A través de un informe al Comité de Ministros, la estatal rechazó las críticas que manifestaran los agricultores, solicitando que sea rechazado el recurso de reclamación.

“Desde el punto de vista de la evaluación técnica de las observaciones ciudadanas, así como de la evaluación ambiental realizada en el procedimiento y que, entre otros elementos, se contiene en la RCA, la autoridad se ajustó plenamente a los hechos”, sostiene el escrito que presentara el abogado Rodrigo Guzmán Rosen en representación de Codelco.

El proyecto RT Sulfuros busca extender la vida de útil de la división Ministro Hales en 41 años debido a que el mineral comenzará a agotarse en 2018, según lo explicara la cuprífera estatal en su Estudio de Impacto Ambiental.

Tal es la relevancia del proyecto que su monto de inversión (US$5.300 millones) supera el de otros proyectos como Chuquicamata Subterráneo y al Nuevo Nivel Mina de El Teniente.

Para la reclamante, si el proyecto fuera aprobado sin que se incorporen las medidas que propone, pondría en riesgo la salud de la comunidad de Calama.

“Cabe advertir que la reclamante no da cuenta de antecedente técnico alguno que, por una parte desvirtúe las medidas propuestas por el titular, y por otro, que dé luces de porqué motivo las medi

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En una resolución suprema firmada por el presidente Ollanta Humala y publicada en la gaceta oficial se argumenta que «esta medida se adopta asimismo para evitar cualquier ilícito penal que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones y medidas de protesta promovidas en dichas zonas por diversos frentes, juntas y organizaciones sociales».

Se añadió que la actuación de los militares «estará dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito… y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada».

Otros quinientos militares fueron enviados hace 16 días al valle agrícola de Tambo, epicentro del conflicto y conformado por cuatro pueblos, para apoyar a dos mil policías que intentan mantener el orden público. El envío de uniformados es considerado por expertos similar a los despliegues de militares durante la última guerra interna (1980-2000).

Las relaciones entre el gobierno central y los agricultores están en su peor nivel. El viernes el presidente Humala decretó el estado de emergencia por 60 días en el valle de Tambo y con eso restringió varios derechos fundamentales para 40 mil habitantes, entre ellos la libertad de reunión, libre tránsito, libertad personal e inviolabilidad de domicilio.

Los agricultores del valle de Tambo, que abastecen de arroz y papa al sur del país, se oponen al proyecto llamado Tía María de 1.400 millones de dólares porque consideran que la mina a tajo abierto para extraer cobre contaminará las aguas del río Tambo con las que riegan sus cultivos. Grupo México afirma que utilizará agua del Pacífico procesada en una planta desalinizadora, que una vez utilizada será devuelta al mar por una tubería que se adentrará en las aguas 850 metros, a 30 metros de profundidad.

A mediados de mayo el Grupo México, el más importante en la minería de ese país, suspendió por 60 días el proyecto en Perú con el objetivo de convencer a los campesinos. Pero ese gesto no ha apaciguado los enfrentamientos.

La minería constituye el 62% del total de las exportaciones de Perú. El país, un importante exportador global de minerales, es el tercer productor mundial de cobre.

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Es por esto que hace casi siete meses ambas partes conformaron una mesa para acercar posiciones y acordar un documento con medidas de acción. Así, el próximo 28 de octubre la Asociación de Productores y Exportadores de Atacama conocerá, discutirá y, eventualmente, votará una propuesta final. Como parte de este proceso, al que hace poco se sumó como garante el gobierno regional, la empresa se comprometería a levantar un estudio que en seis meses más le permita conocer qué opciones son viables para reemplazar el consumo de agua fresca. Las alternativas serían traer el recurso desde Argentina o sumar un porcentaje de agua de mar desalada, que la empresa viene analizando hace varios años.

También se crearía una instancia de monitoreo de los compromisos que se asuman y, eventualmente, quedaría establecido que los agricultores deben colaborar también en la concreción de algunas decisiones, como si se opta por instalar una desaladora. En ese sentido, la servidumbre por donde pase la tubería que lleve el recurso, no debería enfrentar mayores dificultades. Cristian González, gerente general de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó, explica que la demanda de los agricultores de la zona es para generar un bien común para el valle.

«No se está en contra de la minería, sino que se busca que ambas actividades productivas puedan convivir, administrando de manera eficiente un recurso que hoy es escaso», recalca. Visión similar tiene la dirigenta Lina Arrieta, quien además cree que si no se utiliza agua desalada por parte de la minera, el acuífero irremediablemente se agotará. Para ella, de todos modos, sería importante que estos cambios se concreten en el menor tiempo posible.

Desafío de la industria

Según datos del Consejo Minero, sólo el 15% del agua que se usa en la Región de Atacama lo consume la minería. El abastecimiento de este recurso fue un tema largamente analizado en Caserones. En 2012, su entonces CEO y actual presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, explicó en un seminario que pese a los esfuerzos que había realizado la industria, faltaba camino por avanzar. Dijo que como eventual solución, el agua de mar debe superar problemas, principalmente de costos. En especial para Caserones, que está sobre los 4.000 metros de altura y muy cerca de la frontera con Argentina.

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