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En fallo unánime, la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras María Loreto Gutiérrez, Andrea Soler y la abogada (i) Claudia Candiani– dejó sin efecto la resolución exenta cuestionada y, en consecuencia, ordenó retrotraer el procedimiento al estado de interposición de la solicitud original.

“Que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en autos Rol N°20389-2019, ha ratificado el carácter obligatorio del procedimiento de consulta indígena, destacando que no se trata de una mera formalidad, sino de una garantía fundamental para el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos originarios. En dicha sentencia, se declaró que la omisión de la consulta constituye una vulneración sustancial de los principios de igualdad ante la ley y participación, afectando directamente los derechos territoriales y formas de vida de las comunidades”, plantea el fallo.

La resolución agrega que: “En el caso en cuestión, la omisión del procedimiento de consulta previa por parte de la Dirección General de Aguas, al dictar la resolución impugnada, representa una infracción evidente a las normas aplicables. Dicha omisión no solo priva a la Comunidad Indígena de Socaire del derecho a ser oída, sino que también afecta la legitimidad del acto administrativo impugnado, dado su impacto directo en los recursos hídricos y en la sostenibilidad del territorio ancestral de la comunidad”.

“Que la omisión del procedimiento de consulta previa vulnera el derecho de la Comunidad Indígena de Socaire a ser oída y afecta la validez del acto administrativo, al incidir directamente en los recursos hídricos esenciales para su territorio ancestral. Estos ecosistemas, protegidos por los artículos 5° y 58° del Código de Aguas, desempeñan un papel vital en la conservación del equilibrio ambiental y el desarrollo cultural de la comunidad, por lo que cualquier intervención que los afecte exige una evaluación rigurosa y el cumplimiento estricto de la normativa vigente”, añade.

Para el tribunal de alzada: “(…) en este orden de cosas, el procedimiento de consulta indígena debe garantizar que las comunidades afectadas reciban información clara, suficiente y oportuna, permitiéndoles participar de manera efectiva en la adopción de decisiones que las involucren. Este mecanismo busca prevenir conflictos y promover un diálogo real entre el Estado y los pueblos indígenas, asegurando el respeto a su autodeterminación y la protección de sus recursos esenciales. La jurisprudencia ha enfatizado que la consulta previa no es un mero trámite, sino una obligación sustantiva que debe cumplirse de buena fe, garantizando una participación activa de las comunidades”.

“Que –ahonda–el artículo 6° del Convenio N°169 de la OIT establece que la consulta indígena debe desarrollarse con buena fe y en un marco de respeto mutuo, asegurando condiciones equitativas para la participación de las comunidades. Este principio impide que la consulta sea un acto discrecional o simbólico, exigiendo que se realice con debida diligencia y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”.

Asimismo, el fallo consigna: “Que la resolución impugnada, al autorizar la exploración de aguas subterráneas sin haber llevado a cabo la consulta previa, transgrede gravemente los derechos fundamentales de la Comunidad Atacameña de Socaire, infringiendo normas nacionales e internacionales de protección indígena. Además, la zona de exploración se encuentra en la parte alta del Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común (SHAC) C1, cuyos recursos hídricos sostienen humedales de alto valor ecológico, esenciales no solo para la biodiversidad, sino también para el equilibrio hídrico de la región. La alteración de estos ecosistemas amenaza directamente la continuidad de las actividades culturales y económicas de la comunidad, comprometiendo su derecho a un medioambiente sano y su desarrollo sostenible”.

“Que –prosigue–, respecto a la alegación relativa a la improcedencia de la consulta indígena en virtud del artículo 7 del Decreto N°66 de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, esta interpretación resulta restrictiva y contraria a los principios que inspiran el Convenio 169 de la OIT, el cual establece que la consulta debe realizarse cuando una medida administrativa pueda afectar directamente a comunidades indígenas. Si bien el procedimiento de autorización de exploración se rige por normas regladas, ello no significa que su implementación sea automática ni que esté exenta de eventuales impactos en los derechos y territorios indígenas, lo que impone la necesidad de una consulta efectiva”.

“Que, atendido lo expuesto, y considerando que la presente reclamación se ha interpuesto conforme al artículo 137 del Código de Aguas, el cual establece la posibilidad de impugnar resoluciones de la Dirección General de Aguas que vulneren derechos preexistentes, resulta imperativo acoger la reclamación. La omisión de la consulta previa constituye un vicio esencial que afecta la validez de la resolución impugnada, por lo que su nulidad se impone como única forma de restablecer el imperio del derecho. En este sentido, la Dirección General de Aguas debe iniciar un procedimiento de consulta indígena ajustado a los estándares del Convenio N°169, la Ley N°19.253 y el Decreto N°66, garantizando el acceso a la información, la participación efectiva de la comunidad afectada y la protección de los ecosistemas que sostienen su forma de vida”, ordena.

Por tanto, se resuelve que: “se acoge, sin costas, el recurso de reclamación interpuesto por la Comunidad Atacameña de Socaire en contra de la Resolución D.G.A. N°2428 (Exenta) de 8 de septiembre de 2023, dejando sin efecto dicha resolución y, en consecuencia, retrotrayendo el procedimiento al estado de interposición de la solicitud original. Asimismo, instruir a la Dirección General de Aguas para que inicie un proceso de consulta indígena conforme a los estándares establecidos en el artículo 6° del Convenio N°169 de la OIT, los artículos 2 y 10 de la Ley N°19.253, y el Decreto N°66 de 2014”.

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Lo anterior, para dar cumplimiento al artículo 12° transitorio de la reforma al Código de Aguas, Ley 21.435, la cual establece que “en todas las áreas de restricción o zonas de prohibición declaradas antes de la publicación de la presente ley, deberán iniciarse los trámites para conformar las comunidades de aguas subterráneas dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de esta ley. Vencido dicho plazo, la Dirección General de Aguas no podrá autorizar cambios de punto de captación en dicha zona, respecto de aquellas personas que no se hayan hecho parte en el proceso de conformación de la comunidad”.

Según informó el director regional de Aguas, Rodrigo Sáez, “es imperativo que los propietarios de derechos de aprovechamiento inicien la tramitación de conformación de Comunidades de Aguas Subterráneas en la provincia del Huasco, no tan solo porque su incumplimiento antes del 6 de Abril 2023 inhabilitará la opción de realizar cambios de puntos de captación al interior del acuífero, sino que también por los beneficios, como lo son: la gestión colectiva de las aguas, la resolución de conflictos, poseer personalidad jurídica, optar de mejor forma a los fondos y subsidios del Estado y contribuir al conocimiento del comportamiento del acuífero, entre otras”.

En el contexto de generar mejores condiciones para la creación de las comunidades, la Dirección General de Aguas realiza la primera convocatoria a una Asamblea de Conformación Inicial, cuyo objetivo es incentivar y coordinar a los usuarios para que establezcan las primeras comunidades de aguas subterráneas de la provincia del Huasco.

La actividad se efectuará este 23 de marzo, en el salón de honor de la Delegación Presidencial Provincial del Huasco, en edificio Ex Gobernación sin número, frente a la plaza de Vallenar, a las 15:00 horas.

Al respecto, el seremi del MOP, Mauricio Guaita, señaló que “seguimos incentivando la correcta administración de los recursos hídricos, tal y como lo mandató nuestro Presidente Gabriel Boric. Esta vez, lo hacemos estimulando la conformación de comunidades de aguas subterráneas, cuyo objetivo es potenciar la gestión local de los recursos hídricos. Recordamos que esto va en la misma línea de la implementación de los Consejos de Cuenca, cuya cuenca piloto en nuestra Región de Atacama es la del río Huasco”.

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Como consigna Poder Judicial, en la sentencia (causa rol 4.308-2021), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros y ministras Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Roberto Contreras y el abogado (i) Pedro Águila– estableció yerro en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Tribunal Ambiental, al anular la sanción aplicada a la minera por la Superintendencia del Medio Ambiente.

El Fallo

El fallo plantea que “sin embargo, del mérito del proceso es posible advertir, como lo denunció el tercero coadyuvante, que los sentenciadores llegan a la conclusión que antecede, sin referirse a los informes técnicos acompañados por CCMC, en los cuales se daba cuenta de la evolución de los niveles de aguas subterráneas en el Sector 4, respecto de los meses de junio 1993 a noviembre de 2015 y de febrero de 2004 a noviembre de 2015 unido a la información mensual que esta entregó en cumplimiento de una medida provisional dispuesta por la SMA, mediante la cual se corroboraba la baja sostenida de los niveles de los pozos del sector 4, cuyos rangos, según dichos informes, se mantenían estables entre los 120 y 130 metros de profundidad aproximadamente para poder extraer agua, contradiciendo lo expuesto por la empresa, al presentar una solicitud de aprobación de proyecto Fase II, en cuanto señalaba que ese nivel, en el peor de los casos, podría alcanzar los 54 metros de profundidad, respecto de lo cual la sentencia nada expresa”.

Aguas Chañar

La resolución agrega que “En ese mismo sentido, tampoco, se advierte un análisis o descarte en relación a los informes emitidos por la DGA de junio 2016 y de Aguas Chañar de agosto de ese mismo año, en los cuales, se indica quienes, en la zona, tienen los más altos derechos de aprovechamiento de las aguas y, por tanto, más incidencia en el usos de las mismas, siendo Aguas Chañar S.A. con un 30% y CCMC con un 24%, explicando que los niveles de los pozos en los años anteriores a 2015, fueron disminuyendo en términos tales que llegaron a descender a 130 metros de profundidad, bajando con ello la cota y calidad del agua que existía en el acuífero».

Según se indica en Poder Judicial, en el fallo se lee que «la DGA precisó que Aguas Chañar comenzó a disminuir el uso del agua de los pozos en el año 2008 a 2012, sin que aquello provocara una recuperación del acuífero, no obstante que igualmente infiltraba o devolvía el agua no utilizada a la cuenca”.

“Sin embargo –como dice el fallo–, en el caso de CCMC cuando comenzó a disminuir el consumo de las aguas a partir de mayo de 2013, al incorporar agua desalinizada a su proceso, se constató una recuperación de los niveles del acuífero, razón por la que concluyó que era esta la que tiene mayor responsabilidad en la baja de las aguas de los pozos del sector 4, en los períodos que le fueron imputados, tal como se advierte de los análisis que dice se efectuó en los años 2013 y 2014 pues, se demuestra que no restituía al acuífero el agua que no utilizaba, por el contrario, la entregaba a otra minera”.

Para la Sala Constitucional, en la especie: “(…) lo anterior, deja en evidencia que la sentencia en estudio efectuó un análisis formal y sesgado de la prueba, pues se limitó a examinar las RCA y sus EIA, pero sin actualizar y cotejar dichos antecedentes con los informes otorgados por los órganos especializados y por la propia empresa, que permitiese realizar una correcta interpretación de las autorizaciones otorgadas en su oportunidad para la ejecución del proyecto, puesto que, como se dijo, aquéllas siempre deben ser analizadas a la luz de los acontecimientos reales del medio, para constituyan una efectiva y real herramienta de gestión ambiental que permita, en consecuencia, realizar un encuadramiento de la normativa que reglamenta el proyecto a la luz de su actual aplicación”.

Asimismo, el fallo afirma que “de allí que la decisión del Segundo Tribunal Ambiental de desestimar el cargo N° 14, sin que, previamente, se hayan analizado y ponderados los elementos de prueba antes descritos para definir si, efectivamente, la CCMC habría dado cumplimiento a la RCA en cuanto al correcto uso del agua subterránea, que permitiese configurar o desechar la obligación que se le imputa, hace que la sentencia carezca de consideraciones de hecho y derecho y, especialmente, de fundamentos técnicos jurídicos que sustenten su decisión”.

Finalmente, en el texto se concluye que “por tanto, al no hacerse cargo la sentencia, de las consideraciones técnicas ambientales antes descritas, elementos probatorios, evidentemente, indispensables para ponderar la situación constatada por la SMA y, por consiguiente, para acoger el reclamo en relación al cargo N° 14, hace que el fallo carezca de los argumentos que permitan a los litigantes, comprender las razones –aun cuando no las comparta– del porqué se modifica la sanción impuesta y, la más grave, impide a los recurrentes, ejercer correctamente su derecho a la defensa desde que se desconocen las razones por las que no se ponderaron dichos informes, configurándose de esta manera, la causal invocada, contemplada en el artículo 25 de la Ley N° 20.600 en relación a los numerales 4 y 5 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, no siendo necesario, en consecuencia, referirse a los demás vicios planteados, razón por la que el recurso de nulidad formal será acogido en relación a la causal que se viene desarrollando”, concluye.

Según consigna Poder Judicial, la decisión fue acordada con el voto en contra del abogado Águila.

Respuesta de Minera Candelaria

Desde Minera Candelaria anunciaron que fue notificada del fallo de la Corte Suprema que pone fin a la discusión relacionada con las multas cursadas el 30 de noviembre de 2016 por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Ante esta resolución del máximo tribunal del país, Minera Candelaria afirmó que 11 de las 12 multas cursadas por la SMA fueron anuladas. Esto significa que el Estado debe devolver a Minera Candelaria 873 UTA (US$ 700 mil, aproximadamente) por las 11 multas que quedaron sin efecto. La Corte Suprema acogió en fallo dividido, un recurso de casación que mantuvo la multa por una supuesta sobre extracción de aguas subterráneas en el acuífero del río Copiapó.

Según indicó la minera «a pesar de no estar de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema, Candelaria reafirma su compromiso con el medio ambiente y las comunidades vecinas, lo que se refleja en diversas iniciativas. Minera Candelaria abastece su operación en un 100% con agua desalada proveniente de su planta desalinizadora ubicada en su Puerto Punta Padrones en Caldera. La compañía no utiliza aguas subterráneas para ninguno de sus procesos productivos».

Minera Candelaria señaló que «está enfocada en la mejora continua de sus procesos, aplicando su conocimiento y experiencia en Chile para desarrollar una minería sustentable, utilizando tecnología y cada vez más cercana y conectada con las comunidades en las que opera. Está totalmente comprometida con la Minería Responsable y con el cumplimiento de todas las leyes aplicables».

Por último, la compañía indicó que los compromisos recientes de Minera Candelaria con el medio ambiente y sus comunidades vecinas incluyen:

• “Candelaria Vecina”, programa en el que la compañía abrió sus puertas e invitó a todos los miembros de la comunidad a conversar sobre sus sueños, inquietudes y anhelos. Hace unos días se inauguró oficialmente el nuevo Centro de Diálisis en Caldera y se están realizando diversas acciones de colaboración social comunitaria, como programas de Educación Técnica, Becas para Educación Superior, Apoyo a la Pesca Artesanal Sustentable y el Programa de Mujeres Aprendices, entre otros.
• Un nuevo contrato de suministro eléctrico, que a partir de 2023 cubrirá el 80% de las necesidades con energías renovables.
• Implementación de buses eléctricos para el transporte de personal, que ubicará a Minera Candelaria como una de las primeras operaciones en la Región de Atacama en contar con tecnología avanzada en materia de electromovilidad.

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Según explicaron las autoridades, la invitación a la comunidad científica nacional, que se realizó en el mes de septiembre, busca acelerar los resultados de aquellas líneas de investigación y desarrollos tecnológicos que promueven un mejor manejo de los recursos hídricos y que aporten al diseño de políticas públicas y a la toma de decisiones en la materia.

“Este concurso inédito nos permitirá apoyar a 21 proyectos de excelencia en áreas como las ciencias agrícolas, ingeniería, microbiología, oceanografía y geografía, para contribuir con nuevo conocimiento y soluciones tecnológicas a los desafíos de la sequía y sus consecuencias. La convocatoria es el resultado de un aprendizaje de cómo el Ministerio de Ciencia se constituye en una pieza estratégica en la respuesta del país frente a emergencias como esta. Lo hicimos anteriormente frente al Covid-19, y hoy contribuimos con generación de conocimiento a los esfuerzos públicos y privados que se impulsan desde la Mesa Nacional del Agua y el Comité de Ministros por la Sequía”, señaló el ministro Andrés Couve.

Según explicó la autoridad, la iniciativa se enmarca en el Plan de Emergencia contra la Sequía del Gobierno que busca aumentar la disponibilidad de agua, y mejorar la eficiencia en su uso a través de la inversión en infraestructura, de fomento al riego y mediante medidas regulatorias y de gestión.

“Hoy estamos ante un escenario crítico con efectos que se proyectan en el largo plazo. En la última década, la zona central de Chile ha sufrido una disminución del 30% de las precipitaciones respecto de su nivel normal y hoy 9 regiones y 296 comunas están con emergencia agrícola por déficit hídrico. Frente a esto, nuestro país cuenta con evidencia científica relevante para la transición hídrica y para mitigar los efectos de la sequía en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo económico y productivo”, añadió el ministro Couve, quien destacó la diversidad de los proyectos adjudicados: “Contar con proyectos provenientes de 10 regiones y con distintas aproximaciones científicas, nos permite promover soluciones que consideran la diversidad de talento y conocimiento distribuidos en el territorio”.

Del total de postulaciones recibidas en esta convocatoria se adjudicó el 55% de los proyectos, los que serán desarrollados en el plazo de un año por centros y universidades en regiones, desde Tarapacá hasta Aysén. Entre las iniciativas seleccionadas se encuentran sistemas de monitoreo y alerta temprana, propuestas para la recuperación de aguas residuales, estudios sobre el impacto de la sequía en cultivos, tecnologías para la sustentabilidad hídrica en la industria agrícola y minera, y herramientas para el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para mitigar los efectos de esta emergencia.

“Una de nuestras prioridades como ANID ha sido, a través de la investigación, adaptarnos de forma ágil a los temas país, para afrontar este tipo de crisis que hoy nos afecta. Con este concurso buscamos acelerar la generación de conocimiento científico y tecnológico, desde las capacidades ya existentes en nuestro país, que contribuya a resolver los desafíos y oportunidades relacionados directamente a la escasez hídrica y sus consecuencias en Chile. Este concurso logró salir rápidamente gracias al trabajo de todo el equipo que estuvo detrás de la convocatoria, logrando resultados en un tiempo récord desde su apertura hasta su adjudicación”, señaló, Aisén Etcheverry.

Proyectos de Investigación Estratégica en Sequía

Ciencias Naturales:

1.- Tratamiento de humedales para mitigar la emergencia de escasez de agua en Chile: Soluciones Naturales como herramienta de innovación para el tratamiento, reclamación y reutilización de aguas residuales.

Ignacio Rodríguez | Universidad Austral de Chile | Región de Los Ríos

2.- Fundamentos oceanográficos y biológicos para la planificación y diseño de plantas desalinizadoras de agua en Chile central y norte.

Víctor Aguilera | Centro de Estudios Avanzados Zonas Áridas | Región de Coquimbo

3.- Plataforma de seguridad hídrica y seca para la planificación de capturas: Evolución histórica y futuras trayectorias bajo el cambio global.

Camila Álvarez | U. de Chile | Región Metropolitana

4.- Chileflux: Red científica de monitoreo de flujos de agua, energía y CO2 como herramienta para el control, adaptación y mitigación del cambio climático y la sequía en Chile.

Luis Lagos | U. de Concepción | Región del BioBío

5-. Impactos pasados y actuales de las megasequías en los lagos altos andinos del norte y central de Chile.

Claudio Latorre | Instituto de Ecología y Biodiversidad | Región Metropolitana

6-. Diagnóstico nacional de impactos de la sequía en la apicultura chilena: base para la toma de decisiones y planes de adaptación al cambio climático.

Ariel Muñoz | U. Católica de Valparaíso | Región de Valparaíso

7-. La mega-sequía y aguas subterráneas agotadas en el acuífero de Santiago: una oportunidad para conocer el acuífero y mejorar la gestión en un clima cambiante.

Christian Herrera | U. Bernardo Oâ€Higgins | Región Metropolitana

8.- El análisis de riesgos como herramienta para la priorización de normas secundarias de calidad ambiental en los principales ríos tributarios al sistema de fiordos de la Patagonia noroeste, bajo escenarios de sequía hidrológica.

Jorge León | U. Católica de la Santísima Concepción | Región del BioBío

9.- Consorcio de microbiomas extremos de rhizosphere (remc): Una red nacional para un enfoque multi ómico para un diseño, construcción y prospección racional de consorcios microbianos a partir de plantas ambientales extremas para mitigar la mega sequía en Chile.

Pedro Zamorano | Universidad de Antofagasta | Región de Antofagasta

10.- Sistema de alerta temprana para el manejo de sequía de sistemas de agua subterránea-agua superficial en la Patagonia chilena.

Gerard Olivar | Universidad de Aysén | Región de Aysén

11.- Rompiendo el paradigma actual de recarga en Chile central: Un perfil profundo para la estimación de flujos de aguas subterráneas andinas.

Dolorinda Daniele | U. de Chile | Región Metropolitana

Ingeniería y Tecnología:

12.- Tecnologías, metodologías “crhiam” y guía de buenas prácticas para la sostenibilidad hídrica de las industrias minera y agrícola.

Leopoldo Gutiérrez | U. de Concepción | Región del BioBío

13.- Vinculación de las necesidades hídricas de las comunidades con escasez de agua con soluciones ad-hoc: Desarrollo de mapas de ruta de mitigación específicos del sitio con acciones a corto, medio y largo plazo con enfoque en tecnologías convencionales y no convencionales asequibles.

Paula Guerra | U. Técnica Federico Santa María | Región de Valparaíso

14.- Uso eficiente de los recursos hídricos en zonas áridas y semiáridas: Soluciones integrales basadas en la energía solar para promover el desarrollo del sector de producción agroalimentaria.

Lorena Cornejo | U. de Tarapacá | Región de Tarapacá

15.- Investigación interdisciplinaria en agua y alimentos para la transferencia de conocimientos y soluciones sostenibles para enfrentar los retos de la sequía a nivel regional y nacional.

Francisco Remonsellez | U. Católica del Norte | Región de Antofagasta

16.- Tecnología y modelado avanzado para una mayor recuperación y remediación de agua en instalaciones de almacenamiento de colas para una reutilización sostenible.

Yasna Tapia | U. de Chile | Región Metropolitana

17.- Integrando el seguimiento de la sequía y el diseño de políticas públicas hacia la gestión proactiva de la sequía.

Jorge Gironás | Pontificia U. Católica | Región Metropolitana

Ciencias Agrícolas

18.- Análisis de la relación oferta-demanda del agua de riego para una mejor gestión de los recursos hídricos en las cuencas de los ríos Limarí y Choapa, Región de Coquimbo.

Horacio Merlet | Centro de Información de Recursos Naturales | Región Metropolitana

19.- Fortalecimiento de una plataforma de cría inteligente para acelerar la selección de nuevas especies vegetales adaptadas al escenario de restricción de agua en Chile.

Paula Pimentel | Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura | Región de Oâ€Higgins

20.- Observatorio de sequía multi-escala para Chile: Un sistema de alerta temprana para mitigar impactos agrícolas y ecológicos

Francisco Zambrano | U. Mayor | Región Metropolitana

21.- Desarrollo de un satélite inteligente y plataforma de soporte de decisiones meteorológicas para mejorar la gestión de recursos hídricos en agricultura en condiciones de sequía y cambio climático.

Samuel Ortega | Universidad de Talca | Región del Maule

La entrada Gobierno destina $6 mil millones para acelerar 21 proyectos de ciencia y tecnología para enfrentar la sequía se publicó primero en Mch.

Debido a la contingencia sanitaria, esta actividad académica se realizará vía Streaming, por Zoom, los días jueves 5 y viernes 6 de agosto de 2021, de 9 a 14 horas, cada jornada.

Las propuestas de ponencias deberán abordar alguna (s) de las siguientes temáticas:

– Agua y Constitución

– Aguas subterráneas

– Conflictividad hídrica

– Agua y cambio climático

– Sequía y escasez

– Gestión de oferta (fuentes alternativas) y demanda de agua

– Calidad de agua

– Valorización (cultural, social, ambiental, etc.) del agua

– Gobernanza e institucionalidad

Debido a que se trata de un evento interdisciplinario e internacional, serán admisibles las propuestas provenientes de diversas especialidades vinculadas al agua, con perspectiva chilena y/o extranjera.

Mayor información en este link.

La entrada Abren la convocatoria académica para las XXIII Jornadas de Derecho y Gestión de Aguas se publicó primero en Mch.

En fallos unánimes, la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Juan Opazo Lagos, Jasna Pavlich Núñez y Eric Sepúlveda Casanova -dejó sin efecto las resoluciones impugnadas y ordenó retrotraer la solicitud de la empresa minera e iniciar el proceso de consulta.

[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario]

La entrada Ordenan consulta a pueblos originarios por exploración de agua subterránea se publicó primero en Mch.

La medida, que busca hacer frente a la sequía y a la escasez hídrica, especialmente en zonas rurales que utilizan el recurso para consumo y subsistencia, amplía el radio de las áreas de protección, de tal manera que las aguas subterráneas no sean afectadas por otras actividades aledañas; manteniendo así, la disponibilidad y sustentabilidad de los acuíferos.

[VEA TAMBIÉN: IIMCh: Aguas de proceso son de propiedad inobjetable de la empresa minera]

Es así como contempla tres modificaciones al citado Código:

– Define la forma en que se constituirá el área de protección, especificándolo en el caso de los pozos, tal cual hoy se encuentra regulado en el Reglamento de Aguas Subterráneas.

– Establece que el área de protección no puede ser inferior a un radio de 1.000 metros, pudiendo autorizarse un radio mayor en casos fundados, como, por ejemplo, respecto de derechos de aprovechamiento cuyos titulares sean comités o cooperativas de agua potable rural.

– En condiciones de sequía declarada, faculta a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas de comités o cooperativas de agua potable rural, constituidos con anterioridad a esta ley, a solicitar la ampliación del radio de protección a no menos de 1.000 metros, modificando así, el originalmente otorgado mediante la resolución respectiva.

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Así lo revela el más reciente boletín de información hidrológica de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, que mantiene un monitoreo de acuíferos desde Arica hasta Los Lagos. Para las mediciones, el organismo mantiene pozos de sondeo propios o los realiza en los de propietarios privados.

«Es claro que si hubiésemos seguido perdiendo agua a la misma tasa que se venía registrando antes de esas lluvias y, además, no se hubiese puesto de acuerdo a los usuarios en temas de gestión, estaríamos en una situación mucho más crítica. Todavía es crítica, pero menos extrema que antes», reconoce Luis Moreno, jefe de hidrología de la DGA.

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