El paso del articulado por el Tribunal Constitucional (TC) dejó solo dos de las cinco opciones que se estipulaban, esto es un sistema de turnos 4×3 y otro de teletrabajo por responsabilidades familiares. A siete meses del debut de la reforma ya existe la primera gran empresa que incluyó esta materia en su organización: CAP.

El holding CAP S.A. es la primera área del grupo que ya contempla la aplicación de los pactos de adaptabilidad. Según trascendió, aunque no está claro aún cuál de las dos opciones de pacto tomarán, dada la naturaleza de sus funciones, primaría el de teletrabajo.

La opción de impulsar medidas de flexibilidad surgió en el marco de una negociación colectiva anticipada donde el convenio entrará en vigor recién en junio del 2018 (mes en que finaliza el contrato actual), y ya se está trabajando en cómo aplicar los pactos en colaboración con la Dirección del Trabajo (DT) y la Fundación Chile Mujeres.

La idea, según trascendió, es incluir los pactos en las demás áreas del grupo en la medida en que se vayan negociando los nuevos contratos colectivos. Se busca avanzar progresivamente en la medida en que se vaya testeando su aplicabilidad real.

Actualmente se están iniciando conversaciones con CAP Minería, hecho que podría representar un “antecedente significativo” en caso de replicarse la experiencia. De esta forma, incorporar los pactos en los contratos colectivos es visto por la empresa solo como el primer paso.

Según explica la gerenta corporativa de Personas y Sustentabilidad, María Elena Sanz, “los pactos de adaptabilidad los hacemos como una medida más para poder avanzar en temas de flexibilidad. No son la panacea, porque no resuelven todo, pero son un aporte. Nosotros a nivel corporativo estamos intentando avanzar en condiciones de trabajo flexibles, sobre todo para todos aquellos cargos que pueden acogerse a este tipo de medidas”.

La ejecutiva agrega que “CAP es una empresa que tiene una cultura de cuidado de sus personas” y que esto “estamos formalizando para darle un marco de referencia”. Este primer paso lo califica como “importante” y un “antecedente para las negociaciones que vamos a tener con otros sindicatos”.

Los modelos que afina la DT

Se espera que en los próximos meses la Dirección del Trabajo publique las pautas definitivas con las que empleadores y organizaciones sindicales podrán comenzar a aplicar las fórmulas de adaptabilidad que establece la reforma.

Esto, porque el artículo 377 del Código del Trabajo determina que será la institución la que debe poner a disposición del público “modelos de tipo de pactos sobre condiciones especiales de trabajo” y, además, la que tendrá la misión de fiscalizarlos.

A esto se suma que, según el dictamen de oficio publicado por el propio organismo en diciembre, el servicio “estará encargado de implementar un sistema para que el empleador registre electrónicamente los pactos en estudio, dentro de los cinco días siguientes a su suscripción”.

La co-fundadora y presidenta de la Fundación Chile Mujeres, Francisca Jünemann, se ha reunido con la Dirección del Trabajo para realizar una propuesta en esta materia y avanzar en su pronta publicación.

Las opciones que contempla la nueva ley: de cinco a dos planes especiales de trabajo

Originalmente, la reforma laboral contemplaba cuatro pactos de adaptabilidad y luego se agregó una quinta alternativa en el Senado. Sin embargo, en el paso por el Tribunal Constitucional (TC) se vetaron tres del total.

De esta forma, en la nueva legislación laboral que comenzó a regir íntegramente en abril se consagra que se «otorga autonomía a las partes» para que acuerden esquemas especiales en materia de distribución de jornada en cuatro días de trabajo y tres de descanso –conocido como 4×3-, y acuerdos con trabajadores que tengan responsabilidades familiares, lo que podría facilitar mezclar tiempos de labor presencial en la empresa y en otro momento desde el hogar o desde otro lugar convenido. En ambos, la exigencia es que exista 30% de sindicalización total en la empresa.

Pero las iniciativas inquietan los ánimos. Para algunos estas opciones «revolucionarán» la forma en la que se puede trabajar en el país, porque la norma antigua no comprendía la posibilidad de pactar sistemas especiales de jornada con los sindicatos. Solo se podía pedir autorización a la DT para jornadas especiales de acuerdo al artículo 38 del Código del Trabajo.

Hasta el minuto, no hay registros en la DT de empresas que hayan acordado estos pactos, ya que precisamente el ente fiscalizador está trabajando en modelos y un registro que ayude a trabajadores y empleadores a aplicar las fórmulas de adaptabilidad que estipula la nueva normativa.

La entrada CAP se convierte en la primera empresa en avanzar en adaptabilidad laboral se publicó primero en Mch.

Pero éste no era un almuerzo cualquiera, dado que también ayer se comenzó a discutir y votar en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, uno de los capítulos más tensos de la reforma laboral: el Libro IV del Código del Trabajo sobre negociación colectiva, y donde sólo el Ejecutivo está facultado para legislar en la materia.

Sin embargo, los parlamentarios poseen una carta bajo la manga, y es que si uno de ellos pide votar la admisibilidad de una indicación al presidente de la instancia (Lautaro Carmona, PC), ésta debería ser votada, más allá de las aspiraciones del Gobierno, que ya ha dicho que se deben respetar las normas constitucionales en la materia.

En este contexto, en la ocasión los parlamentarios fijaron cuatro grandes demandas sobre la mesa como requisito para acordar con el ministerio del Trabajo aprobar y despachar con prontitud el capítulo de negociación colectiva, que tiene más de 500 indicaciones, de modo que logre estar en la sala de la Cámara en la semana del 18 de mayo, para ser aprobada antes de la segunda Cuenta Pública de la Presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo.

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Los requerimientos parlamentarios

La semana pasada la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, señaló que “claramente, no hemos pedido llevarnos estas ideas para sólo leerlas, porque no sería respetuoso con los parlamentarios”, respecto a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo.

Si bien ayer el Gobierno no presentó nuevas indicaciones -tiene la facultad de hacerlo durante el proceso en particular-, sí dijo que no descartaban incorporarlas más adelante.

En tal proceso se enmarcan las negociaciones con los parlamentarios de la Nueva Mayoría, donde los diputados están pidiendo: sacar los pactos de jornadas laborales de la negociación colectiva; acotar aún más los servicios mínimos y alinearlos con la definición de la OIT; avanzar hacia la negociación ramal; e incorporar en el piso mínimo el reajuste por IPC.

“Estamos tratando de llegar a acuerdo en los cuatro puntos que hemos planteado. Ahí está la presión nuestra, tenemos que hacer los esfuerzos, por ejemplo, para alcanzar la negociación ramal”, dijo uno de los parlamentarios que participó de la reunión de coordinación.

Pese a que durante la reunión almuerzo no lograron cerrar acuerdos en la materia, las negociaciones continuarán hoy en el Congreso en Valparaíso. La idea es que estas materias queden prontamente zanjadas para que la próxima semana el proyecto pueda pasar su primera fase en la comisión de Trabajo de la Cámara.

Otro de los diputados que participó del almuerzo señaló que existe bastante voluntad del Ejecutivo de avanzar en los puntos expuestos.

“Nos estamos poniendo de acuerdo, estamos tratando de tener una mirada en común en estos cuatro aspectos”; mientras que otro asistente aseguró que “lo que estamos haciendo es poder llegar lo más unidos posible al término de esta primera etapa de la reforma laboral. Hay voluntad y eso se transmitirá en las votaciones, si es que llegamos a un gran acuerdo”.

Los posibles pasos de la autoridad

En el entorno del Gobierno indican respecto de estas materias, que las aprensiones están esencialmente en la negociación ramal, donde han insistido en todo momento que este proyecto “busca modernizar las relaciones laborales sólo a nivel de empresas”. Ahora, dada la insistencia de los parlamentarios, se ha abierto a una posible moneda de cambio en las otras tres temáticas.

Hasta el momento los parlamentarios no se atreven a anticipar los posibles acuerdos, pero dicen por ejemplo que los pactos de adaptabilidad podrían quedar fuera de la negociación colectiva con el propósito que sea un beneficio para todos los trabajadores y pueda ser tratada de manera no reglada.

Además, a juicio de los parlamentarios, así se podría llegar a un equilibrio con  lo que solicita la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),de  la eliminación absoluta de esta norma.

También podría haber apertura en lo referente al piso mínimo con IPC, donde el Ejecutivo podría dejar explícita la posibilidad de que si hay acuerdo entre las partes (sindicato y empleador) este factor pueda ser incorporado.

En cuanto a servicios mínimos, se estaría buscando la fórmula de acotar aún más su definición.

Desde Trabajo  reconocen estas negociaciones, aunque aseguraron que hasta ahora no hay nada cerrado.

Mientras que, desde Hacienda sostienen que la etapa de negociación se terminó con la presentación de indicaciones hace unas semanas.

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Es por esto que ayer, durante su comité ejecutivo la CUT diseñó un plan de trabajo para enfrentar la discusión del proyecto que moderniza  a días que se inicie su votación en el Congreso.

De acuerdo a fuentes de la  multisindical se fijaron 4 grandes líneas de trabajo, que deben ser ratificadas por el consejo directivo ampliado, que se realizará a fines de marzo.

La primera línea de acción, indican al interior de la CUT, es solicitar a los parlamentarios derogar el artículo relacionado con sanciones en materia sindical, y que según la entidad sólo viene a criminalizar el movimiento.

Además pedirán eliminar del proyecto todo lo referido con adaptabilidad laboral. “Esos dos temas deberían quedar fuera, si quedan dentro es un daño al movimiento sindical y entenderíamos que esta reforma laboral se hizo en contra de la CUT”, indicaron desde la CUT.

Como segundo punto, solicitarán a los parlamentarios debatir los artículos de la legislación referidos a despidos (161 y 169),  la necesidad de negociación por rama, y la posibilidad de eliminar el artículo 384 sobre empresas estratégicas. De no llevarse a cabo, la CUT, indican las fuente entendería que son temas pendientes para “una gran y verdadera reforma laboral”, sostienen.

En tercer lugar, propondrán mejoras en la redacción del proyecto. Y por último, pedirán desvincular el fin del reemplazo en huelga y el término de los llamados “descuelgues” con los servicios mínimos, pasando así a servicios esenciales, lo que permitiría acotar el rango de empresas que requieran turnos en caso de paro.

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La oportunidad para plantearlas es hoy a partir de las 16.00 horas en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Sin embargo, sólo la CPC aprovecharía el momento, dado que la CUT manifestó diferencias con el Ejecutivo en torno a la iniciativa, por lo que se restará de esta primera audiencia.

Respecto a los planteamientos de la CPC, la comisión laboral de la entidad, liderada por el vicepresidente de la Sofofa, Rafael Guilisasti, se reunió dos veces la semana pasada para revisar los temas contenidos en el proyecto y afinar su posición. Sesionaron lunes y jueves, y trabajaron también el fin de semana para la presentación de  hoy.

Asistirán a esta exposición el presidente de la multigremial, Andrés Santa Cruz; el gerente general, Fernando Alvear, y el asesor legal, Pablo Bobic, aunque no descarta sumar a un cuarto integrante a la comitiva.

Las materias que más inquietan

Dentro del proyecto de reforma laboral, hay cuatro puntos que en el Gobierno se identifican como “señales” en favor del empresariado. Sin embargo, los privados han expresado sus matices.

Los cuatro puntos se refieren a la gradualidad en la implementación (un año después de ser promulgada de la ley), y las sanciones por bloqueos, daños morales y físicos en momentos de huelga -que son los planteamientos que más molestan a la CUT- por un lado. Y por otro, están la adaptabilidad laboral y los servicios mínimos en períodos de huelga.

En cuanto a la adaptabilidad laboral, si bien desde la comisión laboral de la cúpula empresarial reconocen que es un tema que han instalado en todos los debates laborales, aseguran que no está planteado en el proyecto como ellos aspiraron.

“Nos preocupa la titularidad sindical, la definición de servicios mínimos. En el tema de la adaptabilidad creemos que las exigencias deberían haber sido al revés”, comentan desde la comisión laboral. Es decir, señalan que la gradualidad incorporada en esta temática -de 65% a 30%, al cuarto año de aplicación, de representatividad sindical para negociar este punto- debiese haber partido al revés y terminar en un rango cercano al 50%, con la idea que todas las empresas puedan incorporar esta materia en las relaciones laborales, hasta llegar a los más representativos.

En cuanto a los servicios mínimos en períodos de huelga, indican fuentes de la instancia, el problema que observan está en la fuerte intervención de la Dirección del Trabajo. Esto, porque aseguran que debiese ser un comité de expertos, autónomo, el que determine qué empresa necesita de estos servicios si es que el empleador no llega a acuerdo con el sindicato.

Frente a la titularidad sindical, insisten en un problema constitucional. “El hecho de que el sindicato sea el que tiene los derechos de los beneficios negociados va a obligar a todos los trabajadores a sindicalizarse, por lo que no se está respetando el principio de libertad sindical”, señalan.

Otro de los puntos en tabla es el de sindicatos interempresa. Si bien el proyecto regula el derecho del sindicato interempresa a negociar en la firma cumpliendo el mismo requisito de quórum que un sindicato particular, en la CPC dicen que existe el riesgo de abrir una ventana para permitir la negociación interempresa reglada y ramal.

A esto se suma la preocupación por la posibilidad de que trabajadores por obra y faena transitoria puedan negociar colectivamente. Fuentes de la comisión laboral de la CPC afirman no comprender cómo se llevará a cabo esta negociación cuando los empleos sean por un período breve, de un mes por ejemplo.

Las observaciones más específicas, por sectores productivos, aseguran desde la CPC, se realizarán una vez que cada rama del gremio sea invitada a la instancia legislativa.

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