Durante el evento, la historiadora Lucía Santa Cruz compartió sus reflexiones sobre los desafíos y oportunidades para la sociedad chilena, junto con un análisis profundo de la historia reciente en el contexto nacional e internacional. Por su parte, el presidente de AHK Chile, Víctor Ide, enfatizó la aprobación del Acuerdo Marco avanzado UE-Chile y la relevancia de la ética e integridad en los programas de la Cámara Alemana.

En tanto, Cornelia Sonnenberg, directora ejecutiva de AHK Chile, reafirmó el vínculo entre Alemania y Chile, destacando que el área comercial del organismo atendió más de 350 consultas de empresas en el último año. Además, se relevaron las iniciativas de a entidad binacional para promover la formación técnica profesional en colaboración con Sofofa, Insalco y Lichan.

El nuevo directorio quedó presidido por Víctor Ide −quien se mantendrá en el cargo−, junto a Felipe Schneider y Ludwig Hecker, como vicepresidentes.

Asimismo, integrarán el directorio Alicia Domínguez, socia de Impuestos y líder de Minería y Energía de EY Chile, y Lutz Kindermann, managing director de WPD Chile; junto con Enrique Celedón, GKD LatAm SA; Marcelo Celis, Bosch Chile; y Daniel Contesse, Universidad del Desarrollo, entre otros.

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La experta en minería señaló que la discusión en el Comisión de Energía y Minería en el Senado fue un avance sustancial respecto de la discusión en Cámara de Diputados.

Domínguez dijo que, con respecto a la discusión, se reconoció la importancia de la competitividad internacional y la heterogeneidad de los costos de distintas faenas mineras, pero no queda claro cuál es la meta de competitividad y si ha sido bien comparada.

Añadió que “la tributación no queda indexada al margen operacional; el componente de rentabilidad depende del precio del Cu y el componente ad valoren depende de la producción; no se consideran los costos”.

Inversiones

Durante el seminario de Cesco Week, la abogada señaló que “no se contempla un régimen de estabilidad que dé certeza jurídica necesaria para inversiones de largo plazo”.

A su vez, estimó que se ha dado mucha importancia a la recaudación vía componente ad valorem, es decir, al % de las ventas anuales de productos mineros; que el marco normativo no atiende a rentabilidad ni a capacidad de pago de los proyectos; y es regresiva al depender la tasa de precios y volúmenes de producción.

En cuanto al componente de rentabilidad, la profesional declaró que “el MEMAJ (tasa marginal y progresiva sobre la base del Margen de Explotación Minera Ajustado) no reconoce las inversiones necesarias para generar y mantener la capacidad productiva (depreciaciones) y la tasa depende del precio; no del margen, que sí logra real progresividad”.

Impuesto Específico a la Industria Minera (IEIM)

Alicia Domínguez señaló que se mantiene el IEIM, duplicándose esfuerzos de cumplimiento y fiscalización, pero “persiste la duda si el Gobierno seguirá adelante con este proyecto inconstitucionalidad o presentará nuevo proyecto de ley”.

La abogada estima que no se resuelve si es impuesto u otro tipo de tributo, preguntándose si aplicarán normas del Código Tributario; tendrá el SII facultad de fiscalizar el cumplimiento y su recaudación.

Domínguz cree que es necesario definir meta de “competitividad” y utilizar mejores métodos y modelos de medición, al mismo tiempo que indexar tributación a los márgenes operacionales para que haya real progresividad en la tributación.

Agregó que “se debe otorgar un nuevo régimen de estabilidad tributaria a la industria minera”. Y, finalmente, “luego de consensuados los elementos de fondo, formalizar este nuevo tributo conforme a la derecho y en armonía con el marco normativo tributario en su totalidad.

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En esta oportunidad, AMPLA – Energy & Resources Law Association, en conjunto con la Cámara Chilena Australiana de Comercio A.G (Auscham), organizaron el seminario «Tributación Minera. Experiencias de Chile y Australia».

La instancia se enfocó en unir expertos de dos países mineros, como lo son Chile y Australia, poniendo acento en sus respectivas experiencias de aplicación de royalties.

En la apertura del evento, Constanza de la Riva, gerenta de Impuestos Sudamérica de BHP, explicó que la clave de estas discusiones está en buscar un punto de equilibrio entre la tributación y la inversión. “Aumentar la base al largo plazo para poder recaudar más y mantener así la competitividad, es lo que deberían estar buscando y mirando los legisladores”, enfatizó.

Asimismo, la ejecutiva puso en contexto la competitividad actual de Chile, explicando que los yacimientos han presentado una caída en la ley de mineral, por lo que la extracción resulta más costosa que en años anteriores.

Mantener la competitividad

La actividad contó con la participación de la socia tributaria de EY, Alicia Domínguez, quien comentó que las dificultades para discutir sobre esta materia radican en el hecho de que los minerales son un recurso no renovable y estratégico para los países que poseen yacimientos. A la vez, por efectos de la industria minera, se generan encadenamientos productivos con diversos sectores económicos, lo cual añade un factor a considerar.

“El desafío que tenemos como país es seguir siendo competitivos, no solo por temas geológicos, sino que también jurídicos y tributarios. Seamos lo suficientemente pragmáticos para tener bajo control aquello de lo que nos podemos hacer cargo, es decir, las leyes”, afirmó Domínguez.

Respecto del Impuesto Específico a la Minería (IEAM), que corresponde al royalty vigente actualmente en Chile, Domínguez explicó que es una fórmula de recaudación más sensible y adecuada para los ajustes de precios, pero que no alcanzó a recaudar a plenitud durante el período de mayores precios en el cobre entre 2011 y 2013, pues no estaba vigente su fórmula actual.

Por su parte, Cameron Rider, socio de Corrs Chambers Westgarth (de Melbourne), se focalizó en la experiencia australiana, que se basa en un sistema federal. “Si quieres observar varios modelos diferentes de recaudación, es interesante el ejercicio de mirar a Australia, porque cada territorio tiene diferentes fórmulas de tributación”. Rider expuso seis modelos distintos para el cobre en Australia.

“El mejor y más sofisticado, a mi parecer, es el de Australia Occidental. El de Queensland, por ejemplo, es progresivo al igual que en Chile”, comentó.

En el caso de Australia Occidental, el royalty se aplica según el grado de pureza. Dadas las experiencias en el país oceánico, Rider hizo hincapié en que «el royalty no puede subirse mucho, pues no permite la inversión sobre interesantes yacimientos”.

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Esto, porque si bien el Gobierno busca la derogación del Decreto Ley 600 a partir del 1 de enero de 2016, en el nuevo marco normativo se contemplaría un período de transición que busca que durante los cuatro años posteriores a esa fecha se mantenga la invariabilidad tributaria, adelanta Alicia Domínguez, experta tributaria y socia de EY, auditora que realizará un seminario sobre la materia el 25 y 26 de mayo.

Con esto, los proyectos mineros que entren durante ese período podrían obtener este beneficio que tiene una duración de doce años. La ejecutiva explica que en la invariabilidad tributaria el Estado, representado por el Comité de Inversiones Extranjeras, compromete tres aspectos a las inversiones mineras. Primero, que no modificará el impuesto específico de la industria; segundo, que no impondrá al sector un nuevo tributo o gravamen que los afecte solo a ellos; y tercero, les da derecho a que no se les modifiquen las patentes mineras.

«La minería tiene tantas variables inciertas que no puede manejar, como el precio del commodity o los costos, que si en lo tributario cuenta con cierto grado de estabilidad en el largo plazo, ya le significa un atractivo adicional», explica.

Dificultades locales

«El entorno internacional para la minería viene duro, y el entorno local no está haciendo las cosas mucho más fáciles», enfatiza la abogada. Y aunque descarta un estancamiento del sector, sí piensa que el desarrollo será más lento, sobre todo por la pérdida de competitividad que afecta a la principal actividad económica del país.

Si bien advierte que la reforma tributaria influye por igual en todos los sectores, dice que con esto la industria minera enfrenta dos grandes desafíos: proteger los márgenes de rentabilidad de un sector que ya está seriamente afectado y dar cumplimiento al complejo nuevo marco normativo.

En el primer aspecto, Domínguez dice que la reforma los viene a afectar en el momento menos adecuado, puesto que enfrentan precios bajos, costos altos, y el marco regulatorio «no es todo lo protector ni facilitador que se necesita para desarrollar nuevos proyectos», comenta. Añade que el impuesto a la renta -que se incrementa del 20% al 25% o 27%, dependiendo de si la empresa elige el régimen atribuido o distribuido-, será un gravitante de costos adicional, y es un impuesto que no reconoce los diversos ciclos de la industria, al contrario del impuesto específico. Agrega que además la reforma impacta la renta de los dueños de las empresas, ya sean locales o extranjeros. Por otro lado, la socia de EY explica que cumplir las nuevas normas para las empresas será complejo, puesto que es enredoso, sofisticado, tiene múltiples plazos y los regímenes entran de forma escalonada, entre otros.

Huelga sin reemplazo

Alicia Domínguez también advierte los riesgo que plantea la reforma laboral para la minería. Dice que una huelga sin reemplazo significa que los trabajadores pueden paralizar faenas a un costo gigantesco; y agrega que la reforma va a afectar la productividad, que ya es de las más bajas del mundo. «Se pierde competitividad, y como las mineras van a tener planillas de empleados más caras, van a buscar reducir los proyectos, y con ello van a reducir personal. Entonces lo que en algún momento fue bueno para los trabajadores, en el largo plazo es negativo», enfatiza.

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En el evento, que organiza el grupo Editorial Editec junto a Cesco, la experta ejemplificó su exposición presentando los principales detalles que contiene la reforma tributaria aprobada en septiembre del año pasado, la derogación del DL 600 y el proyecto de reforma laboral.

A juicio de la experta, la reforma tributaria “requerirá numerosas regulaciones administrativas” y cambiará sustantivamente el régimen tributario en Chile haciéndolo “más complejo, sofisticado y oneroso”. De esta forma y en lo que compete netamente a la industria minera, Domínguez añadió que esta normativa “impactará tanto en el modelo financiero de los proyectos en curso como también en el atractivo del marco regulatorio en materia de tributación”.

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Por su parte, sobre la derogación del DL 600, la experta de EY sostuvo que esta medida impactará a la actividad extractiva “porque se eliminará la garantía de estabilidad tributaria en el largo plazo en materia de impuestos a la industria minera”.

Dentro de su presentación también sugirió agilizar la tramitación de permisos sectoriales, mantener regímenes de estabilidad tributaria en el largo plazo y no afectar la protección de la actividad minera.

Junto con resaltar que Chile es un destino atractivo para invertir, Domínguez manifestó que la competitividad del país se ha visto amenazada por una serie de factores internos, como la caída en las leyes (minerales), el alto costo de la energía y del agua. Por otra parte, señaló que entre las variables de alto impacto positivo en cuanto a clima de inversión para exploraciones en nuestro país, se encuentran la estabilidad política, la infraestructura y el mercado laboral y financiero.

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Dentro de los temas analizados en Exploration Forum, también se realizó una revisión a las perspectivas para los principales mercados de metales.

De acuerdo con Stephen Briggs, senior Metals Strategist de BNP Paribas, una de las razones para explicar la caída del precio del cobre pasa por la oferta y que hacia después de 2016 se prevé una disminución en la puesta en marcha de nuevos proyectos, lo que incidirá en un repunte del precio. Del mismo modo, agregó que la demanda en el “sentido industrial es inmedible. Es decir, se mide de forma indirecta, pero no sabemos cuál es el real equilibrio entre oferta y demanda”.

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Según el reporte, publicado por El Mercurio,  de un total de 140 proyectos a nivel mundial que suman inversiones por aproximadamente US$ 334.500 millones. De este monto, US$ 130.000 millones están en América Latina. Todos estos proyectos registran una situación de costos y retrasos similar a la chilena.

Alicia Domínguez, socia de Consultoría Tributaria de EY, explicó que las inversiones en minería son cada vez más grandes y complejas. Sin embargo, indicó que la incapacidad para cumplir con los plazos y el presupuesto estimado pueden afectar negativamente la reputación y la licencia social para operar.

En esa línea, sostuvo que en Chile las principales trabas del sector son la judicialización de algunos proyectos, la escasez de energía y el alto costo de este insumo, el acceso al agua y los altos costos de desalarla, sumadas a la incertidumbre en regulaciones ambientales.

A nivel mundial, el 69% de los proyectos mineros presentan incrementos de costos, mientras el 50% reporta demoras en la construcción. En Chile, por su parte, el 75% de las iniciativas elevó los costos y el 42% registra retrasos.

Riesgos

Otro estudio realizado recientemente por la consultora, señala que son 10 los principales riesgos que enfrenta la minería.

El principal es la productividad, que se ha deteriorado aceleradamente a través de los años. «La disminución en la productividad durante los últimos 10 años es consecuencia de una decisión de buscar el crecimiento de volumen a cualquier costo», afirmó Domínguez.

Añadió que la gravedad de este problema requiere una transformación del negocio completo. Para recuperar la productividad perdida durante el superciclo será necesario, entre otras cosas, poner acento en la innovación.

El segundo problema más importante es el capital. El dilema de muchas firmas hoy es dónde invertir, lo que involucra decisiones de compra, construcción y también enfrenta a los inversionistas a decidir si privilegiar una rentabilidad de corto plazo o mayor plazo.

El acceso al capital es otro desafío para la industria, puesto que muchas empresas, con el objetivo de sobrevivir, han suspendido la exploración, que es una actividad intensiva en capital, revela el estudio.

Un tema importante para el sector minero es la licencia o legitimidad social ante las comunidades para operar. Perderla es un riesgo real, aseguró Domínguez, y los conflictos con las comunidades por temas sociales o ambientales pueden generar costos por hasta US$ 20 millones por semana en términos de pérdida de valor para las grandes minas.

Otros riesgos analizados por EY apuntaron a aspectos como el nacionalismo de los recursos, situación en donde cobra relevancia mantener un equilibrio entre el fomento de la inversión y la maximización de los beneficios en el país.

También influye el riesgo de los proyectos de capital, que requieren inversiones cada vez más complejas, y la volatilidad de los precios que se genera, entre otros factores, por la salida del superciclo, una mayor regulación, riesgos geopolíticos y el retiro de los bancos de los mercados de commodities.

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