Según Ponce, el abogado Darío Calderón le dijo que el ex Presidente Piñera le señaló, a fines de 2012: “Yo me encargo de la Super”, en relación al caso cascadas. Agregó que, al comentar esto con el director de las cascadas, Patricio Phillips, éste le indicó que Julio Dittborn le reconoció que cuando le tocó subrogar a Felipe Larraín como titular de Hacienda y asistió al Comité Político de La Moneda, Piñera habría tratado el tema. “El Presidente le pregunta al subsecretario qué novedades había respecto de las cascadas. El subsecretario le dice que no sabe, pero le averiguaría. El Presidente le dice que no, que él mismo se encarga”, dijo.

Ponce reiteró que hubo presiones para fusionar las sociedades cascada y acusó a Moneda y Consorcio de conspirar en su contra. “Yo les dije que la fusión de las cascadas no lo haría jamás”, declaró.

La dura respuesta

Las ex autoridades aludidas, Moneda, Bancard y Consorcio Financiero salieron ayer a desmentir las declaraciones del controlador de SQM.
El ex ministro Cristián Larroulet negó que el caso cascadas haya sido tratado en Palacio. “Este no fue un caso tratado en el Comité Político de La Moneda. Más aún, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones el superintendente Fernando Coloma, esta no es una materia que se haya tratado con autoridades políticas de La Moneda”, indicó. Julio Dittborn también afirmó, a La Segunda, que “el tema de las cascadas no fue nunca tratado en el Comité Político”. Dittborn admitió ser amigo de Phillips, pero señaló que nunca ha comentado con él temas del Comité Político.

Consorcio Financiero rompió el silencio que han mantenido hasta ahora y adelantaron que, de acreditarse los perjuicios ocasionados a los accionistas minoritarios por las millonarias transacciones de las cascadas, iniciarán acciones judiciales para ser indemnizados por los eventuales perjuicios. “Ningún ejecutivo de Consorcio jamás ha escrito ni divulgado lo que el señor Ponce, en su reciente declaración ante los tribunales, define como ‘panfleto anónimo sobre Potencial Abuso contra Accionista Minoritarioâ€â€, señalaron en una declaración. Ponce acusó que un ejecutivo de Consorcio, Tomás Hurtado, escribió el texto.

Nicolás Noguera, gerente general de Bancard, sociedad de inversiones de Piñera, señaló que las declaraciones, “son parte de una estrategia burda, mediática y cada vez más inconsistente y desesperada (…). Yo me quedo con lo que ha dicho el ex superintendente Coloma, una persona reconocidamente intachable y que ha repetido en reiteradas ocasiones que actuó con total independencia y que jamás recibió instrucciones, ni siquiera de manera velada, sobre cómo proceder respecto de este caso”. Agregó que, “el fondo del asunto, algo a lo que Julio Ponce y sus abogados nunca se refieren, es si Julio Ponce abusó o no de los accionistas minoritarios de las cascadas. Lo anterior lo determinarán los órganos del Estado correspondientes; todo lo demás son obvias maniobras distractoras”.

Pedro Pablo Gutiérrez, director y abogado de Moneda, dijo que “nunca hemos recibido una instrucción, directa e indirecta, expresa o implícita, del ex Presidente Sebastián Piñera ni de las personas que lo asesoran en sus negocios privados o personales. Moneda maneja un fideicomiso ciego a su discreción, con plena libertad dentro de las normas que lo rigen. La idea de que el ex Presidente Piñera estaba al tanto de los negocios o sus movimientos lo desmiento categóricamente”, dijo el profesional.

Además, “desmiento categóricamente haberle ofrecido interceder para lograr multas pequeñas y que no hubiese cargos penales a los asesores de Ponce. Entiendo perfectamente que ese era el deseo de Ponce, a lo que evidentemente no podíamos acceder por improcedente”.

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Para el mandatario, “finalmente, esta Ley de Lobby está viendo la luz, y es bueno, porque hace una actividad legítima, una actividad más transparente y, en consecuencia, al servicio del bien común. Porque después de todo, la transparencia es un elemento central”.

Cabe destacar que la ley aprobada centra el foco de la legislación en el sujeto pasivo, es decir las autoridades y funcionarios llamados a adoptar las decisiones. Asimismo, regula tanto el lobby, esencialmente remunerado, como la gestión de intereses particulares, realizada sin que medie una remuneración por la actividad, tal como ONGS, sindicatos y otros grupos de interés.

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“Lo que ha ocurrido es algo simple y claro: en una querella que se presentó contra la Superintendencia de Valores y Seguros, se ha solicitado por parte del fiscal una declaración del Presidente en calidad de testigo, se pidió días atrás y el Presidente la respondió de inmediato”, dijo Chadwick a periodistas en La Moneda.

En ese contexto, enfatizó que “todo lo que sea colaborar con la justicia el Presidente lo hará de inmediato”.

Consultado sobre si el mandatario contó con la ayuda del superintendente Coloma en su declaración, el jefe de gabinete respondió que “no requirió la colaboración de nadie… tuvo que ir como testigo para poder prestar alguna colaboración a una acción de la justicia, esa declaración se presta en forma directa y personal”.

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Algunos exportadores de arándanos -los primeros afectados-, que han podido recuperar la carga retenida, optaron por realizar parte de los envíos por avión.

El gerente general de la arandanera Valle Maule, Raúl Dastres, afirmó que una parte de los envíos sale en camión desde Chile a Argentina y luego continúa en avión, como una manera de abaratar costos. “Si se tiene una expectativa de retorno a productor de US$ 4 por kilo en barco, en avión con suerte llega a los US$ 2, y eso no cubre los costos”, indicó.

En esa línea, Air France-KLM Martinair Cargo, dijo ayer que por efecto del paro las solicitudes de envíos de productos frutícolas han aumentado 30% respecto del año anterior.

Otro de los problemas derivados de la paralización que estarían enfrentando los exportadores es la pérdida de cobertura de la carga por parte de las empresas de seguros. Raúl Dastres afirmó que algunas compañías, “a partir del 12 de enero, cancelaron la cláusula que cubre contra huelgas. Nos avisaron con tres días de anticipación y la fruta que teníamos hasta ese momento en puerto quedó cubierta, pero para toda la que ingresó posteriormente, se tiene que asumir el riesgo de que si queda atorada en el puerto, será pérdida total”.

En el caso de las exportaciones de cobre, actualmente se encuentran paralizadas unas 75.000 toneladas del mineral, lo que equivale a US$ 550 millones, según estimaciones del Consejo Minero.

Encuentros

El martes a las 19.30 los ministros del Interior, Andrés Chadwick; del Trabajo, Juan Carlos Jobet y de Agricultura, Luis Mayol, asistirán a una sesión especial de la Cámara de Diputados, a la que fueron citados para “evaluar y analizar las causas del conflicto portuario y las consecuencias que acarrea para los diferentes sectores económicos del país”. Por la mañana, en la Intendencia Regional de Valparaíso se reunirán los representantes del Consejo Regional Logístico (Corelog), formado por los principales actores logístico-portuarios de la V Región.

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“Esto produce no sólo un grave daño a Chile entero, sino que muy especialmente a todos los cientos de miles de trabajadores del sector agrícola que ven afectada su situación laboral por el hecho de que no se puede despachar la producción agrícola hacia los destinos del exterior”, señaló Chadwick en un punto de prensa realizado en el palacio de La Moneda, agregando que “el momento y la forma que se ha ocupado (para el paro) no es justa”. 

El titular del Interior y Seguridad Pública aclaró que “el problema que ha suscitado está paralización es un conflicto entre los trabajadores portuarios y las empresas administradoras de los puertos, aquí no tiene responsabilidad alguna el gobierno, es una relación que se da al interior de cada puerto entre trabajadores y empleadores”.

Sin perjuicio de ello, Chadwick señaló que “como gobierno queremos hacer un llamando a que se exprese y se ponga la mejor voluntad de ambas partes a fin de encontrar la más pronta solución al conflicto que les afecta”.

En ese sentido, expresó que “como gobierno estamos dispuestos no sólo a hacer este llamado y a velar por la voluntad de ellos teniendo presente el interés del país, sino que también estamos dispuestos a hacer todas las acciones que nos corresponden con el propósito de producir los lugares y las instancias donde estos acuerdos lograr para poner fin a este conflicto a la brevedad posible.

Al mismo tiempo, el jefe de gabinete también recalcó “la voluntad del gobierno de hacer cumplir nuestras responsabilidades legales en cuanto a garantizar la libertad de trabajo y el orden público a efecto de que no exista un grupo de chilenos que se sienta con el derecho a abusar o actuar en contra de la ley generando un daño tan grande a cientos de miles de trabajadores y a todo el país”.

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«Es una decisión económica, principalmente. El precio de los metales ha caído fuertemente, más de un 30% en comparación con los años anteriores. Eso afecta fuertemente los resultados económicos de un proyecto de esta naturaleza», explicó Flores, quien se desempeña como presidente de Barrick Sudamérica.

El ejecutivo aclaró que la paralización del proyecto por US$ 8.500 millones es temporal y que la empresa no tiene las intenciones de abandonar el yacimiento que se desarrolla en Chile y Argentina y en el que ya tiene un 50% de avance con US$ 5 mil millones invertidos.

«La minería consiste en proyectos de 20 o 30 años, y Pascua Lama tiene 25 años de vida, así que vamos a tener que trabajar con muchos gobiernos», agregó Flores.

Por su parte, el ministro De Solminihac explicó que el plan de la minera es implementar durante los próximos dos años la serie de medidas de mitigación que le solicitó la Superintendencia del Medio Ambiente para seguir adelante con el proyecto.

«Posterior a eso, la empresa va a evaluar las condiciones del mercado tanto en tema de costos como de precios del oro, para ver cuándo materializan la reapertura del proyecto», dijo el ministro.

De Solminihac agregó que para Barrick no le es atractivo seguir adelante con una iniciativa que cuesta US$ 8.500 millon.

Fuente / El Mercurio

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