A continuación se presenta, de manera secuencial según base CBC, los principales proyectos de energía y minería afectados en este periodo, junto con una gráfica donde se puede observar su impacto en la estimación quinquenal realizada trimestralmente por la Corporación de Bienes de Capital desde el primer trimestre de 2010.

En el caso de la evolución, trimestre a trimestre, del gasto quinquenal estimado por CBC para minería, podemos ver el fuerte impulso que mostró el sector hasta mediados de 2012. Sin embargo, a partir de entonces, producto de la salida del stock de por lo menos seis mega-proyectos con cronograma definido, la curva cae. Es decir, las expectativas de las empresas del sector, en cuanto a inversiones de mediano plazo, cayeron significativamente producto de, principalmente, la coyuntura energética de la región de Atacama, la escalada en los costos y los problemas medioambientales que han enfrentado algunas iniciativas.

Junto con lo anterior, hay otros mega-proyectos que impactaron negativamente las cifras quinquenales, pues han visto retrasar sus cronogramas de ejecución (aunque siguen siendo parte de la estimación). Uno de los casos más relevantes es el Proyecto Expansión Andina 244, cuyo proceso de calificación ambiental no ha estado exento de dificultades. El EIA de la iniciativa fue presentado por segunda vez ante el SEA en enero pasado, luego de que, a fines de 2011, solo alcanzara a estar casi tres meses en calificación hasta ser desistido por Codelco. Actualmente enfrenta la oposición de un grupo de alcaldes de las regiones de Valparaíso y Metropolitana, que acusan a la empresa, entre otros cargos, de poner en riesgo parte significativa de los glaciares de la zona adyacente al yacimiento y de incrementar significativamente los niveles de polución de la zona. Se prevé un proceso complejo y mediatizado, que puede seguir afectando los plazos establecidos y, por lo tanto, la estimación quinquenal.

Otro proyecto que cambió su cronograma de ejecución fue Expansión de Collahuasi. Originalmente la empresa planteaba que estaría operativo a mediados de la década, sin embargo, las últimas estimaciones sitúan este hito para fines del decenio.

En el caso del proyecto Quebrada Blanca Fase 2, la empresa mandante ha desistido del proceso de calificación ambiental en dos ocasiones, la última a mediados de 2012. Se espera que el EIA de la iniciativa vuelva a ingresar a trámite a mediados de este año, si no es así, volvería a retrasar su plazo estimado de puesta en marcha.

Finalmente se menciona al proyecto Pascua-Lama, el cual enfrentó durante los últimos meses situaciones complejas. Una de ellas fue la escalada en los costos que llevaron a elevar la estimación de inversión total de la iniciativa por sobre los US$8.500 millones (parte chilena y argentina), lo cual tuvo importantes consecuencias administrativas en la empresa. La otra situación, que se presenta como aún más compleja, es el incumplimiento del compromiso ambiental que reconoció el mandante y que se tradujo en la orden de paralizar las obras civiles en el lado chileno, por parte de la Corte de Apelaciones. Esto último pone en riesgo todo el proyecto, por lo que la continuidad del proceso judicial será seguida con mucha atención por todo el mercado.

Otros Proyectos Relevantes Afectados

Hay proyectos que por hallarse en etapas tempranas de su desarrollo, no poseían cronograma de ejecución definido, sin embargo, igualmente fueron afectados, pues su empresa mandante decidió postergar o suspender total o parcialmente el avance de los estudios.

Fuente / MINERIA CHILENA

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En la ocasión, el presidente de la entidad, Leopoldo Bailac, destacó que la asociación se ha convertido en uno de los gremios más importantes y representativos de los ejes productivos de Tarapacá.

“Como gremio nos hemos comprometido profundamente con el desarrollo y encadenamiento productivo de la región, aportando, a través de diversas acciones, iniciativas y programas, así como también, trabajando por el fortalecimiento de nuestros asociados”, señaló.

Por su parte, el vicepresidente de la AII, Donato Cervellino, sostuvo que el compromiso local de las grandes empresas ha determinado un gran impulso a la actividad económica y social de la región, pero como organización gremial aspiran a un compromiso mayor.

“Nos gustaría que hubiese un involucramiento mayor con la proyección, trato y crecimiento con los proveedores locales, así como también deseamos la intervención profunda y permanente en las universidades, colegios y centros de formación técnica-profesional regional, pues estamos convencidos de que este es un instrumento clave para combatir el centralismo que tanto nos asfixia”, planteó.

Respecto a los desafíos que involucran al sector industrial, Cervellino comentó que el foco debe estar en la formación de capital humano especializado, la investigación e innovación, con el objetivo de hacer crecer el talento local y disminuir la conmutación regional.

Reconocimientos

Durante la jornada, también se entregaron reconocimientos a las empresas regionales que destacaron en diversos ámbitos:

• Premio “Más Innovación AII” – Empresa Inteco Chile
• Reconocimiento “Más Sustentabilidad AII” – Empresa Recynor
• Premio “Más Capital Humano AII” – Empresa Vulco S.A.
• Reconocimiento “Más Mujer AII” – Empresa Sitrans
• Premio “Socio Destacado AII 2022” – Empresa Hidropex
• La Mesa Pro Pyme otorgó a la AII un reconocimiento como principal órgano promotor del emprendimiento

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“Postergada la entrada en vigencia del citado artículo 10 de la ley N°21.420, surge la oportunidad de discutir con el debido tiempo y cuidado los aspectos sustantivos contenidos en el Boletín N°15.511-08, para lo cual Sonami se pone a disposición de la Comisión”, afirmó.

El dirigente gremial destacó además la disposición para aportar una mirada integral del sector minero “a posibles adecuaciones que permitan una implementación de la referida normativa en mayor armonía con la sostenibilidad de la actividad de exploración y explotación”.

También indicó la necesidad de revertir el incremento de patentes mineras, junto con “mantener montos actuales de las patentes de exploración y explotación, estudiando en profundidad los eventuales impactos de patente progresiva y mecanismos de exención de incrementos, en forma concordante con las realidades de la pequeña, mediana y gran minería”, precisó el presidente de Sonami, quien concurrió acompañado por el vicepresidente Patricio Céspedes.

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El proyecto beneficiará a 640 estudiantes desde primero a octavo básico, quienes tendrán una atención integral en el ámbito de la salud, fomentando el deporte y un estilo de vida saludable además de contar con docentes, directivos y asistentes preparados para la reanimación y asistencia frente a dificultades en salud y primeros auxilios.

Inés Cruz Rivera, directora de la Escuela, destacó el objetivo de esta iniciativa que apunta a la capacitación en primeros auxilios para el desarrollo de todas las disciplinas deportivas. «Nos van a enseñar a usar los implementos entregados y vamos a ser una de las primeras escuelas en tener estas herramientas que serán exigidas en cada colegio», indicó.

En su versión 2022, el Fondo Escolar de Minera El Abra permitió la realización de 16 proyectos para establecimientos educativos de las escuelas de las comunidades de Alto El Loa, Calama, María Elena, Ollagüe y Tocopilla, los que actualmente están en etapa de ejecución y cierre.

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En esta versión, el foco estuvo puesto en la salud física y sicológica de las vecinas, por lo que se llevaron a cabo jornadas de autoconocimiento y reflexión, además de talleres de cocina saludable.

Las participantes destacaron lo relevante que ha sido contar con un espacio dedicado a su bienestar. “Nos ha ayudado a entendernos más como mujeres, nos entrega un espacio personal, nos damos un tiempo para compartir y conocernos”, aseguró Valeria Araya, participante del programa.

Para Lucy Arias, superintendenta de Sistema de Control de Spence, este programa va en línea con lo que busca la compañía que es integrar más mujeres en sus áreas y brindar nuevas oportunidades no solo en operación, sino también dentro de su entorno cercano, haciendo del empoderamiento una herramienta transversal para todas.

“Uno de los valores que tenemos como BHP es contribuir a la inclusión y este programa, que surge en pandemia, busca trabajar con las mujeres del territorio potenciando sus futuros liderazgos y también construyendo con ellas el tejido social y la asociatividad, para tener comunidades empoderadas y sanas”, complementó la especialista de Asuntos Corporativos de Spence, Sandra Fuentes.

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Como sostuvieron varios especialistas en nuestro último foro, con tasas ad valorem y la segmentación por tamaño de empresas, no queda mucho margen para que la minería chilena se proyecte hacia el futuro; cuando ya muestra signos importantes de envejecimiento. Es un hecho que los últimos 30 años se ha invertido más en la minería de Chile que en Perú, sumando desde el 2000 nueve nuevas operaciones, lo que no ha generado un aumento de la producción en Chile -sólo su mantención.

El proyecto acaba de ser despachado por la Comisión de Minería a la de Hacienda en la Cámara Alta. Movidos por nuestro permanente ánimo de colaborar y aportar a la discusión, como Instituto de Ingenieros de Minas de Chile organizamos el seminario “Discutiendo el Royalty y sus efectos en la minería en Chile”, en el que contamos con tres especialistas de primer nivel, como son los académicos Gustavo Lagos, Juan Ignacio Guzmán y Emilio Castillo Dintrans. Sus reflexiones fueron profundas y nos movieron en diferentes direcciones de pensamiento.

Si bien los tres especialistas plantearon que había espacio para generar un aumento de la tributación de la minería, en particular ante ciclos de precios altos, existe consenso en que los impuestos ad valorem debieran ser lo más bajos posibles y también, respecto a que la segmentación por tamaño no da buenas señales para el crecimiento futuro de la industria. Vemos también con preocupación que no se está considerando la verdadera contribución social y económica de la minería aparte de los aportes que entrega al Fisco, sobre todo con inversiones frecuentes que dan trabajo, impuestos de terceros, tal como lo plantearon los tres profesionales de manera muy clara.

Acabamos de elegir un nuevo Gobierno y estamos apoyando con fuerza la concreción de una nueva Constitución. Solicitamos a los parlamentarios estudiar con más detalle los efectos que tendrá este proyecto de ley en el futuro de la actividad económica más importante del país.  Solo nos mueve el interés en el bien de la sociedad y de su futuro.

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Por su parte, la minería también forma parte de lo que somos como especie. Desde tiempos remotos hemos explotado los minerales presentes en nuestro planeta. Y si en un principio los utilizamos para forjar herramientas o utensilios básicos, hoy aplicamos minerales para construir automóviles y medios de transportes, en la elaboración de teléfonos y computadores.

La minería es un círculo virtuoso, que da oportunidades de trabajo, genera valor y mejora la calidad de vida de las personas. Chile necesita de la minería y debemos estar conscientes de su importancia. Y así como nuestro país necesita de la minería, ella necesita de la innovación. Es gracias a ella que es una industria más segura, sustentable y eficiente. El mundo de la innovación le ha permitido mejorar y optimizar sus procesos, generando un entorno seguro para sus colaboradores, promoviendo mejores oportunidades laborales para hombres y mujeres. Y es la innovación la que permitirá a la minería prolongarse en el tiempo. ¿Por qué? Porque gracias a ella los procesos mejorarán al migrar a una minería digital, introduciendo tecnologías para el uso más eficiente agua, en el uso de nuevas fuentes de energía, operación remota y para disminuir las emisiones de CO2, entre otros. La minería ha permitido desarrollar una red de proveedores innovadores que ponen sus conocimientos a disposición de ella, profundizando el virtuosismo de una industria que hoy mira hacia el futuro gracias a las respuestas innovadoras que encuentra en el presente.

Todo lo anterior nos debe llevar a generar instancias de promoción en que la minería sea un motor más en el ecosistema emprendedor de nuestro país y puedan caminar juntos en el sendero del éxito, tal como ocurre en Australia con las METS (Mining Equipment, Technology and Services) que genera millones de empleos y contribución al PIB. ¿Quién sabe si el próximo unicornio es de una solución innovadora del mundo minero?

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En efecto, ni los altos precios del cobre son suficientes para apaciguar la preocupación que genera el proceso constituyente para el sector minero. Las primeras señales las recibimos con la drástica caída de Chile en el ranking minero internacional del Instituto Fraser, desde el puesto 17 (año 2019) al 30 (año 2020). Entre las razones que explican su abrupta caída -la peor desde 2016-, se encuentra el aumento en las percepciones negativas sobre los factores de incertidumbre política y el régimen fiscal, entre las más importantes.

El proyecto que establece un royalty minero al cobre y al litio, no solo genera incertidumbre en el sector, sino que es abiertamente inconstitucional. Sin embargo, su carácter evidentemente expropiatorio, al establecer una elevada carga impositiva (cercana al 80%) sobre las ventas (y no sobre las utilidades), haría inviable la actividad y atenta contra el sentido común. Recordemos que la figura de aplicar una suerte de royalty a las ventas de Codelco, fue transversalmente cuestionada y finalmente derogada, pues imponía una carga a la cuprera estatal que debía soportar a todo evento, incluso, teniendo resultados negativos. Este nuevo royalty significa un salto atrás para el sector minero, en su conjunto, incluyendo proveedores, trabajadores y comunidades. Es un golpe a todo el encadenamiento de valor que hay detrás de la minería.

Pero es, sin duda, en el proceso constityente donde se centra la preocupación e incertidumbre del sector minero. El régimen jurídico aplicable a la minería ha sido exitoso, permitiendo el desarrollo de un sector económico de suma importancia para el país, a través de un virtuoso sistema mixto, donde conviven la minería estatal y la privada. Este sistema jurídico, que ha sido destacado y reconocido en el extranjero, no sólo descansa en la actual regulación constitucional, cuya tradición se remonta al año 1970, cuando se incorporan normas mineras a la Constitución de 1925, sino que también en su ley orgánica constitucional y el Código de Minería. A ellas, se suman otras disposiciones constitucionales propias del ámbito económico (libre iniciativa, derecho de propiedad, garantías tributarias, etc.) y ambiental. El destino de todo este conjunto normativo es incierto a juzgar por la composición de la Convención y las propuestas de algunos constituyentes.

Junto con reconocer el dominio estatal sobre las sustancias mineras, la nueva Constitución debería establecer un robusto sistema o mecanismo de concesión a particulares para explorar y explotar toda clase de sustancias mineras, que reconozca una doble garantía: un derecho de propiedad explícito sobre la concesión minera y la intervención del Poder Judicial en su constitución y extinción, evitando la discrecionalidad administrativa. Para el caso de las sustancias no concesibles, también debería reconocer un mecanismo estable, seguro y cierto que permita su exploración y explotación. A ello se deben sumar normas que aseguren el desarrollo sostenible de la actividad, al igual que a otros sectores productivos. La nueva Constitución debe seguir garantizando que toda actividad productiva sea ambiental, social y económicamente sustentable. Me preocupa la inspiración conservacionista con que algunos sectores quieren encarar al proceso constituyente, que en lugar de buscar un enfoque de desarrollo sostenible, que permita armonizar todos los intereses involucrados, más bien buscan prohibir, restringir o limitar -de manera absoluta y ex ante- el desarrollo de toda clase de proyectos y actividades de inversión, que son importantes para los chilenos. La minería chilena no está ajena a este fenómeno. El proyecto de ley sobre glaciares es un buen ejemplo de ello.

Hace algunos años, cuando se derogó el DL 600, nuestro exitoso estatuto de promoción y protección de la inversión extranjera, muchos levantamos la voz, haciendo ver la inconveniencia de la medida. Se creía que nuestro país, por ser miembro de la OCDE, tenía asegurada su estabilidad económica, social e institucional. La evidencia en contrario, ha sido demoledora. No solo ha disminuido la inversión extranjera durante los últimos años (sólo en 2020 cayó casi un 40%), producto de la crisis política y social que vive el país, sino que, además, un reciente estudio revela que 96 constituyentes están dispuestos a restringir o prohibir la inversión extranjera en la nueva Constitución. Esto representa un alarmante 62% de la Convención. Recordemos que la inversión en minería es, mayoritariamente, de fuente extranjera, cuyos titulares se encuentran amparados, entre otros, por Tratados de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Todo indica que los mayores beneficiados con esta incertidumbre, serán los abogados.

Hoy, más que nunca, se necesitan señales claras -y concretas- en materia de estabilidad y certeza jurídica en las reglas del juego para este importante sector de la economía nacional. El proceso constituyente, al igual que el actual Congreso, corre el riesgo de verse seriamente contagiado por el virus del populismo y la demagogia. Las primeras señales están a la vista, ¿será la minería chilena una de sus primeras víctimas?

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Además, el texto es técnicamente malo; después de tanta indicación parlamentaria se entiende poco lo que se escribió. A modo de ejemplo: ¿se gravan sólo las ventas de sustancias concesibles y el litio o se gravan las ventas de sustancias concesibles y de todas las no concesibles? ¿Cuáles serían estas últimas?  Tampoco se entiende si la sobretasa que depende del precio del cobre, esa que llega hilarantemente a 75%, sólo grava a las ventas de cobre o si también grava la venta de las otras sustancias.   No se regula la rebaja de sobretasa en caso de mayor elaboración del cobre exportado; no se identifica al quién es el contribuyente; no se define qué es venta.  En fin, enormes errores de técnica legislativa, para que otros los arreglen después, …total la idea era marcar el punto político.

Esperemos que el Senado corrija de fondo estos vicios y legislemos pensando en alcanzar una justa tributación de las empresas mineras, que estimule el desarrollo de una minería competitiva y sustentable que atraiga más inversión y genere más riqueza a repartir entre todos.  El propósito no puede ser suprimir cualquier intención de venir o seguir invirtiendo en Chile; el propósito debe ser estimular una minería sustentable y sostenible, que nos permita crecer como país y seguir desarrollándonos, para lo cual se debe responsablemente analizar la más equitativa posible tributación que le corresponde a esta industria.

Confiemos en que el Congreso finalmente no apruebe este proyecto en actual discusión; no hay nada rescatable de esta iniciativa.  Confiemos también en que el Ejecutivo, quien tiene la iniciativa exclusiva en esta materia, dé curso a un estudio profundo de la tributación de las empresas mineras en Chile.  Lo primero que debemos lograr es un diagnóstico consensuado, transparentando y compartiendo datos, de modo que puedan ser usados por todos los actores con confianza y buena fe.  Ello nos permitirá desmitificar una serie de afirmaciones que se han popularizado, que confunden y generan odiosidad, y nos permitirá además legislar sobre bases técnicas sólidas.  Si somos un país líder en minería, podemos ser también un país líder en tributación minera. Hay talento suficiente en Chile también para legislar en esta materia en forma ejemplar; sólo debemos darle espacio para ser escuchado.

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Primer punto entonces: no es efectivo, como lo argumentan algunos parlamentarios que impulsan este nuevo actual proyecto de royalty en Chile, que este gravamen no exista. Existe desde hace 16 años.

Segundo punto: se argumenta que la tributación minera no es suficiente. Veamos las cifras: las grandes mineras pagan un impuesto de primera categoría del 27% que, con el gravamen del impuesto adicional al retirarse las utilidades por sus dueños, la tasa efectiva llega al 44,4%, o al 35% en el caso de mineras de capitales de países que tienen suscritos con Chile convenios para evitar la doble tributación.  Si le sumamos el pago por el royalty minero del 5% al 34.5% (descontado el efecto que produce que éste se rebaja de la base de los impuestos a la renta), podemos llegar a una carga total a la minería privada en favor del Fisco, en periodos de altos precios y por consiguiente de alta utilidad operacional, de aproximadamente un 56% o a un 47%, respectivamente, sin que el Estado invierta monto alguno, salvo entregar los minerales extraídos por los que recibe una retribución. Esto es, más que cualquier otra actividad productiva en Chile.

Tercer punto: la minería en Chile enfrenta, desde hace muchos años, crecientes dificultades para operar: la disminución del contenido de mineral puro en los yacimientos (ley minera), las mayores impurezas, la mayor dureza de la roca, las distancias de acarreo, la enorme cantidad de permisos ambientales y la licencia de la comunidad, el precio de la energía, las inversiones por la impulsión y desalinización para el uso de agua de mar, los costos laborales superiores a países que nos compiten, los costos de la adopción de nuevas tecnologías (minería 4.0), la competencia creciente de otros países mineros como Perú o algunos de África, la incertidumbre que genera el proceso constitucional, los problemas que enfrenta el respeto al Estado de Derecho, por mencionar algunas de esas dificultades. Todo lo cual, ha traído como consecuencia la caída de Chile en el ranking de competitividad entre los distintos distritos mineros del mundo al lugar 30, en circunstancias que hace años estábamos en el lugar 6.

Por tanto, éste es el peor momento para impulsar un proyecto de ley que grave más a la actividad económica más importante del país, que ha superado enormes desafíos con altos costos para seguir operando en pandemia, ya que requiere atraer más inversiones que generan empleo para superar la crisis de cesantía que nos ha dejado el COVID19. Además, la minería, como actividad primaria, impacta favorablemente el desarrollo y el empleo de absolutamente todos los restantes sectores productivos del país. Sigue siendo el «sueldo de Chile” y lo seguirá siendo si no triunfan las propuestas populistas fuera de todo fundamento profesional.

Estas razones nos impulsan a confiar en que el Congreso Nacional tomará conciencia de que estamos en el peor momento para leyes que, lejos de favorecer a los ingresos fiscales, necesarios principalmente para la Agenda Social, terminarán en el mediano y largo plazo por afectarlos y, con ello, perjudicar seriamente, tanto la seriedad de Chile como país confiable para invertir, como el crecimiento, el empleo y la superación de las carencias de muchos chilenos.

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