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La vía canadiense para el vínculo comunitario

Latinoamérica es una de las zonas donde las empresas del país del norte poseen mayoritariamente operaciones y proyectos mineros. Debido a lo anterior, han implementado en sus programas directrices que ayuden a elevar los estándares en su relación con las comunidades locales.

Latinoamérica posee una importancia estratégica para Canadá en materia de inversión minera, debido a que en esta zona se encuentran muchas de las operaciones en el extranjero de sus compañías. Así por ejemplo, casi el 26% de la cartera de proyectos mineros en Chile –especialmente auríferos- corresponde a capitales canadienses.

En la actualidad mantienen presencia en la mediana y gran minería nacional firmas como Teck, Barrick Gold, Kinross Gold, Yamana Gold, Amerigo, Goldcorp, Mandalay, Breakwater Resources, Atacama Minerals y Cerro Grande Mining.

Como consecuencia de lo anterior, las firmas canadienses han incorporado en sus estrategias diversas directrices que ayuden a elevar los estándares en la responsabilidad corporativa de sus operaciones, tanto en las prácticas ambientales como sociales.

Rod Thomas, presidente de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), precisa a MINERÍA CHILENA que muchas empresas implementan lineamientos como son los Principios Voluntarios de Seguridad y Negocios, el Global Reporting Initiative (GRI), las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional  (CFI) y la guía e3-Plus Marco de la PDAC. “Estas iniciativas ayudan a las compañías a reducir los riesgos, minimizar los impactos adversos y optimizar los beneficios para todos los relacionados con sus operaciones”, comenta.

Sin embargo, el accionar de las firmas mineras canadienses no ha estado exento de cuestionamientos. Recientemente un grupo de ONG latinoamericanas entregó el documento “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual analiza los impactos generados por 22 proyectos mineros en nueve países de la región. En esta nómina figuran “Minera Petaquilla” (Panamá); Lagunas Norte (Perú); y Pascua-Lama (Chile-Argentina).

Rodrigo Weisner, socio de Puga Ortiz Abogados, comenta que si bien esta iniciativa no tendría consecuencia jurídica inmediata, sí es tema para las compañías mineras del país del norte incorporar las preocupaciones planteadas por las comunidades acerca de las prácticas de la minería canadiense.

Responsabilidad social

La idea de establecer un mecanismo para incentivar prácticas responsables entre las mineras que poseen operaciones en países en vías de desarrollo ha circulado en Canadá hace más de cinco años. De hecho, en 2009 se promovió en la Cámara de los Comunes del Parlamento el proyecto de Ley C300, que tenía como fin estimular este tipo de acciones y normas a nivel internacional sobre derechos humanos por parte de las empresas mineras, gasíferas y petroleras. Sin embargo, esta normativa fue votada en octubre de 2010 y derrotada por un margen mínimo.

En el mismo periodo, el Gobierno canadiense desarrolló una política sobre responsabilidad social corporativa para el sector extractivo, denominada “Building the Canadian Advantage”, la cual busca mejorar la ventaja competitiva y reputacional de las empresas de este sector que operan en el extranjero, a través de la disminución de los impactos negativos que generan en el entorno y la ampliación de los efectos positivos hacia las comunidades locales.

Esta iniciativa también incluye la creación de la Oficina del Consejero en Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Su función es actuar como un mecanismo de resolución de conflictos no judicial, para los afectados por proyectos canadienses, cuya metodología de trabajo se denomina “resolución de controversias basada en los intereses”.

Este proceso se inicia con la evaluación de la solicitud que realiza la Oficina sobre el cumplimiento de los criterios que establece el mandato legal del Consejero. Posteriormente se efectúa un análisis de la controversia, el cual está dirigido a determinar si un enfoque basado en el “diálogo constructivo” tiene probabilidades de ser eficaz. En esta fase la Consejería y los involucrados pueden pasar a un “diálogo más estructurado”, cuyo proceso se puede desarrollar en hasta seis meses, dependiendo del acuerdo que exista entre las partes.

En este sentido, la Mining Association of Canada (MAC) hizo una serie de recomendaciones al Gobierno canadiense para fortalecer y mejorar los mecanismos de solución de controversias, estableciendo, entre otras orientaciones la necesidad de hacer obligatorio que las compañías implementen mesas de participación en la fase de exploración de los proyectos.

Exploración responsable

Con el objetivo de incorporar a su estrategia un mecanismo de inclusión comunitaria para la prevención y resolución de conflictos, la Mining Association of Canada desarrolló en la última década el programa “Hacia una Minería Sustentable” (TSM por sus siglas en inglés), iniciativa que establece normas respecto de la forma en que se manejan los riesgos críticos, como son la gestión de residuos y el trabajo con las comunidades de interés. “Las empresas informarán anualmente el cumplimiento de estas normativas en sus instalaciones y los resultados deberán ser verificados de forma independiente cada tres años. Estos resultados se hacen públicos en los informes anuales de TSM Progress Reports de la Mining Association of Canada (MAC)”, explica Pierre Gratton, presidente de la entidad.

La PDAC, en tanto, también ha fomentado el establecimiento de mecanismos de incorporación comunitaria orientados a fomentar la exploración mineral responsable a través de la herramienta e3 Plus, una guía que se encuentra en línea (www.pdac.ca/programs/e3-plus) y que fue desarrollada para asistir a las empresas del rubro. Entre sus principios se incluyen la adopción de prácticas de gestión corporativas, respeto a los Derechos Humanos, contribución al desarrollo y bienestar comunitario, asegurar una debida diligencia y evaluación de riesgos en los proyectos, protección al medio ambiente, y salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores y la población local.

“La exploración responsable se basa en un compromiso de principios para garantizar que la industria minera contribuye al desarrollo sostenible de las sociedades en las que opera. También en un reconocimiento pragmático del hecho de que los malos resultados de una empresa hacen que sea más difícil para otras compañías operar”, concluye Rod Thomas.

Casos de buenas prácticas en Chile

En Chile la relación de la minería con las comunidades tiene episodios exitosos y otros que han terminado en judicialización y paralización de inversiones, pero independiente del resultado obtenido en ambas circunstancias, se reconoce la complejidad que hoy tiene conseguir la licencia social y las lecciones aprendidas conducen a la necesidad de relacionarse anticipadamente con el entorno en que estará inserto un proyecto.

Con el fin de destacar experiencias de buenas prácticas en la gran minería, hace tres años el Consejo Minero lanzó un concurso que reconoce iniciativas concretas en este ámbito, seleccionando varios casos de éxito, algunos de los cuales detallamos a continuación.

Reclutamiento local de aprendices: Constatando en 2008 que tras los procesos de capacitación que realizaban las empresas mineras en sus localidades, muy pocos de los beneficiados conseguían integrarse a la dotación permanente de las compañías, Minera Esperanza (hoy parte de Minera Centinela, de Antofagasta Minerals) decidió innovar en sus procesos de reclutamiento local.

Convirtió la iniciativa de capacitación tradicional en un programa de reclutamiento de aprendices, que permite satisfacer parte importante de la demanda de mano de obra calificada de la empresa, consolidando al mismo tiempo la licencia social en las comunas de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Tocopilla y Taltal.

Protección del patrimonio indígena: Minera El Abra ha desarrollado un modelo de intervención con las comunidades para generar relaciones de confianza de largo plazo en el Área de Desarrollo Indígena (ADI) del Alto Loa. Patrimonio, costumbres, emprendimiento y calidad de vida son los cuatro ejes de acción en los que se basa, donde sobresale una lavandería comunitaria en el poblado de Chiu Chiu, con un sistema de operación amigable con el medio ambiente. Este emprendimiento, gestionado por la comunidad atacameña local, lava 26.000 prendas al mes, principalmente en virtud de un contrato de servicios con la minera.

Canales de regadío de Pica: Ante la pérdida de caudales de riego para el oasis de Pica, ubicado al interior de la Región de Tarapacá, Minera Collahuasi y la comunidad se involucraron en el diagnóstico y la solución del problema.

En la mesa de trabajo que Collahuasi mantiene desde 2008 con los agricultores de Pica y Matilla se acordó reparar los puntos de medición del caudal de las diferentes vertientes e instalar instrumentos apropiados en cada uno de ellos. Lograron superar en 100% las pérdidas de agua por infiltración en canales dañados y fortalecieron los lazos de colaboración.