Sutmin, que representa en su quehacer diario a cientos de empresas proveedoras de la minería, expresó que «lamenta profundamente que, convocado por instrucción del Tribunal Ambiental, el Comité de Ministros haya rechazado el Proyecto Dominga. Este es uno de los proyectos de minería extractiva más controvertidos en los últimos años, en el que convergen elementos técnicos, de inversionistas, ecológicos, de la población local y, de manera predominante, políticos».
Según explicaron desde la organización, «el rechazo del proyecto se fundamenta en la supuesta falta de requisitos y carencia de planes protocolares en su carpeta de presentación, a pesar de que dicha carpeta ya había sido aprobada en una instancia anterior. Este acto, que consideramos de cariz ideológico, representa una muy mala señal tanto para los habitantes locales como para los inversionistas. Se pierde así una gran oportunidad de promover una inversión valorada y necesaria en una región golpeada por la crisis económica, el desempleo y la falta de inversión. Disfrazar de técnica una decisión de fondo político es una práctica perjudicial para el país».
Asimismo, revelaron que «como gremio, manifestamos nuestro total compromiso con el respeto a las comunidades locales, la protección ecológica, y la implementación de prácticas no contaminantes. Concordamos en la necesidad de contar con altos estándares y estamos abiertos a elevarlos si es necesario, pero consideramos fundamental respetar las normativas establecidas«.
Del mismo modo, la entidad sostuvo que «no existe proyecto que pueda sostenerse tras años de tramitaciones interminables, lo que genera serias dudas sobre la seriedad de nuestro país en materia de inversión. Esta situación termina beneficiando a otros países que garantizan el respeto constitucional a las inversiones. Chile necesita reactivar su minería con reglas claras y una legislación ambiental vinculante y coherente, así como con autoridades sectoriales que promuevan el desarrollo productivo en lugar de obstaculizarlo mediante el rechazo de permisos previamente otorgados y judicialmente validados».
Añadieron que «este rechazo también confirma una desconexión entre las intenciones de las autoridades y los deseos de la población de La Higuera, donde la mayoría está a favor del desarrollo del proyecto».
Los proveedores de la minería, agrupados en Sutmin, hicieron un llamado a las autoridades «a reevaluar la potencialidad de desarrollo social y económico bajo principios de sostenibilidad y sustentabilidad. Las nuevas tecnologías permiten llevar a cabo proyectos mineros y portuarios sin generar impactos negativos al medio ambiente, protegiendo la vida y la salud de los ecosistemas naturales, tanto terrestres como marinos, y de las comunidades que habitan sus alrededores»
Finalmente, desde la Asociación Gremial de Suministradores Técnicos y de Ingeniería para la Minería e Industria declararon que «Chile es y seguirá siendo un país minero. Brindemos la infraestructura necesaria para que nuestro país continúe creciendo y consolidando su posición en la industria minera global».