto en el proceso que se sigue adelante ante la Cámara de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), y que encabeza el árbitro Héctor Humeres, la defensa de la agencia estatal presentó un escrito denominado excepción de falta de jurisdicción o competencia, en el que pide que el mediador se declare incompetente y no conozca dos libelos, ambos interpuestos por SQM como contrademandas a los requerimientos originalmente presentados por Corfo.

Fuentes de la defensa de Corfo confirmaron a La Tercera la existencia de este requerimiento, el que, señalaron, tiene como objetivo apurar la revisión de la causa, alivianando el trabajo del árbitro Humeres y en ningún caso dilatar.

“Hay tres demandas de SQM y dos de Corfo. Las presentadas por SQM son en respuesta a las demandas de Corfo. Y al ser respuestas, estimamos que no procede que el árbitro las conozca y, por tanto, debe rechazarlas desde ya. No es una inhabilitación del árbitro, no tiene nada que ver con la calidad de este. Es una excepción de incompetencia, presentada sólo en contra de las demandas de SQM contra Corfo. Jamás hemos pretendido que el árbitro no siga conociendo las demandas”, señaló una fuente ligada a la agencia estatal que encabeza Eduardo Bitran.

La misma fuente aclaró que las dos demandas cuestionadas obedecen a requerimientos “de mera certeza”, en que SQM habría sostenido que el árbitro se debía declarar incompetente en el caso.

Efecto práctico

Por estos motivos, el caso ahora está en pausa, mientras el árbitro Humeres resuelve el escrito, lo que no ocurrirá antes de diciembre. Este procedimiento es parte del modelo de resolución de discrepancias de la CAM, pues es justamente el mismo árbitro el que debe resolver respecto de su propia inhabilidad para conocer determinadas causas. Así está planteado en el reglamento de esa entidad.

Sin embargo, al mismo tiempo significa que el resto de las acciones -el proceso está en etapa probatoria, luego que las partes no llegaran a un acuerdo conciliatorio a mediados de octubre- quedan detenidas hasta que se resuelva el escrito.

No obstante, otras fuentes ligadas al caso ven más amplio el efecto del requerimiento de Corfo y señalan que el escrito podría retrasar todo el proceso, el que ya acumula varios tomos, pues se obligaría la separación de las causas. Además, cualquier resolución que tome el árbitro podría ser apelada. De esta manera, fuentes ligadas al caso ven que el fallo no será dado a conocer antes del cambio de gobierno, en marzo de 2018.

En cualquier escenario, todos los consultados coinciden en que el fallo definitivo no se vislumbra en el corto plazo. De hecho, el propio gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, señaló ayer en conferencia con inversionistas que “estamos confiados de que tenemos argumentos y habrá una resolución positiva para nosotros, pero esto podría tomar todo el próximo año. Lo que pensamos es que por nuestra parte, estamos disponibles para tratar de encontrar una solución negociada con Corfo antes que eso”.

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Luego de tres años de conflicto, SQM y la agencia estatal Corfo no lograron un acuerdo de conciliación el mes pasado por las demandas vinculadas a regalías y pertenencias en el depósito de litio y otros minerales, que representa casi la mitad de los ingresos de la compañía.

“Si no encontramos la solución, el arbitraje continuará y tendremos una resolución del árbitro (…) pero eso podría llevar todo el próximo año”, dijo el ejecutivo en una conferencia telefónica con analistas.

“Por nuestra parte, estamos disponibles para realmente tratar de encontrar una solución negociada con Corfo antes de eso”, agregó.

Previamente, la empresa había asegurado que una resolución del arbitraje podía esperarse para fines de este año.

La nueva estimación de SQM ocurre en momentos en que uno de sus principales accionistas, la canadiense Potash Corp, avanza en un proceso de venta del 32% en la empresa, el que ha estado marcado por la incertidumbre sobre el conflicto entre la compañía y el Estado.

Inicialmente, Corfo buscaba poner fin anticipadamente al contrato de explotación de SQM en el Salar de Atacama, el que originalmente vence en 2030.

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Waitzer quiso empujar una transición en el directorio. Dice que se juntó con Julio Ponce, controlador de la firma, para indicarle que sería bueno que separara su rol de socio con el de director, a lo que éste accedió, y salió de la mesa directiva, tras estar casi 30 años en ella.

A siete meses de haber dejado el directorio de SQM, Waitzer viajó a Chile para dar una charla en el seminario «Governance, Business and Law», organizado por el Centro de Gobierno Corporativo UC con Hennick Centre de la Universidad de York, del cual Waitzer es director. Además, el abogado, que también fue superintendente de valores de Ontario y vicepresidente de la bolsa de Toronto, expuso sobre el rol de las empresas en la actualidad en un desayuno de la Sofofa y la Cámara Chileno Canadiense. También conversó con «El Mercurio».

-¿Cómo fue su experiencia en SQM con Ponce al control?

«SQM es una compañía increíble, de la cual Chile debiera estar orgulloso. Es una firma global, bien gerenciada, reconocida como una líder del mundo. Tuvimos desafíos significativos. Uno fue la investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. y de la fiscalía chilena contra Contesse (ex gerente general), donde pudimos resolver esos temas ligados a la corrupción».

«Hubo dos razones por las que dejé el directorio. Una fue por la relación con los accionistas que tienen el control y luego por la relación con Corfo. Julio (Ponce) y Eduardo Bitran (vicepresidente ejecutivo de la Corfo) han actuado de forma más bien emocional y política, en vez de perseguir el mejor interés de la empresa o de Chile. Hubo una confrontación por el tema del control, porque el hermano de Julio, Eugenio, actuaba como el presidente y yo era el vicepresidente, y si había una división en el directorio, Eugenio, por ser parte del pacto de control, iba a tener el voto determinante en las decisiones. Así actuó, y yo pensaba que él no tenía que hacer eso, así que dije ‘OK, hice suficiente’; por eso salí del directorio».

-¿Cree que el pacto de accionistas entre Ponce, PCS y Kowa, que eliminó el voto dirimente, es real y duradero?

«Al menos hoy, creo que este pacto es real. Pero como todas las cosas en la vida, puede cambiar, porque puede llegar un nuevo accionista a la empresa. No sé si Julio venda sus acciones, pero por lo menos su precio se ha triplicado desde cuando yo estaba en el directorio hasta hoy. Puede que el próximo año cambien los términos de este pacto».

-¿Cómo ve la eventual salida de PCS de la compañía? ¿Hace falta otro gran socio para darle nuevos aires a SQM?

«El gran signo de interrogación es qué hará Ponce, porque después Bitran no estará, y él es muy emocional en las cosas que dice, que no son necesariamente para el mejor interés de la empresa o de Chile. Hay irracionalidad en lo que pueda decidir Ponce o Bitran; en cambio, para la gente de PCS esto es un negocio más. El momento de mercado y el precio es correcto, y ellos simplemente tienen que vender, pero para Ponce SQM es su vida, es algo muy emocional. El tema del dinero no es tanto para él, que ya tiene mucho. Es una persona muy orgullosa».

-¿Qué tipo de inversionista cree que reemplazará a PCS?

«Quizás un actor minero, con mucho poder de mercado. Los participantes más obvios son los chinos».

-¿Cómo ve que Corfo se niegue a negociar con SQM mientras Ponce mantenga el control?

«Las declaraciones de Bitran han sido bastante inapropiadas. Al decir que Ponce tiene que salir de la empresa, está dañando a los accionistas y a Chile, porque si bien Ponce tiene el control de la firma, no tiene nada que ver con la administración de esta, que se mantiene totalmente independiente».

-¿Qué le parece el contrato que recientemente suscribió Corfo con la competidora de SQM, Albermale?

«Establecieron otra tasa de royalty , que debiera aplicarse a todos por igual. ¿Por qué favorecer a una empresa extranjera en vez de a un campeón de Chile?»

-¿Cree que Ponce seguirá teniendo el control de SQM en los próximos cuatro o cinco años?

«Intentar predecir lo que hará Julio Ponce es un error. Si me hubieras preguntado esto hace dos o tres años, te habría dicho ‘sí, Ponce para el año que viene no va a estar’. Pero ahora, quién sabe».

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Abogado de la Universidad de Chile y con un magíster en la misma casa de estudios, a sus 69 años se ha convertido en un referente en materia laboral en Chile y es reconocido como un árbitro independiente y de carácter fuerte pero conciliador, en los más de 10 años que lleva en el CAM.

Nacido en Talca, en 1947, arribó a Santiago al año de vida. Aquí realizó sus estudios secundarios para luego entrar a la U.de Chile, donde actualmente imparte las cátedras de derecho laboral y seguridad social. En todo caso, el apellido Humeres no es desconocido en el sector legal, ni menos en el ámbito público. Su padre, Héctor Humeres Magnan, fue contralor general de la República hasta 1977, cuando tras el intento de impedir la realización de la consulta nacional de 1978 para legitimar el régimen militar, se le pidió jubilar anticipadamente.

Mucho más bajo perfil que su padre, Humeres ha liderado las tratativas para que Corfo y SQM lleguen a una solución amistosa, pero el factor político en torno al caso ha hecho que evidencie en privado su molestia con las declaraciones a la prensa que han hecho las partes.

Actualmente, se desempeña en el estudio Arthur, Humeres, Mejía y Toloza, donde es socio. Además, es consejero nacional del Colegio de Abogados, miembro del Consejo Consultivo Presidencial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, integrante de la delegación chilena a la Asamblea de la OIT.

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