Desde el gremio, sostuvieron que «creemos firmemente que contar con reglas claras, exigentes y bien definidas es esencial para atraer y mantener inversiones. La certeza regulatoria fortalece la competitividad de Chile, incluso cuando los estándares son altos. En cambio, cuando los procesos se alargan sin claridad, cambian los criterios o se generan entrampamientos sucesivos, la confianza se debilita y se frenan nuevas iniciativas«.

En este contexto, Aprimin valoró la «perseverancia y compromiso de Andes Iron, que durante años ha impulsado el proyecto Dominga siguiendo cada etapa requerida y manteniendo su decisión de continuar adelante. Este esfuerzo refleja la relevancia de contar con una institucionalidad que entregue señales consistentes a quienes apuestan por proyectos de largo plazo».

A ello, desde la asociación añadieron que «la larga historia de resoluciones y revisiones que ha enfrentado este proyecto muestra lo necesario que es avanzar en una modernización del sistema de permisos en Chile. No se trata de bajar estándares, sino de asegurar procesos claros, coherentes y con plazos definidos, que brinden certeza a quienes desean invertir».

Finalmente, concluyeron con que «Chile necesita inversión para crecer, generar empleo y fortalecer el desarrollo de sus regiones. Para ello, resulta fundamental contar con una institucionalidad clara, coherente y predecible«.

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En fallo unánime (causa rol 2-2025), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca– estableció que la resolución dictada  por el Primer Tribunal Ambiental en febrero de 2025, no corresponde a un caso previsto por la ley.

Según sostiene el fallo, “de acuerdo con lo establecido en los artículos 174 y 175 del CPC, son ejecutables las sentencias definitivas e interlocutorias firmes que declaren un derecho a favor de quien lo invoca, requisito del que adolece la sentencia que se pretende ejecutar en la especie, ello según lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en estos antecedentes”.

Además, añade que “de lo dicho, deviene categórico que se aplicó el procedimiento de ejecución a un caso no previsto por la ley, lo que origina un vicio procesal que debe ser subsanado empleando las facultades de corrección oficiosas de que dispone este tribunal conforme lo previenen los artículos 83 y siguientes del Código de Procedimiento Civil”.

La resolución agrega que: “(…) conforme a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en fallo al que se alude, la sentencia que sirve de título ejecutivo en estos antecedentes, no estableció ningún derecho a favor de alguno de los intervinientes, ni plasmó tampoco una decisión en relación a la calificación del proyecto, en sus propios términos, dicho acto jurisdiccional no resolvió confirmar ni revocar lo decidido por el Comité de Ministros, sino que decidió anular dicha decisión, ordenando un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido, de modo que no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia, pues en su propio contenido ordenó seguir con la tramitación”.

Para el tribunal de alzada: “(…) pretender que una Corte de Apelaciones, en el marco de un recurso de apelación respecto del cumplimiento de lo resuelto, se pronuncie sobre cuestiones esenciales del proceso de evaluación ambiental, precisamente, los límites y competencia de las autoridades llamadas a intervenir en este, entre las demás que inciden en este proceso, resulta manifiestamente impertinente y contrario a la ley y, con ello, demostrativo de la improcedencia de aplicar este procedimiento de ejecución de resoluciones judiciales a la resolución dictada por el tribunal ambiental”.

Finalmente, el fallo concluye que “por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 83 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, de oficio, se Anula todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental en causa rol R-95-2023 del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y, en su lugar, se declara que atendida la naturaleza jurídica de la resolución en alzada su aplicación resulta improcedente”.

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“El fallo del 1TA, en la práctica, demuestra un actuar inédito y grave de parte del Comité de Ministros, al negarse a acatar fallos judiciales. Cabe señalar que, el 1TA incluso, deja abierta la posibilidad de imponer medidas coercitivas si el Comité de Ministros persiste en incumplir la sentencia, conforme al artículo 240 del Código de Procedimiento Civil”, manifestó la empresa.

En esa línea, recordaron que “el Proyecto Dominga ha recibido siempre pronunciamientos favorables en todas las instancias técnicas y judiciales. Así ocurrió, por ejemplo, durante su proceso de evaluación ambiental, en el cual, tras más de tres años obtuvo un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable (2017), que recomendaba su aprobación. Posteriormente, la justicia ambiental ha emitido cuatro fallos favorables, en los cuales se ha establecido que Dominga cumple cabalmente con la normativa ambiental y que los distintos Comités de Ministros que la han calificado de manera desfavorable han actuado de manera ilegal”.

“Solicitamos finalizar el espiral interminable de resquicios para poner trabas ilegítimas a la puesta en marcha del Proyecto Dominga, situación que representa una mala práctica que desprestigia a nuestra institucionalidad y genera la postergación de inversiones sostenibles claves para la Región de Coquimbo”, expresaron desde Andes Iron.

En el intertanto, dado que la sentencia del 1TA restablece la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, la empresa comunicó que procederá a retomar la tramitación de los permisos sectoriales necesarios para poder iniciar su construcción.

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«A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente, así como a lo resuelto por la sentencia del Primer Tribunal Ambiental (“1° TA”), con fecha 9 de diciembre de 2024, en la causa Rol N°R-95-2023; se cita a la primera sesión extraordinaria del Comité de Ministros del año 2025, a realizarse por situación calificada como de emergencia por quien preside este Comité, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 del Estatuto del Comité de Ministros», había informado el Gobierno previo a la sesión.

La tabla del Comité, para efectos de abordar el cumplimiento de lo ordenado por la sentencia del Primer Tribunal Ambiental (“1° TA”), dictada con fecha 9 de diciembre de 2024, en la causa Rol N°R-95-2023; consideró la evaluación del Proyecto Dominga, del titular Andes Iron SpA.

Resolución

En base a los antecedentes que el tribunal ordenó ponderar, el Comité resolvió acoger las reclamaciones, que contienen las siguientes materias específicas:

1.    Exclusión de pronunciamientos sobre biodiversidad: Se excluyeron indebidamente las observaciones de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que en múltiples ocasiones a lo largo de la evaluación relevan la falta de información de las especies endémicas como la Krameria cistoidea (pacul) y la Balsamocarpon brevifolium (algarrobilla, en peligro de extinción), ambas presentes en el área mina del proyecto y que es una fuente de alimentación y hábitat para el tricahue, especie en peligro de extinción. Según lo informado por Conaf, durante todo el proceso de evaluación: “es importante señalar que la algarrobilla presenta una distribución natural muy acotada al límite norte de la región (…) siendo una especie relevante del punto de vista ecosistémico y con un altísimo grado de vulnerabilidad”. Lo anterior tiene como consecuencia que no fue posible determinar ni evaluar el real impacto sobre estas especies, que cumplen un relevante rol ecosistémico.

2.    Insuficiente Plan de Contingencia y Emergencia: El Comité constató que el plan de prevención de contingencias y emergencias del proyecto no es suficiente para hacerse cargo del riesgo de derrame de hidrocarburos. Además, tampoco considera un plan de prevención de contingencias y emergencias para vertimientos de concentrados de hierro en el transporte marítimo. Lo anterior es de suma relevancia, toda vez que el proyecto se ubica en un área de características únicas, sirviendo de hábitat para especies como el pingüino de Humboldt y cetáceos en categorías de conservación, la que actualmente se encuentra protegida, todo lo cual disminuye la tolerancia aceptable al riesgo.

En base a ello, el Comité de Ministros, de manera unánime, resolvió acoger dichas reclamaciones y, en consecuencia, calificar desfavorablemente el Proyecto Dominga. Respecto de las otras reclamaciones, se tuvieron por rechazadas. Todo lo anterior, cumpliendo lo dispuesto por el fallo del Primer Tribunal Ambiental.

Cabe mencionar que ésta fue la tercera vez que el organismo debió votar este proyecto minero portuario. Agrupaciones en contra y a favor de la iniciativa productiva se manifestaron fuera del Ministerio del Medio Ambiente, a la espera de conocer el dictamen del Comité.

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«El fallo emitido por el Primer Tribual Ambiental expresó claras e inequívocas directrices respecto al accionar que debe guiar la decisión del Comité de Ministros, las cuales esperamos se respeten de manera fidedigna», consignó el documento elaborado por la compañía.

«En línea con lo resuelto por la justicia ambiental, connotados expertos en la materia han manifestado públicamente que la discusión técnica en torno al proyecto Dominga se encuentra agotada, por lo que confiamos en que el Comité de Ministros resuelva a nuestro favor, ya que de lo contrario incurriría en desacato. De hecho, el propio Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su recurso de casación presentado el 23 de diciembre pasado, reconoce en diferentes secciones que la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta no deja “espacio alguno para la discrecionalidad”, por lo cual un eventual fallo desfavorable a Dominga sería contradictorio con sus propios planteamientos jurídicos», afirmó la empresa.

Junto con ello, manifestaron que «es de nuestro interés, asimismo, comentar respecto a declaraciones de varias autoridades, las que en los últimos días han afirmado que la decisión del Comité de Ministros de enero de 2023 se basó a “informes técnicos”. Lo que dichas autoridades han omitido, sin embargo, es que dichos informes fueron desechados de plano por el Primer Tribunal Ambiental, ya que su totalidad abordaron materias que ya habían sido zanjadas en un fallo anterior, existiendo cosa juzgada al respecto».

«En particular, quisiéramos lamentar las inadecuadas declaraciones de la Ministra del Medio Ambiente realizadas el día de hoy (martes), quien además de hacer comparaciones sin ningún sustento técnico, afirma que “un proyecto así” (refiriéndose a Dominga) no debiera hacerse en la zona en que está emplazado. Omite señalar, sin embargo, que el actual Gobierno (a través del Ministerio de Ambiente, SAG, Subsecretaría de FF.AA. y otros servicios) aportó una serie de antecedentes a la justicia para defender el permiso ambiental del Puerto Cruz Grande, vecino a Dominga, lo cual indicaría que sus reparos a proyectos en la zona serían selectivos, demostrando un claro sesgo en contra de nuestro proyecto», expresó Andes Iron.

En ese contexto, la compañía aseveró que «a estas alturas del proceso de tramitación ambiental, en la cual todas las instancias técnicas han ratificado que el proyecto Dominga ha cumplido cabalmente con la toda normativa ambiental y técnica, esperamos que se ponga fin a actuaciones que de manera ilegítima sólo buscan entorpecer, judicializar o derechamente impedir que esta iniciativa se lleve a cabo».

«Seguimos confiando en que primarán la justicia y el Estado de Derecho y que nuestro proyecto podrá materializarse, idealmente, en los tiempos proyectados por la propia Cochilco en su reciente informe “Inversión en la Minería Chilena: cartera de proyectos 2024-2033”, concluyó la empresa.

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Desde la empresa recalcaron que el proyecto Dominga ha sido validado en las instancias técnicas y judiciales a las cuales ha sido sometido. En 2017 obtuvo un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable por parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y en tres oportunidades diferentes, incluida ésta, el Tribunal Ambiental de Antofagasta – en total, nueve jueces diferentes- ha confirmado que Dominga se ajusta a la institucionalidad ambiental, mencionaron.

En esa línea, la compañía expresó que, teniendo en cuenta lo anterior, tras casi 12 años de tramitaciones que han demostrado que el proyecto Dominga cumple desde un punto de vista técnico, ambiental y jurídico, “como inversionistas pedimos certeza para poder materializar el proyecto en el menor plazo posible. Asimismo, reiteramos nuestra disposición al diálogo con las autoridades y la comunidad, en beneficio del desarrollo sostenible de la actividad y de la Región de Coquimbo”.

“Dominga es un proyecto moderno y diseñado con los más altos estándares en materia de sostenibilidad, cuenta con una sólida alianza con la comunidad -cuya inmensa mayoría respalda la iniciativa-, y proveerá hierro de alta ley y concentrado de cobre, y privilegiará el uso de energías renovables, que permitirán aportar a la descarbonización del planeta”, detallaron desde Andes Iron.

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Al respecto, Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron, sostuvo que “participar en la vitrina minera más importante a nivel nacional e internacional, Exponor, es sin duda estratégico y nos permitirá vincularnos con la industria minera, energética y portuaria del país y el mundo. Logrando, al mismo tiempo, generar un encadenamiento productivo para atraer tecnología verde, limpia y comprometida con los desafíos de la industria y el cambio climático”.

Agregó que “Exponor será para Dominga, la oportunidad para relacionarse con empresas y proveedores en sintonía con nuestro modelo de negocio, una minería verde, con un fuerte compromiso socioambiental, y en el que las comunidades son un socio estratégico para generar valor compartido”, puesto que los puertos tienen un lugar importante en la exhibición y aportarán a cumplir sus objetivos ESG y de sostenibilidad, junto a todo el encadenamiento productivo.

 Proyecto Dominga

Desde la compañía detallaron que se espera que durante la operación de Dominga se extraigan 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro de alta ley, “contribuyendo a la necesaria reducción de emisiones de CO2 en la industria del acero y 150 mil toneladas anuales de concentrado de cobre, cooperando con la electromovilidad”, aseguró Villalón.

Del mismo modo, el ejecutivo precisó que “Dominga significará una gran contribución a la reactivación económica de la Región de Coquimbo y del país, en general. Generará 30.000 puestos de trabajo, en una de las regiones con mayor cesantía de todo Chile. Al mismo tiempo, aportará US$500 millones en impuestos anuales. Un estudio de la Escuela de Ciencias Empresariales, de la Universidad Católica del Norte, indicó que Dominga representará el 30% del PIB regional, generando un importante encadenamiento productivo, en sectores como transportes, construcción, turismo, hotelería, gastronomía, entre otros”.

De esta forma, desde Andes Iron explicaron que este proyecto, que considera dos rajos abiertos, empleará sólo agua desalada, energías renovables en sus procesos y 100% de electromovilidad en el traslado de trabajadores a faena. Incluye revegetación y reforestación de 8.000 hectáreas de especies endémicas, además de desarrollar un Centro de Investigación Científica junto a universidades e instituciones de estudios, con el objetivo de garantizar y asegurar las áreas protegidas ubicadas en el lugar de influencia del proyecto.

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Al respecto, Patricio Leyton, abogado representante de Andes Iron, manifestó que «solicitamos al Tribunal que declare ilegales, tanto la resolución reclamada, como el acuerdo que la funda. Es imperativo que se mantenga la aprobación del proyecto Dominga, como se estableció en la RCA 161/2021″.

El profesional también destacó el cumplimiento exhaustivo de Andes Iron en el procedimiento de evaluación ambiental, subrayando que la empresa ha superado incluso los estándares más altos del ordenamiento jurídico chileno, incluyendo aspectos sociales y comunitarios, además de los ambientales.

En ese contexto, la empresa argumentó que no existen fundamentos técnicos sólidos para el rechazo del proyecto y que la resolución reclamada del Comité de Ministros es ilegal, ya que contradice abiertamente lo resuelto por el 1TA en dos oportunidades.

De acuerdo a lo anterior, Leyton afirmó que «el Comité de Ministros no sólo ignoró la sentencia de este Ilustre Tribunal, sino que también actuó en contra de ella. Esta decisión desafía la obligatoriedad de la sentencia del 1TA, la cual es vinculante para el Comité de Ministros«.

El abogado de Andes Iron añadió que el Comité de Ministros ignoró y contradijo la sentencia del 1TA, adoptando un enfoque refundacional en su revisión y resolución del caso, “como si pudiera empezar de cero en el análisis y obviar las etapas técnicas y judiciales previas».

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La empresa manifestó que «a diferencia de lo ocurrido en la sesión del pasado 7 de julio, en la cual Ministros de Estado hablaron explícitamente de prohibiciones a actividades industriales como puertos, plantas desaladoras, entre otras, esta vez se planteó que el AMCP-MU era sólo una extensión del área aprobada en 2021, que “no se incluyen prohibiciones a priori” y  que “no se afecta la libre navegación y fondeo”, criterios que son consistentes con lo planteado por la Ministra del Medio Ambiente esta semana (pasada) ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado».

«Lamentablemente, en la exposición no quedó claro si la concesión marítima con la que cuenta Dominga quedó o no excluida de la AMCP-MU. En la sesión del pasado 7 de julio el MMA informó a los miembros que el proyecto Dominga no tenía concesión marítima, siendo que el Decreto N°405/2012 del Ministerio de Defensa entrega a Andes Iron concesión de un terminal de embarque y una planta desaladora», afirmó la compañía.

De igual forma, Andes Iron aseveró que «no se opone a la creación de un AMCP-MU, por el contrario, cree que esta sería un aporte a la zona que se intenta proteger, ya que la compatibilización del desarrollo y medio ambiente es perfectamente posible, tal como se demuestra en zonas como la Bahía de San Francisco y otros lugares del mundo».

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En su escrito, Andes Iron manifestó que el CM contradice e ignora abiertamente todos los razonamientos contenidos en la sentencia dictada el 16 de abril de 2021 por el propio Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) respecto al proyecto Dominga. De esta forma, se mencionó en el recurso, dicho Comité demostró un actuar absolutamente refundacional, al pretender que las etapas técnicas y judiciales anteriores del proceso de evaluación ambiental de Dominga, que ya se extiende por 10 años, no le eran vinculantes y podía partir desde cero en el análisis del proyecto.

El documento detalla que, en la práctica, el CM decidió despojar al 1TA de la facultad de pronunciarse sobre el contenido técnico-ambiental, convirtiéndolo en un mero anulador de resoluciones administrativas, arrogándose ilegalmente la prerrogativa de conocer y de resolver todas aquellas cuestiones que fueron conocidas y resueltas por el 1TA. El escrito agrega que el CM actuó vulnerando la fuerza obligatoria de una sentencia dictada por un Tribunal de la República, cuestión que socava las bases de la institucionalidad ambiental, desincentiva el desarrollo de proyectos y genera incertidumbre en las comunidades locales.

De acuerdo al informe presentado por Andes Iron, se estipula que la vulneración del Comité de Ministros a lo resuelto por el 1TA es tan insólita, se agrega en el recurso, que queda graficada  en un tema que ha sido icónico en el caso del Proyecto: la línea de base de medio marino. Al respecto, el 1TA resolvió en 2021 de forma clara y contundente que la línea de base presentada es completa y suficiente para caracterizar el maritorio del área de influencia del Proyecto, abarcando variabilidad estacional e interanual, y descartó expresamente que solo estuviera conformada por una campaña de terreno de dos días. Sin embargo, lo resuelto por el Comité es llanamente lo opuesto: que la línea de base es insuficiente en intensidad y oportunidad y que tendría datos de terreno de una campaña de solo dos días, afirmó la empresa. 

Junto a lo anterior, Andes Iron hizo presente que el proyecto Dominga ha superado el test técnico y ambiental una y otra vez, siendo rechazado exclusivamente en instancias políticas y por razones ideológicas, por lo que la abierta desobediencia del CM al 1TA sólo se explicaría por el cumplimiento de una de las principales promesas de campaña de la actual Administración: No a Dominga.

En el recurso se recuerda que el proyecto Dominga ha sido uno de los que más instancias de revisión ha conocido en la historia de nuestra institucionalidad ambiental, y que cada vez que la revisión ha estado a cargo de entes técnicos, objetivos e imparciales, se ha concluido que el Proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable, que fue correctamente evaluado y que cuenta con las medidas adecuadas para hacerse cargo de sus impactos. Sin embargo, Dominga ha corrido muy diversa suerte cuando la revisión ha estado a cargo de entes políticos, los que han decidido en base a concepciones ideológicas.

En el recurso también se reitera que Dominga es plenamente compatible con el ordenamiento territorial de la Región de Coquimbo y de la Comuna de La Higuera y con la protección del ecosistema donde se inserta, según ha demostrado la experiencia comparada, información que comprueba que la actividad portuaria y marítima es perfectamente compatible con el resguardo de zonas de protección de biodiversidad.

Junto a los argumentos antes expuestos, Andes Iron hizo presente el abierto incumplimiento del CM del plazo fatal para resolver -tardando no 60 días sino alrededor de un año y medio en ser resueltos- y la transgresión de la propia naturaleza del SEIA, entre otras ilegalidades.

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