x

Revista Minería Chilena Nº458

agosto de 2019

La industrialización del litio: Los casos de Argentina y Chile

La definición e implementación de una Política de Industrialización en Chile debe trascender los gobiernos de cuatro años y convertirse en una Política de Estado, de modo de viabilizar el avance hacia un país más competitivo.

Por Irene Astudillo, socia de Voces Mineras A.G.

En marzo de 2018 se anunciaba que para 2021 el grupo compuesto por las surcoreanas Posco y Samsung SDI construiría una planta de cátodos en Chile, en el marco del proyecto de baterías de litio que le adjudicó Corfo. A este consorcio se sumaban otras iniciativas de Molymet Chile y el grupo chino Sichuan Fulin Industrial Group, que en su conjunto invertirían más de US$750 millones en el país, utilizando litio suministrado por Albermale a un precio preferencial.

Sin embargo, recientemente Posco se retiró del proyecto en Chile, posteriormente lo hicieron los otros actores, dado que su planta requiere hidróxido de litio, una variedad cada vez más demandada por los fabricantes de baterías de autos, pero que Albemarle no produce en el país. Es importante destacar que Corea del Sur se proyecta para 2028 como proveedor del 25% de las baterías de litio a nivel mundial, y en este escenario, Posco ha contraído acuerdos con la australiana Pilbara Minerals para la construcción en Corea de una planta de hidróxido de litio y de carbonato de litio que entrará en producción en 2020.

Acuerdo con Albemarle

Albemarle y el gobierno chileno firmaron en 2016 un acuerdo que le permite a dicha compañía triplicar su producción de litio. Pero el acuerdo requiere que la empresa reserve hasta un 25% de su producción para compañías que buscan construir baterías o sus partes en Chile. Sin embargo, el contrato no especifica si Albemarle debe producir carbonato de litio o hidróxido de litio en sus instalaciones. A la fecha Albermale produce carbonato de litio y ha declarado no tener planes de producir hidróxido de litio en Chile.

Esta sucesión de hechos se da en el esfuerzo de modernizar la política nacional sobre el litio, elevar la producción y desarrollar una industria de valor agregado, en un contexto en que el país posee los mayores recursos de litio del mundo, cuya demanda creciente está asociada a la futura demanda mundial de vehículos eléctricos. Obviamente el anuncio de Posco es un revés en esta “política de industrialización”.

 Paralelo con Argentina

Este desafío de generación de productos de valor agregado a partir de litio no es sólo empeño de nuestro país, también de nuestros vecinos Argentina y Bolivia, países que también poseen recursos relevantes a nivel mundial y que han implementado estrategias bastante diversas. A la fecha, pareciera ser que Argentina lleva el liderazgo con su proyecto en Jujuy.

De acuerdo con el informe “Litio en la Argentina” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2019, las reservas de litio en ese país representan un 13% de las mundiales; mientras que la producción local del mineral es de 30.400 ton al año, lo que convierte a Argentina en el tercer mayor productor de litio del mundo. El estudio coincide en que el litio en el país se concentra en Catamarca, Jujuy y Salta. Por otra parte, según información de Cochilco, Chile tiene el 48% de las reservas mundiales de litio.

En Chile el término “Política de Industrialización” ha estado en general ausente en los discursos y espacios de reflexión. Sin embargo, países como Australia han sostenido desde décadas una visión integrada de lo que es el desarrollo de la industria y cómo influye en ella la innovación y la investigación y desarrollo.

A principios de junio último, en la provincia argentina de Jujuy se dio inicio a la construcción de la primera planta de fabricación de baterías de iones de litio de Sudamérica. La empresa funcionará en el Parque Industrial de Perico y estará gerenciada por la firma Jujuy Litio, que asocia a Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y la italiana SERI.

El Grupo SERI tendrá una participación en el proyecto del 40%, y el Estado, a través de Jemse (Jujuy Energía y Minería), el 60% restante. La inversión proyectada es de US$60 millones. Por otra parte, se construirá una planta espejo en Nápoles (Italia) en donde las participaciones de SERI y Jemse serán inversas, con el 60% y 40% respectivamente, atendiendo así también intereses de la EU en cuanto a manufactura local.

Las etapas del proyecto contemplan el montaje de una planta piloto de ensamble de baterías de litio, la fabricación de celdas de la batería de litio y la producción de material activo, en base al material extraído de los salares jujeños bajo normas sustentables y amigables con el medio ambiente.

SERI es una compañía italiana que tiene una larga trayectoria en la fabricación de baterías de litio en Europa, y su posicionamiento le permitirá tener mayor exclusividad que los países asiáticos a la hora de ingresar baterías a la UE. Así, SERI contribuye a la alianza con capital, conocimiento técnico especializado y acceso a mercados.

Las estrategias seguidas por ambos países se diferencian en varios aspectos:

– Encadenamiento productivo: Argentina, en el proyecto de Jujuy, ha implementado la integración total de la cadena de producción, en donde al recurso que tiene el país se suma todo el encadenamiento productivo de su socio SERI. Chile, por el contrario, en su estrategia fracciona el encadenamiento productivo dejando que la extracción sea un negocio independiente del futuro encadenamiento productivo, que empresas como Posco y Samsung SDI prometían aportar. Los incentivos y convergencia de intereses en el éxito del negocio difieren sustantivamente en uno y otro caso.

– Los incentivos a la inversión: Chile estableció una estrategia en donde las empresas como el consorcio Samsung SDI y Posco podían optar a un precio de litio más barato que en el mercado, mejorando así la rentabilidad del futuro negocio de generación de partes de baterías de litio. Argentina, en específico Jujuy, definió ser socia mayoritaria a través de la empresa estatal Jemse, de modo de reducir el riesgo de la inversión del privado al compartir el Estado el riesgo del negocio.

– Retorno esperado: ambas estrategias esperan generar empleo más calificado, así como investigación y desarrollo en sus respectivos Institutos del Litio. Sin embargo, en el caso argentino se suma que el Estado es partícipe directo del negocio con la propiedad del 60% de la nueva empresa, accediendo así al beneficio económico directo que éste genere, y aún más, al control mediante su participación mayoritaria. Por otra parte, Chile cobra un “royalty”, el cual tiene dos componentes: uno basado en ventas y otro consistente en un pago anual según margen operacional.

Política de Industrialización

Todos los anteriores elementos forman parte de una Política de Industrialización, en donde es crucial lo que un país defina, ya que puede llevar a caminos muy distintos en el desafío de aumentar la competitividad y llegar a ser algún día un país desarrollado.

En Chile el término “Política de Industrialización” ha estado en general ausente en los discursos y espacios de reflexión de cómo superar el estancamiento de nuestra economía. Sin embargo, países como Australia han sostenido desde décadas una visión integrada de lo que es el desarrollo de la industria y cómo influye en ella la innovación y la investigación y desarrollo. Es así que este país tiene el Ministerio de Industrias, Innovación y Ciencia, bajo cuyo alero existen centros como el conocido Csiro y la Agencia de Geociencia, a los que se suman organizaciones como el “Australian Qualifications Framework”, donde se definen los estándares para la educación calificada en Australia, la que comprende la educación terciaria con diplomas, certificaciones, masters y doctorados, potenciando así la alineación entre las necesidades de la industria, la formación académica y la investigación, desarrollo e innovación.