Su misión será mejorar la estructura financiera de las compañías que ya han pasado por una fuerte reorganización: en 2017 el grupo armó todo un esquema de refinanciamiento, donde el objetivo era rebajar la deuda neta de las cascadas, que en ese momento llegaba a los US$ 774 millones. También buscó, al año siguiente, nuevos créditos, de la mano de Calichera y Potasios.

“Ahora toca enfocarse en el futuro, por eso es importante ver cuál será la estructura de capital óptima que tienen que tener las compañías, de manera que no termine con problemas de solvencia. Hay que seguir mejorando los procesos y tratar de hacer todo más eficiente, mejorando el control de gestión. Si bien es continuar con la línea que ya se ha empezado a desarrollar, ahora hay que llevarla más allá”, señala un ejecutivo que conoce la interna y los desafíos de Silva.

En el grupo hablan de una nueva etapa en las sociedades que estuvieron en el centro del caso Cascadas: una serie de transacciones bursátiles polémicas entre 2009 y 2011, que la entonces Superintendencia de Valores y Seguros convirtió en las multas más altas de la historia y que luego se persiguió incluso penalmente. Esa arista, que apuntó al entonces gerente general de las cascadas, Aldo Motta, terminó con el ejecutivo absuelto por los tribunales en 2019.

Ese mismo hecho hizo que Catalina Silva pensara bien la propuesta de trabajo que había recibido, ha revelado la ingeniera en privado. “Ella pensó bien los pros y contras porque es una persona bien metódica”, dice alguien al tanto de las tratativas. Silva analizó la oferta laboral junto a su esposo, un ejecutivo estadounidense que también trabaja en el mundo de finanzas corporativas. Finalmente, aceptó la nominación.

Su primera misión no será fácil. Catalina Silva tendrá que decidir si las sociedades cascadas concurren o no al millonario aumento de capital que está preparando SQM, en su serie-B, y con el que espera financiar el gigantesco plan de inversiones que tiene en carpeta y donde el litio es el mineral que concentra el mayor volumen de capital.

“Ese será su primer gran desafío. Ella lo decidirá”, destaca una fuente cercana a las cascadas, que asegura que Silva llegará bien empoderada a hacerse cargo de los vehículos de inversión de Ponce. “Ella llega con todo el respaldo para encabezar un gobierno corporativo fuerte, con autonomía para definir sus equipos de trabajo y establecer metas. En su gestión deberá configurar una estructura óptima de capital, centrada en la eficiencia y con un correcto control de nivel de deuda”, dice un ejecutivo ligado a las cascadas.

Head hunter

El nombramiento de Catalina Silva rompe una tradición de hombres y de ejecutivos de confianza de Julio Ponce. También por la rapidez de su nombramiento. Recién hace casi dos semanas atrás se conoció la renuncia de Ricardo Moreno, el contador auditor del grupo que el año 2013 asumió la gerencia general de Oro Blanco, Nitratos y Potasios y luego, en 2015, lideró Pampa Calichera y Norte Grande, las dos cascadas restantes.

Más de cinco años a cargo de todo. En el comunicado donde se explicó que su salida se debe a una decisión personal, se indicó que la renuncia tendrá efecto a partir del 12 de abril “o en la fecha que el directorio designe un nuevo gerente general”.

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La sanción aplicada contra Motta ascendió a UF 600.000 (unos US$ 24,5 millones) y la de Contesse Fica a UF 60.000 (US$2,4 millones), pero con los fallos del TC podrían reducirse cada una a un máximo de UF15.000 (US$614.862), si es que son ratificadas en los respectivos tribunales donde se analizan.

“Valoramos el fallo por cuanto aplica el derecho y valida una de las tesis sostenidas por nuestra parte desde el inicio del caso”, afirmó el abogado Rodolfo Fuenzalida, defensor de Motta.

Añadió que esto “se traduce en que el tribunal de primera instancia, que conoce de nuestra reclamación no puede aplicar una norma específica que no establecía límite para determinar multas, lo cual era del todo contrario a la legalidad, racionalidad y justicia”.

Antes, el tribunal había fallado con el mismo criterio sobre las multas aplicadas contra Julio Ponce, el controlador de las sociedades cascada a través de las que participa como el mayor accionista de SQM, Leonidas Vial, Roberto Guzmán Lyon, LarrainVial, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz.

Los fallos. Ambos fallos del TC fueron divididos, contando con seis votos favor y tres en contra. En ambos casos, el tribunal estableció que “la Superintendencia a través del Consejo de Defensa del Estado ha llegado a destacar, equivocadamente a nuestro entender, la opacidad en las reglas de determinación de sanciones como valores útiles para hacer frente a una aproximación racional, calculadora y oportunista de los regulados al momento de decidir si cometer o no una infracción”.

Añadió que “en breve, y bajo una óptica anclada exclusivamente en la eficacia disuasiva, tal aseveración pierde de vista que (más allá de distinciones y disquisiciones de mayor profundidad que puedan hacerse) la teoría de la disuasión (en especial aplicada a regímenes de sanciones pecuniarias) requiere, como patrón base, de lo opuesto a lo sugerido por la parte requerida, esto es, que las reglas de determinación sancionadora sean lo suficientemente claras, de modo que permita que los potenciales infractores puedan ponderar las consecuencias de sus actos y verse desincentivados a violar la ley”.

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En términos simples, el exgerente general de las sociedades cascada, firmas a través de las que Julio Ponce participa en la propiedad de SQM, busca dejar sin efecto el juicio por el cual fue condenado a cuatro años de libertad vigilada y que, en su lugar, se realice uno nuevo, pues a su parecer se habría infringido la garantía del debido proceso.

“Se trata de un recurso de nulidad claramente artificioso e inconsistente, que se limita a reiterar de manera resumida un conjunto de alegaciones que efectuó la defensa de Motta Camp durante el largo proceso judicial, todas las cuales fueron rechazadas en numerosas oportunidades por los tribunales de justicia”, afirmó Mauricio Daza, abogado querellante en representación de Roberto Lobos.

Además, calificó de “insólito” el argumento que busca desacreditar a su representado, “sobre la base de especulaciones, las cuales ya fueron rechazadas, y no se relacionan con los hechos por los cuales Motta fue condenado”.

A su vez, fuentes de la Fiscalía indicaron que revisarán si conviene presentar algún escrito sobre admisibilidad o esperar a lo que resuelva la Corte Suprema.

Consultados los otros querellantes del caso y la defensa de Motta, prefirieron no dar declaraciones.

Los pasos que siguen

Tras la presentación del recurso por parte de los abogados Samuel Donoso y Marcelo Sanfeliú, ahora el máximo tribunal del país debe decidir su admisibilidad. Si es que prospera, pasaría a la Segunda Sala de la Suprema o podría derivarse a la Corte de Apelaciones de Santiago. Posteriormente, se abren los alegatos para que las partes entreguen sus argumentos.

En cualquiera de esos casos, podría haber un fallo a mediados de año, donde los magistrados podrían rechazar el recurso, declarar la nulidad del juicio y ordenar su repetición, o determinar la nulidad de la sentencia y dictar una en su reemplazo.

En paralelo a este proceso, tal como lo dijo en entrevista con Pulso la fiscal que lidera el caso, Ximena Chong, seguirán avanzando en la investigación respecto de los otros partícipes, donde tomarán la decisión de formalizar o no perseverar en los próximos meses.

El factor Ponce

Según comentaron algunas fuentes, para el equipo que encabeza la fiscal Chong es fundamental que la condena contra Motta quede ejecutoriada. No solo porque sería un respaldo al trabajo que han realizado, sino que también porque tendría efectos respecto de sus opciones de ir contra Julio Ponce, quien ha sido acusado como el principal beneficiado por el eventual esquema delictivo.

Lo anterior, porque uno de los tres grupos de hechos por los que fue condenado Motta, el denominado caso 6, podría involucrar directamente a Ponce. En este, las sociedades cascada y algunas firmas ligadas a Julio Ponce transaron 136 millones de acciones de Pampa Calichera A, lo que habría generado beneficios para el controlador, en perjuicio de los accionistas minoritarios.

De hecho, en la condena dictada por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal contra Motta, hay varios pasajes en los que se hace referencia a Ponce.

Así, si el recurso de Motta llegara a prosperar, las posibilidades del Ministerio Público de formalizar a Ponce podrían debilitarse.

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El 13 de enero, el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago había condenado a Motta Camp a cuatro años de libertad vigilada más otras medidas accesorias.

Ello, tras considerar que el ingeniero comercial era culpable de dos operaciones de manipulación del mercado bursátil y de un cargo de abuso de posición dominante.

Así, se convirtió en la primera condena en el marco de la arista penal del denominado caso Cascada.

Los argumentos

En su requerimiento de 79 páginas, Sanfeliú y Donoso entregan seis razones por las cuales el juicio debería ser declarado nulo, que apelan, entre otros argumentos a la vulneración de las garantías al debido proceso, la incompetencia del tribunal que dicta la sanción y la aplicación errada del derecho.

Como primera causa se consigna que existió falta de detalle y precisión de la acusación respecto de los delitos que se le atribuían, lo que habría provocado “una irremediable incertidumbre” en Motta Camp. Sobre el punto, se lee que la acusación fiscal imputó “a fardocerrado” conductas constitutivas de delitos reiterados del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, sin informar cuáles de los incisos habían sido vulnerados.

En segundo lugar, se asegura que “como consecuencia de la ilegal separación de investigación” se privó a Motta Camp “del derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación y ejercicio de su defensa frente a la imputación criminal”. En esta línea, se plantea que el ente persecutor no separó investigaciones (hechos investigados), sino a personas, y que al hacerlo sumó todos los antecedentes de la carpeta original.

Se acusa que al momento del juicio, el Ministerio Público renunció a la presentación de aproximadamente un 80% de la prueba documental que había ofrecido en la acusación -que corresponde a varios millones de páginas- que la defensa debió analizar y prescindió de un 55% de los testigos que ofreció en la acusación, entre otros aspectos.

Como tercer elemento, se imputa el haber autorizado, durante las etapas de preparación y especialmente en el juicio oral, la intervención de un litigante “que carecía por completo del derecho a intervenir”.

Se trata de Roberto Lobos Cerda, quien adquirió acciones de la cascada después de los delitos indagados. Se entregan pruebas que, según los abogados, “demuestran que el señor Lobos adquirió las acciones pura y simplemente para deducir instrumentalmente su querella”.

También se relata que el tribunal es incompetente.

“Irrelevancia penal”

Otro argumento es que se excedió el contenido de la acusación, por lo que el representado fue condenado por hechos o circunstancias que no estaban incluidos en ella. Se incorporaron “hechos y circunstancias que la defensa no tuvo la posibilidad de prever o anticipar, pues no se hallaban descritos en la acusación, haciendo imposible de ese modo el desarrollo de argumentos de defensa y el ofrecimiento de prueba de descargo”.

El sexto argumento apunta a que se calificaron erróneamente como delictivos hechos penalmente irrelevantes desde la perspectiva del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. “Los hechos acreditados en relación con los casos 4 y 5 no son constitutivos del injusto del inciso primero del artículo 53 de la LMV, porque lisa y llanamente no dan cuenta de transacciones o cotizaciones ficticias, simuladas ni menos manipulativas de precios de valores”, consigna el documento.

Los hechos ligados al caso 6 “no son constitutivos del tipo penal del inciso segundo del mismo artículo, pues no acreditan ningún acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento destinado a inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, y, en el peor de los casos, en los términos expresados por el propio tribunal en la sentencia, a lo sumo podrían configurar un supuesto ilícito administración desleal”.

La entrada Motta contraataca: acude a la Suprema para dejar sin efecto juicio por caso cascada se publicó primero en Mch.

[Relacionada: Histórica sentencia: Aldo Motta es condenado a 4 años de libertad vigilada por caso Cascada]

En ese sentido, los exsuperintendentes de Valores y Seguros, Fernando Coloma, quien inició el caso al formular cargos en 2013, y Carlos Pavez, quien emitió las sanciones en 2014, coincidieron en que la condena emitida por el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal confirmó que los hechos ocurrieron tal y como lo había establecido el regulador en su momento.

Es decir, que existió un esquema mediante el que se realizaron operaciones bursátiles para beneficiar al controlador de las sociedades Cascada, Julio Ponce, en desmedro de los accionistas minoritarios, entre ellos, AFP y administradoras de fondos generales.

Por su parte, René García, abogado que representa a Moneda Asset Management, uno de los accionistas afectados, manifestó a PULSO que “es un fallo muy contundente y muy detallado”. Agregó que “a nosotros como Moneda, la condena nos produce una satisfacción muy grande. No solamente se estableció, como lo dijimos en nuestra querella, que estos hechos eran constitutivos de delito, sino que también de alguna manera es una reivindicación porque veníamos dando cuenta públicamente de estas conductas desde las juntas de accionistas de 2012”.

Los tres, además, comentaron que el fallo generará precedentes para el mercado, disuadiendo a quienes quieran incurrir en prácticas similares.

Todos contra Ponce

Tras la condena a Motta, quien era uno de los más cercanos al controlador de las Cascada, la pregunta que se ha abierto es si ahora el Ministerio Público irá contra Julio Ponce.

En ese contexto, García afirmó que “existe una investigación que se sigue contra otras personas y creemos que seguirá adelante y que culminará en acusaciones y en sentencias condenatorias, donde esperamos que vayan contra Julio Ponce”.

En la misma línea, Coloma indicó que “espero y me imagino que la Fiscalía está reuniendo antecedentes para ir contra las otras personas que participaron del esquema, entre ellas, el controlador, Julio Ponce”.

A la salida de la audiencia del domingo, la fiscal jefa de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, quien lleva el caso, dijo escuetamente sobre una eventual formalización a Ponce, que han seguido avanzando las investigaciones sobre los otros partícipes del esquema y que la sentencia a Motta es “un elemento relevante” que tendrán en consideración para tomar una decisión al respecto.

En paralelo, una fuente ligada al caso comentó que un insumo relevante para la fiscal Chong y su equipo serán las referencias que hace el fallo a la participación de Ponce.

En la página 422 del documento, por ejemplo, se consigna que “lo que se coloca en entredicho es que se compró y vendió en sucesivas ocasiones durante el año 2011, un determinado activo, esto es, Calichera-A, con el fin deliberado de defraudar para obtener el enriquecimiento del controlador, a costa del empobrecimiento de los demás accionistas minoritarios”. Añade que “si bien fueron reales, implicaron beneficios injustos y desproporcionados para el controlador de las Cascadas, Julio Ponce Lerou, único dueño de la Sociedad de Inversiones SQ, en desmedro de las Sociedades Cascadas en las cuales tienen participación inversionistas institucionales”.

En la página 583, en tanto, se establece que Motta “gozaba de toda la confianza del controlador, y por ende, de los directores y afines a éste, lo que hacía que prácticamente no se discutieran sus propuestas y planteamientos de administración e inversión”.

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“Se condena al referido acusado como autor de tres delitos consumados (…) a sufrir la pena única de 4 años de presidio menor en su grado máximo (libertad vigilada), más accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios público durante el tiempo de la condena”, se leyó a las 13:00 horas en punto en la Cuarta Sala Oral en lo Penal, instancia en la que no estuvo presente Motta.

Estos delitos sancionados se refieren a operaciones ficticias y la venta de acciones bajo el precio de mercado, entre los años 2010 y 2011.

Además de los 4 años de libertad vigilada, Motta Camp quedará inhabilitado por 5 años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o propiedad sometida a fiscalización de la superintendencia respectiva.

Junto con ello, y en un plazo de 5 días, el exejecutivo deberá presentarse al centro de reinserción social de Gendarmería de Chile que corresponda a su domicilio y realizar un plan de intervención individual previamente aprobado.

Si bien el Ministerio Público estaba solicitando 6 años de cárcel, tras la lectura de la sentencia la fiscal Ximena Chong señaló que “estamos satisfechos con la decisión del tribunal, sin perjuicio que nuestra solicitud de pena era mayor a la que fue concedida. Creemos que es un fallo histórico en términos de la sanción a un gerente general de compañías que transan en Bolsa, en relación a delitos que afectan al mercado de valores”.

En esta misma línea, el abogado querellante en el caso, Mauricio Daza se mostró conforme, señalando que “esta es la primera vez que se obtiene una condena de carácter ejemplar en un delito de manipulación bursátil, y por lo tanto es un buen día para la transparencia y credibilidad de nuestro mercado de valores”.
Con todo, la fiscal Chong no aclaró si existen hoy antecedentes suficientes para imputar delitos a Julio Ponce Lerou, y sólo indicó que “Las investigaciones en relación con los otros participantes han seguido avanzando, nosotros como equipo hemos soportado en paralelo tanto la litigación de este juicio como también las diligencias de investigación que han seguido avanzando”.

A la vez, Chong comentó que la sentencia dictada ayer será analizada para “evaluar si se ejerce algún tipo de recurso respecto de la misma”. La Fiscalía, de encontrarlo necesario, podría presentar un recurso de nulidad de la sentencia, ante la Corte Suprema y de Apelaciones, en un plazo de 10 días de conocida la condena.

Los abogados defensores, Samuel Donoso y Mauricio Sanfeliú se retiraron del Centro de Justicia sin dar declaraciones. Motta había sido acusado por seis delitos, sin embargo sólo se logró condena por tres de ellos.

En septiembre de 2014, la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF) aplicó sanciones en el denominado Caso Cascada a ejecutivos y personas relacionadas a las sociedades Cascada que controlaban SQM por un total de US$ 180 millones. En el caso de Motta, la multa llegó a US$24,4 millones, en tanto Julio Ponce Lerou fue cerca de US$69 millones.

El regulador los acusó de tener responsabilidad en diversas operaciones realizadas de forma recurrente entre 2009 y 2011, que beneficiaron a Julio Ponce y a personas cercanas a él, entre ellas, Motta, esto en desmedro económico de los accionistas minoritarios de las sociedades la Cascada.

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La jueza consideró culpable a Motta de dos operaciones que implicaban manipulación del mercado bursátil y otra por abuso de posición dominante, mientras que fue absuelto de otras tres transacciones que involucraban entrega de información falsa al mercado y de la supuesta adulteración de actas de directorio.

Esto es un hito en el caso cascadas, dado que se trata de la primera sentencia en algún juicio oral del caso. El juicio fue impulsado por la Fiscalía Centro Norte y acusaba al ingeniero comercial de efectuar una serie de operaciones irregulares en el mercado de valores. La tesis que el Ministerio Público buscó probar es que las operaciones de las sociedades cascadas fueron ficticias, engañosas y que se quiso instrumentalizar al mercado de valores.

Sin embargo, la jornada comenzó de forma positiva para el cercano a Julio Ponce Lerou, el dueño de las sociedades cascadas a través de las que controla SQM.

Lo anterior, pues en la primera parte del veredicto la jueza determinó absolver a Motta de las transacciones artificiales con títulos SQM-B por parte de Pampa Calichera, que supuestamente habrían generado utilidades ficticias entre 2009 y 2010. En este sentido, la jueza que está leyendo la sentencia sostuvo que “no es certero ni correcto indicar que hizo operaciones artificiosas”, por el contrario, señaló que “racionalmente” realizó “operaciones beneficiosas para sus accionistas”.

Revés para Motta

Pero a medida que fue avanzando la audiencia el panorama se le complicó. Esto, pues lo consideró culpable de tres operaciones, entre ellas, por las transacciones denominadas “pre Linzor” con acciones serie A de SQM, entre Pampa Calichera y Oro Blanco en diciembre de 2010. La jueza ha dicho que se trató de operaciones ficticias con falsas señales al mercado.

Adicionalmente, la jueza determinó que es culpable en calidad de autor y ejecutor de otras dos operaciones, entre ellas, la denominada arista Linzor, que involucró el traspaso ficticio de 5 millones de acciones con la intervención de un tercero que actuó como “palo blanco”.

“No es sostenible que Aldo Motta no conocía las regulaciones del mercado” sostuvo la jueza, y añadió que, por lo tanto, “el acusado ha tenido conocimiento de la ilicitud” que implicaban las respectivas transacciones.

También señaló que los hechos demuestran que el grupo Pampa nunca tuvo intenciones de enajenar las acciones del grupo, pues Linzor nunca tuvo en su propiedad las 5 millones de acciones para luego venderlas, sino que fue comprando paquetes de esos títulos para luego venderlos a las sociedades cascadas. Todo ello da cuenta de operaciones ficticias, enfatizó.

La magistrado, además, estimó que es culpable por su desempeño en la operación mediante la que SQYA realizó transacciones de acciones de SQM en beneficio de Julio Ponce y en desmedro de los accionistas minoritarios.

En ese sentido, dijo que su actuar fue imprescindible para darle legitimidad aparente a la operación con el fin de que se llevara a cabo el plan fraguado para abusar de los mecanismos bursátiles.

En ese contexto, añadió que Motta tuvo acceso a información privilegiada en las conversaciones con el controlador que luego no informó al resto de los accionistas de las sociedades cascadas.

Las penas que arriesga

Luego de la lectura de la sentencia, se dio un espacio de cinco minutos para realizar una pausa. Tras ello, en la sala 701 del Centro de Justicia, donde se desarrolló la audiencia, las partes argumentaron a la jueza acerca de la pena que proponen para el acusado.

La fiscal que lidera el caso, Ximena Chong, pidió una pena de seis años de cárcel, junto a una pena accesoria que busca prohibir por un plazo de seis años que Motta se desempeñe como gerente o administrador de cualquier entidad fiscalizada por la CMF. Asimismo, explicó que en este caso no se dan los supuestos de colaboración en la investigación.

Por su parte, los abogados querellantes pidieron hasta 14 años de cárcel, mientras que la defensa del ingeniero solicitó considerar las atenuantes de irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial, por lo que estimó que la pena debería ser de solo 541 días. Sin embargo, la pena que se le impondrá recién se sabrá el 13 de enero próximo, cuando se lea la sentencia definitiva del juicio.

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Las jornadas, que comenzaron el 23 de marzo y continúan este lunes, dejaron varios detalles hasta ahora desconocidos de su paso como gerente de las cascadas, a través de las cuales Julio Ponce participa en la propiedad de SQM.

Fue por ese rol que la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), comandada por Carlos Pavez, sancionó, en septiembre de 2014, a Motta con US$ 24,5 millones por transacciones de acciones de las cascadas entre 2009 y 2011. En total, la SVS cursó en ese momento multas por un total de US$ 164 millones a Ponce y a otros ejecutivos y a empresarios.

Es en el poder que tiene Julio Ponce para tomar decisiones en las cascadas abiertas (Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Potasios y Nitratos), así como en las cerradas aguas arriba y que controlan a Norte Grande (SQYA y SQ, entre otras), uno de los puntos donde se detuvieron los interrogadores, liderados por los fiscales Ximena Chong, Macarena Cañas y Jaime Retamal; el abogado de Moneda, René García; el de Habitat, Luis Inostroza; y por Roberto Lobos, Miguel Soto.

A su turno, la principal defensa de Motta desde el día uno ha sido tratar de convencer a la sala del séptimo piso del Centro de Justicia que el «esquema» imputado por la SVS en 2014 no existe. «El trading era algo normal y aquí quieren mostrar como que vender acciones era un pecado. En la acusación se me imputa haber realizado operaciones ficticias, engañosas. ¿Cómo puede ser ficticia una operación que se hace ante el mercado, cumpliendo todas las normas, donde las sociedades que compran o que venden están inscritas, son reales y que a través de un corredor de bolsa transaron y existieron facturas de estos movimientos?», dijo Motta el 23 de marzo. Siempre enfatiza que todas las operaciones eran en pro de mantener el control de la compañía y aprovechar las mejores condiciones del mercado en la compra y venta de acciones de SQM y sus cascadas.

El humor de Ponce: «for the company» , sacado de una película

Pero el interrogatorio a Motta ha permitido revelar otros aspectos de las cascadas y de sus directivos, como el poder de Julio Ponce y de su hermano Luis Eugenio, presidente actual de SQM por lo menos hasta el próximo viernes, cuando lo reemplace Alberto Salas.

También, el humor de Ponce, en medio de una negociación de un crédito con la sociedad Yara y un intercambio de correos electrónicos en mayo de 2011 con el representante de la firma, Frank Mandarino. «Cuando yo reenvío el e-mail de Frank Mandarino a todos, a Eugenio Ponce, Pablo Guerrero y Julio Ponce, Julio Ponce me responde: ‘ya no me cabe duda Aldo, estái pinchando firme con Mandarino. Bueno, a veces hay que hacerlo, como dice Eugenio, for the company’ . Y le respondo jajajajaja y Mandarino será su nombre artístico». Ante ello, la Fiscalía le pregunta qué significa el ‘for the company’ , y el ex gerente de las cascadas responde: «Creo que eso es sacado de una película. El alcance de eso es una broma: ‘hay que hacerlo por la compañía’; es decir, hay que sacrificarse por la compañía, en el sentido de que yo estaría pinchando con Frank Mandarino, se entiende».

El presente de Motta: «mis ingresos bajaron ostensiblemente»

Fue AFP Habitat la que en la audiencia del 4 de abril se interesó por el trabajo actual de Motta. «Soy representante legal de inversiones SQ y de inversiones SQYA», responde. Esas sociedades son a través de las cuales Ponce controla Norte Grande, la «cascada» abierta más arriba. Pero también es representante de «una sociedad que se llama Intercorp, que es la dueña de los campos de Julio Ponce», revela, y agrega a Inversiones Flouri, «que tiene inversiones inmobiliarias», dice.

«Yo expresamente solicité que ojalá la carga de trabajo no fuera lo mismo, porque necesitaba tiempo también, porque en ese minuto estaba siendo formalizado y tenía que prepararme para defenderme; entonces, necesitaba una flexibilidad de horario, por lo que evidentemente la carga de trabajo no era la misma y por supuesto la remuneración tampoco (…) mis ingresos bajaron ostensiblemente», ahonda.

Ante la pregunta de por qué renunció a los directorios de las cascadas, responde: «Producto de la investigación de la SVS y de los cargos de la investigación que estaba llevando a cabo también el Ministerio Publico y la presión que yo sentía dentro de los directorios y de las compañías, finalmente termino renunciando (…) para no afectar la reputación de las compañías y que esto las afectara, yo di un paso al costado y renuncié (…) Producto de la acusación de la SVS se hace insostenible que siguiera siendo gerente general. El ambiente era complejo, y por razones personales renuncié a los cargos».

Interés de un grupo chino en 2011 en acciones de Calichera

En la audiencia del 11 de abril, Motta revela el interés de un fondo chino, en 2011, por comprar un paquete importante de acciones de Pampa Calichera para acceder a SQM. Y quien estaba detrás de la operación era Cristián Araya, el ex gerente de inversiones de la corredora Banchile Inversiones y también multado por la SVS por ser parte del «esquema». En la audiencia recordó un correo que le envió Araya: «(En el correo) está diciendo que los chinos confían en las personas, que Andrónico (Luksic), que es el controlador del Banco de Chile, los conoce y que, en el fondo, me da a entender que si el negocio lo ve Banchile va a resultar».

 El pacto de caballeros entre Julio Ponce y los canadienses

El 9 de abril, Motta dio otras pistas sobre la relación de Julio Ponce con los canadienses de Potash, hoy Nutrien, que hasta el año pasado, cuando lograron firmar un pacto de co-control de SQM, todos en el mercado entendían que eran enemigos acérrimos. En un correo enviado el 21 de enero de 2011, Eugenio Ponce le dice a Bill Doyle, de Potash: «Estimado Bill, estamos muy desilusionados al saber que Los Boldos (sociedad de Potash) vendió acciones serie B (de SQM) y compró acciones serie A (de SQM). Alguien está muy triste acá. Muy cordialmente, Eugenio».

Y es Wayne Brownlee, también ejecutivo de Potash -y quien renunció al directorio de SQM cuando se conocieron los aportes irregulares a la política-, quien le responde directo a Julio Ponce: «El número de acciones compradas eran insignificantes como porcentaje total de las acciones serie A que están en el mercado y seriamente no son una amenaza para la posición controladora de Julio en Pampa Calichera, que está basado en el acuerdo con Kowa, el que nunca hemos cuestionado (…) Cuando nos avisaron que se había hecho trading de parte de las acciones serie A de Julio, presumiblemente por razones tributarias, le dijimos a Celfin (hoy BTG Pactual) que no interviniera, y acordamos con usted Eugenio y también con Wolff von Appen que en el futuro, si Julio iba a hacer transacciones por similares razones, nosotros no intervendríamos, con un aviso por adelantado de su parte. Yo creo que ustedes nos darán a nosotros la misma cortesía; espero que esto clarifique todo, y de no ser así, discutámoslo, hemos gastado mucho tiempo durante los últimos años en tener problemas o temas basados solamente en malos entendidos».

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A cuatro días de que expirara el plazo de la investigación penal, el fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Andrés Montes, solicitó una nueva prórroga para desarrollar su investigación.

En su escrito, presentado el pasado jueves, el persecutor fundó su petición en diligencias pendientes que buscan asegurar el éxito de la investigación. Esto último en conformidad con lo previsto en los artículos 234 y 247 del Código Procesal Penal.

Entre las diligencias pendientes estarían la toma de declaración de otro grupo de los sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Fuentes conocedores del proceso sostienen que el persecutor dedicó gran parte de los meses de marzo y abril para la toma de declaraciones.

De hecho, tanto Julio Ponce Lerou como su hermano Eugenio han prestado declaración en el marco de la investigación que encabeza Montes.

Cabe recordar que este último asumió en reemplazo del fiscal José Morales tras los cuestionamientos de los querellantes AFP Habitat y Moneda por la lentitud en el proceso.

Las operaciones que se le cuestionan son las mismas por las que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) cursó multas a varios ejecutivos en 2014 por un total de US$ 164 millones. Los dardos del persecutor apuntarían a operaciones que pudieran tener como esquema la compra de acciones de SQM-A o SQM-B por parte de Pampa Calichera, las que luego se vendían a terceros y, volvían a ser compradas por Pampa Calichera. Así, la sociedad perdía dinero en el papel, pero presentaba ganancias contables.

Ajuste. Fuentes ligadas al proceso sostienen que la nueva audiencia de formalización solicitada por Montes buscaría acotar su investigación.

Punto importante tendrá lugar el día de la reformalización, puesto que sólo en esa ocasión el fiscal revelará los supuestos hechos constitutivos de delitos que le atribuye a Aldo Motta y Claudia Morales.

Otras fuentes cuestionan el aumento de plazo de la investigación, puesto que en los hechos ya tendrá dos meses de gracia.

Por lo mismo la lectura de los otros sancionados, que forman parte de la Resolución 233 de la SVS, es una sola: la fiscalía estaría acotando el caso.

La defensa de Aldo Motta ha logrado revertir las cautelares que le habían sido impuestas en su formalización.

Lo anterior, luego que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago aceptara levantar la medida cautelar de arraigo nacional decretada en enero pasado, cuando el ejecutivo fue formalizado el 20 de enero de 2015.

Frente a la petición, la fiscalía y el querellante Moneda Asset Management, René García, no se opusieron a revocar la cautelar.

De acuerdo a la investigación fiscal, Aldo Motta junto a Claudia Morales entregaron información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros para dar una apariencia de licitud a la denominada “Operación Linzor”.

Esta corresponde a la venta de un paquete de 5 mil acciones de SQM-A en 2011, por Global Mining, filial de Pampa Calichera, a su relacionada Oro Blanco. Según estableció la Fiscalía, el actuar de ambos imputados no sólo afectó gravemente la veracidad de la información existente en relación con estos emisores de valores de oferta pública en el mercado y su transparencia, sino que dificultaron el ejercicio de las funciones fiscalizadoras y sancionatorias de la SVS.

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En un nuevo vuelco del caso, las AFP que mantenían demandada a la corredora de bolsa por su supuesta participación en un esquema defraudatorio de compraventa de acciones de las sociedades Cascada -que podría afectar a sus afiliados-, ahora desistieron de seguir con el caso judicialmente y sellaron un acuerdo con la corredora de bolsa y con sus ejecutivos involucrados, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz.

Las AFP Cuprum, Habitat y Capital retiraron sus demandas, y Provida también habría aceptado el pacto, aunque aún está en proceso de ratificación del mismo.

Las negociaciones del acuerdo se iniciaron hace poco más de dos años, desde que se entablaron las demandas. En LarrainVial siempre quisieron cerrar un acuerdo con las AFP, puesto que no querían estar en disputa con sus principales clientes -que concentran en torno al 10% de las operaciones de la firma- y, además, con el regulador.
Las tratativas fueron lideradas por Fernando Larraín, José Miguel Barros y Andrés Trivelli, socios de LarrainVial. Por las AFP, estuvieron involucrados en las conversaciones sus gerentes generales y algunos directores.

Fuentes revelan que el fallo de primera instancia del 29° Juzgado Civil de Santiago de diciembre pasado a favor de LarrainVial y que reversó las multas que la SVS le había impuesto a la corredora, ayudó a apurar el acuerdo.

Como parte del pacto, «LarrainVial Corredora de Bolsa y sus ejecutivos no aceptan culpa ni asumen responsabilidad sobre los hechos y conductas detallados en las demandas», dijo la firma.

El acuerdo contempla el pago a los fondos de pensiones administrados por cada AFP de una cantidad determinada, que totaliza un poco más de $2 mil millones. Para el cálculo, se tomó en cuenta las multas que las administradoras le pedían a la corredora y sus dos ejecutivos implicados, dividido en el total de perjuicios que le reclamaban a todos los involucrados del caso (incluido Julio Ponce, Leonidas Vial y otros ejecutivos de las sociedades Cascada). Eso arrojó que la corredora ofreciera pagarle a cada AFP un 11,97% del perjuicio total que reclamaba cada una por el caso: $711 millones a Habitat, alrededor de $495 millones a Provida, $464 millones a Capital y $353 millones a Cuprum.

LarrainVial informó en un comunicado que con esto «busca restablecer de manera rápida y eficaz las relaciones entre las AFP y la corredora, considerando que los plazos judiciales podrían tomar varios años».

De todos modos, desde las AFP recalcan que cada una evaluará internamente si es que vuelve a operar con LarrainVial y que este acuerdo no las obliga a hacerlo.

En Habitat resaltaron que «la totalidad de la compensación mencionada irá directo a los fondos de pensiones administrados por AFP Habitat, beneficiando a todos nuestros afiliados», señaló Cristián Rodríguez, gerente general de la administradora.

El gerente general de Cuprum, Pedro Atria, dijo que «el acuerdo es muy beneficioso para los afiliados, pues se logra una compensación hoy, sin tener que pasar por un juicio largo e incierto, y deja abierta la opción de aumentar la compensación a futuro».

Cascadas avanzanLa venta del porcentaje que tiene Oro Blanco en Pampa Calichera, que da pie a controlar alrededor del 23% de SQM, sigue avanzando. Las sociedades le pidieron a SQM antecedentes para iniciar el data room en el marco del due dilligence con los interesados en la compra. Administradoras siguen adelante con juicios a Ponce y otros ejecutivos.

El acuerdo con LarrainVial corre en un carril distinto a los juicios que las AFP tienen contra Julio Ponce y otros ejecutivos implicados en el caso Cascadas.

En AFP Capital señalan que «si bien la administradora dejará sin efecto la demanda civil interpuesta en contra de LarraínVial S.A. Corredora de Bolsa, este acuerdo no implica en ningún caso renunciar a recuperar la totalidad del perjuicio, y es por eso que AFP Capital continuará adelante con la primera demanda interpuesta en mayo de 2014 en contra de Julio Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán, Leonidas Vial (socio de LarrainVial) y las sociedades controladas por dichas personas».

En la misma línea, en Habitat sostienen que el acuerdo con LarrainVial «no incluye a otras personas naturales o jurídicas con quienes Habitat mantiene otras acciones legales por los perjuicios económicos causados a los fondos de pensiones que administramos».

Presión para otras corredoras

Altas fuentes del proceso revelan que el pacto de las AFP con LarrainVial «le pone presión pública a otras corredoras y firmas -como Banchile y Linzor- que también se vieron involucradas en el caso Cascadas».

Explican que «si cada demandado pone su prorrata, hay una posibilidad que algunas AFP logren recuperar todo el perjuicio que se causó a los fondos de los afiliados».

Las mismas fuentes resaltan que si las partes llegan a un acuerdo, «todos ganan», porque las AFP vuelven a operar con las corredoras y les generan más flujos y dinero, y las administradoras, a su vez, reciben una indemnización al menos segura.

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